Sentencia 17505 de abril 30 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gonzalo Toro Correa

Rad.: 17505

Acta Nº 15

Bogotá, D.C., treinta de abril de dos mil dos.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de José del Carmen Payares Mendoza contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 24 de abril de 2001, en el juicio que le sigue a la Nación-Ministerio de Transporte.

Antecedentes

José del Carmen Payares Mendoza, llamó a juicio ordinario laboral a la Nación-Ministerio de Transporte, para que se le condene a reintegrarlo al cargo de marinero o a otro de igual o superior categoría y salario en la dirección de navegación y puertos en la división de obras hidráulicas o a otra dependencia gubernamental que la sustituya en Barranquilla, al pago de los salarios dejados de percibir entre la fecha del despido y la del reintegro, decretándose que no ha habido solución de continuidad en el contrato de trabajo; al reajuste de salarios y primas causados durante la relación laboral, y al pago de los salarios de los meses de noviembre y diciembre de 1993. Subsidiariamente se le condene al pago del reajuste del auxilio de cesantía definitiva, de la indemnización por despido injusto que estima en $ 3.587.436 o la mayor que se demuestre; al pago de los perjuicios morales y materiales causados con la violación de la cláusula convencional de estabilidad en el empleo, los cuales estima en 1000 gramos oro y la indexación de las sumas de las condenas.

En sustento de sus pretensiones afirma que fue vinculado mediante contrato de trabajo, a término indefinido, por la Asociación Nacional de Navieros “Adenavi”, a partir del 15 de mayo de 1973, en la ejecución de obras públicas y servicios en el Río Magdalena; que a partir del 30 de abril de 1983 el contrato que tenía Adenavi con el Gobierno Nacional pasó al fondo vial nacional; que mediante Resolución 3627 del 29 de abril de 1983 quedó vinculado al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, hoy Ministerio de Transporte, sin solución de continuidad, reconociéndosele el derecho a la aplicación de las cláusulas convencionales; que laboró hasta el 31 de octubre de 1993; que siempre tuvo el carácter de trabajador oficial; que desempeñó el cargo de marinero, con un último salario promedio no inferior a $ 8.995.06 diarios, mas no incluía todos los factores salariales; que durante toda la relación laboral le pagaron salario básico y primas inferiores a las devengadas por otros trabajadores que desempeñaban el mismo cargo e idénticas funciones; que mediante la Resolución 14995 de 26 de octubre de 1993 fue despedidio por supresión del cargo, y por Resolución 09204 del 12 de noviembre de 1993 le reconocieron la indemnización por valor de $ 3.818.466.16, la cual quedó mal liquidada, ya que solamente se tuvo en cuenta el tiempo laborado entre el 1º de mayo de 1983 y el 31 de octubre de 1993, además de no incluir todos los factores salariales; que la violación de la convención colectiva en materia de estabilidad laboral le causó graves perjuicios morales y materiales; que reclamó al ministerio sus derechos, pero que no obtuvo respuesta; que hasta la fecha de esta demanda no le han sido cancelados los salarios de los meses de noviembre y diciembre de 1993.

El demandado no contestó la demanda, pero en la primera audiencia de trámite propuso las excepciones de inexistencia de la obligación de reintegro, prescripción de las acciones tendientes al reajuste y pago de primas semestrales, inexistencia de la obligación al reajuste de la cesantía, al pago de la nivelación de salarios, de primas, del pago del tiempo servido.

El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla, mediante sentencia del 18 de febrero de 1997 (fls. 188 a 192, c. ppal.) absolvió de todas las pretensiones al demandado; no impuso costas.

La sentencia del tribunal

Apeló la parte demandante, y el Tribunal de Barranquilla, por fallo del 24 de abril de 2001 (fls. 191 a 195, c. pal.), confirmó la sentencia del a quo; no impuso costas.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem consideró que “el centro de inconformidad del recurrente es sobre los reajustes de indemnización por despido, el reajuste de cesantías definitivas e indemnización moratoria.

“Tenemos que en referencia al reajuste de la indemnización por despido sin justa causa se liquidó teniendo en cuenta únicamente el servicio laborado en el ministerio, pues dicha liquidación se encuentra ajustada a lo dispuesto en el artículo 156 del Decreto 2171 de 1992, según el cual no procede la acumulación de servicios y la indemnización corresponderá exclusivamente por el tiempo laborado por la entidad que lo retiro —sic— del servicio.

