Sentencia 17528 de abril 14 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejera Ponente:

Dra. Myriam Guerrero de Escobar

Rad.: 17.528 (R-2869)

Actores: Myriam Josefina Ruiz Castro y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

Bogotá, D.C., catorce de abril de dos mil diez.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia de 16 de septiembre de 1999, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual se declaró la responsabilidad de la entidad demandada y se la condenó al pago de perjuicios.

Previo a decidir el asunto puesto a consideración de la Sala, es menester anotar que no obstante que el Ministerio Público sostuvo que el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar fue extemporáneo, pues éste se formuló el 29 de septiembre de 1999 y “el término de notificación a las partes corrió entre los días 22 y 24 de septiembre de 1999”, lo cierto es que no le asiste razón a la agente del Ministerio Público.

En efecto, el Tribunal Administrativo del Cesar profirió sentencia el 16 de septiembre de 1999 declarando la responsabilidad de la entidad demandada. Dicha providencia fue notificada por edicto el día miércoles 22 de septiembre de 1999, el cual permaneció fijado en la secretaría del tribunal hasta el viernes 24 de septiembre, según obra a folio 446 del cuaderno 9.

La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar, el 29 de septiembre de 1999, es decir, dentro del término legal, pues el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil dispone que “las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos”. En el sub lite, el término de ejecutoria de la sentencia aludida corrió entre el 27 y el 29 de septiembre de 1999, y la demandada formuló el recurso de apelación el 29 de septiembre de 1999, según obra a folio 447 del cuaderno 9.

Dilucidado el punto anterior, la Sala entrará a estudiar el fondo del asunto, de conformidad con los recursos de apelación interpuestos por las partes y las pruebas decretadas y practicadas válidamente en el proceso, aclarando que toda la prueba documental aportada al plenario obra en copia auténtica.

Según la demanda, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, inició un proceso de jurisdicción coactiva contra la señora Ana Castro de Ruiz, por el no pago de obligaciones tributarias pendientes, razón por la cual procedió a embargar, secuestrar y rematar el predio denominado “La Gloria”, identificado con matrícula inmobiliaria Nº 190-0000608, con una extensión de dos hectáreas; sin embargo, dicha entidad le entregó al rematante “parte de un predio urbano del cual son propietarios en común y pro indiviso” los demandantes, identificado con matrícula inmobiliaria Nº 190-0008641 y con una extensión de 18.000 metros cuadrados, el cual nada tenía que ver con el proceso adelantado por la DIAN contra la señora Castro de Ruiz.

De conformidad con los documentos que obran en el plenario, se encuentra acreditado que mediante escritura pública 1523 de 16 de noviembre de 1971 de la Notaría Primera del Círculo de Valledupar, Ana Castro de Ruiz adquirió el predio denominado “La Gloria” de propiedad de la señora Gloria Orozco de Amaya, ubicado en el paraje de “Normandía”, Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar, identificado con matrícula inmobiliaria Nº 190-0000608, con una extensión de dos hectáreas y delimitado por los siguientes linderos: “Norte, con predio de los señores Camilo Molina y José Calixto Mejía, cerca de alambre de púas en medio; Sur, con predio de Antonio Baute, cerca de alambre de púas en medio; Este, con predio de Jorge Cárdenas, cerca de alambre de púas en medio; OESTE, con predios de Cecilia Zubiría e Inés de Mejía, cerca de alambre de púas en medio; y Noroeste, con carretera Fundación-Valledupar, en medio con finca de Julio Villazón” (fl. 16, cdno. 1).

Asimismo, está demostrado que mediante escritura pública 421 de 24 de diciembre de 1974 de la Notaría Única del Círculo de Robles, Departamento del Cesar, los hermanos Edgardo, Guillermo, Heriberto, Myriam y Álvaro Ruiz Castro adquirieron, común y pro indiviso, un predio ubicado en el Municipio de Valledupar, de propiedad de los hermanos Jaime y Álvaro Molina Maestre, y Elina Molina de Cárdenas, herederos de la señora Victoria Maestre de Molina, identificado con matrícula inmobiliaria Nº 190-0008641, con una extensión de 18.000 metros cuadrados, y cuyos linderos se encuentran determinados de la siguiente forma: “Norte, con carretera Nacional Valledupar-Fundación, en medio con lote de propiedad del doctor Julio Villazón Baquero; Sur, con predios de propiedad del señor Darío Carrillo; Este, con predio del señor Celso Zubiría, y Oeste, con lotes de la señora Ana Castro de Ruiz y Caja Agraria, antes de Héctor Anaya” (fl. 14, cdno. 1).

Como consecuencia del proceso de jurisdicción coactiva iniciado por la DIAN contra la señora Ana Ruiz de Castro obra en el plenario que dicha entidad libró mandamiento de pago contra la señora aludida, el 1 de agosto de 1990, por la suma de $8’091.409, más la sanción por mora e intereses corrientes causados desde que la obligación se hizo exigible (fl. 190, cdno. 4).

Mediante Resolución 394 de 13 de julio de 1992, la DIAN decretó el embargo y secuestro del predio denominado “La Gloria” de propiedad de la señora Castro de Ruiz, identificado con matrícula inmobiliaria Nº 190000608, el cual fue entregado al secuestre mediante diligencia realizada el 10 de septiembre de 1992 (fl. 66, cdno. 3, fl. 133, 134, cdno. 4).

A través de Resolución 531 de 24 de septiembre de 1992, la DIAN ordenó seguir adelante con la ejecución del mandamiento de pago librado contra la señora Ana Castro de Ruiz, por la suma de $8’091.409 (fl. 125, cdno. 4).

El 30 de marzo de 1993, el secuestre designado por la DIAN, a través de apoderado judicial, formuló demanda por ocupación de hecho del predio denominado “La Gloria”, el cual le fue entregado por dicha entidad en el curso del proceso de jurisdicción coactiva contra la señora Castro de Ruiz, pues, según se dijo, el secuestre venía ejerciendo una pacífica tenencia del citado predio desde el 10 de septiembre de 1992, fecha en la cual se realizó la diligencia de secuestro, hasta el 8 de marzo de 1993, cuando éste tuvo conocimiento de que personas indeterminadas ocuparon el predio sin su consentimiento (fls. 118, 119, cdno. 3).

