Sentencia 17135 de noviembre 14 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

PECULADO POR APLICACIÓN OFICIAL DIFERENTE

SUMAS DESTINADAS A INVERSIÓN SOCIAL QUE SE APLICAN AL PAGO DE SALARIOS

EXTRACTOS: «La definición del delito de peculado por aplicación oficial diferente en el anterior estatuto penal (D. 100/80, art. 136), resulta ser distinta del actual (L. 599/2000, art. 399). Mientras el primero penalizaba cualquier cambio de destinación que se hiciera de bienes del Estado en propósitos distintos de los previstos en el presupuesto, el actual condiciona la tipicidad de la conducta a que la afectación del rubro correspondiente se haga en perjuicio de la inversión social, o de los salarios o prestaciones sociales de los servidores. Esto impone analizar, a efecto de establecer si en el presente caso la conducta continúa siendo típica, los programas para los cuales estaban destinados los quince millones de pesos que los procesados decidieron utilizar en el pago de los salarios atrasados del personal de nómina y supernumerarios.

La suma indebidamente aplicaba hace parte de una partida de 200 millones de pesos que el departamento del Putumayo apropió al Fodaps “para inversión en programas de saneamiento básico y contrarrestar así la emergencia sanitaria decretada por la presencia del cólera” en la región. En vista de ello, la junta directiva del fondo, mediante Acuerdo 023 de 8 de abril de 1994, adicionó el presupuesto de la entidad en la suma indicada, así: (1) Acueductos: 84 millones, disgregados como sigue: Obras varias de emergencia: 50 millones. Gastos operativos de inversión: 34 millones. (2) Alcantarillados: 66 millones, divididos así: obras varias de emergencia: 50 millones. Gastos operativos de inversión: 16 millones. (3) Acueductos y alcantarillados: 50 millones de pesos, integrados así: gastos generales de emergencia: 50 millones. Compra de equipos: 45 millones. Materiales de suministros e inversión: 5 millones (fls. 252-253/2).

Como puede verse, se trataba de dineros destinados a la satisfacción de necesidades básicas de salud y agua potable, y por ende, de inversión social, acorde con el origen de la partida, la naturaleza del gasto, los fines buscados, y lo establecido en el artículo 17 de la Ley 179 de 1994, modificatorio del estatuto orgánico del presupuesto, de acuerdo con el cual se entiende por gasto público social, aquel cuyo objetivo es la solución de necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento, agua potable, vivienda, y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, programados tanto en funcionamiento como en inversión.

Esto permite concluir que las nuevas condiciones exigidas por la definición típica del hecho también se cumplen en el presente caso, y que la conducta de los procesados continúa por tanto siendo delictiva. Podría pensarse, en razón al destino que los acusados le dieron a los quince millones de pesos (pago de salarios atrasados de personal de nómina y supernumerarios), que la conducta no es punible, porque de todas maneras el cambio de destinación se hizo dentro de rubros previstos por la norma (de inversión social a salarios y prestaciones sociales de los servidores). Este punto fue ya absuelto por la Sala en decisión de 21 de marzo del presente año, en el sentido de que también en estos casos la conducta es típica, por atentar, de todas maneras, contra los rubros protegidos por la norma. Al respecto se dijo:

“Quiere precisar la Sala en este punto que el delito de peculado por aplicación oficial diferente se comete así los traslados presupuestales no autorizados se hagan entre rubros correspondientes a salarios, prestaciones sociales o destinados a gastos de inversión social. Así por ejemplo, trasladar rubros de salarios de una dependencia de la entidad pública a otra sin la correspondiente intervención del órgano de representación popular, o una partida destinada a atender una cierta inversión social para ser utilizada en la atención de otra, estructura el tipo de peculado aludido. Simplemente porque tales conductas del ejecutor del gasto, a pesar de mantener los recursos públicos dentro de los renglones presupuestales a que se refiere el artículo 399 del Código Penal, atenta de todas maneras contra la ejecución ordenada del presupuesto al transgredirse la decisión política contenida en él y resultar afectados los rubros relacionados con salarios o prestaciones sociales de los servidores, o con inversión social” (sent. de única instancia. Rad. 14.124, M.P. Dr. Mejía Escobar), pues ese sentido de la ejecución presupuestaria corresponde a la jerarquía que la satisfacción de necesidades ha de observar en cualquier política asistencial de claro acento social».

(Sentencia de casación, 14 de noviembre de 2002. Radicación 17.135. Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll).

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