Sentencia 17265 de junio 8 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOS ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

INSUBSISTENCIA POR CALIFICACIÓN NO SATISFACTORIA

DESVIACIÓN DE PODER POR CONFLICTO ENTRE CALIFICADOR Y EVALUADO

EXTRACTOS: «Se afirma en al demanda que el acto de insubsistencia obedeció a una persecución laboral de la administración contra el demandante y por ende, fue expedido de manera irregular, con violación de los principios del derecho al trabajo, el debido proceso y el estatuto de la carrera administrativa, amén del quebrantamiento de preceptos constitucionales y normas de superior jerarquía.

(...).

Se encuentra acreditado que el nombramiento del actor fue declarado insubsistente mediante la Resolución 1080 de diciembre 13 de 1995, confirmada por la 138 de febrero 20 de 1996, insubsistencia originada en la defectuosa calificación de 194 puntos, al decir del demandante, correspondiente al período comprendido entre el 1º de enero de 1994 y el 30 de junio siguiente (cdno. ppal., fls 2 a 6; 10 y 11 anexo 2).

(...).

La Sala dirá que son varias las falencias que se detectan en el plenario relacionadas con la calificación objeto de esta controversia, pues obran en el expediente otras evaluaciones y calificaciones practicadas durante el anterior período de dos años a que hace referencia el precitado puntaje, entre ellas las siguientes:

a) La de abril 1º de 1993 al 30 de junio del mismo año, folio 137 anexo 2, con 471 puntos;

b) La de julio 1º de 1993 a septiembre 30 del mismo año de folio 170, con 471 puntos;

c) La de octubre 9 de 1993 a diciembre 31 del mismo año, de folio 171 anexo 2, con 469 puntos;

d) La de enero 1º de 1994 a julio 30 del mismo año, de folio 253;

e) La de agosto 1º de 1994 a febrero 28 de 1995, vista en el folio 254 del anexo 2, con un puntaje de 380.

No obstante lo anterior, en el folio 197 del cuaderno 2 del expediente, aparece la evaluación de servicios por el período comprendido entre el 16 de febrero de 1995 y el 28 de febrero de 1996, habiendo obtenido una calificación satisfactoria de 530 puntos, con notoria diferencia a la inmediatamente dada por el Alcalde Menor de los Mártires.

Así pues, es ostensible el desorden implantado por la autoridad en el proceso de evaluaciones y calificaciones hechas al demandante en este caso, observándose pretermisión de las normas que reglamentan la materia en desarrollo de la carrera administrativa, con incidencias que afectan al funcionario interesado en tales evaluaciones. Conforme a las diferentes calificaciones encontradas en el plenario, es distante el resultado de ellas frente a la calificación de 194 puntos, dada por el Alcalde de los Mártires, resultado insignificante y diciente, que no se compadece con los demás.

Como se indicó en los antecedentes, uno de los cargos que se proponen en contra de los actos acusados, es el de la desviación de poder con fundamento en que la calificación insatisfactoria, no fue orientada por objetivos del buen servicio, sino que es el resultado de una relación conflictiva entre el calificador y el actor, originada en reclamaciones realizadas por éste y por la queja que presentó ante la Procuraduria General de la Nación, antecedentes que desataron una persecución laboral en su contra, dando lugar a una calificación de servicios insatisfactoria, de orden subjetivo (cdno. ppal., fls. 145 a 176).

En efecto, dentro del acervo probatorio que obra en el proceso se encuentran algunas evidencias que conducen a la intención del calificador, en orden a prescindir de los servicios del funcionario de la Alcaldía de los Mártires, quien se encontraba bajo su dependencia.

(...).

Las anteriores pruebas documentales respaldan sin lugar a equívocos, las afirmaciones de los declarantes ya relacionados, en el sentido de demostrar el trato que el Alcalde Menor de la Localidad de los Mártires daba al funcionario bajo su dependencia, con la advertencia de que de todos los funcionarios de ese despacho, Gustavo Vega Arias fue el único con calificación insatisfactoria.

En conclusión, para la Sala el acto de insubsistencia se originó en la forma desmedida como fue calificado el funcionario, saltando de bulto la intención del inmediato superior para retirar del servicio al demandante, bajo supuesto sometimiento al procedimiento evaluativo y calificatorio para los funcionarios de la carrera administrativa, invocando para el efecto los artículos 9º de la Ley 27 de 1992 y 23 del Decreto 1222 de 1993, justificando en tal forma la causal para la insubsistencia declarada mediante los actos acusados.

Si bien es cierto que a términos del precitado artículo 23 del Decreto 1222 de 1993, el nombramiento del empleado escalafonado en carrera, deberá declararse insubsistente por la autoridad nominadora cuando haya obtenido una calificación de servicios no satisfactoria, para lo cual deberá oírse previamente el concepto no vinculante de la comisión de personal, dicha autorización legal no otorga por sí sola una facultad discrecional para declarar la insubsistencia del funcionario en el cargo.

Este sistema no puede convertirse como una forma para tolerar prácticas o conductas de los funcionarios públicos como la que aparece ampliamente comprobada en el caso presente, con irrespeto de los derechos de los administrados, olvidándose que Colombia es un Estado social de derecho, fundado en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas en general.

De suerte que estando como está la función administrativa al servicio de los intereses generales de la comunidad y no para satisfacción de caprichos o arbitrariedades de quienes detentan la autoridad, con la advertencia de que dentro de los fines del Estado se encuentra el respeto al trabajo dentro de la vigencia de un orden justo, con la asignación a las autoridades del cumplimiento de los deberes sociales.

Por las razones que anteceden, se revocará la sentencia apelada y en su lugar se accederá a las peticiones de la demanda».

(Sentencia de junio 8 de 2000 Expediente 17.265. Consejero Ponente: Dr. Silvio Escudero Castro).

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