Sentencia 17374 de abril 25 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrada Ponente:

Isaura Vargas Díaz

Expediente Nº 17374

Acta Nº 15

Bogotá, D.C., veinticinco de abril de dos mil dos.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Ramiro Guzmán Heras contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 26 de junio de 2001, en el proceso instaurado por el recurrente contra la Empresa de Telecomunicaciones de Cartagena Ltda Telecartagena, hoy Empresa de Telecomunicaciones de Cartagena, Empresa de Servicios Públicos “Telecartagena ESP” S.A.

I. Antecedentes

El recurrente en casación promovió proceso ordinario laboral para que se condenara a la demandada a pagarle las sumas que desde el 15 de mayo de 1992 le ha descontado irregularmente de su pensión de jubilación convencional, “las que se sigan causando de marzo de 1997 en adelante, fecha hasta la cual se liquidaron dichas diferencias” (fl. 5) y a abstenerse de seguir deduciendo de esa pensión la de vejez que le paga el Seguro Social, para que continúe recibiendo ambas, por no existir incompatibilidad legal para ello.

Como fundamento de esas pretensiones adujo que mediante Resolución 148 del 15 de abril de 1985, con base en la cláusula 24 del numeral 15 de la convención colectiva, con retroactividad al 1º de enero de ese año se le reconoció pensión de jubilación convencional en cuantía del 100% de su último salario promedio mensual, que fue de $ 47.410.88 y, a su turno, el Instituto de Seguros Sociales mediante la Resolución 03063 del 16 de diciembre de 1987 le otorgó la pensión de vejez en cuantía de $ 13.558 mensuales, desde el 7 de febrero de 1985.

Sostuvo que Telecartagena le había venido reconociendo el 100% de la pensión, pero a partir de la quincena de mayo de 1992 y, sin mediar resolución alguna, la demandada dedujo del valor de su pensión lo pagado por el Instituto de Seguros Sociales y así lo ha venido haciendo, ilegalmente, pues la Corte Suprema de Justicia ha dicho que no existe incompatibilidad entre la pensión convencional que reconoce la empresa y la que otorga el Seguro Social, razón por la cual la enjuiciada le debe devolver los valores que le ha descontado, que detalló en la demanda con la que inició el proceso.

Al contestar, la demandada aceptó el último salario promedio mensual indicado en la demanda; que mediante Resolución 148 del 15 de abril de 1985 le reconoció al demandante la pensión vitalicia de jubilación y que el Seguro Social le otorgó la pensión de vejez en cuantía de $ 13.558 mensuales a partir del 7 de febrero de 1985.

Propuso la excepción de inexistencia del derecho reclamado, en sustento de la cual argumentó que el demandante olvida que desde el momento en que el Seguro Social reconoce la pensión de vejez, se convierte en una pensión cuyo pago es compartido con ella, que se limita a pagar la parte a su cargo, deduciendo lo que reconoce esa entidad de seguridad social, de suerte que “no ha hecho otra cosa que compartir la pensión del demandante con la reconocida por el ISS y que le corresponde a ella asumir, como efecto asumió, la diferencia o mayor valor que le corresponde para completar el 100% de la pensión que le fue reconocida” (fl. 34).

Mediante fallo del 25 de febrero de 2000, el juzgado de conocimiento, que lo fue el Quinto Laboral del Circuito de Cartagena, absolvió a la demandada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, imponiendo costas al actor.

II. La sentencia del tribunal

Al resolverse el recurso de apelación interpuesto por el demandante, con la sentencia aquí acusada el Tribunal de Cartagena confirmó en todas sus partes la de primer grado, sin condenar en costas en esa instancia.

Para el juez de la alzada, tal como se desprende del texto de la Resolución 148 del 15 de abril de 1985, la pensión de jubilación que la demandada le reconoció al demandante “es de carácter legal y no propiamente convencional por cuanto dicha pensión le fue otorgada a éste por haber prestado más de veinte años de servicios a la desaparecida Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero y a la empresa demandada y por haber cumplido más de 50 años de edad, pensión que adquirió el actor al concurrir en él estos dos requisitos; el tiempo de servicio y la edad, lo cual pone de manifiesto que dicha pensión tiene carácter legal y no convencional como lo sostiene el recurrente” (fl. 24 del c. del tribunal).