El 23 de abril de 1993, la Inspección Séptima de Policía del Municipio de Valledupar practicó diligencia de lanzamiento de las personas que ocupaban el predio denominado “La Gloria”, diligencia a la cual se opuso el doctor Guillermo Ruiz Castro, quien funge en este proceso como demandante, alegando que el inmueble objeto de desalojo corresponde a dos predios debidamente deslindados; el primero de ellos, de propiedad de la señora Ana Castro de Ruiz, con una extensión de dos hectáreas, esto es 20.000 metros cuadrados; el segundo, de propiedad de los hermanos Ruiz Castro, con una extensión de 18.000 metros cuadrados. Por lo tanto, según anotó, la DIAN únicamente estaba facultada para afectar el predio de la señora Castro de Ruiz, pero no el de los hermanos Ruiz Castro, colindante del anterior, como en efecto ocurrió (fl. 124, 125, cdno. 3).

El 21 de abril de 1995, la DIAN practicó diligencia de remate del predio denominado “La Gloria”, identificado con matrícula inmobiliaria Nº 190-000608, el cual fue adjudicado al señor William Gilberto Díaz Bermúdez, por la suma de “($24.000.000) como único postor de acuerdo al 40% del avalúo señalado” (fls. 24, cdno. 3).

Mediante Auto 51 de 2 de mayo de 1995, la DIAN aprobó la diligencia de remate del citado predio adjudicado al señor Díaz Bermúdez, ordenando la cancelación de la medida de embargo y secuestro que pesaba sobre el mismo y la entrega del bien al rematante (fls. 21, 22, cdno. 3).

El 25 de septiembre de 1995, la DIAN, en asocio con el señor Alexander Rivera, topógrafo de profesión, quien en dicha diligencia actúo como perito, procedieron a entregar al señor Díaz Bermúdez el predio rematado a la señora Ana Castro de Ruiz, cuyas especificaciones obran en la escritura pública 1523 de 16 de noviembre de 1971 y en el folio de matrícula inmobiliaria Nº 190-0000608, diligencia según la cual:

“La jefe de la división de cobranzas, en asocio con el señor topógrafo, proceden a relacionar el bien inmueble materia de esta diligencia, primero por sus linderos: Se trata de un predio denominado “La Gloria”, ubicado en la Punta y Sabanas del Valle, municipio de V/dupar, con una extensión de dos (2) hectáreas, comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte, con predio de los señores Camilo Molina y José Calixto Mejía, cercas de alambre de púas en medio; Sur, con predios de Antonio Baute, cercas de alambres de púas en medio; Este, con predio de Jorge Cárdenas y cercas de alambre de púas en medio y Oeste, con predios de Cecilia Zubiría e Inés de Mejía, cercas de alambre de púas en medio y Noroeste, con carretera a Fundación - Valledupar, en medio con finca de Julio Villazón. Acto seguido procedemos a recorrer el predio con el señor Topógrafo a fin de establecer el límite de las dos hectáreas del bien antes descrito. El señor perito en este estado de la diligencia manifiesta que de acuerdo con el Levantamiento Topográfico realizado en este predio se midieron dos puntos, uno a 24.52 metros y otro a 24.00 metros sobre el lindero Sur del predio, los cuales determinan los 20.000 mts. cuadrados solicitados” (fl. 30, cdno. 1).

Cabe anotar que el doctor Guillermo Ruiz Castro se opuso a la diligencia de entrega del bien rematado y, para tal efecto, aportó el folio de matrícula inmobiliaria Nº 190-0008641, alegando que el predio entregado al señor William Díaz Bermúdez es de propiedad de los hermanos Ruiz Castro, pues éste fue adquirido a los herederos de la señora Victoria Maestre de Molina mediante escritura pública 421 de 24 de diciembre de 1974 de la Notaría Única del Circuito de Robles, Departamento del Cesar, oposición que fue rechazada de plano por la Jefe de División de Cobranzas de la DIAN, por estimar que la misma no era procedente en ese tipo de diligencias (fls. 153 a 155, cdno. 3).

Es menester señalar que paralelamente al proceso de jurisdicción coactiva seguido por la DIAN contra Ana Ruiz de Castro, cuyo procedimiento finalizó con la entrega al señor William Gilberto Díaz Bermúdez del bien rematado, existía otro proceso ejecutivo contra la misma señora promovido por Augusto David Rodríguez, en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, en virtud del cual fue embargado y rematado el mismo predio que fue afectado en el proceso coactivo, siendo adjudicado dicho bien en esa oportunidad al doctor Guillermo Ruiz Castro, quien funge en este proceso como demandante, pero que en esa ocasión actuó como apoderado de la señora Ruiz de Castro, diligencia que se realizó el 3 de junio de 1993 (fl. 39, cdno. 3). No obstante ello, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, mediante providencia de 1 de julio de 1993 declaró la ilegalidad del remate, toda vez que sobre el citado predio ya existía una medida cautelar proferida por la DIAN en el curso del proceso de jurisdicción coactiva, circunstancia “que por virtud de lo dispuesto en el Decreto 624 de1989, reglamentado por la ley 6/92 (art. 839-1) impide que el juez civil haga el remate de ese bien, y solo se puede hacer efectivo ese crédito privado ante el proceso coactivo por vía de remanente, al ser aquél (el crédito coactivo) un crédito preferencial sobre el que se tramita en este asunto”; además, el citado juzgado ordenó la cancelación de la inscripción de la diligencia de remate y del auto aprobatorio en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos (fl. 41, cdno. 3). Dicha decisión fue modificada mediante providencia de 22 de septiembre de 1993, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar “en el sentido de declarar la nulidad a cambio de la ilegalidad” del auto que aprobó el remate del predio denominado “La Gloria”, confirmando en todo lo demás la providencia proferida por el Juzgado 2º Civil del Circuito de Valledupar (fl. 35, cdno. 4).

