Sentencia 17358 de mayo 16 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO

PERDIÓ VIGENCIA PORQUE FUE SUSTITUIDO POR LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES

Magistrada Ponente: Dra. Isaura Vargas Díaz

Radicación 17358

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil dos (2002).

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la sociedad Escuela de Aviación de los Andes Aeroandes S.A. contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 30 de marzo de 2001, en el proceso instaurado contra la recurrente por José Constantino Galindo Vanegas y Susana de la Cuadra de Galindo.

I. Antecedentes

Para que se condenara a la sociedad demandada a pagarles por partes iguales el seguro de vida equivalente a 24 meses de salario en forma indexada de acuerdo con los índices de precios al consumidor, “incluyendo al efecto los intereses legales y moratorios correspondientes, desde cuando la obligación se hizo exigible, esto es mayo de 1994, hasta su pago efectivo” (fl. 5), José Constantino Galindo Vanegas y Susana de la Cuadra de Galindo, promovieron el proceso.

En sustento de esas pretensiones adujeron ser los padres legítimos de Germán Galindo de la Cuadra, quien, siendo soltero, falleció el 17 de mayo de 1994 en un accidente al mando de una aeronave de la demandada, empresa a la que llevaba trabajándole 57 días como piloto e instructor de vuelo, con un salario mensual básico de $1.089.000, habiendo sido afiliado al Instituto de Seguros Sociales el 20 de abril de 1994.

Afirmaron en su demanda que la enjuiciada no les ha pagado el seguro colectivo de vida obligatorio, cuyo pago no lo tiene contratado con nadie, además de que esa prestación no ha sido asumida por el Seguro Social por razón de lo reciente de la afiliación de su hijo.

Al contestar la demandada negó los hechos de la demanda y propuso las excepciones de falta de título y de causa en la demandante, prescripción, compensación y buena fe.

El juzgado de conocimiento, que lo fue el quince laboral del circuito de esta ciudad, decidió la primera instancia con su fallo del 14 de julio de 2000, con el que condenó a la demandada “a pagar a los demandantes Susana y Constantino Galindo Vanegas por partes iguales en su calidad de padres del trabajador Germán Galindo de la Cuadra la suma de $ 36.525.423.46 pesos m/cte., por concepto de seguro de vida colectivo” (fl. 190); declaró no probadas las excepciones propuestas y la condenó en costas.

II. La sentencia del tribunal

Al resolverse el recurso de alzada interpuesto por la demandada, con la sentencia aquí acusada la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la de primera instancia, absolvió a la sociedad accionada de los intereses legales y moratorios y le impuso costas.

Asentó que el seguro de vida obligatorio dejará de estar a cargo del empleador cuando el Instituto de Seguro Sociales asuma el riesgo de muerte, para lo cual se requiere una cotización mínima de 25 semanas, que el causante no alcanzó a cumplir por que fue afiliado el 20 de abril de 1994, concluyó que ese instituto no alcanzó a subrogar al patrono en el pago de la prestación.

Luego de establecer que la muerte del trabajador es de origen profesional y que el seguro otorgado por Generali Colombia Vida Compañía de Seguros S.A. a la demandante era general y no uno de vida, determinó que “está plenamente demostrado que los padres de Germán Galindo de la Cuadra, señores Constantino Galindo Vanegas y Susana de la Cuadra de Galindo son los beneficiarios del seguro de vida colectivo solicitado en la demanda” (fl. 158).

III. El recurso de casación

Inconforme la sociedad demandada con esa decisión, interpuso el recurso extraordinario (fls. 6 a 13), cuya réplica corre de los folios 19 a 20 del segundo cuaderno, en el que le pide a la Corte que case parcialmente la sentencia impugnada en cuanto confirmó la condena a pagar el seguro de vida más la indexación, para que en sede de instancia revoque la del juzgado y en su lugar la absuelva de las pretensiones elevadas por los actores.

Con ese propósito plantea dos cargos que la Corte estudiará conjuntamente por cuanto que por la vía directa, con similares argumentos, denuncian la violación de los mismos preceptos legales, pues en el primero acusa a la sentencia por la infracción directa de los artículos 289 y 151 de la Ley 100 de 1993; “y artículos 37, 46, 47, 48, 49, 50, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82 y 255 de la Ley 100 de 1993, lo que condujo a la aplicación indebida de los artículos 19, 199, 289 (modificado por el art. 13 de la L. 11/84), 293 (modificado por el art. 11 D. 617/54) ordinal e) 204, 294, 214 y 305 todos estos últimos del Código Sustantivo del Trabajo, y artículo 8º de la Ley 153 de 1887” (fl. 10 del cuaderno de la Corte); mientras que en el segundo denuncia la aplicación indebida de todos esos preceptos.