Más adelante, afirmó que que de acuerdo con los documentos obrantes en el proceso, el actor le trabajó a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero y a la demandada por 21 años, 8 meses y 15 días, habiendo nacido el 6 de febrero de 1925, por lo que, al expedirse la Resolución 148 del 15 de abril de 1985, había acreditado los requisitos de edad y tiempo de servicios establecidos en los artículos 27 del Decreto 3135 de 1968, 68 del Decreto 1848 de 1969 y 1º de la Ley 33 de 1985 para hacerse acreedor a la pensión de jubilación, y lo que hizo la demandada fue dar cumplimiento a la ley, reconociéndole la pensión.

Por lo tanto, asentó que “por ser legal y no convencional la pensión de jubilación reconocida por la entidad demandada, es evidente la incompatibilidad de dicha pensión con la de vejez otorgada por el ISS toda vez que estas dos pensiones amparan como se expresara atrás el mismo riesgo de vejez” (ibídem), incompatibilidad que según el ad quem se encuentra establecida en el artículo 31 del Decreto 3135 de 1968.

Así mismo, consideró que el actor no probó la afirmación de ser de origen convencional la pensión que le fue reconocida, pues la convención colectiva de trabajo que sirve de soporte a esa pretensión no se allegó al proceso y la que obra de folios 46 a 56 no consagra el derecho que él pretende.

III. El recurso de casación

Inconforme el demandante con esa decisión, interpuso el recurso extraordinario (fls. 9 a 19 del c. de la Corte), que no fue replicado, en el que le pide a la Corte que case totalmente la sentencia impugnada para que en sede de instancia revoque la del juzgado y en su lugar “profiera las condenas solicitadas en la demanda primitiva” (fl. 17 del c. de la Corte).

Con ese propósito formula un cargo, en el que la acusa por la aplicación indebida “de los siguientes preceptos sustanciales de carácter laboral artículos 60 y 61 del Acuerdo 224 del Instituto de Seguros Sociales, aprobado por el artículo 1º del Decreto 3041 de 1966 en relación con los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946; 16, 19, 193, 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo, 10, 11, 12, 20 y 59 del mismo Acuerdo 224 del ISS aprobado por el artículo 1º del Decreto 3041 de 1966; 1º de la Ley 33 de 1973; 5º del Acuerdo 29 de 1985 del ISS aprobado por el artículo 1º del Decreto 758 de 1990; 2º y 8º de la Ley 153 de 1887; y 58 de la Constitución Política y artículo 51 del Decreto 2651 de 1991” (fls. 17 y 18 del c. de la Corte).

En la demostración del cargo sostiene que en la aplicación de las normas sobre la compatibilidad del disfrute simultáneo de la pensión a cargo de la empresa demandada y la del Seguro Social, el tribunal aplicó indebidamente normas sustanciales que no eran pertinentes a la situación debatida.

Afirma que su discrepancia con el fallo que impugna radica en “en el criterio que adoptó el sentenciador frente a la naturaleza de la pensión” otorgada por la demandada, pues no es pensión legal común y corriente, valor que le atribuyó el juzgador, sino simplemente voluntaria, toda vez que por su cuantía del 100%, que no es el porcentaje de las legales, y por su origen convencional era forzoso respetar su compatibilidad con la de vejez otorgada por el Instituto de Seguros Sociales y, por lo tanto, no resultaba procedente aplicar la tesis de compartibilidad aceptada por los falladores de instancia para negar su pretensión de devolución de las sumas que se han descontado de su pensión de jubilación voluntaria, “con lo cual se produce además un enriquecimiento torticero para la empresa demandada en perjuicio del trabajador pensionado, ya que esta clase de descuentos o deducciones per se, no se justifican ni legal ni jurídicamente” (fl. 18 del c. de la Corte).

Concluye su alegato afirmando que el sentenciador aplicó, sin ser aplicable, el artículo 60 del Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, a pesar de existir jurisprudencia de esta Sala al respecto, como la del 21 de agosto de 1998.

IV. Consideraciones de la Corte

Interesa precisar en primer término que, como lo reconoce el propio recurrente, la decisión del juez de la alzada para confirmar el fallo absolutorio del juzgado se basó en su conclusión según la cual la pensión otorgada por la empresa demandada a Ramiro Guzmán Heras es de carácter legal y no convencional, por haberle sido reconocida por el tiempo servido a esa empresa y a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero y por tener 50 años de edad, inferencia que obtuvo del análisis de la Resolución 148 del 15 de abril de 1985 y de “la documental que milita en el proceso”.

