Sentencia 17134 de febrero 21 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

INFORME TÉCNICO DE ENTIDAD OFICIAL

SE ASIMILA A DICTAMEN PERICIAL

EXTRACTOS: «Previamente al examen de fondo de la acusación es pertinente detenerse a establecer la naturaleza probatoria del estudio realizado por la Escuela Nacional de Salud Pública (fls. 58 al 61) a solicitud de la demandada consistente en una evaluación ambiental sobre la posible contaminación por ácido crómico en el tanque de recuperación de “screen” de “Coltejer” y para cuya ejecución el ente responsable se fijó unos objetivos, utilizó diversos equipos, trazó una metodología y una estrategia de muestreo y cotejo, en últimas, los resultados obtenidos con los límites permitidos por las autoridades del ramo.

Dado el complejo trabajo efectuado, la necesidad de poseer conocimientos científicos y técnicos para realizarlo y la estructura de concepto del informe, para la Corte es indudable que se trata de un dictamen pericial, deducción que no se desvirtúa por la circunstancia de que se haya practicado extraprocesalmente o por haber sido hecho por una entidad de carácter público, pues no son estos últimos elementos sino los primeros los que definen la naturaleza y características de este medio probatorio.

El artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a lo laboral en virtud de lo estatuido en el artículo 145 de la codificación de la materia, consagra la posibilidad de que durante un juicio las entidades y dependencias oficiales rindan informes técnicos y peritaciones siempre que se requiera de conocimientos especializados para esclarecer un punto o un hecho. Estos informes desde el punto de vista estrictamente probatorio son equiparables a dictamen pericial tanto por su ubicación legal ya que se encuentran insertos en el capítulo V, título XIII, Sección Tercera del Código de Procedimiento Civil que trata justamente de “la prueba pericial”, como por utilizar la susodicha disposición la locución “peritaciones” y disponer, adicionalmente, que para su controversia dentro del proceso se surta actuación idéntica a la que se ejecuta cuando se ocupa de dictamen pericial. La circunstancia de que la citada disposición se refiera a que el informe deba rendirse “dentro del juicio” no puede llevar a entender que el realizado con anterioridad deje de serlo y se transforme en otra cosa; en tal hipótesis lo que ocurre es que tiene carácter extraprocesal pero al fin y al cabo sigue siendo un informe técnico.

En ese sentido no puede perderse de vista que los artículos 21 y 22 (num. 1º) del Decreto 2651 de 1991 inicialmente, y el artículo 10 de la Ley 446 de 1998 más tarde, contemplaron la posibilidad de que estos informes fueran presentados por las partes, en forma unilateral o de común acuerdo, en las oportunidades procesales para pedir pruebas, incorporación que permite la controversia de la prueba y ratifica por ende su naturaleza de experticio como desde el principio se dejó anotado.

De otra parte, es menester tener en cuenta que quien elabora el informe debe servirse de un medio material, que usualmente es un documento escrito sobre papel, para su transmisión al funcionario judicial o a los interesados; esa circunstancia, sin embargo, no puede llevar a considerar que en dicha hipótesis la prueba pericial deja de ser tal y pasa a ser documental, más concretamente documento público si el experticio, como en este caso, lo realiza una entidad de carácter oficial. Un planteamiento en tal sentido obviamente implica confundir la prueba en sí misma considerada con el vehículo utilizado para comunicarla cuando es obvio que se trata de cosas diferentes.

Para ilustrar acerca de las distinciones entre uno y otro medio probatorio es conveniente subrayar que de acuerdo con el artículo 243 del Código Procedimiento Civil el dictamen rendido por entidad o dependencia oficial debe someterse al trámite de objeciones establecido en el artículo 238 ídem, o sea, que no se concibe frente a su contenido una presunción de veracidad y bien puede acontecer que como consecuencia de la glosa presentada por alguna de las partes resulte finalmente desestimado; en contraste, el documento público se presume auténtico y, además, hace fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que lo autoriza (arts. 252 y 264 ib.), y si bien la presunción de autenticidad puede ser desvirtuada para ello es menester que se proponga la tacha respectiva y se acredite la falsedad.

La anterior para ilustrar la imposibilidad de equiparar el dictamen pericial a prueba documental porque mientras el primero puede ser desestimado por error en las conclusiones o en los experimentos realizados, el segundo, para que lo sea debe sufrir una alteración de su contenido material, regularmente mediante una acción dolosa y fraudulenta. El documento público una vez presentado al proceso en ningún caso se somete a consideración de las partes para que presenten objeciones sobre él, como sí acontece con el experticio.

Como consecuencia de las anteriores reflexiones, es forzoso concluir que el informe rendido por la facultad nacional de salud pública debe tenerse como un informe técnico y, por ende, asimilable a dictamen pericial, en ningún caso puede considerarse como documento público, por las razones antes anotadas. Así las cosas, no es de recibo la pretensión del recurrente de tratar de fincar el ataque en la falta de estimación de dicha pieza pues no se puede olvidar que según el artículo 7º de la Ley 16 de 1969 “el error de hecho será motivo de casación laboral solamente cuando provenga de falta de apreciación o apreciación errónea de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular”; de tal suerte, que queda descartada, entre otras, la prueba pericial como generadora de errores de hecho susceptibles de ser cuestionados por medio del recurso extraordinario».

(Sentencia de casación, febrero 21 de 2002. Radicación 17.134. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Isaac Náder).

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