Así mismo se observa que en la liquidación que se hizo para fijar la indemnización por despido se cumplió lo ordenado en el artículo 155 del citado Decreto 2171 y en la misma forma el Decreto-Ley 3118 de 1968.

Sobre el auxilio de cesantía los que fueron transferidos al Fondo Nacional de Ahorro (fl. 177) y además dentro del proceso no se demostró factores salariales que sirvieran de base para hacer la reliquidación solicitada lo que imposibilita determinar los reajustes solicitados.

Por último no habiendo condena a reajustes no es procedente la condena a salarios moratorios por lo que consecuencialmente la Sala confirmará la decisión del a quo” (fl. 194, c. pal.).

El recurso extraordinario

Fue interpuesto por la parte demandante y concedido por el tribunal. Admitido por la Corte se procede a resolver.

Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que se case totalmente la sentencia impugnada, y que en sede de instancia se revoque la del a quo y en su lugar se condene a la demandada al reajuste y pago de la indemnización por despido injusto, tomando como tiempo servido el comprendido entre el 15 de mayo de 1973 y el 31 de octubre de 1993; al pago de la indemnización moratoria por mora en el pago del reajuste de la indemnización por despido injusto; se absuelva en lo demás; las costas del proceso.

Con tal propósito formula un cargo que fue replicado y que en seguida se estudia.

Cargo único

Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial laboral por la vía directa, “en el concepto de interpretación errónea de los artículos 148, 151, 155 y 156 del Decreto 2171 de 1992, en concordancia con el artículo 51 del Decreto 2127 de 1945; el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, y los artículos 1º y 11 de la Ley 6ª de 1945” (fl. 14. c. Corte).

En la demostración dice que en el artículo 156 del Decreto 2171 de 1992, “se establece que el valor de la indemnización corresponde exclusivamente al tiempo laborado por el empleado público o trabajador oficial en la entidad que lo retiró.

“Resulta obvio, que la pretensión del artículo 156 del mencionado decreto, consiste en que cuando una persona prestó sus servicios en varias entidades del Estado, en vínculos laborales, claramente diferenciables, entonces al liquidar la indemnización, el Ministerio de Transporte debe tomar sólo —sic— el tiempo de servicio prestado a esta entidad y no a otras entidades del Estado.

Situación completamente deferente, se presenta cuando, como en el presente caso, la vinculación se hace sin solución de continuidad al Ministerio de Transporte y la ley regula el contrato de administración delegada. Ante una situación como la señalada, resulta a todas luces, interpretado erróneamente el mencionado artículo 156, ya que el objeto de la norma en el caso que nos ocupa, no fue en manera alguna desconocer las regulaciones sobre sustitución patronal, no solución de continuidad y menos desconocer la propia voluntad de la administración cuando traslado —sic— al actor de Adenavi al Ministerio de Transporte.

A pesar de que el actor se encontraba vinculado al Ministerio de Obras Públicas, mediante contrato de administración delegada como trabajador oficial, el ad quem sólo tomó como período laborado para el Ministerio de Obras Públicas, el comprendido entre el 1º de mayo de 1983 y el 31 de octubre de 1993.

El contrato de administración delegada, es una modalidad de actuación del Estado, por medio de un tercero, que la jurisprudencia ha tenido como un simple intermediario, figura que en el derecho laboral implica la existencia de un verdadero patrono, el cual es el beneficiario de la prestación del servicio, que en el caso de la administración delegada, es el Estado, el contratante y por eso es que desde el año 1935 se tiene que las personas que prestan sus servicios mediante contratos de administración delegada, son trabajadores oficiales. Siendo trabajadores oficiales, de conformidad con el artículo único del Decreto 3153 de 1953, es indispensable definir entonces, con quien se establece el vínculo. Entendemos, sin temor a equívocos, que la relación del trabajador oficial, es con la entidad contratante y no en abstracto. El vínculo al Estado se materializa, por medio del eslabón que el propio Estado ha determinado para adelantar la obra mediante el contrato de administración delegada, que en nuestro caso es indudablemente el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, por que según el artículo 1º del Decreto 3160 de 1968, tenía la función de elaborar, desarrollar y ejecutar los planes y programas de construcción y conservación de obras públicas, que conforme las leyes, le corresponde atender directamente.

