Sentencia 17410 de marzo 8 de 2002

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrada Ponente:

Dra. Isaura Vargas Díaz

Rad.: 17410

Acta 9

Bogotá, D.C., ocho de marzo de dos mil dos.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por Rosa Elva Rojas contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 25 de mayo de 2001, en el proceso instaurado por la recurrente contra el Instituto de Seguros Sociales – seccional Antioquia.

I. Antecedentes

Rosa Elva Rojas, aduciendo su condición de esposa de Conrado Jimenez Zapata, demandó al Instituto de Seguros Sociales para que fuera condenado a pagarle la pensión de sobrevivientes, junto con las mesadas de junio y diciembre, y “la sanción por no pago o indexación” (fl. 2).

Fundó sus pretensiones en que su difunto esposo, Conrado Jimenez Zapata (q.e.p.d.) —-fallecido el 19 de junio de 1998—, había solicitado al instituto demandado la pensión por invalidez pero éste se la negó aduciendo que le otorgó la indemnización sustitutiva de pensión por vejez y en que ella pidió la pensión de sobrevivientes, pero esa petición “aún no ha recibido respuesta” (ibídem).

El instituto al contestar la demanda aceptó que pagó a Conrado Jiménez Zapata la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, “en cuantía única de $779.475 sobre 491 semanas cotizadas” (fl. 20), razón por lo cual le negó la pensión de invalidez. En su defensa propuso las excepciones de falta de agotamiento de la vía gubernativa, fundado en que “no llenó el formulario expedido por el IS.S. para ser reconocida la pensión de sobrevivientes” (fl. 22) ni anexó los documentos pertinentes para el reconocimiento del derecho pretendido, la de falta de causa y la de inexistencia de la obligación.

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, por fallo del 4 de octubre de 2000, absolvió al ente demandado “de las pretensiones formuladas en su contra por la señora Rosa Elva Rojas” (fl. 63) y se abstuvo de imponer costas.

II. Sentencia del tribunal

La alzada se surtió por apelación de la demandante y terminó con la sentencia acusada en casación, mediante la cual el tribunal confirmó la del juez de primer grado sin imponer costas.

Para ello, una vez dio por sentado que la demandante agotó la vía gubernativa para la reclamación del derecho cuya declaración perseguía en el proceso; y por probado que el Instituto de Seguros Sociales, en defecto de la pensión de invalidez que Conrado Jimenez Zapata en vida pretendió, le reconoció la indemnización sustitutiva “fundamentado en un total de 491 semanas cotizadas” (fl. 173), por lo que, según el juzgador, “de hecho quedó legalmente separado del sistema, sin la consiguiente obligación de seguir cotizando para los riesgos de invalidez, vejez y muerte” (ibídem), concluyó que su inferior acertó al decidir que “no era procedente la pretensión de la accionante” (ibídem).

Según el juez de la alzada, que acogió y transcribió lo dicho por el juzgado de primera instancia, “las cotizaciones efectuadas de la fecha indica(sic) –5 de septiembre de 1991, cuando se le reconoció a Jiménez Zapata la indemnización sustitutiva-- en adelante carecen de validez, máxime cuando se tiene que no puede hablarse de varias vinculaciones como lo indicó el afiliado en los recursos interpuestos contra la providencia que le negó el reconocimiento de la prestación económica por invalidez de origen común. Lo que procedía en su caso era solicitar la devolución de los aportes que efectuó… (ver fl. 62 fte.)” (fl. 173).

III. Demanda de casación

Inconforme con la anterior decisión, la demandante pretende en su demanda (fls. 8 a 15 cdno. 2), que no fue replicada, que la Corte case totalmente la sentencia recurrida, revoque la del juzgado y, en su lugar, condene al Instituto de Seguros Sociales “a satisfacer las súplicas del libelo genitor” (fl. 9 cdno. 2).

Para tal efecto le formula dos cargos, en el primero de los cuales la acusa “por haber incurrido en la infracción directa (en la modalidad de falta de aplicación según jurisprudencia de esa Sala) [de] los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el decreto 758 de la misma anualidad, en relación con los artículos 50, 141, 142, 289, Ley 100 de 1983(sic). Artículos 42, 48 y 53 de la Constitución Nacional” (fl. 10 cdno. 2).