A pesar de la decisión adoptada por la autoridad judicial competente en el sentido de declarar la nulidad del auto mediante el cual se aprobó el remate y la adjudicación del citado predio al doctor Guillermo Ruiz Castro, por existir un crédito preferencial a favor de la DIAN, dicho abogado enajenó el predio mencionado al señor Moisés Araújo  Barros, negocio que se celebró mediante escritura pública de compraventa 2055 de 27 de septiembre de 1993 de la Notaría Segunda de Valledupar (fls. 43, 44, cdno. 3).

Por su parte, el señor Moisés Araújo  Barros inició un proceso de deslinde y amojonamiento contra los hermanos Ruiz Castro, con el propósito de que se establecieran los límites del predio denominado “La Gloria”, adquirido por el citado señor al doctor Guillermo Ruiz Castro, pues este y sus hermanos son propietarios pro indiviso de un predio que colinda con el anterior y “la línea divisoria no está demarcada” (fls. 32 a 34, cdno. 7).

Sin embargo, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar, mediante providencia de 26 de septiembre de 1995 declaró improcedente la diligencia de deslinde y amojonamiento y ordenó el archivo del expediente, por estimar “que el demandante en este asunto, señor Moisés Araujo Barros, no es el propietario actual del inmueble cuyo deslinde persigue, en razón de que la Adjudicación que se hizo al señor Guillermo Ruiz Castro fue cancelada y al ser cancelada esta, no podía el señor Guillermo Ruiz Castro vender válidamente un bien que no le pertenecía, pues a raíz de dicha cancelación, la propiedad del bien se radicó nuevamente en cabeza de Castro Ruiz Ana, inmueble que a la postre fue adjudicado por la Administración de Impuestos Nacionales al señor William Gilberto Díaz Bermúdez, quien es el propietario actual” (fl. 58, cdno. 7).

Mediante providencia de 27 de octubre de 1995, el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, sancionó con censura al abogado Guillermo Ruiz Castro, por encontrarlo responsable de la vulneración del artículo 52-2 del Decreto 196 de 1971, que constituye falta contra la lealtad debida a la administración de justicia, por haber enajenado un predio adjudicado en un remate, cuyo auto aprobatorio fue declarado nulo por la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de Valledupar. Al respecto, sostuvo la Sala Jurisdiccional Disciplinaria:

“Está igualmente probado con certeza que al día siguiente de la aprobación del remate, es decir el 16 de junio de 1993, el citado profesional procesado promete en venta el inmueble “La Gloria” rematado por él, a Moisés Araújo Barrios según documento visible a folios 93 y 94 del expediente disciplinario, concretándose y formalizándose dicha venta por escritura pública 2055 de 27 de septiembre de 1993 de la Notaría Segunda de Valledupar tal y como consta a folios 5 y 6 del expediente disciplinario, documento que se registró el 27 de noviembre de 1993 en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar tal y como consta en el respectivo certificado de tradición y libertad visible a folios 12 frente y vuelta y 13 frente y vuelta del cuaderno disciplinario, que acredita igualmente la cancelación de la diligencia de remate y de su auto aprobatorio por orden del Juzgado Civil del Circuito de Valledupar impartida por oficio 1106 de 11 de noviembre e 1993, registrado el 30 del mismo y año.

“Cuando el Dr. Guillermo Ruiz Castro impugna el auto de primero de julio de 1993 por medio del cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar declara la ilegalidad parcial del auto aprobatorio del remate, referida a la parte resolutiva del numeral primero del mismo improbando el remate sobre el inmueble “La Gloria”, por petición de 9 de julio de 1993, y al negarse el juez de primera instancia a revocar dicha providencia concediendo en el efecto diferido el recurso de apelación interpuesto por auto de 16 de julio de 1993; sabía, conocía, que su derecho de propiedad sobre dicho bien había sido transitoriamente limitado por medio de esa providencia de ilegalidad, y en esas condiciones mal podría venderlo, sobre todo cuando la decisión judicial ordenaba la cancelación de la inscripción en el registro de instrumentos públicos de la diligencia de remate y del auto aprobatorio del mismo.

(...).

“Al vender por escritura pública de 27 de septiembre de 1993 el inmueble en las circunstancias en que se produjo la venta como antes se ha analizado, y después de que la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de Valledupar declarara la nulidad del auto aprobatorio del remate en relación con el inmueble vendido denominado “La Gloria”, la Sala es del criterio de que la actuación del Togado procesado es contraria a la ética (...).

“De esta manera faltó el abogado litigante en forma voluntaria y consciente al deber legal en la recta y cumplida administración de justicia impuesto por el artículo 47-2 del estatuto deontológico de la abogacía, al realizar el negocio jurídico estando en tránsito en principio un recurso de apelación por él interpuesto, que dejaba en suspenso el derecho adquirido en la subasta pública, derecho que fue dejado sin efecto por la decisión plurimencionada de la Sala Civil del Tribunal del Distrito de Valledupar, ocasionándole perjuicios a su vez a Moisés Araújo Barros, el comprador del inmueble ya que con el registro de cancelación de sus títulos, obviamente perdió la tradición y dominio del inmueble “La Gloria” (fl. 105, cdno. 1).

De otra parte, con el propósito de solicitar la protección al derecho de propiedad, los actores formularon una acción de tutela contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, por haber embargado, secuestrado y rematado un predio del cual dijeron ser sus propietarios, en el curso del proceso de jurisdicción coactiva seguido contra la señora Ana Ruiz de Castro; sin embargo, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar negó el amparo solicitado por los demandantes, decisión que fue confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Valledupar, de la cual resulta pertinente extraer los siguientes apartes:

“4.2. En el caso acá planteado se pretende la protección del Derecho de propiedad privada garantizado por el artículo 58 de la Constitución, como derecho económico.- Estima el accionante que este derecho está gravemente amenazado por la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Valledupar, al secuestrarse y rematarse un raíz (sic) de su propiedad a fin de cancelar una deuda de Ana Castro De Ruiz, cuando ella debe responder con su propia prenda general, que no con bienes de terceros.

“4.3. Evidentemente, con las copias traídas a estos autos se probó la acción ejecutiva por jurisdicción coactiva contra Ana Castro, así como también la afectación con medida precautoria de un inmueble. El inmueble se embargó y secuestró, como de propiedad de la ejecutada, pero a la postre se estableció en esta acción de tutela que el inmueble de los hermanos Ruiz Castro está fundido con el inmueble de la ejecutada.

