Sentencia 17561 de mayo 23 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 17561, Acta Nº 19

Magistrado Ponente:

Dra. Isaura Vargas Díaz

Bogotá, D.C., veintitrés de mayo de dos mil dos.

EXTRACTOS: «Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por Aerovías Nacionales de Colombia S.A. “Avianca” contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 28 de junio de 2001, en el proceso instaurado contra la recurrente por Beatriz Rodríguez Rengifo.

I. Antecedentes

Beatriz Rodríguez Rengifo instauró demanda ordinaria laboral contra Avianca para que fuera condenada a pagarle el salario de los días 29, 30 y 31 de enero de 1996, a reintegrarla al cargo que venía desempeñando al momento del despido y a pagarle los salarios dejados de percibir o, en subsidio, a pagarle la indemnización por despido y la indemnización moratoria “o salarios caídos” (fl. 3), a partir del 1º de febrero de 1996, o, “la corrección monetaria o indexación de los valores adeudados” (ibíd.).

Fundó sus pretensiones, en síntesis, en los siguientes hechos: prestó servicios a la demandada, inicialmente, del 26 de abril de 1971 al 4 de junio de ese año, mediante contrato de aprendizaje y, desde el 5 de junio de 1971 hasta el 31 de enero de 1996, por contrato de trabajo; el último cargo desempeñado fue el de auxiliar de vuelo internacional con un salario promedio mensual durante el último año de $ 1´176.290; el rompimiento del vínculo laboral lo produjo unilateralmente Avianca de manera injusta e ilegal “porque (...) no cumplió los plazos previstos para las diferentes instancias del trámite en la cláusula sexta de la convención colectiva de trabajo vigente, ni las audiencias, comités y comisiones se integraron como lo ordena dicha convención ni como figura en las actas respectivas” (fl. 6). Durante la relación laboral disfrutó de los beneficios convencionales pactados por la demandada con la Asociación Colombiana de Auxiliares de Vuelo y la demandada le adeuda el salario de los días que indicó en las pretensiones.

Avianca, aun cuando aceptó que el último cargo desempeñado por la demandante fue el de auxiliar de vuelo internacional y que el promedio salarial que alegó para la última anualidad era cierto, “aclarando que tal valor corresponde al promedio para liquidar cesantía exclusivamente” (fl. 25), se opuso a las pretensiones aduciendo que el contrato de trabajo lo terminó “por justas causas invocadas (...) en forma legal y oportuna” (fl. 26) y que a la demandante le canceló “todas las sumas causadas a su favor” (ibíd.). Propuso como excepciones “las de la inexistencia de la obligación, pago y prescripción tanto de la acción de reintegro como de cualquier eventual derecho causado con anterioridad al 3 de mayo de 1993” (fl. 28).

El juzgado primero laboral de esta ciudad, por Sentencia de 2 de junio de 2000, condenó a Aerovías Nacionales de Colombia S.A. a reintegrar a Beatriz Rengifo “al cargo de auxiliar de vuelo internacional” (fl. 203) y a pagarle “los salarios dejados de percibir desde el momento de su despido hasta la fecha en que se produzca el reintegro con todos sus aumentos legales y convencionales” (fls. 203 a 204). Declaró la no solución de continuidad en el contrato; ordenó a la demandada pagarle a la demandante $ 120.000 por los tres días de salario adeudados; la facultó para descontar lo pagado al momento del despido; dijo estar relevado del estudio de las excepciones y condenó en costas a Avianca S.A.

II. La sentencia del tribunal

La apelación interpuesta por la demandada terminó con la sentencia acusada en casación, mediante la cual el tribunal confirmó la del a quo pero la modificó en cuanto dispuso que los aumentos salariales “deben ser los convencionales o legales, pero no en forma acumulativa” (fl. 225). Impuso costas de la instancia a la apelante.

Como el recurso extraordinario se contrae a discutir lo aconsejable del reintegro y a controvertir el quantum del salario de la trabajadora para efectos del pago de lo dejado de percibir por razón del despido, basta decir que para ello el tribunal, una vez dio por probado que la demandante fue despedida siguiendo el trámite convencional que correspondía pero sin justa causa, aseveró que si bien la demandada al apelar la decisión del juzgado de primera instancia “señala (...) que existen circunstancias que hacen desaconsejable el reintegro” (fl. 223), lo cierto era que “al respecto no se señaló ningún hecho al contestarse la demanda que induzca a pensar que existe (sic) incompatibilidades entre la empresa y la demandante que hagan desaconsejable el reintegro” (fls. 223 a 224), como también, que “del expediente tampoco se extrae prueba que demuestre algún hecho indicativo de alguna incompatibilidad”, de lo cual concluyó: “no se encuentra ninguna circunstancia que haga desaconsejable el reintegro” (fl. 224).

En lo que respecta al salario que por razón del despido debía pagar la demandada a la actora hasta el reintegro, aseveró —con base en las orientaciones de la jurisprudencia de la Corte que afirmó indica “que no se se puede (sic) incluir factores factores que constituyen trabajo extraordinario” (ibíd.)— que era necesario precisar que “solo se (sic) puede tenerse el salario ordinario como base para determinar dicho salario” (ibíd.). Al advertir que la demandada en su apelación “no señala cuales (sic) fueron los conceptos que pudiesen formar parte del salario extraordinario que devengó la demandante” (ibíd.) —por lo cual dijo “se quedó su afirmación sin demostrar” (ibíd.)— y que “en el expediente no aparece la prueba del salario extraordinario, sino el reconocido por el representante legal” (ibíd.), asentó que “aunque [el representante legal] le dio la connotación de promedio no se puede determinar que (sic) conceptos no se pueden excluir de dicho valor” (ibíd.). Por todo lo dicho concluyó: “no es de recibo modificar la decisión de primera instancia” (ibíd.).

