Sentencia 17425 de junio 13 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 17425

Magistrado Ponente:

Fernando Vásquez Botero

Acta 23

Bogotá, D.C., trece de junio de dos mil dos.

EXTRACTOS: «Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la corporación Distribuidora de Algodón, “Diagonal”, contra la sentencia del 14 de junio de 2001, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso promovido a la recurrente por Rodrigo Zuluaga Quijano.

Antecedentes

Rodrigo Zuluaga Quijano demandó a “Diagonal” en busca de la prosperidad de estas pretensiones: que se declare que la terminación de su contrato de trabajo tuvo como fundamento la existencia de justas causas imputables al empleador; que, como consecuencia de lo anterior, se condene a la demandada a pagarle indemnización por despido injusto, a la cual debe aplicarse la indexación; que se le imponga a la empresa las costas del proceso.

Como fundamento de estas pretensiones expuso: que su oficio era el de clasificador de algodón; que laboró para la demandada durante 36 años y 337 días; que a la fecha de terminación del contrato laboral, el 4 de mayo de 1999, devengaba un salario promedio mensual de $ 1.812.533; que durante 27 años la empresa le ha reconocido varias prestaciones de carácter extralegal, cuyo pago empezó a tratar de negar desde 1992, frente a lo cual, junto con otros compañeros, le dirigió una carta a la empresa; que como ésta desatendió sus peticiones, el 23 de julio de 1992 los trabajadores le presentaron un pliego de peticiones, el cual la empleadora se negó a discutir, por lo cual fue sancionada por las autoridades administrativas del trabajo; que para obstaculizar el trámite del pliego, la empresa redactó unilateralmente un pacto colectivo, en el cual se obligaba a los trabajadores a renunciar una multitud de derechos, por lo cual se abstuvo de firmar dicho pacto; que desde mayo de 1993, la empresa no le volvió a dar trabajo como clasificador de algodón y procedió a contratar otro personal; que también en represalia la empresa desde 1992, no le hizo aumentos de salario, a pesar que sí lo realizaba para los trabajadores que renunciaron a la retroactividad de las cesantías, se retiraron del pliego petitorio y que no le habían presentado demandas.

Así mismo, en el escrito demandador se sostiene: que en retaliación por la defensa de sus derechos, la demandada lo despidió injustamente el 16 de junio de 1995, por lo que demandó ante la justicia laboral su reintegro, el cual le fue concedido a través de la sentencia del 15 de julio de 1996, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín; que el 4 de noviembre de 1997 se hizo efectivo el reintegro, pero durante un tiempo la empresa lo tuvo sentado sin darle trabajo, y sólo esporádicamente se le dieron funciones como clasificador de algodón; que el 28 de mayo de 1998, la empleadora le dio la orden de no volver a desempeñarse como clasificador de algodón y lo conminó a que permaneciera sentado en las oficinas de la empresa, cumpliendo horario de trabajo, pero sin ninguna actividad laboral, no obstante que se continuaban realizando actividades de clasificación de algodón; que además la empresa desplegó en su contra un trato discriminatorio, desconociendo sus derechos legales y constitucionales y negándole el pago de sus derechos extralegales y los demás que tenía adquiridos; que la empleadora también le ha dado malos tratamientos, le ha causado maliciosamente perjuicios y ha incumplido sus obligaciones legales, violando el contrato de trabajo y sus derechos constitucionales.

Igualmente en la demanda se precisa: que entre las represalias de las que ha sido objeto está la de cotizarle deficientemente al ISS, por lo que la empresa fue sancionada; que ante la negativa de ésta de reajustarle salarios desde 1992, la demandó, por lo que fue condenada; que ante la actitud patronal también ha tenido que plantear denuncias ante el Ministerio de Trabajo y ha tenido que presentar multitud de cartas; que ante todas las situaciones de violación a sus derechos y trato discriminatorio y por estar configuradas justas causas legales imputables al empleador para dar por terminado el contrato laboral, entregó al representante legal, el 4 de mayo de 1999, la respectiva carta de rompimiento contractual; que del trato discriminatorio ordenado por la empresa contra algunos trabajadores, existe prueba testimonial; que desde hace algún tiempo la empresa tiene por costumbre pagar al ISS la totalidad de las cotizaciones, tanto lo correspondiente a ella como al trabajador, pero la empresa después incumplió ese compromiso; que tiene derecho a que se le pague la indemnización por la terminación injusta del contrato laboral, con la aplicación de la indexación (fls. 1-21).

