Sentencia 17245 de marzo 6 de 2002

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 17245

Magistrada Ponente:

Dra. Isaura Vargas Díaz

Acta Nº 09

Bogotá, D. C., seis de marzo de dos mil dos.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por LUIS ADÁN QUINTERO RÍOS contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 11 de mayo de 2001, en el proceso instaurado por el recurrente contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES – SECCIONAL ANTIOQUIA.

I. Antecedentes

En lo que al recurso interesa es suficiente decir que LUIS ADAN QUINTERO RIOS demandó al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES para que le reconozca y pague la pensión de invalidez con fundamento en que sufre una “merma de la capacidad laboral del 65.10%” (folio 2), con fecha de estructuración 22 de julio de 1977, como lo determinó la Junta de Calificación de Invalidez de Antioquia, “enfermedad que aún padece y cada día es más grave” (ibídem).

Afirmó que por ser afiliado al instituto demandado le solicitó el 18 de junio de 1998 la pensión de invalidez por origen común, porque según el diagnóstico de la Junta de Calificación de Invalidez de Antioquía presenta “Secuelas de Insuficiencia Renal Crónica Terminal por Coliquistosis con Hipertensión Severa y anemia leve secundaria” (ibídem), que le han mermado la capacidad laboral en el 61.5%, pero el ISS resolvió “ en forma unilateral el (sic) pago de la indemnización sustitutiva de la pensión por vejez” (ibídem), lo que “le anuló y le derogó el derecho que como pensionado le asiste a la atención médica, quirúrgica y hospitalaria” (ibídem).

El INSTITUTO DE SEGUROS SOCALES al contestar la demanda aceptó que le negó al demandante la pensión de invalidez porque el 28 de octubre de 1997 le había reconocido la indemnización sustitutiva de la pensión por vejez y que se la concedió porque, a su vez, el actor optó por dicho derecho al serle negada, mediante Resolución 2082 de 1997, la pensión por vejez, por cuanto, como se anotó en la citada Resolución, apenas había cotizado “un total de 556 semanas, de las cuales 460 corresponden a los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima requerida” (folio 19), en tanto que, por virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y el Acuerdo 049 de 1990, “para tener derecho a pensión por vejez se requiere tener sesenta años de edad, si es hombre y haber acreditado un mínimo de 500 semanas cotizadas durante los últimos 20 años anteriores a la edad mínima requerida o mil semanas sufragadas en cualquier tiempo” (ibídem). Se opuso a las pretensiones de la demanda aduciendo que al reconocerle la referida indemnización sustitutiva “quedo(sic) desafiliado del sistema y por tanto la EPS como tal, no tiene ninguna obligación legal con el demandante” (folio 20).

Aunque reconoció que el estado de invalidez de QUINTERO RIOS se estructuró, según la Junta Regional de Calificación de Invalidez, el 22 de julio de 1997, aseveró que para esa fecha, “el demandante, se encontraba por sus(sic) propia voluntad por fuera del sistema, (cotizó hasta el 27 de mayo de 1997)” (ibídem). Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, compensación, prescripción y la que denominó como genérica.

El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, por fallo del 10 de noviembre de 2000, absolvió al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES “de las pretensiones invocadas por LUIS ADÁN QUINTERO RÍOS” (folio 131), fundado en que aquél “no se encontraba cotizando al sistema general de pensiones, por haber optado con anterioridad a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y no podía tratar de obtener una pensión como la de invalidez cuando su propia decisión en la que no se vislumbra asomo de fuerza, violencia o dolo, resolvió recibir la indemnización sustitutiva por considerar que no tenía los requisitos exigidos en el art. 12 del Acuerdo 049/90” (folio 130). Condenó en costas al demandante

II. Sentencia del tribunal

La alzada se surtió por apelación de LUIS ADÁN QUINTERO RÍOS y terminó con el fallo atacado en casación, mediante el cual el Tribunal confirmó el del juez de primer grado y condenó en costas al apelante.