“4.4. Ante esa realidad fáctica mal se puede decir que la actuación procesal surtida en la DIAN como juez de esta jurisdicción especial, sea un remedio de justicia o que se haya tomado el trámite como un mecanismo doloso para expropiar de facto a los Hermanos Ruiz Castro. En verdad, esa actuación es legal y los terceros afectos (sic) pudieron recurrir al proceso ejecutivo para hacer valer sus intereses en esa actuación.

“Los Ruiz Castro no concurrieron al proceso, no se opusieron al secuestro, ni promovieron incidente alguno.- nadie puede alegar sus propias omisiones.

(...).

“4.6. En el caso sub-análisis todos los signos aparentes, que surgen de la pericia, se embargó y remató un inmueble de mayor cabida que el realmente afectado; y como a ese bien está incorporado el de los Ruiz Castro, es obvio que al rematarse parte de su bien se le está afectando su derecho de propiedad privada sin respetar las reglas institucionales.

“4.7. Ahora bien, como la función de linderos y cabidas es mayúscula, el desenmarañamiento del caso es complejo, que amerita un amplio debate probatorio y jurídico, el cual es imposible en un trámite tan especializado como lo es la acción de tutela (...).

“4.8. El operador jurídico debe tener en cuenta que la diligencia de remate tiene doble naturaleza. Es un acto procesal y como tal se puede combatir mediante los recursos ordinarios. Pero es también un negocio jurídico sustancial, se trata de un contrato de compraventa en que el Juez representa la voluntad del vendedor, en estos casos, los afectados con la venta pueden combatirla mediante el ejercicio de las acciones sustanciales: Deslinde y amojonamiento, inoponibilidad de título, inexistencia del contrato, error en el objeto, etc.; en esa eventualidad, la protección del derecho de propiedad goza de una rica gama de mecanismos de defensa por la vía judicial.

“En el caso aquí debatido no puede decir el tribunal que los derechos de los Ruiz Castro no estén amenazados. La opinión de la Sala es que esa violación no es evidente (...)” (fl. 127, cdno. 1).

A propósito, en el curso de la acción de tutela impetrada por los actores contra la DIAN, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar ordenó la práctica de una inspección judicial al terreno afectado, y de un dictamen pericial, con el fin de que se levantara un plano topográfico de los predios identificados con las matrículas inmobiliarias Nº 1900000608 y 19000008641, de propiedad de la señora Ana Castro de Ruiz y de los hermanos Ruiz Castro, en su orden, para identificar los linderos y el área de cada uno de ellos y poderlos individualizar, pruebas que podrán valorarse en el sub lite, toda vez que obran en copia auténtica y en su práctica intervinieron tanto el demandante como la entidad enjuiciada (fl. 24, cdno. 1).

En efecto, el 18 de mayo de 1995, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar practicó una diligencia de inspección judicial (fls. 20 a 23, cdno. 1), en la cual intervinieron las partes y los dos peritos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi designados por el juez, para tal efecto, quienes rindieron un dictamen pericial en el que se concluyó:

“Una vez analizada la documentación catastral relevante a pesar de existir afinidad en algunos de los colindantes en los dos títulos, no pueden determinarse técnicamente sus correspondientes ubicaciones físicas en el espacio geográfico que encierran dichas colindancias.

“No obstante observar que el título con matrícula inmobiliaria 190-008641 menciona su colindancia con el predio de matrícula inmobiliaria 190-0000608 y siendo la sumatoria de áreas 38.000 m2 (20.000 m2 + 18.000 m2) no caben físicamente en la figura topográfica levantada de 27.188 m2” (fl. 28, cdno. 1).

Por su parte, en el trámite del proceso contencioso administrativo, el Tribunal Administrativo del Cesar ordenó la práctica de un dictamen pericial, el cual fue rendido el 16 de enero de 1997, y en el que los peritos concluyeron lo siguiente:

“(...) El levantamiento del plano del predio de propiedad de los hermanos Ruiz Castro con sus respectivos linderos y área después de la entrega que la DIAN le hizo al rematante William Díaz Bermúdez dentro del proceso administrativo coactivo adelantado contra la Sra. Ana Castro de Ruiz sigue siendo el mismo plano del numeral 1 porque no existe amojonamiento de estos lotes ni los linderos respectivos que aparecen en la escritura 421 del año 74 no tienen medidas exactas que permitan la identificación en áreas.

(...).

“Como se dijo en el literal anterior, al no disponer de la información referente a las medidas exactas en las escrituras de los linderos en los predios en cuestión y la no existencia de mojones no podemos determinar si el predio de los hermanos Ruiz Castro sufrió alguna reducción en área de la misma”.

(...).

“No estamos en capacidad de determinar las causas por las cuales no coincide el área del predio de la Sra. Ana Castro de Ruiz, hoy del rematante William Díaz Bermúdez con el área que dice contener la escritura 1.523 de 1971 ya que en dicha escritura no se menciona la medida exacta en metros de cada uno de sus linderos.

(...).

“El avalúo comercial del predio de los hermanos Ruiz Castro entregado por la DIAN al rematante William Díaz Bermúdez no lo podemos determinar ya que dentro del globo de tierra existente correspondiente a los predios identificados como:

“Lote A distinguido con la matrícula inmobiliaria 190-0008.641.

“Lote B distinguido con la matrícula inmobiliaria 190-0000.608.

“No están definidas las medidas de los linderos correspondientes en las respectivas escrituras como tampoco existe amojonamiento de separación en dichos lotes. Así como también encontramos que el área de acuerdo al levantamiento topográfico de estos lotes es diferente al que aparece en las escrituras 421 de 1974 y 1523 de 1971 ya que al sumar las áreas de las dos escrituras da un total de 38.000 m2, y según el levantamiento topográfico actual da un área de 27.188 m2 (fl. 240, cdno. 2).

