Sentencia 17343 de julio 28 de 2004 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

PAGO DE HONORARIOS CON BIENES DE ORIGEN ILÍCITO

NO IMPIDE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO DE DICHOS BIENES

Magistrado Ponente:

Dr. Yesid Ramírez Bastidas

Radicación 17.343

Bogotá D.C., veintiocho de julio de dos mil cuatro.

Vistos:

Resuelve la Corte la acción de tutela promovida en nombre propio por el abogado N... en contra de la Sala de Decisión presidida por el magistrado R... de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., por la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso.

Fundamento de la acción

Es la sentencia de extinción de dominio proferida por la autoridad judicial mencionada el 18 de mayo de 2004 que revocó algunos numerales de la de primera instancia proferida por el Juzgado 3º Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C. para, en su lugar, disponer la extinción de algunos bienes, entre ellos una bodega que figuraba a nombre del actor y que este afirma haber obtenido como pago de los honorarios profesionales causados por la defensa de Segundo Rafael Preciado Biojó condenado por diferentes delitos a causa de su participación en la defraudación de Foncolpuertos.

El accionante advierte que el monto de sus honorarios ascendió a seiscientos millones de pesos que le fueron cancelados con una camioneta Toyota y la bodega objeto de la extinción del dominio, afirmando que respecto del automotor se declaró la improcedencia de la extinción, pero que al decretarse la del inmueble se vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso, por haberse aplicado la Ley 793 de 2002 y no la 333 de 1996 y al trabajo, además que se desconocieron derechos adquiridos que surgieron de la consolidación de una situación jurídica conforme a la ley.

En consecuencia solicita que el fallo de tutela disponga la improcedencia de la extinción del dominio sobre el inmueble que decretó el tribunal o en su defecto la anulación de todo lo actuado desde el trámite en la fiscalía.

Antecedentes

De conformidad con el inciso 2º del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, en el auto admisorio de la tutela se ordenó surtir traslado a los funcionarios judiciales accionados, sin que se haya recibido respuesta de su parte, aunque por aporte del accionante se tiene copia íntegra de la sentencia del tribunal.

Consideraciones de la Corte

1. La acción de tutela promovida en nombre propio por el abogado N... es improcedente por dirigirse en contra de una sentencia judicial que fue adoptada conforme a la Constitución y a la ley, así como por intentar utilizarse como una tercera instancia para desconocer lo resuelto por la autoridad judicial que conoció del asunto en razón de su competencia funcional.

2. El debido proceso penal está reglado sobre la base de la existencia de dos instancias, con las excepciones que consagra la ley, circunstancia que impone la obligación de tener como definitivo lo resuelto por la segunda instancia, que por serlo está dotada de la facultad de decir la última decisión en la solución de un conflicto puesto a su conocimiento.

En este orden de ideas, riñe con el debido proceso y con la naturaleza constitucional de la acción de tutela que se use, como aquí, con la manifiesta intención de desconocer lo resuelto por una Sala de Decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., que por consulta y por vía de apelación ejerció su competencia funcional, razón suficiente para declarar la improcedencia de esta acción.

3. Ahora bien: revisada la actuación la Sala no encuentra evidencia de arbitrariedad o marginamiento de la Constitución o de la ley por parte de los magistrados accionados para adoptar la sentencia de segunda instancia que el 18 de mayo de 2004 decidió confirmar la mayor parte del fallo del juzgado 3º penal del circuito especializado y revocar algunos apartes, específicamente el atinente a la extinción del dominio del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 50C-449773 que el juzgado había negado y en su lugar el tribunal dispuso.

4. El alegato del abogado N... para reclamar por la extinción del mencionado inmueble es absolutamente inaceptable, pues pretende, en contravía de la política criminal expresada por el Estado en las sucesivas leyes de extinción del dominio que en Colombia han regido y rigen en la actualidad, purgar el origen ilícito de los bienes mediante el fácil mecanismo de su traspaso como pago en especie a cambio de servicios profesionales.

La Corte no discute la naturaleza legal del ejercicio de la profesión de abogado, pero sí coincide con el tribunal accionado en que la recepción de bienes provenientes del patrimonio ilícito de un procesado por parte de su apoderado, no tiene la virtud jurídica de purgar ese vicio, de modo que la extinción del dominio es perfectamente procedente, tal como aquí se decretó. En tal caso lo que se genera es un problema civil entre el abogado que prestó sus servicios profesionales y el poderdante que le pagó con un bien cuya legalidad se hallaba viciada y por tanto está en la obligación de salir a sanear.

Y esa última alternativa procede solo si el abogado actuó de buena fe, pues de llegar a demostrarse que tuvo conocimiento del origen viciado del bien, puede terminar comprometido penalmente porque en tal caso habría prestado su concurso para distraer los bienes de la persecución que el Estado tiene derecho a hacer dado su origen contrario a la moral social. En todo caso, esa buena fe no purga el origen del bien, únicamente justifica la actuación del profesional para restablecer el equilibrio del contrato de mandato, por otras vías judiciales.

5. Finalmente, en torno a la supuesta aplicación indebida de una ley que no regía el caso, la 793 de 2002 en desmedro de la 333 de 1996, ese fue un tema planteado dentro de los debates ante el juez de primera instancia, que este resolvió con arreglo a los términos de la sentencia de constitucionalidad C-740 del 28 de agosto de 2003, sin que ello fuera materia de la apelación surtida ante el tribunal, de modo que el tema quedó zanjado en la forma y términos que lo resolvió el juzgado, sin que tampoco proceda la presente acción por ese aspecto.

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por N..., en contra de la Sala de Decisión presidida por el magistrado R... de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. y,

2. En firme esta decisión, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Hermán Galán Castellanos—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Édgar Lombana Trujillo—Álvaro O. Pérez Pinzón—Marina Pulido de Barón—Jorge L. Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Mauro Solarte Portilla. 

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

___________________________________