Comienza la demostración del primer ataque aceptando los presupuestos de hecho en que se fundamentó el fallo que impugna, pero asevera que el tribunal aplicó las normas referentes al seguro de vida contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, que fueron derogadas por el artículo 289 de la Ley 100 de 1993, desde el momento en que entró en vigencia el sistema general de pensiones, sistema que con la pensión de sobrevivientes reemplazó la prestación social denominada seguro de vida colectivo obligatorio; y como el accidente de trabajo ocurrió el 17 de mayo de 1994, los demandantes no podían reclamar el pago de una prestación social derogada.

Afirma que al aplicar las normas del Código Sustantivo del Trabajo, el juez de la alzada olvidó o ignoró su derogatoria por el referido artículo 289 en relación con el 151 de esa misma normatividad, “por medio del cual se fijó la fecha del 1º de abril de 1994, para que comenzara a regir el nuevo sistema, el que comprende la “pensión de sobrevivientes” en reemplazo del seguro de vida colectivo obligatorio que antes consagraba el Código Sustantivo del Trabajo” (fl. 11 del cuaderno de la Corte).

En el segundo cargo, reitera los anteriores argumentos para demostrar la aplicación indebida que denuncia.

La réplica se opone a la prosperidad de los cargos, por cuanto en la Ley 100 de 1993 no existe ninguna derogatoria expresa ni tácita de los artículos 292, 293 y demás concordantes del Código Sustantivo del Trabajo, consagratorios de la prestación social “seguro de vida colectivo obligatorio”, que es de contenido diferente a la pensión de sobrevivientes.

IV. Consideraciones de la Corte

Desde la expedición de las normas que en los albores de la seguridad social en nuestro país implementaron las bases de un sistema moderno, se estableció con claridad la naturaleza eminentemente transitoria de las obligaciones prestacionales radicadas en cabeza de los empleadores, las que, por tal virtud, quedaron sometidas a una condición resolutoria que se cumpliría en el momento en que el Seguro Social asumiera el riesgo cubierto por esas prestaciones que, de manera paulatina, fueron quedando a cargo de esa entidad de seguridad social, en los términos que fijaron sus respectivos reglamentos.

Esa situación de transitoriedad de las que se denominaron prestaciones patronales, fue confirmada por el Código Sustantivo del Trabajo, que de manera clara estableció en sus artículos 193 y 259 que, tanto las prestaciones comunes, como las especiales consagradas en ese estatuto, dejarían de estar a cargo de los patronos cuando el riesgo de ellas fuera asumido por él, a la sazón, Instituto Colombiano de Seguros Sociales.

Esa particular condición de nuestro sistema de seguridad social desde luego se reflejó en la regulación de la prestación social de naturaleza especial denominada seguro colectivo de vida obligatorio, cuyo pago se reclama en el presente proceso, que, en los precisos términos del artículo 289 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 12 de la Ley 11 de 1984, se encuentra establecido para “cubrir el riesgo de muerte sea cualquiera la causa que la produzca”, como quiera que en el artículo 292 de ese estatuto, modificado por el 13 de la Ley 11 de 1984, se determinó que “los patronos obligados al pago de seguro de vida de sus trabajadores, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, mientras el Instituto Colombiano de Seguros Sociales asume este riesgo, pagarán por este concepto a los beneficiarios del asegurado…”.

Por lo tanto, no cabe la menor duda que en la medida en que el Seguro Social en cada caso específico asumió el riesgo por muerte, desapareció para el patrono la obligación de tener a su cargo el seguro colectivo de vida obligatorio, como puede verificarse en el decurso legislativo en los artículos 72-73 de la Ley 90 de 1946, artículos 5º, 21, 22, 24 del Acuerdo 223 de 1966 (aprobado por el D. 3041/66), artículo 1º del Acuerdo 019 de 1983 (aprobado por el D. 232/84), artículo 1º del D.L. 1935 de 1973, Acuerdo 044 de 1989 (aprobado por D. 3063/89) y artículos 1º y 27 del Decreto 3170 de 1964 aprobatorio del Acuerdo 155 de 1963. Y, como lo ha precisado esta corporación, una de las formas que estableció ese instituto en sus reglamentos para cubrir el riesgo de la muerte, fue a través de la consagración de las pensiones de sobrevivientes.

Así se explicó en la sentencia del 9 de diciembre de 1981, Radicado 7474, a la que pertenecen los siguientes apartes:

“Las pensiones de viudez y orfandad protegen a la familia del trabajador que fallece, lo mismo que a quienes dependían del ex trabajador que muere disfrutando una pensión de jubilación, invalidez o vejez. En el primer caso, cuando muere el trabajador, la pensión de sobrevivientes sustituye al seguro de vida como prestación por muerte, y, en el segundo caso cuando fallece el pensionado, actúa una transmisión de la pensión. Porque es evidente que estas pensiones de viudez y orfandad (sobrevivientes), en el nuevo régimen de seguro obligatorio, cumplen los mismos objetivos sociales atendidos en el anterior sistema prestacional (el patronal directo), tanto por el seguro de vida, como por la sustitución pensional, según el caso. Las nuevas pensiones obedecen a las mismas causas que el seguro por muerte y la transmisión pensional y cubren las mismas necesidades”.

