Sentencia 17402 de abril 30 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

PERSONERO MUNICIPAL

NO PUEDE SER DECLARADO INSUBSISTENTE POR EL CONCEJO

EXTRACTOS: «Mediante la presente acción se pretende la nulidad del acta 020 de 5 de diciembre de 1993, expedida por el honorable concejo municipal de Viotá, departamento de Cundinamarca, mediante la cual se declaró insubsistente el nombramiento de la doctora Luz Amparo Fonseca Córdoba como personera municipal (fl. 233 a 244 del c.o).

Está probado en el sub examine que la demandante (fl. 6) fue elegida para ocupar el cargo de personera municipal en la sesión ordinaria del 3 de septiembre de 1992 del concejo municipal para el período comprendido del 1º de septiembre de 1992 al 31 de diciembre de 1994. De lo anterior se infiere que la actora desempeñó en propiedad e ininterrumpidamente el cargo de personera municipal de Viotá.

En este orden de ideas corresponde a la Sala establecer, en primer lugar si el concejo municipal conforme a las previsiones legales estaba facultado para declarar insubsistente el nombramiento de la demandante.

El artículo 92 del Decreto 1333 de 1986 señala las atribuciones de los concejos, las cuales se ejercerán conforme a la ley, y en el numeral 6º señala: “... 6. Elegir personeros y contralores municipales cuando las normas vigentes lo autoricen, y los demás funcionarios que la ley determine...”.

A su vez, el artículo 93 ibídem determina las atribuciones legales de los concejos y en el numeral 2º se lee: “... 2. Nombrar los personeros y tesoreros municipales...”.

De otra parte el artículo 99 ejusdem establece las prohibiciones a los concejos.

Si bien es cierto que tales disposiciones no contienen una prohibición expresa para remover a los personeros municipales declarando su insubsistencia, y que podría argumentarse que por ser éstos los encargados de nombrar y elegir al personero municipal tendrían también facultad para removerlo del cargo, tal criterio no es de recibo por mandato expreso del artículo 103 del decreto en cita.

En efecto, dicha disposición señala:

“ART. 103.—Los contralores, personeros, tesoreros, auditores y revisores que ejerzan el cargo en propiedad, sólo podrán ser removidos o suspendidos antes del vencimiento de su período por decisión judicial o de la Procuraduría General de la Nación”.

Sobre este punto comparte la Sala lo afirmado por el colaborador fiscal cuando en el alegato de conclusión 130 que corre a folios 326 y siguientes, afirma:

“En este orden de ideas resulta inapropiado considerar que podría ser conforme a derecho que una autoridad pública —por vía de ejemplo, un concejo municipal— ejerciera una función sobre la base de la inexistencia de una norma que prohíba una determinada conducta a los servidores públicos, pues éstos, como se advirtió sólo pueden desarrollar las atribuciones que les están conferidas en la Constitución, la ley, y muy excepcionalmente en los reglamentos a diferencia de lo que ocurre con los particulares quienes pueden cumplir todas las actividades que no estén prohibidas en la ley o sean contrarias a la moral y las buenas costumbres.

Este elemental desarrollo del principio de legalidad que rige como postulado esencial el régimen jurídico es una de las conquistas de los regímenes democráticos en su lucha contra el absolutismo monárquico y constitucional”.

En este orden de ideas resulta claro a la Sala que la demandante no podía ser removida por el concejo municipal, sin orden judicial o determinación de la Procuraduría General de la Nación».

(Sentencia de abril 30 de 1998. Expediente 17402. Consejero Ponente: Dr. Carlos A. Orjuela Góngora).

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