Sentencia 17252 de febrero 18 de 2004 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

COAUTORÍA IMPROPIA

PERSONAS QUE NO REALIZAN DIRECTAMENTE EL TIPO DOLOSO

EXTRACTOS: «Conoce la Corte del recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor del procesado Walter Adolfo Betancur Cano contra la sentencia proferida el 7 de diciembre de 1999 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, que confirmó la sentencia proferida por el juzgado 19 penal del circuito de esa ciudad, mediante la cual lo condenó a la pena principal de 31 años y 8 meses de prisión, como autor responsable del concurso de delitos de homicidio, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un período de 10 años, así como, al pago de los perjuicios causados con la infracción.

Hechos

A eso de las 3:10 de la madrugada del 29 de noviembre de 1998, en la agencia distribuidora del periódico “El Colombiano” ubicada en la calle 44 Nº 80-86, en la ciudad de Medellín, irrumpieron 6 individuos quienes procedieron a intimidar con las armas de fuego que portaban a los vigilantes Roberto Tabares e Hipólito Vallejo, despojándolos de sus escopetas cartuchos y municiones, luego, uno de los asaltantes se dirigió hasta la reja de acceso a la puerta de entrada al momento en que Jhon Jairo Jaramillo Arboleda cerró la puerta con fuerza y rapidez, impidiendo el acceso a los intrusos, pero uno de los asaltantes, colocado frente a ella, disparó repetidamente a través de la misma causándole heridas a Jhon Jairo Jaramillo que le originaron su deceso; las detonaciones fueron escuchadas por agentes de la policía, quienes motorizados se desplazaban por el sector, por lo cual hicieron presencia inmediata, originándose un enfrentamiento con los asaltantes quienes lograron huir del lugar, excepto Walter Adolfo Betancur Cano quien fue capturado con el arma que momentos antes había tirado al suelo.

Actuación procesal

La diligencia de inspección del cadáver de Jhon Jairo Jaramillo Arboleda fue practicada por la fiscalía 100 delegada ante los juzgados penales del circuito de Medellín, adscrita a la unidad de reacción inmediata, el 29 de noviembre de 1998 y en la misma fecha fue puesto a disposición de la fiscalía el capturado Walter Aldolfo(sic) Betancur Cano.

La investigación fue iniciada por la fiscalía 170 delegada ante los juzgados penales del circuito, el 2 de diciembre de 1998 (fl. 13, cdno. 1), siendo vinculado mediante indagatoria Betancur Cano, quien negó su participación en los hechos, argüyendo, en términos generales, que se encontraba en el sector dedicado a la ingestión alcohólica (fl. 49, cdno. 1). El 7 de diciembre de 1998, se le revolvió la situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva por el concurso de delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal (fl. 65, cdno. 1).

Oído en declaración el encargado de la distribución del periódico “El Colombiano” Hugo Mario Herrera Álvarez quien se encontraba en el lugar de los hechos, expresó, entre otra afirmaciones,

“Como yo estaba adentro de la reja, y tiramos la puerta se limitaron a disparar adentro de la puerta, osea (sic) que el que estaba disparando no se dio cuenta si mató o no mató a nadie, porque tiramos la puerta, en la puerta quedaron los huecos, creo que la puerta la iban a cambiar” (fl. 111, cdno. 1).

Según el protocolo de necropsia la causa de la muerte de Jaramillo Arboleda se produjo a consecuencia de las heridas penetrantes a cráneo, tórax y abdomen con proyectiles de armas de fuego, teniendo 5 orificios de entrada, 1) en la región occipital medio; 2) escapular derecho; 3) en el décimo espacio intercostal izquierdo con línea escapular interna; 4) cuadrante inferior externo del glúteo derecho, y; 5) cuadrante inferior externo del glúteo derecho.

Una vez fueron recibidos numerosos testimonios, se clausuró la etapa instructiva el 16 de febrero de 1999 (fl. 193, cdno. 1) y luego de surtido el traslado de ley, la fiscalía 86 delegada ante los juzgados penales del circuito, adscrita a la unidad 2ª de vida de Medellín calificó su mérito mediante resolución acusatoria de fecha 18 de marzo de 1999, imputándole al procesado Betancur Cano la coautoría en el concurso de delitos por el cual le fue resuelta la situación jurídica.

