Sentencia 17201 de junio 2 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente

Dr. Fernando Vásquez Botero

Rad.: 17201

Acta Nº 23

Bogotá, D.C., trece de junio de dos mil dos.

EXTRACTOS: «Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por ambas partes contra la sentencia del 18 de mayo de 2001, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en el proceso promovido por Freddy Enríquez Ramírez Reinoso a la Caja de Crédito Agraria Industrial y Minero, en liquidación.

Antecedentes

Freddy Enrique Ramírez Reinoso demandó a la Caja de Crédito Agraria Industrial y Minero en aras de la prosperidad de estas pretensiones: que se le reintegre al cargo que desempeñaba cuando fue despedido sin justa causa, según lo dispuesto en la convención colectiva de trabajo, con el pago de salarios y sus incrementos, aportes al ISS, prima escolar, primas extralegales de junio y diciembre, prima de vacaciones, incentivo de localización, causados desde la fecha del retiro y hasta cuando sea reintegrado.

Como súplica subsidiaria reclamó el reconocimiento de la pensión sanción de jubilación.

Como fundamento de tales pretensiones, expuso el demandante: que ingresó a la demandada el 15 de marzo de 1985 y su último cargo fue el de auxiliar de oficina, grado 01; que durante el último año de servicios devengó un salario promedio mensual de $761.543.04; que ilegalmente se le hicieron firmar sucesivos contratos de trabajo, con períodos de prueba de 30 y 60 días, para desempeñar el mismo cargo; que desde el 21 de junio de 1988 se le reconoció el 10% de la prima de antigüedad convencional, por llevar entonces 3 años de servicios, conforme el artículo 19 de la convención colectiva 1988-1990, que el 28 de julio de 1997 la demandada le dio por terminado el contrato de trabajo sin causa justa; que le fueron reconocidos los beneficios extralegales de la convención colectiva y se le hicieron descuentos sindicales; que agotó la vía gubernativa (fls l2-5)

La entidad llamada al proceso contestó la demanda con oposición a las pretensiones y sobre sus hechos admitió únicamente el relativo al acaecimiento del despido, pues respecto a los restantes expresó que no son ciertos o que deben probarse. Propuso las excepciones de pago, inexistencia de la obligación, buena fe, compensación, falta de causa y título para pedir, petición antes de tiempo, cobro de lo no debido, cosa juzgada, inaconsejabilidad del reintegro, no configuración del derecho a pago de ninguna indemnización, salarios, primas, incentivos de localización; además, formuló la excepción que denominó la genérica (fls. 25-30).

El conflicto jurídico fue dirimido en primera instancia por el juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, D.C, que a través de sentencia del 28 de enero de 2000 condenó a la demandada a reintegrar al actor al cargo que venía desempeñando al momento del despido, o a uno de igual o superior categoría, y al pago de los salarios dejados de percibir, con todos sus aumentos legales y convencionales, así como al pago de las cotizaciones al ISS (fls. 207-212).

La anterior providencia fue apelada por la demandada, y la Sala Laboral del tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con fallo del 18 de mayo de 2001, la revocó, declaró probadas las excepciones de inaconsejabilidad del reintegro y pago respecto a la indemnización por despido, y absolvió a la demandada del reintegro y sus pronuciamientos consecuenciales. Así mismo, la condenó a reconocer y pagar al demandante pensión restringida de jubilación, en cuantía inicial de $300.095.55, a partir del momento en que cumpla 60 años (fls. 240-252).

En lo que es de interés para el recurso extraordinario, argumentó el ad quem, que está agotada la vía gubernativa; que las partes celebraron, inicialmente varios contratos de trabajo a término fijo y, posteriormente, a término indefinido; que la demandada, respecto a la sentencia del a quo, no expresó conformidad en relación con la calificación que de injusto efectuó del despido del demandante; que tampoco se puede pasar por alto que por mandato legal se dispuso la disolución y liquidación de la demandada, el 26 de junio de 1999, a través del Decreto 1065; que la Corte Constitucional, en fallo del 18 de noviembre de 1999, estimó que éste no tenía apoyo alguno, pues el Presidente de la República no contaba con facultades constitucionales para expedir normas con fuerza de ley, pues previamente se había declarado inexequible el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, en Sentencia C-702 de septiembre de 1999; que tampoco es posible obviar que la Superintendencia Bancaria dispuso la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la demandada, así como su liquidación (fls. 225-226); que lo anterior implica que se presenta una situación especial que no puede ser desconocida, cual es la liquidación de la demandada, que impone analizar la procedencia del reintegro; que la Corte ha sido reiterada, como en las sentencias 10779 del 17 de julio de 1998 y 10157 del 2 de diciembre de 1997, en manifestar que para que una obligación exista es necesario que sea física y jurídicamente posible; que con base en los anteriores criterios, resta concluir que dada la liquidación de la empleadora resulta jurídicamente imposible el reintegro físico, por lo que tiene derecho a la opción indemnizatoria, cuya respectiva cantidad pagó la demandada, como se deduce a folios 66-67, 78-80, 92-94 y 95.

