Sentencia 17488 de febrero 8 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref.: Expediente 17488

Acta Nº 05

Magistrado Ponente:

Dr. José Roberto Herrera Vergara

Bogotá, D.C., ocho de febrero de dos mil dos.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

La inconformidad de la censura gira en torno al entendimiento que el ad quem diera a la cláusula 28 convencional, con base en la cual dirimió la controversia.

Dicha cláusula establece en lo pertinente:

“Para la imposición y aplicación de sanciones se procederá así:

(…).

a) Cuando un trabajador incurra en alguna violación de las normas legales, contractuales o reglamentarias de cualquier carácter, leve o grave, el jefe deberá notificar por escrito al trabajador su derecho a comparecer a la oficina encargada de la imposición de sanciones, con el fin de presentar sus descargos...

b) La notificación, cuando esté claramente establecido cuál trabajador es el inculpado, deberá hacerse por el jefe respectivo, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la ocurrencia de la infracción imputada.

Si al establecerse la falta no se conoce el trabajador o trabajadores implicados, la empresa tendrá un plazo de dieciséis (16) días hábiles para efectuar la respectiva investigación y notificación al trabajador o trabajadores que resultaren inculpados, para que se presenten a la oficina de sanciones.

En consecuencia, las oficinas de imposición de sanciones no podrán imponer sanciones a los trabajadores que sean notificados con posterioridad a los plazos arriba mencionados, después de establecida la ocurrencia de la infracción y no figurará en su hoja de vida esta inculpación.

(…)”.

El tribunal entendió la cláusula en el sentido de que lo determinante a efectos de proceder a la notificación en cuestión, es que se encuentre “claramente establecido cuál era el trabajador contra el que procedería la investigación disciplinaria”, sin ser necesario que esté plenamente comprobada la existencia de la infracción denunciada.

El recurrente, por el contrario, da una interpretación diferente a la cláusula en cuestión en tanto considera que la notificación al trabajador para que rinda los descargos debe hacerse es “a partir del momento mismo en que se tenga plena certeza de la comisión del hecho que puede dar lugar a la imposición de la sanción disciplinaria o terminación del contrato de trabajo...”.

Conforme lo ha dicho esta Sala en reiteradas oportunidades, el artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral otorga a los falladores de instancia la facultad de apreciar libremente las pruebas allegadas al proceso a efectos de formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos y que no puede la Corte en principio, como tribunal de casación, variar esa valoración, salvo que de manera palmaria encuentre que altera o distorsiona el contenido de la prueba, haciéndole decir lo que no dice o negando lo que incontestablemente expresa.

Ha expresado igualmente la Corte que cuando un elemento de convicción admite racionalmente más de una interpretación y el tribunal se inclina por uno de los sentidos posibles, ello excluye per se un eventual error de hecho con carácter de evidente, independientemente del criterio que pudiere tener la Corte sobre el particular.

En el sub judice, dada la ambigüedad de su tenor, podrían encontrarse razones para deducir de la cláusula citada tanto lo expresado por el censor, como lo inferido por el ad quem, por lo que no es posible hablar de error de hecho con carácter “manifiesto”, único capaz de conducir a la infirmación de un fallo.

En efecto, es admisible pensar en forma razonable que la comunicación del 11 de junio de 1998 en la que el delegado nacional señor Héctor Samuel Núñez Melo informa al auditor de la compañía (fls. 12 y 13) algunas irregularidades presentadas en la sección de seguridad industrial y sindica de cometerlas al “cardista señor Gustavo Rincón”, demandante en este proceso, reúne los requisitos previstos en el literal b) de la susodicha estipulación convencional de ocurrencia de la infracción, conocimiento por el empresario y clara identificación del inculpado, y por tanto a partir de ese momento corría el plazo para que el jefe respectivo del actor hiciera la notificación con el fin de que presentara los descargos.

El hecho de que en la mencionada comunicación se pida verificar y comprobar tales anomalías no significa, al menos de manera inequívoca, que para la demandada existiera duda sobre la autoría de las conductas, las cuales se atribuyeron desde el primer instante únicamente y de manera clara al señor Gustavo Rincón.

Por lo demás, en lo que respecta a las otras probanzas que la censura acusa como erróneamente apreciadas, se limitó el cargo a reseñar su contenido, pero sin indicar qué es lo que en realidad acreditan en contra de lo deducido por el tribunal, quien al remitirse a ellas a efectos de hacer un recuento del trámite disciplinario que adelantara la empresa, no dedujo nada distinto a lo que en ellas se expresa.

No estando acreditado un desacierto fáctico protuberante por parte del tribunal, no prospera el cargo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 11 de julio de 2001 por la Sala Civil —Familia— Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, dentro del juicio adelantado por Gustavo Rincón Rincón contra la sociedad Acerías Paz del Río S.A.

Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

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