Recibido el proceso por el Juzgado 19 Penal del Circuito de Medellín, el 23 de abril de 1999 se avocó su conocimiento ordenando iniciar el trámite inherente a la causa, llevándose a cabo la diligencia de audiencia pública (fl. 254), dando paso a la sentencia de primer grado de fecha 19 de octubre del mismo año (fl. 275), cuyas determinaciones fueron consignadas precedentemente.

Recurrida por Walter Adolfo Betancur Cano la anterior sentencia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín la confirmó el 7 de diciembre siguiente. Contra esta, el mismo procesado manifestó su inconformidad al momento de la notificación personal consignando que “Apelo” (fl. 881 vto.), razón por la cual el magistrado sustanciador, interpretó el querer del sentenciado como el de interponer el recurso extraordinario de casación, que le fue concedido por auto del 1º de febrero de 2000.

(...).

Consideraciones de la Corte:

1.Cargo primero, causal primera violación directa de la ley sustancial indebida aplicación del artículo 23 del Código Penal de 1980.

La Sala estudiará con detenimiento el cargo, no obstante el procurador delegado, estime en él ostensibles defectos de técnica. Es probable que haya faltado, de una parte, claridad en la censura, pues para la postulación del cargo el censor entra en aparente indefinición sobre el sentido de la acusación, porque inicialmente, acusa la aplicación indebida del artículo 23 del Código Penal vigente para época, lo que de suyo implica decir que los juzgadores se equivocaron en la invocación del precepto, pero, a renglón seguido, según se infiere del desarrollo del cargo, su planteamiento se orienta a denunciar que los juzgadores de instancia le dieron un alcance que no caracteriza al precepto.

De otra parte, porque no acata el censor, y ello fue motivo de reparo por parte del Ministerio Público, que en el esfuerzo por demostrarle a la Corte la violación directa de la ley sustancial, arremete contra la prueba al demeritar la existencia del acuerdo criminal de los protagonistas del ilícito, presentando la hipótesis de que en el evento de que existiera prueba de que el procesado Betancur Cano era ajeno al acuerdo, estaría incurriendo en objeciones de carácter probatorio extrañas a la causal invocada.

Empero, las irregularidades anotadas, no impiden el análisis de fondo que la postulación del cargo demanda, pues es imprescindible, en ocasiones, que el actor aluda a los hechos como fueron presentados por el juzgador, porque la discusión, así tenga un carácter preponderantemente jurídico por razón de la falta de aplicación o de la aplicación indebida o de la errada interpretación en que incurrió el juez de los preceptos sustanciales pertinentes al caso, su validez depende de la veracidad del hecho sobre el cual se pretende la acertada adecuación típica.

De la llamada coautoría impropia

El tema de la “coautoría impropia” que el recurrente considera inexistente en el ordenamiento jurídico colombiano, al punto de sostener que su aplicación por vía jurisprudencial llegaría a derogar tácitamente el fenómeno jurídico de la complicidad, ha sido objeto de esmerados estudios por parte de esta corporación dentro de la vigencia del Código Penal de 1980 y que dieron lugar a reiterados pronunciamientos (1) .

En efecto, la Corte ha sostenido y reiterado, de antiguo, que cuando varias personas conciertan libre y voluntariamente la realización de un mismo hecho (conducta) punible, con distribución de funciones en una idéntica y compleja operación delictiva, de tal manera que cada uno de ellos ejecuta una parte diversa de la empresa común (2) , todos tienen la calidad de coautores, por ello actúan con conocimiento y voluntad para la producción del resultado comúnmente querido o por lo menos aceptado como probable.

Es cierto que el concepto así expresado, como se dijo en algunos salvamentos de voto, podría conducir a involucrar al cómplice dentro de una ampliada comprensión del término “autor”, dado que también interviene en el hecho común, en virtud de un acuerdo previo, inclusive con “dominio” de su propia intervención, que forma parte de la empresa total.