Así mismo, en relación con la pensión sanción, el tribunal adujo: que en la demanda se impetró este pago por haber laborado el actor más de 10 años continuos o discontinuos; que del documento de folio 13 se desprende que la demandada despidió injustamente al actor; que no aparece constancia en el proceso que la empleadora haya tenido afiliado al accionante a la seguridad social para efectos pensionales; que para la época del despido se encontraba vigente la Ley 100 de 1993, que acabó con la llamada pensión sanción; que se remite a la sentencia de la Corte del 22 de agosto de 1995, radicación 7571, que ilustra la evolución legal de la pensión sanción; que debe tomarse en consideración la regulación que de esa pensión hace la Ley 100 de 1993 en su artículo 133, que no varió lo expuesto por la Corte, normatividad que se aplica a todos lo habitantes del territorio nacional, según su artículo 11; que lo anterior cobra mucha más vigencia si se tiene en cuenta lo dicho en la sentencia de casación 11134 del 21 de octubre de 1998; que siguiendo las voces del artículo 8º de la Ley 171 de 1961, en armonía con el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969, teniendo en cuenta que no aparece elemento de juicio que indique la afiliación del demandante al sistema general de pensiones, que éste fue despedido injustamente, después de más de 10 años de servicios, se impone concluir que tiene derecho a la pensión restringida de jubilación, una vez cumpla 60 años de edad.

(...).

Se considera

La recurrente no increpa al tribunal haber condenado a la demandada a pagar al demandante una pensión restringida de jubilación, sino que cuestiona la forma como tasó la cuantía de la mesada inicial de ese crédito y la edad a partir de la cual impuso a la empleadora la obligación de su pago.

Comienza la Corte por precisar que no tiene razón el opositor en las objeciones que le dirige al ataque, pues la tesis central que lo preside, relativa a la derogatoria del artículo 8º de la Ley 171 de 1961 por parte del artículo 133 de la Ley 100 de 1993, es jurídica, lo que relevaba e imponía a la censura no discutir los componentes fáctico-probatorios del fallo, y en lo atinente a la no afiliación del actor al sistema de seguridad social pensional, ningún debate propone la acusación, —por lo que no se le puede increpar hecho nuevo al respecto—; además, si se hubiese introducido una controversia semejante, no alcanzaría las implicaciones que le atribuye el opositor, pues bien podía referirse al asunto la recurrente, debido a que el mismo fue objeto de pronunciamiento por parte del tribunal en la sentencia cuestionada.

En lo que hace al fondo del cargo, encuentra la Sala que la impugnante tiene razón en su ataque en lo que atañe con la cuantía inicial de la mesada pensional que se le reconoció al demandante, pero carece de ella en lo referente a la edad desde la cual éste puede disfrutar de la pensión restringida a la que tiene derecho. Tal la conclusión por lo siguiente.

1. No es objeto de controversia que la desvinculación laboral del demandante, de quien tampoco se discute tenía la condición jurídica de trabajador oficial, se produjo el 28 de julio de 1997, es decir, cuando, como lo dedujo el juzgador, ya estaba en vigencia la Ley 100 de 1993 (fls. 248-249), cuyo artículo 133, nominado “pensión sanción”, conservó en su parágrafo 1º este crédito social para aquel tipo de servidor público, cuando quiera que no estuviera afiliado al sistema general de pensiones por omisión del empleador y fuera despedido injustamente por ésta después de 10 años de labor continua o discontinua.

Sin embargo, no empece reconocer expresamente que para la calenda de terminación del contrato laboral, del actor, estaba vigente el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, el tribunal incurre en el yerro de apreciación jurídica que se le endilga, toda vez que claramente se rebeló contra precepto que regula la pensión restringida a partir del 1º de abril de 1994, y allende el imperativo mandato del tercer inciso de tal norma, optó por determinar el valor de la pensión en reflexión conforme los parámetros del artículo 8º de la Ley 171 de 1961, que incuestionablemente, vista la fecha del despido, no era aplicable al caso, como también lo señala la acusación.

Por lo tanto, tiene razón la censura al disentir del ejercicio jurídico del tribunal para liquidar la pensión sanción de la que es acreedor el accionante (fl. 250), pues para tal efecto dicho juzgador debió acoger los parámetros de la norma vigente el 28 de julio de 1997, es decir, tomando en cuenta el “promedio de lo devengado en los últimos diez (10) años de servicios, actualizando con base en la variación del índice de precios al consumidor certificada por el DANE”.

