Sentencia 17324 de agosto 13 de 2003 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO

PUEDE RECAER SOBRE ORIGINALES O COPIAS

EXTRACTOS: «El planteamiento está enfocado a desvirtuar la tipicidad de la conducta imputada como falsaria, a través de la inocuidad que significaría la mutación a la verdad recaída sobre copias de los recibos de impuesto predial cuya liquidación correspondía a Porras Gutiérrez, según la afirmación del demandante, es muy elocuente que la censura debía encaminarse por aplicación indebida del artículo 219 del C.P. de 1980, por ser este el precepto, que describe el delito de falsedad ideológica en documento público y no en el sentido de interpretación errónea que, como ya se advirtió, supondría la correcta escogencia de la norma tenida en cuenta en la sentencia, pero rebasada en su real significación.

5. Y, si bien las deficiencias anotadas conducen a anticipar la desestimación de la censura, es para la Sala imperativo observar que en el aspecto de fondo tampoco asiste razón al actor, por cuanto en forma realmente confusa el demandante propugna por una tesis inaceptable, como lo es aquella de considerar, en el caso concreto, que las copias de los recibos de pago de impuesto predial carecían de valor probatorio en el tráfico jurídico, cuando evidentemente a esta conclusión arriba como efecto de pretender que tal clase de documentos está comprendido por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil.

6. Es sabido que las únicas copias de documentos son aquellas transcripciones o reproducciones mecánicas del original que efectúa el funcionario a quien le asiste competencia para ello. Caso en el cual, con miras a determinar su valor probatorio, ha de establecerse, según los supuestos previstos por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el D.E. 2282/89, art. 1º, num. 117), que hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada del mismo, así como en aquellos casos en que son autenticadas por notario previo cotejo con el original o copia autenticada que se le presente, o, en fin, cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial.

7. Distinta es, desde luego, la hipótesis que se presenta en relación con documentos originales al carbón, esto es, aquellos cuya producción obedece a una misma fuente originaria y de creación, unitemporal, que son extendidos simultáneamente pues si bien el primero debe reputarse como el texto original, los demás son copias, también originales al carbón, que en algunos casos, como sucede en el que es objeto de estudio, están destinados a servir de soporte probatorio del acto de que dan fe, con la misma eficacia respecto de cada uno de sus diversos ejemplares.

8. Se trata, por consiguiente, de dos situaciones evidentemente distintas, una es aquella, como queda visto relativa a la reproducción mecánica, manual o por cualquier otro medio de copias de un documento, o la autenticación de fotocopias del mismo, en relación con la cual se hacen exigencias específicas para atribuirles un determinado valor probatorio y otra, la de aquellos documentos que surgen como originales al carbón.

9. En cualquiera de estas hipótesis, desde luego, bien porque un servidor público reproduzca un texto o expida una copia con alteraciones relevantes de su contenido en relación con el original, o porque se haga una mutación semejante al texto de la copia que ha de reputarse como original al carbón, tales conductas resultan constitutivas de falsedades ideológicas en documento público, o material si la conducta implica creación del mismo.

Esta es la solución que corresponde adoptar una vez suprimida, como lo recuerda Romero Soto en su conocida obra esta materia, la figura contemplada en el artículo 231 del Código Penal de 1936 como falsedad documental, que daba cuenta de la conducta de servidor público que expida copia o certificado de un documento inexistente o manifieste en él cosa distinta de la que contenga el verdadero original, pues tanto en el precedente Código Penal en el que actualmente nos rige, procederes semejantes deben ser evaluados de acuerdo con las disposiciones sobre falsedad previstas.

10. En el caso concreto, por tanto, no solo es insólito que el actor afirme que las copias del pago del impuesto predial cuya liquidación y elaboración correspondía a Mario Ney Porras Gutiérrez, carecían de “valor probatorio en el tráfico jurídico”, sin dar el más mínimo fundamento para tal aseveración, sino que, según lo visto, se trató de documentos de carácter público, otorgados por aquél en ejercicio de sus funciones como liquidador en la tesorería del municipio de Pasca y que servían de soporte probatorio en los asientos contables del recaudo de dicha tributación y del monto de la misma en las finanzas locales.

11. Finalmente, por lo demás, en cuanto es incontrovertible el carácter de documentos públicos que debe atribuirse a la copias que reposaban en la tesorería de Pasca como prueba del pago del impuesto y del valor que precisamente se alteró en su monto, razón asiste al sentenciador en señalar que el tipo de falsedad ideológica en documento público imputado al procesado, no distingue que la conducta falsaria deba recaer sobre originales o copias, siendo esto indiferente para la consolidación típica de la conducta, pues lo determinante es que el documento provenga de servidor público, que como tal sirva de medio de prueba y que haya sido alterada la veracidad en el contenido del mismo.

El cargo, por tanto, no prospera».

(Sentencia de casación, 13 de agosto de 2003. Radicación 17.324. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote).

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