Es en este punto en el que el censor centra su argumento, cuando afirma que el solo concierto previo no permite configurar la coautoría. Empero, de la posición asumida por la Corte, se destaca la afluencia de varios principios para entender el concurso de personas dentro de la institución de la coparticipación criminal, a saber, el de la ejecutividad, entendida esta como la exteriorización de la conducta, mínimo hasta el grado de la tentativa, de la identidad, de manera que en torno a una misma empresa delictiva se aglutinen los partícipes, la convergencia dolosa, el cual supone el acuerdo de voluntades y de la división de trabajo como efecto de lo concertado y concretado. Si de la intervención así convenida, se podía deducir la “realización de una misma y compleja operación delictiva”, esta forma de participación tenía que ser calificada como de autor, dado que el artículo 23 de la codificación anterior consideraba como autor al que realizara el hecho punible, como así también lo establece el código actual (L. 599/2000)

Por lo expuesto, no puede afirmarse con certeza que la Corte legisló o, como lo insinúa el demandante, que se “inventó” la figura de la coautoría impropia, puesto que su comprensión dependió de la interpretación en vía de jurisprudencia, de la disposición legal a la cual dio dicho sentido y que el censor considera indebidamente aplicado.

Empero, es preciso determinar que de ese principio de convergencia debe distinguirse, primero, si la participación no tuvo la relievancia o intensidad indispensable para estimar al partícipe como autor, sino como cómplice, dificultad que la ley actual supera y aclara “atendiendo la importancia del aporte”, de tal manera que si el aporte no es importante, se debe entonces remitir a la figura de la complicidad y, segundo, si uno de los participantes actuó por fuera de lo pactado, lo cual conduce al exceso y la prohibición de regreso, pues en tal evento, la responsabilidad la asume el respectivo concurrente (3) .

Es en este aspecto en el que se debe reflexionar, pues el recurrente considera indebidamente aplicado el artículo 23, anterior, por cuanto que, dice, el homicidio cometido no se le debe imputar a su representado ya que en su realización no tenía dominio ni para ello medió “su contribución objetiva”.

Es factible que la teoría objetivo-formal de la “realización” del hecho o de la conducta punible, resulte adecuada para resaltar al autor unitario, no así al plural, puesto que en muchos casos de coautoría el coautor no interviene en actos de ejecución, en el sentido objetivo-formal, como sucede, por ejemplo, con el organizador de un plan delictivo que está presente en la dirección de la ejecución, pero no materialmente en ella. Su colaboración y aporte es de vital importancia, sin duda, pero no es ejecutiva desde el punto de vista objetivo-formal. Sin embargo, es un coautor, porque dentro de la división de trabajo que complementa el concepto de autor, su participación es importante, porque está comprendida dentro del plan de autor, como así lo admite la doctrina, tanto nacional como comparada. En la vigencia del código anterior, el determinador se consideraba autor, así, claro está, no interviniera en la ejecución material del reato.

Tratándose entonces de un delito planificado, es elocuente que no todos los participes realizan todos los elementos del tipo, mas, el hecho de no haber realizado directamente el tipo doloso, no descarta que quien haya tenido el dominio funcional del hecho o conducta pueda ser considerado como coautor porque su aportación es esencial, mediando el acuerdo previo y la ejecución común, dada la distribución de funciones o actividades en el aludido plan.

Quiere decir lo anterior, que la teoría del dominio del hecho no puede entenderse, como así parece ser el caso del recurrente, dentro de un estrecho concepto objetivo-formal, puesto que es evidente que la ejecución o realización material, no constituye la única forma de manifestarse el dominio.

En el caso que se analiza, no está puesto en duda que Walter Adolfo Betancur Cano, participó en un hecho en el que intervenían varias personas concertadas en un plan criminal, en el que todos tenían asumidas sus propias actividades con un pleno dominio funcional del proyecto criminal.

El otro aspecto se refiere al presunto exceso del homicida, no concertado y, por consiguiente, no susceptible de imputación a Betancur Cano, porque no estaba pactado lo que ni el propio homicida tenía en mente, si, como se afirma, no sabía que detrás de la puerta contra la cual disparaba, estuviera la víctima expuesta a sus letales proyectiles. Por estas razones, condenársele como coautor de ese homicidio, implica una indebida aplicación del artículo 23 del anterior código.