De esas inequívocas manifestaciones del juzgador de segundo grado resulta indiscutible que el fundamento de la decisión fue fáctico y no jurídico, por manera que, al estar sustentada su conclusión en la forma como entendió los hechos del proceso y en la valoración de las pruebas, apreciación que le permitió establecer, como se dijo, que la pensión de jubilación conferida por la accionada fue legal, es claro que se equivocó el recurrente al escoger la vía de puro derecho para dirigir su ataque, pues, como es suficientemente sabido, la aplicación indebida, cuando es orientada por el sendero directo como aquí acontece, es una modalidad de violación de la ley que se presenta al margen de la cuestión de hecho del proceso.

Aparte de ello, no sobra advertir que la deducción del tribunal sobre la naturaleza legal de la pensión de jubilación no es controvertida en el cargo, puesto que el recurrente se limita a manifestar que se trata “de una pensión simplemente voluntaria, ya que por su cuantía del pago del 100% que no es el porcentaje de las pensiones legales, y por su origen convencional” (fl. 18 del c. de la Corte), pero sin explicar de manera clara y suficientemente sustentada las razones de su afirmación.

Y si en gracia de discusión se entendiera que el origen convencional de la aludida prestación lo hace consistir en ser su cuantía del 100%, que no es la de las legales, bastaría advertir que, además de ser cuestión fáctica determinar el monto de esa prestación por requerirse para ello el examen del convenio que la consagra, en situaciones análogas a la que ahora ocupa su atención, en las que igualmente se ha debatido la naturaleza jurídica de una pensión por aparecer ella consagrada en una cláusula convencional estando supeditado su reconocimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, pero en un monto superior, ha precisado esta Sala que el mejoramiento de la cuantía de la pensión en tales condiciones no altera o transforma su naturaleza, de suerte que su origen, para todos los efectos, incluyendo desde luego la posibilidad de su pago compartido o simultáneo con otra pensión a la que pueda acceder el trabajador, seguirá siendo legal.

Aun cuando lo anterior es suficiente para desestimar el ataque, es menester anotar como razón adicional para ello, que no cuestiona la censura todos los soportes del fallo, si se toma en consideración que guarda silencio sobre la conclusión del tribunal según la cual el ahora recurrente no probó el carácter convencional de su pensión de jubilación por no haber sido allegada al proceso la convención colectiva de trabajo que le sirve de soporte fáctico y jurídico a ese beneficio y no consagrar la que aparece de folios 46 a 53 el derecho que él pretende; deducciones, que, con todo, por ser de índole fáctica, no hubiese podido cuestionar por la vía de ataque que eligió.

Al dejar libres de crítica esas inferencias, fuerza concluir que deben permanecer ellas incólumes como soporte del fallo del tribunal que, como es sabido, viene precedido de una presunción de legalidad y acierto que corresponde desquiciar al recurrente en casación.

Finalmente, a la anterior consideración cabe añadir que pese a denunciar una indebida aplicación de normas legales, en la proposición jurídica no incluye como disposición violada el artículo 31 del Decreto 3135 de 1968, precepto que sirvió de base al fallador para concluir la incompatibilidad de la pensión de jubilación reconocida por la demandada a Guzmán Heras con la otorgada por el Seguro Social, por lo que la conclusión que con base en ella se obtuvo, independientemente de que fuera pertinente al caso, igualmente debe seguir vigente como sustento del fallo impugnado.

De lo que viene de decirse la Sala concluye que el cargo no prospera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 26 de junio de 2001 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en el proceso instaurado por Ramiro Guzmán Heras contra la Empresa de Telecomunicaciones de Cartagena Ltda Telecartagena, hoy Empresa de Telecomunicaciones de Cartagena, Empresa de Servicios Públicos “Telecartagena ESP” S.A.

Sin costas en el recurso porque no hubo oposición.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.

ACLARACIÓN DE VOTO

Aunque estoy de acuerdo con casi todas las consideraciones de la mayoría de la Sala y con su decisión final de no casar la sentencia proferida por el Honorable Tribunal Superior de Cartagena en el presente proceso, me veo en la obligación de aclarar mi voto con respecto a lo manifestado por la Corte en el sentido de que el mejoramiento de la cuantía de la pensión, efectuado en una disposición convencional, no altera su naturaleza legal. Como ya lo he expresado en ocasiones anteriores, para mi tengo claro que la modificación convencional o voluntaria de las partes, de cualquiera de las condiciones de la pensión legal, o sea del tiempo de servicios o de la edad necesarios para acceder a ella, la transmutan inexcusablemente en pensión extralegal, con todas las consecuencias que jurídicamente se deriven de tal circunstancia.

Esta, así brevemente expresada, es la razón determinante de mi aclaración de voto.

Fecha ut supra. 

Luis Gonzalo Toro Correa. 

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