Como no procedió el ad quem con sujeción a las anteriores directrices legales y se acogió a las de una normatividad que no es aplicable al sub examine, el cargo prospera en el aspecto que se estudia.

2. En lo que no tiene razón la recurrente es en la tesis que alcanza a esbozar en el acápite tres de su argumentación de demostración del ataque, en el sentido que el tribunal debió tener en cuenta el parágrafo 3º del artículo 133 de la Ley 100 de 1993, en cuanto dispone que a partir del 1º de enero del año 2014 las edades para pensión sanción se reajustarán a 62 años si es hombre y a 57 años si es mujer, cuando el despido se produce después de haber laborado para el mismo empleador durante 10 años o más y menos de 15 años.

Ello, puesto que el cabal entendimiento de dicho parágrafo es que las nuevas edades a que se refiere, para efectos del pago efectivo de la pensión sanción de jubilación a quienes sean sus titulares, únicamente rigen a partir del año 2014, es decir, para aquellos servidores laborales que no estando afiliados al sistema general de pensiones, sean despedidos injustamente del 1º de enero de esa anualidad en adelante, después de haber laborado más de 10 años continuos o discontinuos al servicio del mismo empleador.

Por ende, no se rebeló el tribunal contra el parágrafo 3º del artículo 133 de la Ley 100 de 1993, pues es claro que por mandato de la misma norma, en punto de las nuevas y mayores edades pensionales, ella es aplicable solamente a partir del 1º de enero del año 2014 y no antes, como equivocadamente lo pretende la acusación, desconociendo de contera que el derecho a la pensión restringida génesis del debate lo adquirió el demandante con antelación a esta fecha.

En consecuencia, el cargo prospera parcialmente.

De otra parte, en virtud del resultado del ataque que se acaba de analizar, se hace innecesario el estudio de los cargos distinguidos con los numerales segundo y tercero ya que éstos persiguen igual objetivo, su argumentación demostrativa es básicamente idéntica al de aquél, como también sus proposiciones jurídicas están construidas esencialmente sobre las mismas normas en torno a las cuales giró el debate en el primero.

Al no resultar avante el recurso extraordinario de la parte demandante y fue replicado, las costas por el mismo se le impondrán a ésta.

Como la Corte ha concluido que la pensión restringida de jubilación a la que tiene derecho el demandante debe ser liquidada de acuerdo con los parámetros que dispone el tercer inciso del artículo 133 de la Ley 100 de 1993, antes de proferir el fallo de instancia, para mejor proveer, se dispone solicitar al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, certificación sobre la variación anual del índice de precios al consumidor, entre el 1º de julio de 1987 y el 1º de agosto de 1997, como también el total acumulado entre las fechas antes citadas.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia del 18 de mayo de 2001, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en el proceso promovido por Freddy Enrique Ramírez Reinoso a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, en liquidación, únicamente en cuanto al valor inicial en que fijó la mesada pensional que reconoció al demandante.

En sede de instancia, para mejor proveer, se ordena allegar la prueba a la que se alude en la parte motiva de esta providencia. Por la secretaría líbrese el oficio pertinente.

Costas en casación a cargo de la parte demandante en el proceso.

Cópiese, notifíquese, y devuélvase al tribunal de origen».

ACLARACIÓN DE VOTO

Aun cuando comparto la decisión final, debido a la inclusión de algunos elementos conceptuales en relación con los cuales he expresado en ocasiones anteriores algunas puntualizaciones, es del caso repetirlas ahora, en forma por demás sucinta, ya que frente a esos otros casos se ha expresado con mayor extensión.

El primer punto tiene que ver con los elementos de causación de la pensión sanción, los cuales en mi opinión han ido variando en el decurso de las distintas disposiciones que consagran esta figura, pues si bien en un principio, con el Código Sustantivo y con la Ley 171 de 1961, no aparecía claramente definible su naturaleza, con posterioridad, con el Acuerdo 029 de 1985 del ISS, otras normas subsiguientes y, muy particularmente, con la Ley 1001 de 1993, considero que quedó claramente establecida la naturaleza prestacional de esta figura, orientada en concreto a presentar una modalidad de cubrimiento del riesgo de vejez. Por eso creo, que ahora la edad es claramente un elemento de causación y no simplemente de exigibilidad.

Por otra parte, en relación con la actualización de la base de liquidación de la primera mesada pensional, considero que en el presente caso es pertinente aplicarla por tratarse de una pensión que tiene su génesis en la Ley 100 de 1993, que es el conjunto normativo que en forma expresa contempló tal mecanismo. Por eso ahora comparto la decisión que se colige de la orden de oficiar al DANE para obtener del mismo el certificado sobre la variación del índice de precios al consumidor.

Fecha ut supra

Germán G. Valdés Sánchez 

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