Para ello, una vez asentó que la disposición aplicable para dirimir el conflicto jurídico propuesto por QUINTERO RÍOS era el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 –el cual transcribió–; y dio por probado, con base en la lectura de los folios 12 y 81, que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia le dictaminó “65.10% de invalidez y como fecha de estructuración: julio 22 de 1992” (folio 142); que, de conformidad con los documentos de folios 27, 29, 58, 69, 92, 93, 101 y 102, “cotizó hasta mayo 16 de 1996” (ibídem); que de acuerdo con el escrito de folio 26, “había manifestado que optaba por la indemnización sustitutiva, ante la imposibilidad de seguir cotizando a la entidad” (ibídem) y que el demandado, en la resolución que le reconoció la indemnización, “dijo que había cotizado hasta mayo de 1997” (folio 143), concluyó que “LUIS ADÁN QUINTERO RÍOS, no reúne ninguno de los requisitos que trae el art. 39 de la Ley 100 de 1993, para tener derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez que reclama” (ibídem).

III Demanda de casación

Inconforme con la anterior decisión, el demandante pretende en su demanda (folios 17 a 27 cuaderno 2), que no fue replicada, que la Corte case totalmente la sentencia del Tribunal, revoque la del juzgado y, en su lugar, condene al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES “al pago de la pensión por invalidez de origen no profesional” (folio 19 cuaderno 2).

Para tal efecto le formula dos cargos, en el primero de los cuales la acusa por infringir “directamente (en la modalidad de falta de aplicación según jurisprudencia de esa Sala) los artículos 4, 5, 6 y 50 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el artículo 1 del Decreto 758 de la misma anualidad, en relación con los artículos 11, 13, 50, 141, 142, 288 y 289 de la ley 100 de 1993, y por aplicación indebida el artículo 39 de la Ley 100 de 1993. Artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional” (ibídem).

En la demostración del cargo afirma estar de acuerdo con la valoración fáctica que hizo el juez de la alzada respecto de la calificación de invalidez en un 65.10%, con fecha de estructuración 22 de julio de 1997; que recibió la indemnización sustitutiva de la pensión por vejez que le fue reconocida el 28 de octubre de 1997; “que los aportes efectuados con posterioridad al reconocimiento de la indemnización sustitutiva de pensión por vejez no son válidos” (folio 20 cuaderno 2) y que “aportó al sistema 557 semanas, hasta mayo 16 de 1996” (ibídem), pero asevera que “las normas llamadas a gobernar el caso no son las de ésta –se refiere a la Ley 100 de 1993, específicamente al artículo 39–, “sino las del régimen anterior, esto es, las del Decreto 758 de 1990” (folio 22 cuaderno 2).

Para el recurrente, no puede exigirse a quien pretenda la pensión por invalidez que acredite 26 semanas de cotización en el año inmediatamente anterior a aquél en que se estructure el estado de invalidez, por cuanto el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, circunscribe el requisito del número de cotizaciones, 150 o 300, a que sean sufragadas antes de la estructuración de dicho estado, por lo que resulta un régimen más beneficioso que debe ser aplicado, “por cuanto, se itera (sic), principios superiores imponen una decisión fundada en la equidad” (folio 21 cuaderno 2).

En apoyo de sus afirmaciones transcribe los apartes que considera pertinentes de las sentencias de la Corte de 26 de julio de 2001 (Radicación 15760) y 14 de agosto de 2001 (Radicación 15780).

Afirma el recurrente que la Corte, en sede de instancia, debe tener en cuenta que la estructuración de su estado de invalidez se produjo el 22 de septiembre de 1977, es decir, “cuando (…) ya tenía causado el derecho a la pensión en los términos del Acuerdo 049 de 1990, por tanto la opción de indemnización, posterior a la adquisición del derecho, no tiene porque(sic) truncarle el derecho a disfrutar de la pensión por invalidez de origen no profesional” (folio 23 cuaderno 2).

IV. Consideraciones de la Corte 

Para resolver el cargo basta con recordar que recientemente por mayoría esta Sala de la Corte rectificó su criterio sobre la situación de quienes habiendo cotizado al Instituto de Seguros Sociales un número de semanas suficientes para acceder al derecho a la pensión de invalidez dentro de la normatividad anterior a la Ley 100 de 1993, se desafilian y quedan inválidos con posterioridad a la vigencia de esta norma, que es la situación debatida en el presente proceso.