Por auto de 20 de enero de 1997, el Tribunal Administrativo del Cesar corrió traslado a las partes del dictamen (fl. 242, cdno. 2). En virtud de lo anterior, el demandante pidió que se complementara y aclarara el dictamen rendido por los peritos, por estimar que este “no resuelve las cuestiones fundamentales planteadas en el cuestionario con el argumento de que en las escrituras no existe información exacta y de que los predios no se encuentran debidamente amojonados” (fl. 245, cdno. 2), pues, precisamente, la tarea que deben cumplir los peritos, en este caso, está orientada a suplir los vacíos existentes en la documentación, verificando sobre el terreno la información suministrada y realizando las medidas correspondientes; subsidiariamente, formuló objeción contra el dictamen pericial, por error grave (fls. 245 a 248, cdno. 2).

Mediante escrito de 28 de febrero de 1997, los peritos se ratificaron en todas y cada una de las respuestas al cuestionario formulado por el demandante, razón por la cual los actores pidieron que se practicara un nuevo dictamen pericial, con la intervención de otros peritos (fl. 253, 257, 258, cdno. 2).

Si bien el Tribunal Administrativo del Cesar no resolvió la objeción, por error grave, al dictamen pericial practicado el 16 de enero de 1997, habría que señalar que dicha objeción es infundada, pues los actores fundamentaron su solicitud en que los peritos no realizaron las correspondientes mediciones y verificaciones del terreno afectado, pero lo cierto es que ello si ocurrió, ya que realizaron un levantamiento topográfico del terreno, concluyendo que éste medía 27.188 metros cuadrados; una cosa muy distinta es que los terrenos no hayan podido deslindarse, por no encontrarse debidamente especificados los linderos; además, la única información que éstos tenían eran las escrituras públicas de compraventa de los predios afectados, los folios de matrícula inmobiliaria de cada uno de ellos, y los demás documentos aportados con la demanda. Adicionalmente, como lo señaló el tribunal, fueron los actores quienes pidieron que los peritos rindieran el dictamen con base en los documentos enunciados anteriormente, según se desprende del numeral 6º del capítulo de pruebas de la demanda, como en efecto se hizo (fls. 61, 62, cdno. 1).

En todo caso, el 30 de abril de 1997, el Tribunal Administrativo del Cesar decretó la práctica de un nuevo dictamen pericial, con intervención de dos peritos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, según el cual:

(...).

“El levantamiento del plano del predio de propiedad de los Hermanos Ruiz Castro con sus respectivos linderos y áreas después de la entrega que la DIAN le hizo al rematante William Díaz Bermúdez dentro del proceso administrativo coactivo adelantado contra la señora Ana Castro de Ruiz, no es posible puesto que de acuerdo a lo establecido en el literal a, quedó incluido en su totalidad en dicha entrega.

(...).

“No estamos en capacidad de determinar las causas por las cuales no coinciden el Área del predio de la señora Ana Castro de Ruiz, hoy del rematante William Díaz Bermúdez con el área que dice contener la Escritura 1523 de 1771 (sic), debido a la imposibilidad de ubicarla exactamente con los linderos que aparecen en ella, muy a pesar de coincidir con la realidad los linderos del Norte: Con predios de los señores Camilo Molina (hoy Hermanos Ruiz Castro) y José Calixto Mejía.

Los peritos levantaron un plano topográfico del terreno afectado según el cual el predio mencionado tiene una extensión de 27.188 metros cuadrados, de los cuales 18.000 metros cuadrados corresponden al predio de los hermanos Ruiz Castro, identificado con matrícula inmobiliaria Nº 190008641, y 9.188 metros cuadrados al predio de la señora Ana Castro de Ruiz, identificado con matrícula inmobiliaria Nº 190000608 (fl. 288, cdno. 2).

En el proceso rindió testimonio el señor José Trinidad Mendoza Villero, quien para la época de los hechos fungió como secuestre del predio rematado a la señora Ana Castro de Ruiz, señalando lo siguiente:

“PREGUNTADO: Qué mecanismos utilizó usted para identificar a plenitud el bien secuestrado y determinar que no se trataba de un bien diferente. CONTESTÓ: Yo pregunté que dónde quedaba ese inmueble, posteriormente fuimos al sitio con el doctor Rubén Guerrero y la doctora Nora Rodríguez, funcionarios de la DIAN y se hizo el embargo sobre dos hectáreas que decía en el despacho comisorio pero en ningún momento se midió el terreno, ni ellos ni yo nos percatamos si eran dos hectáreas, más o menos (...) pero en el despacho comisorio si decía que era de la señora Ana Beatriz Castro de Ruiz (...) En el momento de la diligencia no hubo oposición, el lote estaba solo (...) Yo no presencié ninguna línea divisoria que pudiera presumirse que se trataba de dos lotes (...) Dígale al Despacho si en dicha diligencia fue identificado el predio que se iba a secuestrar. CONTESTÓ: Yo no presencié eso. El lote que me entregaron fue lo que acepté como secuestre (...) PREGUNTADO: Sírvase decirle al Despacho si fuera de usted como secuestre asistió a la diligencia algún perito topógrafo. CONTESTÓ: No” (fl. 209, cdno. 2).

Teniendo en cuenta el material probatorio obrante en el plenario, es preciso anotar que el predio denominado “La Gloria”, de propiedad de la señora Ana Castro de Ruiz, identificado con matrícula inmobiliaria Nº 1900000608, con una extensión de 20.000 metros cuadrados, el cual fue objeto de una medida de embargo, secuestro y remate por parte de la DIAN dentro del proceso de jurisdicción coactiva contra la citada señora, colinda por el “Oeste” con el predio de propiedad de los hermanos Ruiz Castro, quienes fungen en este caso como demandantes, identificado con matrícula inmobiliaria Nº 1900008641, con una extensión de 18.000 metros cuadrados.

La propiedad de los inmuebles citados se encuentra debidamente acreditada con las respectivas escrituras de compraventa y con los folios de matrícula inmobiliaria, pues Ana Castro de Ruiz adquirió el predio denominado “La Gloria”, de propiedad de la señora Gloria Orozco Amaya, según escritura pública 1523 de 16 de noviembre de 1971 y folio de matrícula inmobiliaria Nº 1900000608. A su turno, los hermanos Ruiz Castro adquirieron el predio de propiedad de los hermanos Molina Maestre, herederos de la señora Victoria Maestre de Molina, según escritura pública 421 de 24 de diciembre de 1974 y folio de matrícula inmobiliaria Nº 1900008641.