En la demostración del cargo afirma estar de acuerdo con la valoración fáctica que hizo el juez de la alzada respecto de que Conrado Jimenez Zapata cotizó al instituto demandado 491 semanas, cotizaciones en razón de las cuales recibió la indemnización sustitutiva de pensión por vejez y “que los aportes efectuados con posterioridad al reconocimiento de la indemnización sustitutiva de pensión por vejez no son válidos” (fl. 11 cdno. 2), pero asevera que al caso no le son aplicables las disposiciones de la Ley 100 de 1993 sino las del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, “pues la existencia de principios superiores imponen una solución fundada en la equidad, y en los principios de proporcionalidad y condición más beneficiosa, consagrado esté (sic) último en el canon 53 superior” (ibídem).

Para la recurrente, por haber Conrado Jimenez Zapata cotizado más de 300 semanas al instituto demandado, antes de que entrara en vigencia el régimen pensional establecido en la Ley 100 de 1993, ella tiene derecho a la pensión de sobrevivientes “en atención a que se cumplieron los requisitos del régimen anterior para ese efecto (Acu. 49/90, arts. 6º y 25), y ello no es más que el cumplimiento del inciso cuarto del artículo 48 de la Ley 100 de 1993” (ibídem). En apoyo de sus afirmaciones transcribe los apartes que considera pertinentes de las sentencias de 1º de diciembre de 1998 (Rad. 10.689), 22 de noviembre de 1999 (Rad. 12.627), 5 de abril de 2001 (Rad. 15.449) y 9 de julio de 2001 (Rad. 16.269).

IV. Consideraciones de la Corte 

El argumento en que se sustentó el fallo del Tribunal, mediante el cual confirmó la absolución decretada por su inferior, como se dejó anotado, estriba en la especial consideración de que, no obstante dar por probado que el instituto demandado reconoció a Conrado Jimenez Zapata una indemnización sustitutiva de la pensión por vejez, “fundamentado en un total de 491 semanas cotizadas” (fl. 173), los aportes que efectuó con posterioridad al recibo de dicha indemnización “carecen de validez,” (ibídem).

Por lo anterior, interesa recordar que, conforme a reiterada jurisprudencia de la Corte, no es admisible negar la pensión de sobrevivientes por la ausencia de cotizaciones durante la anualidad anterior a la fecha de fallecimiento del causante, si durante todo el tiempo de su vinculación al instituto demandado y antes de entrar en vigencia el nuevo sistema de seguridad social el cotizante cumplió con los requisitos establecidos en el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

En efecto, así ha dicho la corporación:

“… es conveniente señalar que en torno a la procedencia de la pensión de sobrevivientes, la Sala tiene decidido que no es admisible negarla por la ausencia de cotizaciones en el año anterior al fallecimiento del causante, si durante todo el tiempo de su vinculación a la seguridad social cumplió con los requisitos exigidos por el Acuerdo 49 de 1990, toda vez que fundada en una interpretación y aplicación sistemática de las normas en conflicto, consultando su espíritu bajo el amparo de los principios de equidad y proporcionalidad constitucionales se ha establecido que:

“ Uno de los objetivos de la Ley 100 de 1993, en desarrollo del principio constitucional de garantizar a odos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social —art. 48—, y en aras de lograr una mayor cobertura de beneficiarios frente a la más grave calamidad que puede sufrir el ser humano (la muerte), consistió en disminuir los requisitos prescritos en los reglamentos para que los integrantes del grupo familiar afectado con las traumáticas consecuencias económicas que ella genera no quedaran desamparados.

De otra parte, el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 al referirse a las características del sistema general de pensiones, garantizó la eficacia de las cotizaciones efectuadas con antelación a su vigencia, así: (...).

f. Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes, se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquiera caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo del servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio.

g. Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas a cualquiera de ellas.”.

