Sentencia 17166 de mayo 7 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

DECISIÓN ENTRE REINTEGRO O INDEMNIZACIÓN

CRITERIOS QUE DEBE SEGUIR EL JUEZ

EXTRACTOS: «Por razón del interés general que reviste el tema planteado por el recurrente, en la medida que confronta la interpretación que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha dado tradicionalmente al ordinal 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, se considera oportuno y relevante hacer algunas precisiones en torno al punto.

El texto de la citada disposición reza:

“Con todo, cuando el trabajador hubiere cumplido diez (10) años continuos de servicio y fuere despedido sin justa causa, el juez del trabajo podrá, mediante demanda del trabajador, ordenar el reintegro del trabajador en las mismas condiciones de empleo de que antes gozaba y el pago de los salarios dejados de percibir, o la indemnización en dinero prevista en el ordinal 4º literal d) de éste artículo: Para decidir entre el reintegro o la indemnización, el juez deberá estimar y tomar en cuenta las circunstancias que aparezcan en el juicio, y si de esa apreciación resulta que el reintegro no fuere aconsejable en razón de las incompatibilidades creadas por el despido, podrá ordenar, en su lugar, el pago de la indemnización”.

Si bien el preámbulo de la Constitución Política propone como uno de sus fines asegurar el “trabajo” dentro de un marco jurídico que garantice un orden económico y social justo, lo mismo hace respecto de la “convivencia”, que junto con el trabajo, constituyen valores esenciales de la estructura laboral, económica, y social del país, pues sin ella, tales relaciones se tornan complicadas, difíciles y nugatorias para la realización de los fines del Estado. Es por esto que cuando se encara la interpretación de cualquier precepto, es de rigor que en la fundamentación de la exégesis no se excluya ninguno de esos valores (trabajo y convivencia), pues toda interpretación debe acompasarse con la realidad que se estudia o examina.

No discute la Corte que el Estado está en la obligación de defender la parte más débil dentro del contrato laboral, mas ese no es su único cometido, en tanto también debe proteger la relación de trabajo en sí misma, despojándola de todo motivo o controversia inútil que pueda afectar su desenvolvimiento cabal, necesario en todo tipo de contrato bilateral, de suerte que de no poderse continuar por los posibles inconvenientes que ello generaría para los mismos contratantes, lo correcto no es repararlo a través de una ficción fundamentada en el interés exclusivo de una de las partes, porque ello más que un beneficio generaría un perjuicio.

Con esto, no quiere la Sala significar que para decidir entre el reintegro o la indemnización deba consultarse como pauta exclusiva el interés del empleador. No, de ninguna manera, pero tampoco aparece del texto de la norma, que su intención fuese la de tener en consideración exclusiva el interés del trabajador afectado.

Ahora, partiendo de que la posibilidad de elección alternativa que propone el canon deviene siempre de un despido injusto, no tendría sentido consultar únicamente el interés del trabajador, pues en esa dirección el juez no tendría ningún margen de decisión cuando se tratara de resolver sobre la reinstalación del laborante, pues es indiscutible que tal modalidad de despido perjudica con exclusividad al trabajador, luego el mayor interés de éste estaría en conservar su trabajo y percibir los salarios causados durante la desvinculación, especialmente si esta resulta prolongada, lo que invariablemente conduciría al juez a decretar el reintegro.

Por ello frente al precepto que se examina y al propio preámbulo de la Constitución lo jurídico y razonable no es decidir con fundamento en el interés de una de las dos partes, sino tomando en consideración la viabilidad de que la relación laboral entre los sujetos contratantes pueda en condiciones normales persistir, resurgir sólida y exenta de todo tropiezo futuro y desde luego de posiciones triunfalistas que puedan posteriormente revertir en enfrentamientos, abusos, y sobre todo, en la imposibilidad de desarrollar el contrato de trabajo en condiciones de regularidad (*) .

(*) Véase la posición de la Corte Constitucional expuesta en la Sentencia C-594 de 1997, publicada en J. y D., Nº 314, pág. 174 (N. del D.).

En ese orden de ideas, se reitera, el correcto y cabal entendimiento de la norma remite a que el reintegro sea aconsejable, aspecto que concierne con exclusividad al juzgador quien deberá para decidir sobre el punto tomar en consideración si hay o no incompatibilidades generadas por razón misma del despido, debiendo para ello establecer si a su juicio se dan condiciones de entendimiento o viabilidad para la ejecución del contrato en el futuro, sin que pueda reparar en el beneficio del trabajador o empleador aisladamente, sino en la relación de trabajo en sí misma, lo cual consulta el texto del artículo 1º del Código Sustantivo del Trabajo, en tanto no puede olvidarse que una de sus finalidades es lograr la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social».

(Sentencia de casación, mayo 7 de 2002. Radicación 17.166. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Isaac Náder).

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