Para acreditar la propiedad sobre bienes inmuebles, es necesario demostrar el título y el modo. Esta dualidad inescindible debe concurrir como un solo elemento; el primero de ellos está constituido por cualquiera de las fuentes de las obligaciones(2), mientras que el segundo lo será cualquiera de las formas que taxativamente ha precisado el legislador según lo dispuesto por el artículo 673 del Código Civil(3).

Por su parte, el artículo 756 del mismo ordenamiento jurídico dispone que “se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos”. En armonía con esta disposición, el artículo 2º del Decreto 1250 de 1970 señala que están sujetos a registro todo “acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces, salvo la cesión del crédito hipotecario o prendario”.

En ese orden de ideas, la tradición de los derechos reales constituidos sobre inmuebles se realiza mediante la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos(4); es decir, la propiedad de un bien inmueble se acredita, entre otros, con la escritura pública de compraventa y con la inscripción de esta en la oficina de instrumentos públicos del lugar del inmueble. Faltando cualquiera de estos dos elementos, se entenderá que la propiedad no se encuentra acreditada. En otras palabras, una persona es propietaria de derechos reales cuando tiene título y modo, esto es, entre otros, la escritura pública de compra venta y la inscripción en el registro inmobiliario. Sobre el particular, esta corporación ha sostenido:

“En este orden de ideas, se tiene que el título de propiedad sobre un bien inmueble se entiende acreditado con la escritura pública de compraventa, sin perjuicio de que se cuente con otra fuente de obligaciones para efectos de probar ese derecho, más el modo correspondiente que en este caso se materializa con la inscripción de aquella en la oficina de instrumentos públicos, para lo cual es aceptable aportar, entre otros, el certificado del inmueble expedido por la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos de la ciudad, en el cual consten las inscripciones de los títulos que hubieren servido de fundamento para enajenar, gravar o afectar de cualquier manera esa propiedad(5).

Teniendo en cuenta lo anterior, queda demostrado que los hermanos Ruiz Castro son los propietarios del predio identificado con matrícula inmobiliaria Nº 190-0008641, con una extensión de 18.000 metros cuadrados, colindante al predio de la señora Ana Castro de Ruiz, que fue embargado y secuestrado por la DIAN en el curso del proceso de jurisdicción coactiva. En esa medida, resultan desvirtuadas las afirmaciones formuladas por la entidad demandada en el recurso de apelación en torno a que los demandantes no demostraron la propiedad sobre el predio que también habría resultado afectado con la actuación de la entidad enjuiciada.

Habida consideración que la DIAN había iniciado un proceso de jurisdicción coactiva contra la señora Ana Castro de Ruiz, por el no pago de obligaciones tributarias, y puesto que los documentos atrás aludidos demostraban que la contribuyente era la propietaria del predio denominado “La Gloria”, con una extensión de dos hectáreas, esto es, 20.000 metros cuadrados, dicha entidad, mediante Resolución 394 de 13 de julio de 1992 dispuso el embargo y secuestro del predio de las especificaciones anotadas.

No obstante ello, cuando la DIAN fue a practicar la diligencia de remate del citado predio, afectó también el inmueble colindante de propiedad de los demandantes, cuyas especificaciones se encuentran establecidas en los documentos citados anteriormente. Sobre el particular es menester señalar, porque las pruebas así lo indican, que efectivamente los predios aludidos no estaban debidamente deslindados, y ello habría propiciado que el inmueble de los actores también resultase afectado durante la diligencia practicada por la DIAN.

Resulta de suma importancia aclarar que los actores señalaron en la demanda que durante la diligencia de remate efectuada por la DIAN del predio de propiedad de la señora Ana Castro de Ruiz, se afectó “parte de un predio urbano del cual son propietarios en común y proindiviso”; es decir, en manera alguna los demandantes hacen alusión a que el predio de 18.000 metros cuadrados del cual son propietarios, resultó afectado en su totalidad. Lo anterior, por cuanto en el curso de este proceso se ha querido hacer ver que los hermanos Ruiz Castro sufrieron la pérdida total del predio mencionado, lo cual no es cierto, pues del contenido de la demanda se infiere claramente que ellos están reclamando por los daños ocasionados como consecuencia de la afectación de una parte del mismo, sin especificar el área de terreno que habría resultado afectada con la actuación de la DIAN.

El amplio material probatorio revelado muestra que durante el proceso de jurisdicción coactiva seguido contra la señora Ana Castro de Ruiz, la DIAN afectó, con medida de embargo y secuestro, el predio denominado “La Gloria” de propiedad de la citada señora, el cual tiene una extensión de 20.000 metros cuadrados, hecho que no está en discusión en este caso. Sin embargo, durante la diligencia de remate del predio aludido, la DIAN entregó parte del predio del inmueble del cual son propietarios los actores.

A pesar de que los predios de propiedad de la contribuyente Ana Castro de Ruiz y de los hermanos Ruiz Castro no se encuentran debidamente deslindados, no hay duda acerca de la extensión de cada uno de ellos, como tampoco hay duda en cuanto a que el primero de los predios resultó afectado en su totalidad, pues desde el inicio del proceso de jurisdicción coactiva contra la mencionada señora, la DIAN encaminó sus acciones a embargar, secuestrar y rematar el predio denominado “La Gloria”, cuya extensión de 20.000 metros cuadrados está determinada por la escritura pública de compraventa 1523 de 16 de noviembre de 1971 y el folio de matrícula inmobiliaria Nº 1900000608.

Tanto en el trámite de la acción de tutela como en el curso de este proceso se practicaron inspecciones judiciales sobre el terreno materia de discusión, con la presencia de peritos topógrafos que rindieron dictámenes cuyo propósito era establecer el área y los límites de cada uno de los predios afectados con la medida de la DIAN. Y si bien cada uno los dictámenes arrojó conclusiones distintas, lo cierto es que los tres coincidieron en que la DIAN entregó al rematante William Gilberto Díaz Bermúdez un predio de 27.188 metros cuadrados, es decir, un área de terreno superior a la que era materia de embargo y secuestro en el proceso de jurisdicción coactiva, pues debe recordarse que el bien perseguido de propiedad de la señora Castro de Ruiz únicamente tenía una extensión de dos hectáreas, esto es, 20.000 metros cuadrados.