Además cabe resaltar que mientras los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990 señalaron como requisitos de aportes para la pensión de sobrevivientes de origen común reunir 150 semanas de cotización sufragadas en los 6 años anteriores a la muerte o 300 en cualquier tiempo, el nuevo ordenamiento legal de prima media con prestación definida de la Ley 100 redujo las semanas a sólo 26 en cualquier tiempo para quienes estuvieren afiliados al momento de la muerte, y para quienes dejaron de cotizar al sistema introdujo la condición de que las mismas 26 hubiesen sido sufragadas dentro del año inmediatamente anterior al fallecimiento, por lo que ante tal realidad y en atención al postulado protector propio del derecho del trabajo y de la seguridad social, se actualiza por excelencia en el caso objeto de estudio, el principio de la condición más beneficiosa, contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política.

En consecuencia, sería violatorio de tal postulado y del principio constitucional de la proporcionalidad, entender que dentro del nuevo régimen de la Ley 100 —que redujo drásticamente el requisito de intensidad de semanas—, quedaron abolidas las prerrogativas de los derechohabientes originadas por afiliados que durante su vinculación como sujetos activos de la seguridad social habían cumplido todas las cotizaciones exigidas en el reglamento aplicable y antes de entrar a regir la nueva ley se desafiliaron del sistema al considerar fundadamente que por faltarles únicamente el requisito del fallecimiento sus familiares podrían reclamar la respectiva prestación al momento de su deceso.

Por lo anterior, la circunstancia de no haber cotizado el causante ninguna semana al ISS, en el año inmediatamente anterior a su fallecimiento, en manera alguna apareja la ineficacia de sus aportes durante más de 20 años (más de 1.200 semanas), porque esa condición más beneficiosa estatuida en el régimen del Acuerdo 49 está amparada por el artículo 53 supralegal y por ende tiene efectos después del 1º de abril de 1994, para la eficacia del cubrimiento del seguro de invalidez, vejez y muerte, dado que el mínimo de semanas requerido estaba más que satisfecho; es más, era tal la densidad de ellas que superaba las exigidas para la pensión de vejez (art. 12 del mismo acuerdo).

Así mismo, no escapa a la Sala que ante una contradicción tan evidente, impone el sentido común el imperio de una solución cimentada en una interpretación y aplicación sistemática de normas y en el espíritu de las mismas, consultando los principios de equidad y proporcionalidad. Y en tal orden de ideas se apartaría de estos postulados la decisión jurisdiccional que sin ningún análisis contextual aplicara al caso el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, y so pretexto de haberse producido el deceso a los 3 meses y 23 días de entrar en vigencia el nuevo régimen de seguridad social y de no tener cotizadas el causante 26 semanas en el año anterior al fallecimiento, se negase a sus derechohabientes la pensión de sobrevivientes, que edificó el afiliado durante más de 20 años, las que le daban derecho a causar no sólo pensión de sobrevivientes sino aun a estructurar el requisito de aportes para la pensión de vejez.

Si se acogiera tal solución fría y extremadamente exegética se llegaría al absurdo que un mínimo de cotizaciones efectuadas durante solo 6 meses anteriores a la muerte dan más derecho que el esfuerzo de aportes durante toda una vida laboral efectuado por quien cumplió con todos los cánones estatuidos en los reglamentos vigentes durante su condición de afiliado, lo cual no solamente atenta contra los principios más elementales de la seguridad social, sino también contra la lógica y la equidad.

Por tanto, siendo indiscutible el cumplimiento de todas las cotizaciones estatuidas por el régimen vigente durante la vinculación de Saúl Dario Mesa Rodríguez al seguro de invalidez, vejez y muerte, luego de lo cual se produjo su muerte y ante la presencia de dos sistemas normativos de seguridad social de posible aplicación razonable, a juicio de la Corte, como son el Acuerdo 49 —Decreto 758 de 1990— y la Ley 100 de 1993, debe inclinarse el juzgador, con arreglo al texto 53 supralegal por la norma de seguridad social vigente al momento de culminación de la afiliación, esto es el primero de los estatutos mencionados, por ser el régimen más favorable a quien en vida cumplió en desarrollo de su labor con el sistema de seguridad social, para su protección y la de su familia.