Para el Tribunal de Medellín, en la sentencia objeto de este recurso,

“Hubo unidad de hecho punible, intervención de varias personas en el hecho único, una conducta o actividad individual de quienes participaron en el hecho, una convergencia objetiva de las diversas actuaciones hacia la producción de un mismo resultado y una convergencia subjetiva de los distintos participantes con conocimiento del hecho típico” (fl. 319).

En consecuencia, de un plan se trataba, no está en duda que los participantes asumieron actividades y riesgos. Los compartieron, por eso iban armados, dispuestos cognitivamente (convergencia subjetiva, dice el tribunal) a los resultados que se alcanzaran, ya el que constituía la finalidad última del plan, ora los producidos como medio, pues si se asumen los fines, se asumen los medios para obtenerlo.

El homicida disparó repetidas veces contra la puerta que la víctima y su compañero cerraron de un tirón. Si los proyectiles impactaron al occiso en su cráneo, tórax y abdomen, significa que disparó no para impactar la cerradura de la puerta, para facilitar su apertura, sino verticalmente, advirtiendo como posible impactar el cuerpo de quienes buscaron refugio tras de la puerta metálica.

Todo ese evento, estaba implícito en el plan criminal, por eso mismo los asaltantes portaban armas de fuego. Es por esto, que el tribunal entendió que por la convergencia subjetiva, el llamado hecho único obedecía a un plan, en el cual los concurrentes tenían dominio funcional previamente concertado y una división de trabajo en una compleja operación delictiva, que permite considerar a todos los participes como coautores en virtud del artículo 23, anterior, sosteniendo así el ad quem la jurisprudencia reiterada de esta Sala (4) . Conforme a la cual, cuando en eventos como el que ahora se analiza, los miembros de una banda criminal resuelven utilizar armas, están admitiendo la posibilidad de su uso y, por contera, responden por los delitos contra la vida y la integridad personal en que puedan incurrir como coautores.

De este modo, el reproche formulado por el casacionista carece de fundamento, por lo tanto, el cargo no prospera.

2. Segundo cargo, causal primera violación indirecta de la ley sustancia por falso juicio de existencia al omitir la apreciación del testimonio de Hugo Mario Herrera Álvarez, y falso juicio de identidad en la valoración de otros medios de prueba.

En relación con el segundo cargo soportado sobre supuestos errores de hecho por falso juicio de existencia en la valoración de los testimonios de Hugo Mario Herrera Álvarez y Roberto Tabares Moreno y falso juicio de identidad respecto de los testimonios de Carlos Jaime Salazar Salas, Hipólito Vallejo, Víctor Hugo Parra Arango, Jorge Alberto Cosquen Castillo y Luis Fernando Díaz Pérez, tampoco tiene vocación de éxito.

2.1. En efecto, inicialmente, el censor acusa al tribunal de haber violado la ley sustancial porque incurrió en error de hecho por falso juicio de existencia al omitir parcialmente la apreciación del testimonio de Hugo Mario Herrera Álvarez, reproche que siendo avalado por el procurador delegado solicita a la Corte casar parcialmente la sentencia impugnada, en relación con el punible de homicidio; empero, encuentra la Sala que no les asiste razón, en primer lugar, porque el cargo presenta serias falencias de orden técnico, tanto en su postulación como en el desarrollo, por cuanto, no es cierto que la versión rendida por el testigo Herrera Álvarez haya sido omitida en su valoración por los funcionarios de instancia, como para predicar configurado el error de hecho por falso juicio de existencia que se alega. Significa lo anterior, que el recurrente no abordó el ataque con la técnica requerida que implica determinar con exactitud si en la contemplación de la prueba el juzgador omitió o supuso un medio de convicción o lo distorsionó, tergiversó, adicionó o cercenó la prueba.

2.2. No obstante lo anterior, se infiere que lo que el censor pretende demostrar, es un error de hecho por falso juicio de identidad, por cercenamiento del testimonio de Hugo Mario Herrera Álvarez siendo, al parecer, este último caso que entraña la inconformidad del demandante y que necesariamente ubica la discusión en torno a un falso juicio de identidad y no al falso juicio de existencia aludido por el demandante.