En efecto, según la inspección judicial y el dictamen pericial practicado en el trámite de la acción de tutela interpuesta por los demandantes contra la DIAN, se logró establecer que el terreno afectado medía 27.188 metros cuadrados. Por su parte, el primero de los dictámenes periciales practicados en este proceso, el 16 de enero de 1997, concluyó que el predio afectado por la DIAN, según el levantamiento topográfico realizado, medía 27.188 metros cuadrados. A su turno, en el segundo de los dictámenes practicado en este proceso como consecuencia de la objeción por error grave que formularon los demandantes contra el primero de ellos, el plano topográfico levantado en el terreno arrojó que el lote afectado tenía 27.188 metros cuadrados, de los cuales 18.000 metros cuadrados pertenecían al lote identificado con matrícula inmobiliaria Nº 1900008641 de propiedad de los demandantes, y 9.188 metros cuadrados al lote identificado con matrícula inmobiliaria Nº 19000608 de propiedad de la señora Ana Castro de Ruiz (fl. 288, cdno. 2). Como puede verse, los distintos peritazgos practicados establecieron que la DIAN entregó al rematante un lote de 27.188 metros cuadrados, es decir, 7.188 metros cuadrados más de lo establecido, pues el predio secuestrado y embargado de propiedad de la señora Ana Castro de Ruiz tenía una extensión de 20.000 metros cuadrados.

A pesar de que en el último de los dictámenes practicados se dijo que de los 27.188 metros cuadrados, 18.000 correspondían al predio de propiedad de los demandantes y 9.188 al predio de Ana Castro de Ruiz, la Sala no comparte tales apreciaciones, pues, de conformidad con el amplio material probatorio aportado al plenario, no existe ningún asomo de duda en torno a que el inmueble de la contribuyente Castro de Ruiz tenía una extensión de 20.000 metros cuadrados, y que éste fue afectado en su totalidad con la medida de la DIAN, mientras que el de los demandantes únicamente resultó afectado parcialmente, tal como lo reconocen los actores en la demanda. En esa medida, resulta ilógico que mientras el dictamen pericial aludido sostiene que el predio de los hermanos Ruiz Castro fue afectado en su totalidad, éstos afirmen que dicho bien sólo fue afectado parcialmente.

No hay duda que de los 27.188 metros cuadrados entregados por la DIAN al rematante William Gilberto Díaz Bermúdez, tal como se desprende de los distintos dictámenes periciales practicados, 20.000 metros cuadrados corresponden al predio de Ana Ruiz de Castro, según el material probatorio al que se hizo alusión anteriormente. Una prueba más de ello está determinada por el hecho de que cuando el doctor Guillermo Ruiz Castro, quien funge en este caso como demandante y que para la época en que la DIAN perseguía el predio de la contribuyente Ruiz de Castro, representaba a la citada señora, se hizo adjudicar mediante remate el predio denominado “La Gloria”, cuyo auto aprobatorio fue declarado nulo mediante providencia de 22 de septiembre de 1993, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Valledupar, por existir una medida cautelar contra dicho bien proferida con anterioridad por la DIAN, pues el citado abogado enajenó el predio mencionado al señor Moisés Araújo Barros, compraventa que se realizó mediante escritura pública No. 2055 de 27 de septiembre 1993 de la Notaría Segunda de Valledupar, en la cual se describe así el citado predio: “predio rural denominado La Gloria, ubicado en el Municipio de Valledupar, constante de dos (2) hectáreas, comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte, con predios de los señores Camilo Molina y José Calixto Mejía, cercas de alambre de púas de por medio. Sur, con predio de Antonio Baute, cercas de alambres de púas en medio, Oeste, con predios de Cecilia Zubiría e Inés Mejía, cercas de Alambres de púas en medio y Noroeste, con carretera Nacional en medio con finca de Julio Villazón” (se resalta) (fl. 30, cdno. 7).

Es evidente que la DIAN afectó un predio de mayor superficie al que era materia del proceso de jurisdicción coactiva, pues el lote de la señora Ana Castro de Ruiz medía únicamente 20.000 metros cuadrados, pero dicha entidad remató y adjudicó uno de 27.188 metros cuadrados, lo que lleva a concluir que los 7.188 metros cuadrados de más hacían parte del predio de los demandantes, colindante del anterior, cuya extensión total era de 18.000 metros cuadrados, y ello explica que el citado lote hubiese resultado afectado parcialmente, tal como se dijo en la demanda.

Es menester recordar que durante la diligencia de embargo y secuestro del predio de propiedad de la señora Ruiz de Castro, la DIAN entregó el citado bien al secuestre José Trinidad Mendoza Villero, quien aseguró en la diligencia de versión rendida en el curso de este proceso, que si bien él y la DIAN tenían conocimiento de que el predio perseguido en el proceso de jurisdicción coactiva tenía una extensión de dos hectáreas, esto es, 20.000 metros cuadrados, nunca procedieron a medirlo. Ello explica, lógicamente, que para la época en la cual la DIAN realizó el remate del lote, aquella hubiese afectado parte del predio de propiedad de los demandantes, pues el inmueble de la señora Ana Castro de Ruiz y el de los hermanos Ruiz Castro eran contiguos y no estaban debidamente deslindados.

De otro lado, la entidad demandada sostiene, sin fundamento alguno, que los actores no se preocuparon por demandar la liquidación oficial mediante la cual la DIAN le impuso una obligación tributaria a la contribuyente Ana Castro de Ruiz; sin embargo, debe recordarse que en ese momento los actores no estaban legitimados o no tenían interés alguno para intervenir en dicho proceso, pero cuando la DIAN ordenó secuestrar y embargar el bien perseguido a la señora Castro de Ruiz, medida con la cual se afectó parte del predio contiguo, esto es, el de propiedad de los demandantes, surgió para ellos un interés consistente en velar por los derechos que estaban siendo conculcados con la medida adoptada por la demandada, antes no.