La persona jurídica convocada al proceso contestó la demanda con oposición a las pretensiones, y sobre sus hechos aceptó los extremos del vínculo contractual laboral, el oficio del demandante, el salario promedio reportado, la existencia en la demandada de prestaciones extralegales y el pago total por parte de la empresa de las aportaciones al ISS, y de los demás expresó que son apreciaciones subjetivas del demandante, que no son ciertos, que deben probarse, o que son transcripciones de testimonios. Propuso las excepciones de defectos de forma de la demanda, pago, falta de legitimación en la causa, cosa juzgada y prescripción (fls. 213-220).

El conflicto jurídico fue dirimido en primera instancia por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, a través de sentencia del 21 de febrero de 2001, en la que condenó a la demandada a reconocer y pagar al actor $ 67.834.040 por concepto de indemnización por despido injusto, más $ 8.655.623,50 a título de indexación de la primera cantidad (fls. 552-575).

La anterior providencia fue apelada por ambas partes, y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante proveído del 14 de junio de 2001, la confirmó, con la modificación de las cuantías de las condenas y fijó de indemnización por despido injusto $ 89.545.773 y la de indexación en $ 14.771.094.30 (fls. 615-633).

En lo que es de trascendencia para el recurso extraordinario, argumentó el tribunal: que los elementos de juicio vinculados al proceso demuestran que el actor prestó servicios personales, primero como aprendiz y luego como clasificador de algodón a la demandada, entre el 1º de junio de 1992 y el 4 de mayo de 1999, contrato que fue terminado por el demandante, previa exposición de motivos en la documental de folios 174-180, en la que se consignan una serie de hechos sobre la conducta de la empleadora desde finales de 1992, que para el petente representan el ejercicio de un trato discriminatorio; que ante la renuncia presentada, la empresa manifiesta al trabajador que las causas no son ciertas, pero que debe quedar claro que le plantea un conflicto jurídico, pues desde enero de 1998 solicitó del ISS pensión de vejez, la que se encuentra en etapa de liquidación (fl. 240); que de acuerdo con los elementos de prueba desde 1992 las partes entraron en conflictos judiciales, que se iniciaron con la decisión de la empleadora de reducir las prestaciones extralegales que venía reconociendo a sus trabajadores.

Así mismo, el tribunal, sostiene: que está demostrado que el demandante tuvo participación en el pliego de peticiones que los trabajadores presentaron a la empresa, derivado de la decisión de ésta de suprimir o reducir aquellas prestaciones; que también está acreditada la participación del actor en la reclamación de nulidad del pacto colectivo que la empresa depositara en el Ministerio de Trabajo el 5 de agosto de 1992; que igualmente se probó que el reclamante se encuentra entre los trabajadores que demandaron el incremento de salarios por los años 1993, 1994 y 1995 (fls. 332-353); que además está establecido que el actor fue despedido el 16 de junio de 1995, por lo que demandó, obteniendo en las instancias, como ante la Corte, su reintegro (fls. 407-424 y 269-308); que se sabe que el trabajador demandó el incremento de sus salarios entre los años 1995 - 1999, acción que le fue desfavorable (fls. 512-522).

También, el juzgador, agrega: que en el proceso declararon Héctor de J. Restrepo (fls. 325-331), Luis Fernando Ángel Calad (fls. 432-435), Jaime Carreño C. (fls. 488-490) y Francisco Javier Mesa (fls. 501-504); que fueron oídos en interrogatorios de parte el demandante y el representante legal de la demandada (fls. 495 y 501-505); que con los testimonios de las dos primeras personas, se acredita que el reclamarte, y otros compañeros de labor, fueron ubicados por la demandada en una oficina pequeña, recibiendo trato discriminatorio, ya que ni siquiera quien repartía los tintos podía llevarles un vaso de agua; que Nicolás Alberto López Flórez además da cuenta que el director jurídico de la demandada le dijo que estuviera al margen “de esos señores”, entre los cuales estaba el demandante, que después de haber ganado su reintegro, lo sentaron en una oficina sin hacer nada; que está demostrado que mientras el demandante permanecía inactivo por disposición de la empresa, ésta contrataba clasificadores de algodón; que el testigo Jaime Carreño también se refiere a los discriminaciones de trato que la demandada ordenó contra el actor, relativas a la no autorización para utilizar vehículo de traslado a la zona bananera, el no uso de casinos para su alimentación y la carencia de derecho a hoteles, de acuerdo con la dignidad y categoría de su profesión.