Adviértase, entonces, que tanto el recurrente como el Ministerio Público, refieren que si los juzgadores de instancia hubieran apreciado el testimonio de Herrera Álvarez en el aparte que dice “como yo estaba adentro de la reja, y tiramos la puerta se limitaron a disparar adentro de la puerta, osea que el que estaba disparando no se dio cuenta, si mató o no mató a nadie, porque tiramos la puerta, en la puerta quedaron los huecos, creo que la puerta la iban a cambiar”. Sin embargo, considera la Sala que la inferencia realizada por el recurrente y el Ministerio Público sobre ese pasaje de la declaración del referido testigo, no excluye de la responsabilidad en el delito de homicidio del procesado Betancur Cano, pues como en su momento lo admitieron los juzgadores de instancia, los 6 individuos que acordaron incursionar en la sede del periódico “El Colombiano” con el objeto de cometer la conducta ilícita, prepararon el plan y la estrategia de dominación a sus moradores, al punto de concebir la necesidad de portar y usar armas de fuego para garantizar el éxito de la empresa criminal.

Luego, para la Sala el pasaje de la declaración en controversia, no suscita la certidumbre que albergan tanto el recurrente como el Ministerio Público, sobre la irresponsabilidad de Betancur Cano en el delito de homicidio, por el contrario, según la misma declaración de Hugo Mario Herrera Álvarez, quien disparó conocía perfectamente de la presencia de las dos personas (el declarante y el hoy occiso) que se encontraban detrás de la puerta que acababan de cerrar y contra la que accionó su arma de fuego cuyos proyectiles traspasaron la hoja de la puerta causándole la muerte a Jhon Jairo Jaramillo Arboleda.

De igual manera, la siguiente afirmación del mismo testigo, resulta lo suficientemente ilustrativa para desestimar el criterio del censor y del Ministerio Público, cuando afirma

“AIguien se acercó tras la reja que hay antes de la puerta, y entonces me llamó la atención, dijo “hey” algo así, porque no recuerdo bien, cuando yo vi una persona que nos apuntaba con arma, entonces el señor que estaba ahí en la reja, que tenía el arma, dijo no se que cosa, inmediatamente Jairo tiró la puerta, y yo logré tirarme para un lado protegiéndome y él quedó de frente a la puerta donde tocaron los disparos. Luego que yo estaba en el suelo oí muchos disparos por fuera y me quedé ahí hasta que no sentí más ruidos. Luego de ahí le preguntaba a Jairo si lo habían herido, y él no me contestaba, yo lo veía, entonces él no me respondía, me acerqué y lo toque, lo moví, estaba tirado encima de unos paquetes de periódico, yo pensé que estaba resguardado, pero cuando me acerqué vi el charco de sangre y ahí fue cuando lo toqué en el cuello y vi que no tenía pulso, ahí fue cuando me dirigí a la puerta y les dije a los muchachos que habían matado a Jairo...”.

Es evidente, entonces, que del relato anterior se desprende el conocimiento que tenía el autor de los disparos sobre la existencia de las personas que trataban de protegerse detrás de aquella puerta que resultó perforada por los disparos, que finalmente hicieron blanco en la región posterior de la humanidad de Jhon Jairo Jaramillo, causándole la muerte.

No resulta, entonces, cuestionable el análisis probatorio llevado a cabo por los funcionarios de instancia, a partir de una bien diseñada planificación de la conducta ilícita que llevaron a cabo con las consecuencias sabidas, adecuaron la forma de culpabilidad en el dolo eventual atendiendo la representación del resultado sin que estuviera acompañada de una actitud orientada a eludirlo, dado que, se asumió y aceptó como posible el resultado, máxime cuando, como ya se anotó los disparos efectuados fueron hechos a través de una puerta que se cerraba con la esperanza de que protegiera la vida e integridad de las personas que se escondían tras de ellas, con el infortunio que los disparos que segaron la existencia de Jhon Jairo Jaramillo, según la necropsia, tuvieron como orificios de entrada su parte posterior.