En efecto, en sentencia del 19 de julio de 2001 (Radicación 15.760), al resolver un caso análogo al que ocupa ahora la atención de la Corte, se precisó:

“La Sala en el asunto que le fue sometido bajo radicación 13986 estimó aplicable para esta hipótesis el artículo 39 b de la Ley 100 de 1993, lo cual impidió a un inválido con más de 1000 semanas de cotización al ISS acceder a la pensión que reclamaba. Fuera de la ostensible inequidad de la solución dada, la Sala encuentra claras razones jurídicas para revisar este enfoque: en primer término debe recordarse que la Seguridad Social es un derecho constitucional y no un simple seguro privado que se toma y se rige por la respectiva póliza, cuyo amparo normalmente se restringe a la vida jurídica de ésta. De otra parte si bien no es posible aceptar que pueda adquirirse el derecho a una pensión por invalidez sin que ésta ocurra, es claro que el afiliado a la seguridad social tiene la posibilidad de consolidar situaciones jurídicas reconocidas por el respectivo régimen, como en el caso bajo examen en que el demandante superó los requisitos máximos de cotizaciones exigidos para obtener una eventual pensión de invalidez.

“Igualmente, mutatis mutandis, son argumentos válidos para el caso, los que ha expresado la Corte a propósito de la pensión de sobrevivientes en los siguientes términos:

“Uno de los objetivos de la Ley 100 de 1993, en desarrollo del principio constitucional de garantizar a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social –art. 48–, y en aras de lograr una mayor cobertura de beneficiarios frente a la más grave calamidad que puede sufrir el ser humano (la muerte), consistió en disminuir los requisitos prescritos en los reglamentos para que los integrantes del grupo familiar afectado con las traumáticas consecuencias económicas que ella genera no quedaran desamparados.

“De otra parte, el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 al referirse a las características del sistema general de pensiones, garantizó la eficacia de las cotizaciones efectuadas con antelación a su vigencia, así:

“… f. Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes, se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquiera caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo del servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio.

“g. Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas a cualquiera de ellas.

“Además cabe resaltar que mientras los artículos 6 y 25 del Acuerdo 49 de 1990 señalaron como requisitos de aportes para la pensión de sobrevivientes de origen común reunir 150 semanas de cotización sufragadas en los 6 años anteriores a la muerte o 300 en cualquier tiempo, el nuevo ordenamiento legal de prima media con prestación definida de la ley 100 redujo las semanas a sólo 26 en cualquier tiempo para quienes estuvieren afiliados al momento de la muerte, y para quienes dejaron de cotizar al sistema introdujo la condición de que las mismas 26 hubiesen sido sufragadas dentro del año inmediatamente anterior al fallecimiento, por lo que ante tal realidad y en atención al postulado protector propio del derecho del trabajo y de la seguridad social, se actualiza por excelencia en el caso objeto de estudio, el principio de la condición más beneficiosa, contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política.

“En consecuencia, sería violatorio de tal postulado y del principio constitucional de la proporcionalidad, entender que dentro del nuevo régimen de la Ley 100 –que redujo drásticamente el requisito de intensidad de semanas–, quedaron abolidas las prerrogativas de los derechohabientes originadas por afiliados que durante su vinculación como sujetos activos de la seguridad social habían cumplido todas las cotizaciones exigidas en el reglamento aplicable y antes de entrar a regir la nueva ley se desafiliaron del sistema al considerar fundadamente que por faltarles únicamente el requisito del fallecimiento sus familiares podrían reclamar la respectiva prestación al momento de su deceso.

“Por lo anterior, la circunstancia de no haber cotizado el causante ninguna semana al ISS, en el año inmediatamente anterior a su fallecimiento, en manera alguna apareja la ineficacia de sus aportes durante más de 20 años (más de 1.200 semanas), porque esa condición más beneficiosa estatuida en el régimen del Acuerdo 049 está amparada por el artículo 53 supralegal y por ende tiene efectos después del 1º de abril de 1994, para la eficacia del cubrimiento del seguro de invalidez, vejez y muerte, dado que el mínimo de semanas requerido estaba más que satisfecho; es más, era tal la densidad de ellas que superaba las exigidas para la pensión de vejez (artículo 12 del mismo Acuerdo).

“Así mismo, no escapa a la Sala que ante una contradicción tan evidente, impone el sentido común el imperio de una solución cimentada en una interpretación y aplicación sistemática de normas y en el espíritu de las mismas, consultando los principios de equidad y proporcionalidad. Y en tal orden de ideas se apartaría de estos postulados la decisión jurisdiccional que sin ningún análisis contextual aplicara al caso el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, y so pretexto de haberse producido el deceso a los 3 meses y 23 días de entrar en vigencia el nuevo régimen de seguridad social y de no tener cotizadas el causante 26 semanas en el año anterior al fallecimiento, se negase a sus derechohabientes la pensión de sobrevivientes, que edificó el afiliado durante más de 20 años, las que le daban derecho a causar no sólo pensión de sobrevivientes sino aun a estructurar el requisito de aportes para la pensión de vejez.