(...).

V. Consideraciones de la Corte

Interesa recordar que el tribunal, para resolver el punto de la apelación de la hoy recurrente relativo al monto del salario que debía pagar a la actora hasta el reintegro, una vez aseveró que de acuerdo con las orientaciones de la jurisprudencia de la Corte —las cuales no se especificó—, “no se puede (sic) incluir factores que constituyen trabajo extraordinario” (fl. 224), dado que “solo se (sic) puede tenerse el salario ordinario como base para determinar dicho salario” (ibíd.), y advirtió que la demandada en su apelación no señaló “los conceptos que pudiesen formar parte del salario extraordinario que devengó la demandante” (ibíd.); dio por probado que “en el expediente no aparece la prueba del salario extraordinario, sino el reconocido por el representante legal” (ibíd.), precisando que si bien “le dio la connotación de promedio no se puede determinar que (sic) conceptos no se pueden excluir de dicho valor” (ibíd.), concluyó que “no es de recibo modificar la decisión de primera instancia” (ibíd.).

Con las anteriores previas y necesarias consideraciones pasa la Corte al examen de las pruebas que la recurrente indica como erróneamente apreciadas y dejadas de apreciar, de lo cual resulta objetivamente lo siguiente:

1. El tribunal no dejó de apreciar el documento visible a folio 123 del expediente, como tampoco dejó de valorar los otros medios de convicción del proceso, dado que fue la observación de la totalidad del “expediente” y con ello, obviamente, de los medios de prueba que allí obran, lo que le permitió advertir que “no aparece la prueba del salario ordinario”. Por eso, de haber incurrido en algún yerro de valoración respecto del mentado documento no lo pudo ser por no haberlo tenido en cuenta sino, todo lo contrario, por apreciarlo pero no haberle dado el valor que como medio de prueba le correspondía o, simplemente, porque de él no dedujo los datos probatorios que buscaba.

Por lo anterior, debe reiterar la Sala que cuando quiera que el tribunal para afirmar la existencia o inexistencia de un hecho alegado en el proceso utiliza alusiones como “de la lectura del expediente”, “del acervo probatorio”, u otras similares; además de ser deber del recurrente cuestionar todos los medios de convicción allegados al proceso, no resulta lógico atribuirle al fallo su falta de apreciación, por ser lo cierto que este tipo de expresiones imponen considerar que las inferencias probatorias fueron obtenidas por razón de la valoración de todos ellos.

Precisa la Corte que por vía de doctrina, como lo ha hecho en otras oportunidades, que no es sano que el juez use términos genéricos como los consignados en el párrafo que antecede, sino que debe claramente analizar de manera individualizada las pruebas decretadas y allegadas regularmente al proceso, como deber de fundamentar sus decisiones en un examen crítico de las pruebas y razonamientos legales, doctrinales y jurisprudenciales (CPL, arts. 60-61, CPC, arts. 304-174).

Al no haber incurrido el tribunal en el desacierto de valoración probatoria que le endilga el cargo no es dable el estudio del documento que indica el recurrente. Con todo, importa hacer notar que el dicho documento, como lo destaca la réplica, no refiere los aspectos echados de menos por el tribunal, pues si bien es cierto en él aparece la anotación de una cantidad por “sueldo básico”, no especifica los “factores que constituyen trabajo extraordinario”, que pudieran ser deducibles del que como “salario ordinario” estableció el tribunal debía reconocérsele a la demandante, sin que sea posible en este cargo, que se planteó por la vía de los hechos, dilucidar si tales denominaciones jurídicas son similares o si implican cuestiones distintas.

2. Aunque es cierto que el interrogatorio de parte absuelto por la representante legal de la demandada refiere en su pregunta tercera y su correlativa respuesta el valor del salario promedio de la demandante, también lo es que el tribunal no desconoció tal hecho, pues es claro que al respecto el juzgador expresamente advirtió que en él “el representante legal (...) le dio la connotación de promedio” (fl. 224); solo que, por no haber podido establecer “que (sic) conceptos se pueden excluir de dicho valor” (ibíd.), el juez de la alzada dispuso “no modificar la decisión de primera instancia” (ibíd.).

Al no haber desconocido el tribunal que en el interrogatorio de parte la representante legal de la demandada señaló que el monto salarial correspondía al salario promedio de la trabajadora, como en efecto así aparece, no incurrió en el yerro fáctico que le atribuye la censura, dado que, la determinación del salario en el quantum que dispuso el juez de primera instancia y que con su decisión avaló, se reitera, la obtuvo de la imposibilidad de establecer la prueba del salario ordinario y los conceptos que debían descontarse del promedio reconocido, aspectos que la censura tampoco logra esclarecer.

Lo dicho es suficiente para tener por infundado el cargo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la Sentencia dictada el 28 de junio de 2001 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso instaurado por Beatriz Rodríguez Rengifo contra Aerovías Nacionales de Colombia S.A.

Costas del recurso a cargo de la recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.

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