No comparte, entonces la Sala, la postulación del Ministerio Público, en el sentido de asumir que los disparos fueron hechos por una reacción impulsiva ante la sorpresiva cerrada de la puerta y que “no formaba parte del acuerdo previo, del plan común que se habían trazado los asaltantes” pues, adviértase del pasaje anterior, que los asaltantes diseñaron la incursión armada en la sede del periódico y el autor de los disparos llamó la atención del declarante Hugo Mario Herrera diciéndole “hey” destacándose para aquel momento que ya empuñaba su arma, para disparar en contra de ellos.

Tal afirmación, a juicio de la Sala, no permite realizar la inferencia que hace el señor procurador delegado, en primer lugar, porque el asaltante se encontraba en plena disposición de disparar, habida consideración de que empuñaba el arma, en segundo lugar, nótese la posición de dominio del hecho que tenía en el lugar y, en tercer lugar, disparó en contra de las personas que huían tras cerrar la puerta como un acto del plan común, sino, más bien, para asegurar el éxito de la empresa criminal.

2.3. Sigue siendo cierto que “lo malicioso es lo contrario de lo imprudente desde el punto de vista cognoscitivo”, por consiguiente, si el sujeto conoce la posibilidad de que su acción realiza el tipo, y no obstante ejecuta la acción, es porque quiere el resultado previsto, lo cual implica el tipo subjetivo factorizado por el dolo eventual. La ley actual (art. 22) considera que es dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable, en tanto que la norma vigente para el hecho (D. 100/80, art. 36) estimó dolosa la conducta cuando el agente acepta el hecho como posible, juicio este más amplio si se tiene en cuenta que lo posible es una modalidad de un hecho o proceso que se estima, en abstracto o en términos generales, como real o necesario, puesto que la realidad se encuentra siempre en el ámbito de la posibilidad. En tanto, un juicio de probabilidad, que es posibilidad concreta, es de índole gnoseológica, en cuanto implica lo cierto o lo verdadero, dependiendo de los grados de su mayor o menor acercamiento a la certidumbre.

Para este caso, en concreto, el tribunal tuvo que haber hecho un juicio de posibilidad, como se lo exigía el artículo 36, anterior, al deducir del testimonio en ciernes que para el homicida, la presencia vulnerable de una persona tras la puerta era real y por eso, disparó repetidas veces, alcanzado así a su víctima de manera fatal.

Si, como se dijo en la respuesta al cargo anterior, los concertados para perpetrar el asalto en “El Colombiano” de Medellín, aceptaron con división de trabajo todas las posibilidades que surgieran durante su ejecución; se empleaban como coautores de un plan común, por ello mismo, el acto homicida estaba en la posibilidad aceptada por todos los sujetos armados, dispuestos a matar. No se trató de un hecho aislado o excedido que impidiera ser imputado a los demás, si como se ha dicho, fue dolosamente ejecutado.

En consecuencia, el cargo no prospera.

(...).

5. Esta decisión queda en firme en la fecha de su firma y contra ella no procede recurso, correspondiendo al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, la aplicabilidad del principio de favorabilidad, si a ello hubiere lugar, conforme lo prevé el artículo 19 de la Ley 553 de 2000, con ocasión a la vigencia Ley 599 de 2000.

Atendidas las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia impugnada, de fecha, origen y contenido consignados en esta providencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(Sentencia de casación, 18 de febrero de 2004. Radicación 17.252. Magistrado Ponente: Dr. Herman Galán Castellanos).

(1) Corte Suprema de Justicia. M.P. Reyes Echandía, Alfonso. Agosto 11 de 1981. Dr. Martínez Zúñiga, Lizandro. Noviembre 23 de 1988. Dr. Torres Fresneda, Juan Manuel. Septiembre 16 de 1992. Dr. Arboleda Ripoll, Fernando. Marzo 23 de 1999. Dr. Pérez Pinzón, Álvaro. Abril 24 de 2003. Dra. Pulido de Barón, Marina. Junio 8 de 2003, entre otros.

(2) Sala de Casación Penal. CSJ. Septiembre 8/80. M.P. Alfonso Reyes Echandía.

(3) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Febrero 28 de 1995 y marzo 10 de 1993.

(4) Corte Suprema de Justicia. M.P. Arboleda Ripoll, Fernando, marzo 23 de 1999.

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