Dados los planteamientos que anteceden, ha de concluirse que la sentencia impugnada no incurrió en aplicación indebida de las disposiciones en listadas en la proposición jurídica puesto que los preceptos constitucionales, legales y los principios fundamentales del derecho laboral citados, legitimaron la aplicación de la normatividad de 1990 al caso bajo examen..” (ver sentencia de agosto 13 de 1997, radicada con el número 9758).

“Este criterio jurisprudencial ha sido ratificado por la Sala, por ejemplo en sentencia del 5 de abril de 2001, radicación 15.449, de manera que al ser acogido por el juzgador de segundo grado debe concluirse que no incurrió en el quebrantamiento legal que aduce la censura. (Sentencia de 24 de agosto de 2001 (Rad. 15837).

Entonces, a la luz del nuevo criterio jurisprudencial el cargo es fundado por cuanto demuestra los quebrantos normativos que le imputa al fallo impugnado, en cuanto que las normas que han debido aplicarse a la situación de Rosa Elva Rojas, como cónyuge supérstite de Conrado Jimenez Zapata, son las contenidas en el Acuerdo 49 de 1990, que se hallaban vigentes antes de la Ley 100 de 1993, al amparo de las cuales cumplió el causante con la densidad de cotizaciones para tener derecho su viuda a la pensión de sobrevivientes que reclama.

En consecuencia prospera el cargo.

Dada la prosperidad del primer cargo, no se estudia el segundo.

V. Consideraciones de instancia

En el sub júdice se hallan plenamente acreditados los siguientes supuestos fácticos: a) Conrado Jimenez Zapata en su vida laboral cotizó 491 semanas (fls. 6-7-66-67), b) la demandante Rojas y el cotizante Jiménez, contrajeron matrimonio el 18 de enero de 1992 (fl. 5), c) el referido esposo falleció el 19 de enero de 1998 (fl. 8).

Con los anteriores supuestos de hecho y el criterio expuesto en las consideraciones al desatar el recurso extraordinario y sin que sean necesarios raciocinios adicionales a las expresados al resolver el recurso, se revocará el fallo absolutorio proferido por el juzgado del conocimiento y, en su lugar, se condenará al ISS, a pagar en forma vitalicia la reclamada pensión de sobrevivientes a partir del 19 de junio de 1998, fecha en que falleció Conrado Jimenez Zapata (fl. 8), en favor de la demandante Rosa Elva Rojas, en su calidad de cónyuge sobreviviente, en proporción del 100%, de conformidad con lo establecido en los artículos 25 y 28 del Acuerdo 49 de 1990 y por ser la única beneficiaria que acudió al proceso, sin que, en ningún caso, la cuantía sea inferior al 100% del salario mínimo legal correspondiente a cada uno de los años sucesivos; con la añadida consideración de que por tener la pensión de sobrevivientes decretada, reajustes anuales legales, no es procedente la condena a la “sanción por no pago o indexación” (fl. 2), que se persigue en la demanda, dado que ella comportaría una doble condena por el mismo concepto.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 25 de mayo de dos mil uno (2001), en el proceso instaurado por Rosa Elva Rojas contra el Instituto de Seguros Sociales – seccional Antioquia. En sede de instancia REVOCA el fallo absolutorio proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín el 4 de octubre de 2001 y, en su lugar, condena al Instituto de Seguros Sociales a pagar en forma vitalicia la reclamada pensión de sobrevivientes, a partir del 19 de junio de 1998, a favor de Rosa Elva Rojas, en su calidad de cónyuge sobreviviente en proporción al 100%, de conformidad con lo establecido en los artículos 25 y 28 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, sin que, en ningún caso, la cuantía sea inferior al 100% del salario mínimo legal correspondiente a cada uno de los años sucesivos.

Sin costas en el recurso extraordinario porque el cargo resultó fundado.

Cópiese, notifíquese, y devuélvase el expediente al Tribunal de origen

Magistrados: Isaura Vargas Díaz—Francisco Escobar Henríquez—José Roberto Herrera Vergara—Carlos Isaac Nader—Luis Gonzalo Toro Correa—Germán G. Valdés Sánchez—Fernando Vasquez Botero.

Jesús Antonio Pastas Perugache, secretario.