Sentencia 17573 de junio 12 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SOLIDARIDAD POR OBLIGACIONES LABORALES

ENTRE SUBCONTRATISTAS Y BENEFICIARIO DE LA OBRA

Magistrado Ponente: Germán Valdes Sánchez

Radicación Nº 17573

Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil dos (2002).

Resuelve la Corte el recurso de casación que interpuso Concreto S.A. contra la sentencia del Tribunal de Medellín, dictada el 6 de julio de 2001 en el proceso ordinario laboral que promovió Orlando de Jesús García contra Francisco Jaramillo, Marmo Ltda., Conconcreto S.A. y la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda.

Antecedentes

Orlando de Jesús Ortiz García demandó a Francisco Jaramillo, Marmo Ltda., Conconcreto S.A. y a la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. para que, de manera solidaria, fueran condenadas a pagarle la indemnización plena de perjuicios derivados de un accidente de trabajo.

Para fundamentar su pretensión afirmó que nació el 10 de noviembre de 1972; que fue contratado por Francisco Jaramillo para laborar en una obra de Marmo Ltda., contratista de Conconcreto S.A.. que construía un edificio para la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda.; que esos servicios se iniciaron el día 5 de noviembre de 1993; que el 16 de enero de 1994, cuando pegaba piedra de mármol, sufrió un accidente de trabajo que le ocasionó múltiples lesiones; que el accidente es atribuible a culpa de las demandadas; y que no estuvo afiliado a la seguridad social.

Los demandados, excepto Francisco Jaramillo, contestaron la demanda y propusieron excepciones.

El Juzgado 12 Laboral de Medellín, mediante sentencia del 11 de mayo de 2001, condenó solidariamente a los demandados a pagar al demandante $ 44.830.331 por concepto de perjuicios materiales y morales, así como una pensión de invalidez.

La sentencia del tribunal

Las partes, salvo Francisco Jaramillo, apelaron la decisión anterior, y el Tribunal de Medellín, en la sentencia aquí acusada, mantuvo la del juzgado, con un incremento en los perjuicios morales, y se declaró inhibido respecto de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda.

Dijo el tribunal:

“No es materia de controversia en este proceso, entre otros hechos, el vínculo contractual laboral que unió a Orlando de Jesús Ortiz García con Francisco Jaramillo; la ocurrencia de un accidente de trabajo el día 16 de enero de 1994, a consecuencia del cual el señor Ortiz García sufrió severas lesiones; la no afiliación de éste a la seguridad social y, más concretamente, a una administradora de riesgos profesionales; la calidad de contratista independiente de Francisco Jaramillo con la sociedad Marmo Ltda.; y la calidad de contratista independiente de Marmo Ltda. con la sociedad Conconcreto S.A. Al respecto, pueden verse las contestaciones dadas a los hechos de la demanda por parte de Marmo Ltda. (fls. 27 a 28) y Conconcreto S.A. (fls. 131 a 134), en concordancia con el contrato obrante a folios 150 a 175.

Con los anteriores presupuestos, procede la Sala a estudiar los distintos motivos de inconformidad planteados por las partes recurrentes en sus escritos de sustentación de la apelación, al tenor de la directriz que para estos efectos traza el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, así:

(...).

En el presente caso, conforme a lo dicho en el párrafo inicial, el beneficiario directo de la obra que ejecutaba el actor no era la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda., sino Marmo Ltda., quien a su vez era contratista independiente de Conconcreto S.A., quien en definitiva tampoco era el beneficiario de la obra.

Por ello, se pregunta la Sala: Conconcreto S.A. era contratista independiente de quién? Y la respuesta no es otra a la de que en el proceso no aparece prueba que dé cuenta de este hecho, quedando eso sí claro que no lo era de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda., pues el documento obrante a folios 40 a 126, acredita que el contratista directo de la obra fue un consorcio hispano alemán, integrado por empresas muy diferentes a Conconcreto S.A.

Si lo anterior es indiscutible, esta Sala de Decisión Laboral estima que a la recurrente (se refiere a Metro Ltda.) le cabe toda la razón en el reparo que formula, pues hay un evidente rompimiento del nexo causal sustantivo entre el demandante y la citada sociedad, el cual debe exigirse en los términos del numeral 2º del artículo 34 citado. La consecuencia de esto, no puede ser otra diferente a la de que tiene que revocarse la condena que se le impuso y, en su lugar, dictarse sentencia inhibitoria frente a cualquier tipo de responsabilidad que pudiera llegar a tener. Así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

(...).

Expresa la apoderada de Conconcreto S.A. que las labores que realizó Marmo Ltda. en beneficio de la empresa que representa, no pueden considerarse normales a sus actividades, motivo por el cual no puede predicarse la solidaridad que consagra la ley. Textualmente anota:

“... las labores que ejecutó (se refiere a Marmo Ltda., precisa la Sala), fueron labores específicas, extrañas a las actividades normales de la empresa contratante Conconcreto S.A., lo que permite concluir y demostrar que la pretendida solidaridad que se contempla en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado por el Decreto Ley 2351 de 1965, sobre la cual se apoya el fallo de primera instancia, no se dio, por cuanto Conconcreto S.A. no tiene el mismo objeto social de Marmo Ltda.” (fl. 479).

Y más adelante agrega:

“... Y en el caso específico de mi representada, las labores que contrató y realizó Marmo Ltda. son totalmente extrañas a actividades que normalmente ejecuta la firma contratante, y además Conconcreto S.A., tampoco fue el dueño de la obra.