El ad quem también aduce en su fallo: que con los elementos probatorios se establece fehacientemente la forma como se llevaron las relaciones laborales entre las partes desde 1992, la cual desembocó en la inactividad que le declarara la empleadora al demandante desde mediados de 1998, prácticamente en forma definitiva, en las condiciones que refiere la prueba testimonial.

También adujo el ad quem que en virtud del contrato de trabajo el trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador y a partir de su ejecución todas sus fases se rigen por el contrato mismo o por las reglas del derecho objetivo que lo complementan; que por parte del empleador existe la obligación de cumplir el contrato y el trabajador tiene derecho a que éste lo ocupe real y efectivamente; que frente a esta apreciación no existe duda que el trabajador puede exigir la remuneración convenida, aun en el evento que no se le proporcione ningún trabajo, sin que ello lleve a pensar que se da causa justa de suspensión; que el no hacer uso de la fuerza de trabajo del trabajador se estima contraria a la buena fe y tal actitud no es compatible con la esencia del contrato laboral, que tiene por objeto la actividad productiva y creadora del trabajador, máxime cuando se le puede imponer la exclusividad en la prestación del servicio; que con la actitud de la empresa de dejar inactivo al trabajador desde mediados de 1998, se deduce que violó gravemente el deber de utilizar su fuerza de trabajo; que no está demostrado que la empresa para ello hubiera obrado con fundadas razones y redujo al ocio al operario, optando por suplantar la actividad de éste con otros trabajadores; que la situación de inactividad en que la empresa colocó al demandante lo facultaba para dar por terminado el contrato de trabajo, colocándose en situación de despido indirecto.

Agrega el tribunal: que respecto a la no utilización de la fuerza de trabajo por el empleador, la Corte, en sentencia del 18 de diciembre de 1998, expresó que tal facultad no es omnímoda, absoluta, ni arbitraria, pues debe cumplir una finalidad social y encauzarse dentro del principio de la coordinación económica y el equilibrio social; que sería aberrante dentro del Estado social de derecho que una persona a quien su empleador discrimina y margina del servicio contratado, pueda estar indefinidamente con el mismo salario, cuando a los empleados del mismo nivel sí se les aumenta; que la Constitución y la ley promueven un orden social “injusto” en el que la dignidad humana es su “desideratum” y el derecho al trabajo una eficaz herramienta para conseguirlo; que la protección especial al trabajo debe traducirse en manifestaciones concretas ante situaciones injustas y de manifiesta inequidad, como la del caso, en el que tratándose de un trabajador con más de 30 años de servicios, la empresa le privó del trabajo y le mantuvo congelado el salario por varios años, pese a sus reclamos, remuneración que en 1989 equivalía a 11 salarios mínimos y a consecuencia de la congelación quedó reducida a casi dos salarios mínimos.

De otra parte, el tribunal precisa: que la demandada manifiesta que no existe inmediatez entre las causas que se esgrimen para la terminación del contrato y el momento en que éste se da por terminado, pero en el sub examine se estableció que en todos los casos en que el demandante juzgó que el proceder de la empresa le era moral y materialmente lesivo, ejercitó las correspondientes acciones judiciales, para procurar obtener el restablecimiento de sus derechos, como se constata a folio 499; que debe tenerse en cuarta que la causa motivante de la terminación del contrato por parte del demandante fue la reducción a la inactividad laboral desde mediados de 1998, mas los hechos que dieron lugar a las acciones judiciales se pueden invocar como antecedentes para mayor justificación del despido indirecto que se declara como consecuencia de un hecho presente, que en el evento estudiado es la inactividad definitiva; que debe considerarse que el demandante en su momento hizo valer sus derechos, y ello tiene validez para no tener por atendibles los argumentos de la empresa; que si se toman en cuenta los antecedentes que vienen desde 1992, se advierte un trato discriminatorio que tuvo influencia en el salario; que desde 1995 y hasta 1999 se mantuvo congelado el salario del actor, lo cual está confesado por la demandada a folio 367, y tiene incidencia en las cotizaciones para la seguridad social.

