Sentencia 17477 de marzo 22 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 17477 (R-0090)

Ref.: Acción de nulidad

Consejero Ponente:

Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez

Actor: Uldarico Soto Rojas

Demandado: La Nación - Procuraduría General

Bogotá, D.C., veintidós de marzo dos mil siete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

Esta Sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las acciones de simple nulidad que interpongan los ciudadanos contra actos administrativos proferidos por autoridades del orden nacional en materia contractual, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 del Consejo de Estado.

2. La acción de simple nulidad y la exigencia de plena identificación del acto administrativo demandado.

La acción de nulidad constituye uno de los principales mecanismos para la defensa del principio de legalidad habida cuenta de que persigue la confrontación de actos administrativos (2) con normas de superior jerarquía por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El exclusivo interés de esta acción por la integridad del ordenamiento jurídico, conlleva su connotación pública, en el entendido de que no se necesita demostrar un interés legítimo especial para proponerla y, como consecuencia cualquier persona, directamente o a través de apoderado, puede hacerlo.

Como se aprecia, una primera valoración que debe hacerse, para examinar su procedencia, es la calificación de acto administrativo o no de lo que se demanda y para ello, como resulta lógico, la jurisdicción de lo contencioso administrativo debe tener acceso directo al texto cuya nulidad se pretende.

El demandante debe entonces identificar plenamente el acto administrativo, o los apartes de este, que en su consideración atentan contra el ordenamiento jurídico superior y aportar con la demanda, copia auténtica del mismo. Este requerimiento lógico está contenido en los artículos 138 y 139 del Código Contencioso Administrativo (3) .

En el caso objeto de análisis el “acto administrativo” demandado no denota esta calificación desde una perspectiva formal, toda vez que es referido como “circular” o “concepto”; esta realidad no excluye la oportunidad de solicitar su nulidad, pues en caso de comprobarse su efectiva naturaleza de acto administrativo y la violación por el de la normatividad superior, esta resultaría procedente.

Por las circunstancias particulares del acto demandado entonces, le resultaba inviable al demandante demostrar la publicación del mismo en “medios oficiales” e inclusive su notificación o alguno o algunos sujetos particulares (CCA, art. 139). Esta situación no obsta, sin embargo, para dejar de cumplir con el deber del demandante de aportar copia auténtica del mismo, y si esto no le resultaba posible, el de expresar bajo juramento esta dificultad y solicitar que esta corporación exigiera su aportación a la autoridad que lo expidió.

El actor aportó con la demanda una copia autenticada de una copia de la circular proferida por la Procuraduría General de la Nación que consideraba contraria a derecho y esta de ninguna manera puede calificarse como copia auténtica. En efecto, se trata de una copia de copia, pues no se advierte en ella ni el reconocimiento del funcionario que suscribió la circular (el Procurador General de la Nación de aquel entonces), ni su cotejo con el original, toda vez que no se verifica la existencia de sellos o señas particulares que demuestren su correspondencia con este.

Esta apreciación no puede entenderse como un simple formalismo; lo mínimo que debe tener el juez del conocimiento, en una acción de nulidad, es certeza sobre la existencia del acto administrativo, para a partir de allí evaluar su correspondencia con la normatividad superior.

Así mismo, le correspondía al demandante aportar prueba suficiente de la existencia del acto demandado, o cuando menos declarar que no pudo tener acceso a este y solicitar como consecuencia que se oficiara a la entidad correspondiente para su envío.

Como consecuencia de lo dicho, le es imposible a esta Sala entrar a analizar la eventual ilegalidad de un acto al que no tiene acceso en el expediente conforme a la ley y por ello se declarará inhibida para decidir de fondo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

INHÍBESE de adoptar un pronunciamiento de fondo, con base en lo sostenido en la parte motiva de la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase».

(2) También resulta procedente contra circulares de servicio y actos de certificación y registro (CCA, art. 84).

(3) Se establece en el primero de ellos: “Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión...”; por su parte en el artículo 139 de este estatuto se señala: “A la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, si son del caso; y los documentos, contratos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en su poder”. “Se reputan copias hábiles para los efectos de este artículo, las publicadas en los medios oficiales, sin que para el efecto se requiera la autenticación. “Cuando la publicación se haya hecho por otros medios, la copia tendrá que venir autenticada por el funcionario correspondiente”. “Cuando el acto no ha sido publicado o se deniega la copia o la certificación sobre su publicación, se expresará así en la demanda bajo juramento que se considerará prestado por la presentación de la misma, con la indicación de la oficina donde se encuentre el original o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se solicite por el ponente antes de la admisión de la demanda...” (negrillas fuera de texto).

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