“Si se acogiera tal solución fría y extremadamente exegética se llegaría al absurdo que un mínimo de cotizaciones efectuadas durante solo 6 meses anteriores a la muerte dan más derecho que el esfuerzo de aportes durante toda una vida laboral efectuado por quien cumplió con todos los cánones estatuidos en los reglamentos vigentes durante su condición de afiliado, lo cual no solamente atenta contra los principios más elementales de la seguridad social, sino también contra la lógica y la equidad.

“Por tanto, siendo indiscutible el cumplimiento de todas las cotizaciones estatuidas por el régimen vigente durante la vinculación de SAÚL DARÍO MESA RODRÍGUEZ al seguro de invalidez, vejez y muerte, luego de lo cual se produjo su muerte y ante la presencia de dos sistemas normativos de seguridad social de posible aplicación razonable, a juicio de la Corte, como son el Acuerdo 049 - Decreto 0758 de 1990- y la ley 100 de 1993, debe inclinarse el juzgador, con arreglo al texto 53 supralegal por la norma de seguridad social vigente al momento de culminación de la afiliación, esto es el primero de los estatutos mencionados, por ser el régimen más favorable a quien en vida cumplió en desarrollo de su labor con el sistema de seguridad social, para su protección y la de su familia.

“Dados los planteamientos que anteceden, ha de concluirse que la sentencia impugnada no incurrió en aplicación indebida de las disposiciones enlistadas en la proposición jurídica puesto que los preceptos constitucionales, legales y los principios fundamentales del derecho laboral citados, legitimaron la aplicación de la normatividad de 1990 al caso bajo examen”.

Quiere ello decir que a la luz del nuevo criterio jurisprudencial el cargo es fundado por cuanto demuestra los quebrantos normativos que le imputa al fallo impugnado, en cuanto que las normas que han debido aplicarse a la situación de LUIS ADÁN QUINTERO RÍOS son las contenidas en el Acuerdo 049 de 1990, que se hallaban vigentes antes de la Ley 100 de 1993, al amparo de las cuales cumplió con la densidad de cotizaciones para tener derecho a la pensión de invalidez que reclama.

Además de las consideraciones ya expuestas, debe precisarse que dada la naturaleza eventual propia del riesgo de invalidez, la solución jurídica debe tomarse bajo el sistema íntegro y armónico, propio de la seguridad social, aplicando el espíritu rector de la condición más beneficiosa y dando vida jurídica al régimen vigente durante el cual LUIS ADÁN QUINTERO RÍOS estuvo vinculado al seguro de invalidez, vejez y muerte.

En consecuencia prospera el cargo.

No es necesario el estudio del segundo de los cargos, habida consideración que el objetivo de la impugnación se alcanzó con el primero de los propuestos.

V. Consideraciones de instancia

Como sustento de la decisión que habrá de reemplazar la sentencia anulada, son suficientes las siguientes consideraciones:

En el sub júdice existe certeza probatoria sobre los siguientes aspectos: a) el demandante LUIS ADÁN QUINTERO RÍOS reportó al I.S.S. 557 semanas de cotización, todas ellas con anterioridad al 22 de julio de 1997 cuando se estructuró su estado de invalidez y, por supuesto, al 28 de octubre de 1997 cuando se le reconoció la indemnización sustitutiva de la pensión por vejez, según lo evidencian el contenido de la Resolución 013063 de 1997 (folio 27) y la respuesta dada al hecho 6º del libelo demandatorio por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES; b) el ingreso base de liquidación para efectos prestacionales fue de $165.820,oo (Resoluciones 013063 de 1997 –folio 27 – y 14028 de 1º de diciembre de 1998 – folio 6 a 8 --;c) la incapacidad laboral, reconocida por el ente demandado al dar respuesta al hecho 3 de la demanda, del 65.10% y discriminada así: Deficiencia 40,00%, Discapacidad 8.10% y Minusvalía 17,00%, por ‘Secuelas de Insuficiencia Renal Crónica Terminal por Poliquistosis con Hipertensión Arterial Severa y Anemia Leve Secundaria’, con fecha de estructuración de invalidez el 22 de julio de 1.997, se estableció por la Junta de Calificación Regional de Invalidez de Antioquía, conforme al dictamen cuyas copias obran a folios 12 y 81.