Asimismo, debe recordarse que el predio de los demandantes fue adquirido a los hermanos Molina Maestre, quienes lo heredaron a la señora Victoria Maestre de Molina, cuya sentencia de partición pretende cuestionar la demandada a través del recurso de apelación, con el argumento de que se presentaron serias inconsistencias en el registro del juicio de sucesión de la citada señora, aportando para ello los documentos visibles a folios 452 a 468 del cuaderno 9; sin embargo, la Sala estima que este no es el momento oportuno ni la clase de juicio para formular reparos a la sentencia de partición de los herederos de la señora Victoria Maestre de Molina; además, como se dijo precedentemente, los hermanos Ruiz Castro acreditaron debidamente la propiedad del predio afectado parcialmente con la medida de la DIAN, a través de la escritura pública de compraventa 421 de 24 de diciembre de 1974 de la Notaría Única del Círculo de Robles, departamento del Cesar, y con el folio de matrícula inmobiliaria Nº 190-0008641. Adicionalmente, el recurso de apelación no es la oportunidad procesal para solicitar o allegar pruebas, salvo cuando ocurran las situaciones previstas por el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo(6), y ocurre que ninguna de ellas se presenta en el sub lite.

Puede concluirse, entonces, que la demandada causó un daño a los actores durante la diligencia de remate de un bien de propiedad de la señora Ana Castro de Ruiz, pues entregó al rematante y adjudicatario del citado predio, parte de un lote de propiedad de los demandantes, como en efecto ha quedado demostrado.

V. Indemnización de perjuicios

El Tribunal Administrativo del Cesar condenó a la entidad demandada a pagar a los actores una indemnización de $487’612.791, equivalente al valor de 18.000 metros cuadrados del predio afectado, según el dictamen pericial practicado en el proceso, el cual no fue objetado por la demandada. Sin embargo, según se demostró en el proceso, el predio de propiedad de los demandantes resultó afectado únicamente en 7.188 metros cuadrados, y no en 18.000 metros cuadrados, como equivocadamente lo señaló el tribunal.

En vista de lo anterior, la Sala condenará a la demandada a pagar a los actores una suma equivalente, en pesos, a 7.188 metros cuadrados del predio afectado, según el dictamen pericial practicado en el proceso, así como los intereses civiles a los que haya lugar, tal como lo pide la parte demandante.

Se encuentra acreditado con la escritura pública 421 de 24 de diciembre de 1974 y el folio de matrícula inmobiliaria Nº 190-0008641, que los señores Edgardo Ruiz Castro, Guillermo Ruiz Castro, Heriberto Ruiz Castro, Myriam Ruiz Castro y Álvaro Ruiz Castro, adquirieron el predio urbano ubicado en el Municipio de Valledupar, con una extensión de 18.000 metros cuadrados, de propiedad de los hermanos Jaime Molina Maestre, Álvaro Molina Maestre y Elina Molina de Cárdenas, herederos de la señora Victoria Maestre de Molina (fls. 13 a 18, cdno. 1). Las citadas personas se encuentran debidamente representadas en el proceso, según los poderes otorgados a su apoderado (fls. 1 a 5, cdno. 1).

Según el dictamen pericial practicado en el proceso visible a folios 234 a 240 del cuaderno 2, el valor del metro cuadrado del predio de los demandantes fue estimado en $9000. Puesto que se estableció en el plenario que la medida de la DIAN afectó 7.188 metros cuadrados del predio de propiedad de los hermanos Ruiz Castro, multiplicando dichas cifras se obtiene una suma de $64’692.000.

La suma anterior deberá actualizarse. Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica (valor de los 7.188 metros cuadrados) multiplicada por el índice de precios al consumidor del mes anterior a la sentencia proferida por la Sala, dividido por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en el cual se afectó parte del predio de los demandantes, esto es 25 de septiembre de 1995, fecha en la cual la DIAN entregó el predio embargado y secuestrado al rematante William Díaz Bermúdez.

 

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Para calcular los intereses civiles del 6%, se tendrá en cuenta el valor histórico, esto es, $64’692.200.

AñoValor históricoInt. anual 6%
1995 = 95 días$64’692.200$1’022.136
1996$64’692.200$3’881.532
1997$64’692.200$3’881.532
1998$64’692.200$3’881.532
1999$64’692.200$3’881.532
2000$64’692.200$3’881.532
2001$64’692.200$3’881.532
2002$64’692.200$3’881.532
2003$64’692.200$3’881.532
2004$64’692.200$3’881.532
2005$64’692.200$3’881.532
2006$64’692.200$3’881.532
2007$64’692.200$3’881.532
2008$64’692.200$3’881.532
2009$64’692.200$3’881.532
2010 = 90 días$64’692.200$ 970.383
Total   $56’333.967

 

Sumando el valor actualizado y los intereses corrientes sobre el valor histórico, se obtiene un total de $275’609.142.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE la sentencia de 16 de septiembre de 1999, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar; en su lugar,

2. DECLÁRASE la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, por los perjuicios ocasionados a los hermanos Myriam, Edgardo, Heriberto, Álvaro y Guillermo Ruiz Castro, como consecuencia de la afectación parcial de un predio de su propiedad dentro del proceso de ejecución coactiva seguido contra la señora Ana Castro de Ruiz.

3. CONDÉNASE a laNación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a pagar a Myriam, Edgardo, Heriberto, Álvaro y Guillermo Ruiz Castro, en común y pro in diviso, la suma de doscientos setenta y cinco millones seiscientos nueve mil ciento cuarenta y dos pesos ($275’609.142) m/cte.

4. ABSTIÉNESE de condenar en costas a la demandada.

5. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme con lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal Administrativo del Cesar cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

6. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese».

(2) “ART. 1494.—Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya del hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia”.

(3) “ART. 673.—Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción”.

(4) Velásquez Jaramillo Luis Guillermo, “Bienes”, Editorial Temis, Bogotá, 2004, pág. 307.

(5) Sección Tercera, Sentencia de 11 de febrero de 2009, expediente 16.980.

(6) “ART. 214.—Cuando se trate de apelación de sentencia, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:

1) Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero sólo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento;

2) Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos;

3) Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria;

4) Cuando con ellas se trate de desvirtuar los documentos de que trata el numeral anterior”.