Sentencia 17247 de marzo 27 de 2003 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

GRABACIÓN DE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS

CONDICIONES PARA QUE TENGAN VALIDEZ PROBATORIA

EXTRACTOS: «Descartados, pues, los informes de policía judicial como sustento de la condena, forzoso resulta verificar si la misma se mantendría con las grabaciones telefónicas o si esta clase de prueba, entendida como documento privado, podría valorarse válidamente, pues no se olvide que, como ya se dijo, las interceptaciones se efectuaron legalmente, como quiera que tuvieron como origen una orden de autoridad competente, lo que indica que fueron válidamente aportadas al proceso.

Ahora, y en relación con lo segundo, esto es, la naturaleza y valor probatorio de las grabaciones magnetofónicas, como bien lo sostiene el demandante, la jurisprudencia de la Sala ha sido reiterativa en sostener que se deben asumir como documentos privados, pues “los registros históricos así obtenidos, naturalísticamente tienen vocación probatoria, pues corresponden a medios de demostración de los hechos, según el reconocimiento que al efecto hace el legislador, a los cuales les da la categoría de documentos privados aptos para ser apreciados judicialmente, conforme lo precisa en los artículos 225 del Código Penal y 251 del Código de Procedimiento Civil, cuyo valor depende de la autenticidad, la forma de aducción al proceso, la publicidad del medio y la controversia procesal del mismo, así en él queden adicionalmente impresas voces o imágenes ajenas” (Sentencia de única instancia de oct. 22/96, rad. 9579, M.P. Fernando Arboleda Ripoll).

Este criterio, que ha sido en idénticos términos reiterado en las sentencias de única instancia 15 de noviembre de 2.000, radicación 10.656 (M.P. Jorge Córdoba Poveda) y la del 18 de julio de 2.001, radicación 14.661 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla) los fallos de casación del 20 de noviembre de 2001, radicación 13.948 (M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón) y del 21 de noviembre de 2002, radicación 13.148 (M.P. Marina Pulido de Barón), no es de ningún modo novedoso, pues, precisamente en la sentencia que cita el casacionista como antecedente, y que data del 16 de marzo de 1.988, ya la Corte había precisado que:

“Ocurre sin embargo, que ha sido permanente motivo de discrepancia jurisprudencial y doctrinal si una grabación es o no medio de prueba y cuál su naturaleza. En Colombia, a partir de 1.971 con la adopción del Código de Procedimiento Civil, se despejó dicha problemática al consagrar en el artículo 251 que “…son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general …” por cuanto no es imperioso identificar como documento todo aquello que conste por escrito, sino el hecho que sobre el mismo se haya representado alguna cosa a través de los signos gráficos que constituyen la escritura o que permitan que su contenido se perciba directamente, es decir, sin pasar a través de la mente del hombre, como lo serían por ejemplo, las fotografías y las grabaciones magnetofónicas.

Por ello, las grabaciones magnetofónicas que constituyen una clase de documento privado, resulta apto como medio de prueba al tenor de lo preceptuado por los artículos 262 del Código de Procedimiento Penal anterior y 258 del actualmente vigente, cuyo valor depende de su autenticidad, aducción, publicidad y controversia procesal” (M.P. Lisandro Martínez Zúñiga).

Bajo tales premisas, entonces, como dentro de los criterios de valoración forzoso es tener en cuenta su autenticidad, publicidad y controversia procesal, debe precisarse que para este evento específico, al disponer el inciso tercero del artículo 351 del Decreto 2700 de 1.991 —y el cuarto del 301 de la Ley 600 de 2.000 en idénticos términos— que “el funcionario judicial dispondrá la práctica de pruebas necesarias para identificar a las personas entre quienes se hubiere realizado la comunicación telefónica”, está supeditando la validez de la prueba a la demostración de su autenticidad, no solo porque en estos casos su producción se lleva a cabo sin el consentimiento ni el conocimiento de la persona o personas en cuya intimidad se entromete el Estado pero con un fin legítimo y en los casos y bajo las condiciones impuestas en la Constitución y la ley, sino porque apriorísticamente no puede servir de sustento a una imputación.

En realidad, se trata de una prueba de producción compleja, pues no se limita a la captación magnetofónica de las voces, labor que implica una actividad operativa simplemente mecánica, como es adaptar los dispositivos del caso para su grabación, por supuesto, previa autorización judicial, para su perfeccionamiento requiere del funcionario judicial la identificación de los autores de las mismas, salvo que aquellos contra quien se opongan no desconozcan antes de la finalización de la audiencia pública, “su conformidad con los hechos o con las cosas que se expresan”, tal como lo disponía el artículo 277 del Decreto 2700 de 1.991 y actualmente lo reitera, en términos similares el artículo 262 de la Ley 600 de 2.000, al regular lo pertinente al reconocimiento tácito, precisamente, en el capítulo pertinente a la prueba documental.

En este asunto, tal y como lo refiere el demandante, no se llevó a cabo el cotejo de voces para procurar la identificación de quienes actuaban como interlocutores en las grabaciones telefónicas, ni se presentaron las condiciones contenidas en la ley para entender que su autor reconoció tácitamente su autoría —en las voces registradas— y el contenido. Muy por el contrario, es cierto, como lo sostiene el defensor, que en la indagatoria no se le pusieron de presente las grabaciones telefónicas, pues no fue confrontado, como sí ocurrió con los otros procesados, sobre el tema de las conversaciones.

(...).

Y si esta es la prueba que subsistiría como soporte de la condena de Gutiérrez Mejía, forzoso es concluir que tampoco podía ser valorada por el sentenciador puesto que requería, para que tuviera efectos demostrativos, de la acreditación de su autenticidad.

Siendo ello así, forzoso resulta concluir que en relación con Alfonso Gutiérrez Mejía la sentencia se queda sin sustento probatorio como se anotó en precedencia, viéndose obligada la Corte, en consecuencia a casar parcialmente el fallo impugnado para en su lugar absolver a este procesado».

(Sentencia de casación, 27 de marzo de 2003. Radicación 17.247. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote).

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