Tenidos por probados los fundamentos de hecho que fueron soporte de la demanda inicial, en la forma como se indicó, y advertido que las pretensiones de aquella fueron precisadas y limitadas por el recurrente al plantear el recurso extraordinario a que, una vez casada la sentencia del Tribunal y revocada la del juzgado de conocimiento, la Corte “condene al demandado al pago de la pensión por invalidez de origen no profesional” (folio 19 cuaderno 2), resulta forzoso concluir que LUIS ADÁN QUINTERO RÍOS cumple los requisitos establecidos por el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 de 11 de abril de 1990, para ser considerado como inválido permanente total, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º del mismo estatuto. Por ello, se condenará al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a pagarle en forma vitalicia la reclamada pensión de invalidez por riesgo común a partir del 22 de julio de 1997, fecha en que se estructuró el estado de invalidez, atendiendo lo ordenado en el artículo 10 del citado Acuerdo 049 de 1990, en suma equivalente al 45% del salario mensual de base, con sus reajustes anuales legales sin que, en ningún caso, la cuantía sea inferior al 100% del salario mínimo legal correspondiente a cada uno de los años sucesivos.

Las consideraciones que se hicieron para resolver el recurso de casación son suficientes para no dar por probadas las excepciones que el instituto demandado denominó “inexistencia de la obligación” (folio 21) y “falta de causa para pedir” (ibídem), con fundamento en que QUINTERO RIOS quedó desafiliado del sistema al recibir la indemnización sustitutiva de la pensión por vejez.

En cuanto al argumento de que, conforme al artículo 2º, numeral d. que transcribió en la contestación de la demanda, quedó excluido el actor del seguro de invalidez por haberle sido reconocida la indemnización sustitutiva de la pensión por vejez, bastará anotar que, además de que no observa la Corte como acreditada en el proceso la fecha en que el demandante “recibió” efectivamente la referida indemnización –presupuesto al que expresamente se refiere la citada norma para la pérdida del derecho–, resulta que el reconocimiento de ésta ocurrió el 28 de octubre de 1997 (folio 27); en tanto que, el estado de invalidez, como ya se ha dicho, se estructuró según la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia con anterioridad, o sea, el 22 de julio de 1997 (folios 12 y 81). De modo que, al haberse producido el estado de invalidez con antelación al reconocimiento que en decisión del ente demandado le otorgaba la indemnización sustitutiva de la pensión por vejez y para esa fecha haber cumplido la densidad de cotizaciones que para el efecto exigía el artículo 6º del Acuerdo 049, no asiste razón al demandado en cuanto a la excepción planteada.

En lo que tiene que ver con la excepción de “compensación” que el instituto propuso en la contestación de la demanda (folio 21), es suficiente indicar que no aparece prueba alguna en el expediente que cuenta de la ocurrencia de ese modo de extinguir el pago de la prestación social reclamada, máxime si se tiene en cuenta que se propuso de una manera genérica y abstracta; y la de prescripción que alega, no es posible declararla probada como quiera que del momento en que surgió para QUINTERO RÍOS el derecho a reclamar la pensión por invalidez (22 de julio de 1997), a aquél en que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES estuvo a derecho en el proceso (14 de abril de 1999, folio 30), no transcurrieron los términos que la ley laboral consagra para extinguir los derechos económicos que surgen de la prestación social a la que aspira el demandante.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 11 de mayo de 2001 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso instaurado por LUIS ADÁN QUINTERO RÍOS contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, y actuando como tribunal de instancia, REVOCA la proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín el 10 de noviembre de 2000, para, en su lugar, CONDENAR al demandado INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a PAGARLE a LUIS ADÁN QUINTERO RÍOS en forma vitalicia la reclamada pensión de invalidez por riesgo común, a partir del 22 de julio de 1997, en proporción al 45% del salario mensual de base, de conformidad con lo establecido con los artículos 5º y 10 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, con sus aumentos anuales legales, sin que, en ningún caso, la cuantía sea inferior al 100% del salario mínimo legal correspondiente a cada uno de los años sucesivos.

Sin costas en el recurso y las de las instancias serán de cargo de la parte demandada.

Cópiese, notifíquese, y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Magistrados: Isaura Vargas Díaz—Francisco Escobar Henríquez—José Roberto Herrera Vergara—Carlos Isaac Nader—Luis Gonzalo Toro Correa—Germán G. Valdés Sánchez—Fernando Vásquez Botero.

Jesús Antonio Pastás Perugache, Secretario.