Finalmente, el tribunal, concluye: que el hecho que el demandante hubiera entrado a tramitar su pensión de vejez en enero de 1998 no constituye abuso del derecho, pues la misma ley lo faculta para renunciar y tampoco la evidencia de los hechos demostrados permite concluir que el contrato terminó por reconocimiento de la pensión de vejez; que estando en presencia entonces de un despido indirecto, la consecuencia es la indemnización que se reclama, la cual debe cuantificarse con fundamento en el artículo 6º de la Ley 50 de 1990, conforme lo solicitó el accionante en el recurso de apelación, dándose aplicación con ello a la sentencia de casación del 16 de marzo de 1995, radicación 697, a cuyo texto se remite; que esta jurisprudencia indica la forma como se calcula la indemnización por despido indirecto frente a trabajadores que no renunciaron a la acción de reintegro, motivo por el que se debe confirmar el fallo del a quo, pero modificándolo en la cuantía de la suma resarcitoria y en la correspondiente a la indexación de la misma.

(...).

Se considera

En el cargo el censor objeta la conclusión del tribunal en el sentido que está demostrada la causa justa imputable al empleador, por la cual el demandante dio por terminado unilateralmente el contrato de trabajo a través del documento de folios 176 a 180. Así mismo, cuestiona que dicho juzgador no haya encontrado acreditada la falta de inmediatez entre los hechos motivantes consignados por el actor en aquella probanza y la decisión que contiene, que formalizó el 4 de mayo de 1999.

Ahora bien, la Corte encuentra que la aserción central del fallo recurrido en cuanto a la calificación de la terminación del contrato laboral se refiere, es consecuencia de las siguientes deducciones previas a que llegó el juzgador: 1) que desde mediados de 1998, el demandante quedó inactivo, prácticamente de manera definitiva, por disposición de la empresa; 2) que mientras el trabajador reclamante era reducido a tal inactividad laboral, la empresa contrataba clasificadores de algodón que habían sido retirados de la misma empresa; 3) que en todos los contratos de trabajo se admite generalmente el deber de ocupación de la energía de trabajo del operario por parte del empleador, y el no hacer uso de esa fuerza es contrario a la buena fe y no es compatible con la esencia del contrato de trabajo; 4) que en el proceso no está demostrado que la demandada hubiera estado asistida de fundadas razones para haber procedido en la forma como está establecida, pues no obstante necesitar clasificadores de algodón como el demandante, optó por suplantarlo en la prestación del servicio, consiguiendo otros trabajadores para esa finalidad, como quedó probado; 5) que la actitud de la empresa de negarse a utilizar la fuerza de trabajo del demandante, legalmente autorizaba a éste para dar por terminado el contrato de trabajo, en el marco del despido indirecto; 6) que la causa motivante de la terminación del contrato de trabajo por parte del actor fue su reducción a la pasividad laboral desde mediados de 1998, lo cual es el hecho presente, mientras los hechos que dieron lugar a las acciones judiciales se pueden invocar como antecedentes para mayor justificación del despido indirecto.

Acude la Sala al anterior recuento para destacar cómo para el tribunal la inactividad laboral a que fue sometido el demandante, como clasificador de algodón, a partir de mediados de 1998, no obstante que la empresa requería de sus servicios, constituye la causa justa comprobada del despido indirecto objeto de debate, que desata el pago indemnizatorio del que pretende liberarse la demandada.

Sin embargo, no empece el claro perfil del fallo gravado, centrado, se insiste, en la inactividad laboral a que la empresa sometió al actor, que el juzgador halló fehacientemente demostrada y que catalogó como contraria a la buena fe y a la esencia del contrato laboral, la Corte observa que el recurrente no lo desquicia en el ejercicio de demostración del ataque, pues mientras se extiende en alegaciones relacionadas con el acaecimiento e inmediatez de los demás hechos aducidos por el actor en la carta de terminación contractual, que no sirvieron de fundamento, como se vio, a la sentencia controvertida, en lo que concierne con aquella conducta patronal desde cuya demostración el tribunal forjó su convicción que el demandante sí tenía causa justa para romper el contrato laboral que lo vinculaba con la empleadora, el impugnante se limita a expresar de manera abstracta y general, sin ningún desarrollo conceptual de fondo que “en cuanto a la inactividad definitivo, no tiene la trascendencia que se le pretende dar como soporte fáctico para respaldar la decisión tantas veces citada” (fl. 25 cdno. cas.).