Desde el Tribunal Supremo del Trabajo, se ha definido 1) la naturaleza del contrato de administración delegada; 2) el carácter del servidor en los contratos de administración delegada y 3) la naturaleza del contratista, tratándose especialmente de contratos para la ejecución de obras, como sucede en el caso que nos ocupa” (fls. 14 y 15, c. Corte).

En apoyo de su argumentación transcribe apartes de las sentencias del Tribunal Suprema del Trabajo del 31 de agosto de 1951 y de esta corporación del 19 de diciembre de 1956.

Termina afirmando que “la violación de la ley, por la vía directa, tal como quedo —sic— establecida, es manifiesta y grave y por lo mismo es suficiente para quebrar la sentencia y proceder de conformidad con el alcance —sic— la impugnación señalada” (fl. 16, c. Corte).

La réplica

Dice que la petición del actor no es procedente ya que “la indemnización fue liquidada acorde con los parámetros establecidos en el artículo 148 del Decreto 2171 de 1992, liquidación que no fue desvirtuada por el actor teniendo en cuenta que dentro del trámite del proceso no demostró que —sic— factores salariales diferentes a los contemplados dentro de la Resolución 9204 no fueron tenidos en cuenta al calcular aritméticamente el valor por indemnización por despido, así mismo en el acto de notificación personal de la Resolución 9204 citada, no hizo objeción alguna dentro del término que la ley le concede, teniendo en cuenta que ésta le fue notificada personalmente tal como aparece en el texto de esta resolución, dando su aceptación a la misma al no interponer los recursos de reposición y apelación como lo manifesté dentro del término” (fl. 26, c. Corte).

Se considera

El tribunal estimó que la liquidación de la indemnización por despido injusto hecha al actor, en la que se tubo en cuenta únicamente el servicio laborado en el Ministerio de Transporte, estuvo acorde con lo previsto por el artículo 156 del Decreto 2171 de 1992, precepto este que dice la censura fue interpretado erróneamente, ya que se debió sumar el período de servicios prestado a Adenavi.

La norma en comento, objeto de controversia, es del siguiente tenor:

“No acumulación de servicios en varias entidades. El valor de la indemnización o bonificación corresponderá, exclusivamente, al tiempo laborado por el empleado público o trabajador oficial en la entidad que lo retiró del servicio”.

Es clara en su literalidad la disposición transcrita, cuando prevé que exclusivamente para efectos de la indemnización se deberá tener en cuenta el tiempo de servicios prestados por el trabajador en la entidad que lo retiró. De suerte que como esa fue la disquisición que efectuó el ad quem, frente al tiempo de labores prestado por el actor en el Ministerio de Transporte, dejando el desempeño en Adenavi, no aparece demostrado el desacierto jurídico que le imputó la parte recurrente, resultando irrelevante en este caso entrar a calificar si el actor tuvo o no la condición de trabajador oficial durante su primera relación laboral.

El punto que aquí se analiza ya ha sido materia de estudio por esta Sala de la Corte, en términos que corresponden a lo ya dicho y que en seguida se copian:

“Relacionando, entonces, lo hasta aquí puntualizado, debe concluirse que el tribunal no interpretó equivocadamente el artículo 156 del Decreto 2171 de 1992, sino que lo aplicó en su recto entendimiento, ya que de acuerdo con su texto para tasar la indemnización que el mismo regula, solamente se toma en cuenta el tiempo laborado directamente para la entidad o dependencia oficial que dio por terminado el contrato de trabajo, y no la totalidad del trabajado en condición de trabajador oficial o dándose el tratamiento de tal, que es lo que a la postre aduce el impugnante al invocar como sustento de la errónea interpretación que denuncia lo dispuesto por el artículo único del Decreto 3153 de 1953 respecto al período servido por la vinculación del actor con Adenavi” (rad. 16251, oct. 24/2001).

Por consiguiente, el cargo no prospera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 24 de abril de 2001 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del juicio ordinario laboral que le adelanta José del Carmen Payares Mendoza a la Nación-Ministerio de Transporte.

Costas cargo de la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

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