Ante la situación de transitoriedad de las prestaciones especiales consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo y la vocación de ser subrogado por el sistema de seguridad social, el riesgo que ellas cubren no desapareció con la expedición de la Ley 100 de 1993, sino que, por el contrario, se hizo aún más evidente, como surge, entre otras disposiciones, de su preámbulo y de los artículos 1º, 5º, 6º y 7º, de los que se desprende la vocación integradora del nuevo sistema de seguridad social como conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, para proporcionar una cobertura completa de las contingencias económicas y de salud.

Del texto de esas disposiciones surge, en consecuencia, que el legislador al dictar la Ley 100 de 1993 le dio un vuelco radical a todo el régimen vigente y por razón de la reglamentación tan detallada y exhaustiva que hizo de la materia, se impone concluir que reguló íntegramente lo referente a las prestaciones establecidas para cubrir las contingencias y riesgos por ella reglamentados, y dentro de éstas, las referentes a la muerte de un trabajador.

En efecto, en lo que concierne con el riesgo de muerte, el artículo 10 de la citada ley es claro al señalar que “el sistema general de pensiones tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se reconocen en la presente ley…”.

Lo anterior quiere decir que, de conformidad con el artículo 11 de tal ley, según el cual el sistema general de pensiones se aplica a todos los habitantes del territorio nacional, el 13 que establece que la afiliación al sistema es obligatoria y el 15 que precisa que las personas vinculadas mediante contrato de trabajo son afiliadas obligatorias, fuerza concluir que las prestaciones que surgen por la muerte de un trabajador acaecida en vigencia del nuevo sistema pensional de la Ley 100 de 1993, se entienden gobernadas en lo dispuesto por ella y no por las normas anteriores que, por lo tanto, en cuanto regulaban la misma materia, perdieron su vigencia.

Y toda vez que, como quedó dicho, el seguro colectivo de vida obligatorio cubre la prestación por muerte, en principio, el caso del fallecimiento de un trabajador afiliado al sistema de seguridad social en pensiones, en cualquiera de los dos regímenes, sucedido con posterioridad a su vigencia, determinada por el artículo 151 de la Ley 100 de 1993, es esta la normatividad que debe aplicarse, y tratándose de un afiliado al régimen de prima media con prestación definida al Instituto de Seguros Sociales, como lo fue el hijo de los demandantes, lo serán los preceptos vigentes de la seguridad social, que regulan la pensión de sobrevivientes, prestación que, sin duda, atiende el riesgo de muerte.

Y a esa conclusión se llega a pesar de que efectivamente, como lo indica la réplica, la Ley 100 de 1993 no derogó expresamente el artículo 289 del Código Sustantivo del Trabajo, basado en el cual el tribunal impuso la condena al reconocimiento y pago del seguro colectivo de vida obligatorio, pues, como con acierto lo destaca la acusación, y como ya se explicó, esa prestación ha sido sustituida por la pensión de sobrevivientes regulada por la seguridad social.

De lo que viene de decirse se concluye que el tribunal no tuvo en cuenta que para la fecha del fallecimiento de Germán Galindo de la Cuadra ya se hallaba vigente el sistema de seguridad social en pensiones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley 100 de 1993, que no aplicó y que, asimismo, ese fallador aplicó indebidamente las normas del Código Sustantivo del Trabajo indicadas en el cargo que habían perdido su vigor jurídico para esa fecha. Por tal razón, los cargos demuestran los quebrantos normativos que le atribuyen al fallo impugnado, y por ello prosperan, lo que conduce a su casación en los términos solicitados por el recurrente.

Como consideración de instancia es suficiente anotar, para revocar la condena impuesta por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Descongestión, que por haber fallecido Germán Galindo de la Cuadra el 17 de mayo de 1994, fecha para la cual no estaban vigentes las normas consagratorias de la prestación reclamada a cargo de la sociedad demandada por haber entrado a regir el 1º de abril de 1994 el sistema general de pensiones establecido en la Ley 100 de 1993, no se halla obligada a su reconocimiento, por manera que carece de sustento la condena que se impuso por ese concepto, que habrá de ser revocada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 30 de marzo de 2001 por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el proceso instaurado contra la Escuela de Aviación de los Andes Aeroandes S.A. por José Constantino Galindo Vanegas y Susana de la Cuadra de Galindo.

Actuando en sede de instancia decide revocar el fallo proferido por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá en cuanto condenó a la sociedad demandada a pagar a los actores la suma de $ 36.525.423.46 por seguro colectivo de vida obligatorio y, en su lugar, la absuelve de las pretensiones de la demanda.

Costas en las instancias a cargo de los demandantes, no se causan en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Isaura Vargas Díaz—Francisco Escobar Henríquez—José Roberto Herrera Vergara—Carlos Isaac Náder—Luis Gonzalo Toro Correa—Germán G. Valdés Sánchez—Fernando Vásquez Botero. 

Jesús Antonio Pastás Perugache, Secretario.

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