SENTENCIA 1753 DE JUNIO 25 DE 1991

 

Sentencia 1753 de junio 25 de 1991 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

RECOMENDACIONES A LA ASAMBLEA CONSTITUCIONAL

NO SON ACTOS ADMINISTRATIVOS

Ref.: Exp. 1753

Actor: José Aldeur Alzate Peláez.

El ciudadano José Aldeur Alzate Peláez, ``en ejercicio de los derechos constitucionales y legales, pero, en especial del consagrado en el art. 45 de la actual codificación política, de un lado y, de otro, en el art. 82 y 84 del actual Código Contencioso Administrativó'', acude a esta Corporación para demandar la nulidad y solicitar la suspensión provisional del documento que contiene el acuerdo político firmado por los doctores César Gaviria Trujillo, en su condición de Presidente de la República, Alvaro Gómez Hurtado, Antonio Navarro Wolff y Horacio Serpa, en su condición de presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, Alfonso López Michelsen, en su condición de director nacional del Partido Liberal, y como testigos los doctores Rodrigo Marín Bernal, Carlos Lleras de la Fuente, Otti Patiño y rosemberg Pabón, mediante el cual, previas unas consideraciones, recomiendan a los delegdos de la Asamblea Constitucional aprobar como texto una disposición transitoria sobre convocatoria a elecciones generales del Congreso de la República para el 6 de octubre de 1991 o en una fecha posterior, el receso del actual Congreso, inhabilidades para ser candidato y la creación de una comisión encargada de rendir concepto previo sobre los decretos que el Presidente de la República vaya a dictar en ejercicio de las facultades que le confiera la Asamblea.

La demanda adolece de algunas fallas legales como la de omitir el concepto de violación de las normas presuntamente violadas, ya que después de indicar que el documento demandado atenta contra los arts. 2o, 55, 68, 72, 73, 76, 94, 95, 101, 108, 130, 171, 179 y 180 de la Constitución, se limita a expresar que ``la violación es manifiesta y ostensible, además que configura un abuso de poder del jefe del Estado César Gaviria Trujilló'', con lo cual no se está cumpliendo con el requisito que para toda demanda ante la jurisdicción administrativa exige el ordinal 4o del artículo 137 del C.C.A., en el sentido de que ``Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo (como lo califica el demandante) deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación” (subrayado del despacho).

De otra parte, el demandante no adjunta copia auténtica del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, como lo exige el artículo 139 del C.C.A., aunque expresa que la solicitó pero no le fue entregada oportunamente, por lo cual solicita que se obtenga a través de petición que haga el Magistrado ponente a la Secretaría General del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de acuerdo con lo previsto en el mismo artículo citado.

A pesar de que las fallas anteriores podrían ser corregidas antes de proceder a un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda, la primera ordenando la corrección según lo previsto en el artículo 143 del C.C.A., y la segunda solicitando la copia auténtica del acto acusado, en aras de la economía procesal y de evitar un derroche innecesario de jurisdicción, el Despacho hace las siguientes consideraciones:

1. A pesar de que, como ya se afirmó, el demandante no anexa copia auténtica del documento acusado, sí lo transcribe en el texto de la demanda e incluye, además, un recorte del periódico El Tiempo que contiene untexto exactamente igual. Dicho documento ha sido suficientemente publicitado a través de los diferentes medios de información del país, lo cual permite al Despacho constatar que el texto transcrito en la demanda así como el anexo a ella, corresponden efectivamente al documento conocido por toda la opinión pública.

2. Del contenido del documento citado, para el Despacho es evidente que él no puede constituir un acto administrativo por la sencilla razón de que no contiene una decisión, es decir, no produce por sí mismo efectos jurídicos, ya que no modifica de ninguna manera el ordenamiento jurídico vigente, que es uno de los elementos esenciales del concepto de acto administrativo.

A este respecto, la jurisprudencia de la Corporación ha sido clara y reiterada en este sentido, como puede verse, a título de ejemplo, en los siguientes apartes jurisprudenciales:

``La justificación de esta jurisdicción reside en la necesidad de invalidar las decisiones administrativas y sus efectos producidos en contradicción con la ley o con normas jurídicas superiores, todo ello como consecuencia de los principios consagrados en los artículos 1º, 2º, 20 y 63, entre otros, de la Constitución Política.

De ahí que, en función de la naturaleza de la actividad administrativa y de las características propias del servicio público administrativo que para satisfacer los fines para los cuales aquella se ha estatuido, las decisiones administrativas son el objeto propio del control judicial.

...

Por ello, además de las operaciones y hechos administrativos, en principio sólo los actos administrativos —esas tres categorías omnicomprensivas— pueden ser objeto de la jurisdicción especial.

El acto, en la doctrina general, en forma simple, es una manifestación de voluntad de un ente de derecho. Es una decisión, que produce efectos jurídicos.

La falta de producción de efecto jurídico, la carencia de contenido, es una contradictio in terminis con relación al concepto mismo de acto —concebido como manifestación o declaración de voluntad—, como decisión.

Por ello, ante la carencia de efecto jurídico no se estructura un acto jurídico.

...

Así las cosas, el acto administrativo, a la luz de la ley colombiana es una manifestación de voluntad, mejor se diría de la intención ya que ésta supone a aquella, en virtud de la cual se dispone, se decide, se resuelve una situación o una cuestión jurídica, para, como consecuencia, crear, modificar o extinguir una relación de derecho. Y esa decisión, proferida por autoridad competente —pública o privada en un proceso de privatización de lo público como el que se observa esporádicamente en el país—, está sujeta al control jurisdiccional de lo contencioso administrativó''. (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 22 de enero de 1988. Consejero Ponente: doctor Hernán Guillermo Aldana Duque. Expediente No 0549. Actor: Eduardo Laverde Toscano).

En el caso concreto de autos, de la simple lectura del documento demandado puede concluirse que en él solamente se hace una serie de CONSIDERACIONES por los firmantes para, en consecuencia, RECOMENDAR a los honorables delegatarios o miembros de la Asamblea Constituyente, aprobar una disposición transitoria con el contenido que allí aparece.

De tal manera que para este Despacho es claro que la decisión que podría modificar el ordenamiento jurídico vigente sería la que llegue a adoptar la Asamblea Nacional Constituyente, si es que acoge la recomendación sel señor Presidente de la República, de los presidentes de la misma Asamblea y del director nacional del Partido Liberal, la cual tendría, a su vez, el rango constitucional que le corresponde por ser expresión del poder constituyente.

3. Como consecuencia de lo anterior, no encontrándonos en presencia de un acto administrativo y, por consiguiente, tampoco de una controversia o litigio administrativo, la justicia contencioso administrativa carece de jurisdicción para asumir el conocimiento de la presente demanda, como se desprende de los artículos 82, 83 y 84 del C.C.A., por lo cual no puede ser admitida.

Por lo expuesto, y de acuerdo con el artículo 143 del C.C.A., el Despacho

RESUELVE:

1. INADMITIR la demanda presentada por el ciudadano José Aldeur Alzate Peláez, por falta de jurisdicción.

2. En firme esta providencia devuélvanse los anexos, sin necesidad de desglose.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Libardo Rodríguez Rodríguez, Consejero de Estado.

Víctor M. Villaquirán, Secretario.

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