La Sala, contrario a lo que sostiene el censor, estima que el argumento de la inactividad del trabajador sí es trascendente en el fallo gravado y debió controvertirse debidamente —lo cual no se hizo. Y ello por cuanto el aserto del ad quem de que la actitud patronal de desconocer y no utilizar la fuerza laboral del trabajador desconoce el objeto del contrato de trabajo, está anclado en figuras como la buena fe contractual (CST, art. 55), y en los elementos de este tipo contractual, particularmente el de prestación personal del servicio y el de continuada dependencia y subordinación (art. 23 ibíd.), pero en el marco del respeto a los derechos y la dignidad del trabajador.

La consecuencia de esta irrefutable omisión de la impugnación es que tal soporte de la sentencia gravada permanece indemne, protegida por la presunción de legalidad y acierto que la asiste, toda vez que ha sido constante la doctrina en sostener que es deber del acudiente al recurso extraordinario destruir la totalidad de los fundamentos del fallo cuya anulación procura, sean estos fácticos, probatorios o jurídicos, so pena de su desestimación.

De otra parte, allende la circunstancia recién anotada, que sería suficiente para mantener la providencia del tribunal, encuentra la Sala que en relación con la crítica que en el ataque se hace a la actividad de valoración probatoria desplegada en el caso por el tribunal, ninguna de las pruebas documentales y de las piezas del proceso, relacionadas en la acusación como no apreciadas o indebidamente aprehendidas, desdice de la conclusión central del fallo y de las deducciones que a ella condujeron al juzgador, toda vez que analizado su contenido, sin dificultad, se colige que no indican que el actor no haya sido sometido por la empleadora a la inactividad laboral que el juzgador de segunda instancia encontró demostrada y que catalogó como atentatoria contra la buena fe contractual y la esencia del contrato de trabajo.

Por el contrario, en el cúmulo de pruebas en comento existe respaldo a la aserción más importante del tribunal, pues a folio 108 del expediente, en la Resolución 4042 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tal autoridad administrativa dejó consignado: “En segundo lugar, tal como se pudo constatar por el Ministerio y según contratos por obra o labor determinada (fls. 1118-1125), la empresa ha mantenido esta clase de vinculación laboral con los señores: Fernando Giraldo, Francisco Mesa e Ignacio Gaitán, mientras mantiene inactivo al señor Rodrigo Zuluaga, quien lleva laborando con Diagonal por espacio de 32 años”.

En lo que atañe con la valoración que el tribunal efectuó del interrogatorio de parte del demandante (fls. 504-505), la otra probanza de la que el censor imputa al ad quem errónea apreciación, halla la Sala que de ella no emerge yerro de apreciación ni equivocación fáctica alguna, pues el juzgador se limitó a mencionar que en tal diligencia el representante legal de la demandada reconoció que desde 1992 ésta utilizó los servicios de otros trabajadores para clasificar algodón, lo cual evidentemente se colige de dicha declaración, resultando, además, comprensible que el ad quem la tenga por confesión en la medida que halló demostrada la inactividad del actor y que por ello mismo no encontrara justificada la actitud de la empleadora.

Como se observa, ninguna de las probanzas habilitadas para que sobre ellas se funde cargo en el recurso extraordinario acredita los errores de hecho endilgados al tribunal en el ataque, lo cual constituye circunstancia de gran importancia en el sub examine, pues en el marco del artículo 7º de la Ley 16 de 1969 impide que en tal contexto se examine la prueba testimonial, que según el desarrollo de la sentencia gravada fue de la que el tribunal obtuvo la conclusión de que en la realidad material, contra la buena fe contractual y la esencia del contrato laboral, la empleadora si sometió a inactividad laboral al demandante desde mediados de 1998.

Siendo lo anterior así, entonces, continúa incólume uno de los soportes probatorios del fallo: los testimonios estudiados por el tribunal, lo cual por sí solo también es suficiente para no quebrar la sentencia impugnada, con la anotación que el estudio del contenido de éstos, en lugar de dejar sin cimiento la conclusión fáctica central de la sentencia gravada, esto es, la inactividad laboral que la demandada impuso al ex trabajador demandante, la refuerzan, pues los deponentes de una u otra manera dan cuenta del acaecimiento en la realidad de esa conducta patronal.

Finalmente, ante la firmeza del fallo recurrido en el aspecto antes examinado, es importante que la Corte manifieste que aquella conducta patronal, como lo dedujo el tribunal, es ciertamente contraria a la buena fe con que se debe ejecutar por las partes el contrato laboral y, además, constituye un claro abuso del derecho por parte de la empleadora, en cuanto su actitud frente al trabajador, impidiéndole prestar personalmente el servicio para el que fue contratado, devela un ejercicio antijurídico de la potestad subordinante que le reconoce el literal b) del ordinal 1º del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990.

Tal la afirmación, pues es de la naturaleza de la relación jurídica que se establece entre las partes en el contrato laboral que el empleador dé al trabajador la posibilidad de laborar, que se traduce en que éste pueda efectivamente prestar personalmente el servicio para el que fue vinculado y a cambio del cual se le remunera. Esa es la razón de ser, por ejemplo, de una preceptiva como la del artículo 57-1 del Código Sustantivo del Trabajo. Y sólo puede el dador del empleo exonerar al trabajador de laborar, pero de manera excepcional, como lo ha dicho la jurisprudencia, atendiendo en todo caso motivos serios, racionales y justos, pues el capricho y la arbitrariedad en una decisión semejante, comprometen la buena fe que manda el artículo 55 ibídem, generando responsabilidad jurídica a cargo del empleador.

Además, la disposición patronal de relegar al trabajador a la pasividad laboral, sin ninguna justificación seria, racional y justa, como acontece en el caso, según con acierto lo dedujo el ad quem, deviene abuso de la potestad subordinante y aparte de lesionar el derecho del primero a prestar personalmente el servicio, agrade su dignidad humana, que le da un estado jurídico al poseedor de la energía de trabajo, que impide que se desconozcan sus derechos mínimos. Tal es la razón de la limitación que a la subordinación jurídica del trabajador respecto al empleador, le impone a éste la parte final del literal b) del ordinal 1º del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990.

De tal forma que, como lo dedujo el tribunal, sí está demostrado en el proceso que el contrato laboral entre las partes lo terminó el trabajador, con justa causa imputable al empleador (D. 2351/65, art. 7º, lit. b)).

Por último, en relación con la tesis del cargo de que no hay inmediatez entre la decisión del trabajador de romper el contrato laboral y los hechos que le sirvieron de base para ello, encuentra la Sala que el punto debe ser examinado únicamente en perspectiva de la inactividad laboral a la que la empresa sometió al demandante, y que éste alegó en su documento de folios 76-80, pues fue por esta conducta patronal que el tribunal calificó la terminación del contrato de trabajo entre las partes.

Para la corporación no existe la predicada carencia de inmediatez, pues siendo de tracto sucesivo la prestación personal del servicio por parte del trabajador en el contrato laboral, la conducta patronal que caprichosa y arbitrariamente reduzca a la pasividad laboral al trabajador conserva siempre actualidad, como en este caso, con las consecuencias de responsabilidad jurídica que de ello se derivan.

Pero es más aún, con relación a la falta de inmediatez alegada por la demandada, el tribunal para descartarla se refiere a la explicación que al respecto dio el actor, y precisó que el despido indirecto se declara como consecuencia de la inactividad definitiva a que se le sometió, para renglón seguido concluir: “(...) Debe tenerse, entonces, presente que el demandante en su momento hizo valer sus derechos, y ello tiene validez para estimar como atendibles la apreciación de la parte demandada” (fl. 629).

Y se trae a colación lo anterior para anotar, en primer lugar, que el juzgador no desconoció la época en que sucedieron los hechos aducidos como antecedentes a aquél que se esgrimió como definitivo para romper el contrato y que él encontró acreditado, ni tampoco pasó por alto la data en que ello sucedió; aspectos por los cuales puede afirmarse que no hay errónea apreciación de la prueba en esos puntos, sino que hay una discrepancia conceptual del censor con la inferencia del tribunal, la que no puede plantearse por la vía indirecta. En segundo término, aceptando, en gracia de discusión, que se acudió a la senda pertinente, el cargo no rebate debidamente el argumento que el juzgador expuso para dar por establecida la inmediatez, como es que el demandante, con su conducta anterior, “en su momento hizo valer sus derechos, y ello tiene validez para estimar como atendibles la apreciación de la parte demandada”.

El cargo no prospera.

(...).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 14 de junio del 2001, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el juicio promovido por Rodrigo Zuluaga Quijano a la corporación Distribuidora de Algodón, Diagonal.

Las costas del recurso extraordinario son a cargo de la parte demandada en el proceso, que es la impugnante.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

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