Qué debe o no entenderse por actividades extrañas a las normales de un beneficiario cuando un contratista independiente le ejecuta una obra o labor determinada, es asunto que ha sido estudiado y definido por la jurisprudencia. En efecto, en sentencia del 25 de mayo de 1968 (Juan Manuel Pallares contra Cementos del Caribe S.A. y Benjamín Serrano), la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia afirmó:

“... de ahí que la responsabilidad solidaria tenga una excepción precisa, o sea el caso del beneficiario cuyas actividades normales en su empresa o negocio son extrañas a la obra o labor encomendada al contratista; o a contrario sensu que la responsabilidad solidaria se predica legalmente cuando la naturaleza o finalidad de la obra contratada sea inherente (fórmula empleada en la legislación laboral argentina), o también conexa (fórmula aún más amplia de la legislación venezolana) con la actividad ordinaria del beneficiario. Nuestro Código Sustantivo del Trabajo se muestra más comprensivo todavía, porque al referirse a “labores extrañas a las actividades normales de la empresa o negocio” para configurar la excepción al principio legal de la responsabilidad solidaria, obviamente incluyó dentro del ámbito de la regla general todas aquellas obras inherentes o conexas con las actividades ordinarias del beneficiario (M.P. Dr. Edmundo Harker Puyana).

Por lo acabado de anotar, es que la Sala estima que lo alegado por esta recurrente carece por entero de aceptabilidad, pues si bien es cierto que en el proceso no aparece demostrado que para Conconcreto S.A. sea una actividad normal la que fue objeto específico del contrato entre ella y Marmo Ltda. (fl. 150), sí está acreditado hasta la saciedad, aun con las mismas palabras de la recurrente, que la labor normal de ésta es la construcción y, esta calificación es suficiente para que se predique la solidaridad que aquí pretende negarse y que el a quo atinadamente reconoció.

En consecuencia, al igual que el anterior reparo, no sufrirá modificación este punto de la sentencia”.

El recurso de casación

Lo interpusieron las empresas Conconcreto S.A. y Marmo Ltda., pero sólo fue sustentado por la primera.

El recurso interpuesto por Conconcreto S.A. persigue que la Corte case la sentencia del tribunal en cuanto le impuso condenas a favor del actor, para que, en instancia, las revoque y, en su lugar, la absuelva de lo reclamado por Orlando de Jesús Ortiz García.

Con esa finalidad formula un cargo, que no fue replicado.

El cargo acusa la sentencia del tribunal por la aplicación indebida de los artículos 30 del Decreto 2351 de 1965, 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 63, 1613, 1614, 1615 y 1616 del Código Civil.

Para la demostración afirma:

“Es un axioma procesal que el demandante señor Orlando de Jesús Ortiz García (quien sufrió el accidente de trabajo a que se refiere este proceso) fue trabajador subordinado del señor Francisco Jaramillo, subcontratista de la firma Marmo Ltda., para la obra de enchape en piedra bogotana de la fachada de un edificio para la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda., tarea a la cual había sido vinculado Marmo por Conconcreto S.A.

A su vez el artículo 3º del Decreto Legislativo 2351 de 1965 (que sustituyó al art. 34 del CST) establece solidaridad entre el contratista independiente, al cual se le haya encomendado la realización de una obra o labor determinada y el subcontratista al que aquél le haya delegado en todo o en parte la ejecución de la susodicha obra, para el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores del subcontratista (verdadero patrono de ellos). Pero la ley no extiende esa solidaridad hasta la tercera persona que le haya encargado la ejecución de la obra al mencionado contratista independiente, sino apenas hasta el beneficiario o dueño de la obra, siempre que ella corresponda al giro ordinario o a las actividades normales de ese beneficiario.

O sea que en el caso sub judice, conforme a lo analizado en los dos párrafos anteriores, existe solidaridad legal entre el contratista independiente Marmo Ltda. y su subcontratista Francisco Jaramillo (verdadero y único patrono del trabajador accidentado y ahora demandante señor Orlando de Jesús Ortiz García) para el pago de las indemnizaciones y prestaciones correspondientes al señor Ortiz García materias de condena en el presente juicio. Y aún puede pensarse que esa solidaridad llegue hasta la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda., si se dan los presupuestos legales para que ella se configure.

Pero, de acuerdo con lo dispuesto en el aludido artículo 3º, la solidaridad allí consagrada no llega a extenderse nunca hasta Conconcreto S.A., que es un tercero absoluto frente a la relación laboral que ligó al subcontratista de Marmo Ltda., señor Francisco Jaramillo y a su trabajador subordinado Orlando de Jesús Ortiz García, víctima del accidente de trabajo a que se refiere este proceso cuando laboraba como operario de Jaramillo en la ejecución del subcontrato de obra que Jaramillo había celebrado con Marmo Ltda., a su vez contratista por entero independiente para la ejecución del enchape en piedra bogotana del Edificio PCC, perteneciente a la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. y no a Conconcreto S.A. cuya tarea se limitó en el caso de autos a vincular a aquella obra al contratista independiente Marmo Ltda., persona jurídica autónoma de Conconcreto y sin nexos económicos con ella y, menos aún, con el subcontratista Francisco Jaramillo y quienes hubieran sido los trabajadores subordinados de este último.

El mencionado artículo 3º del Decreto Legislativo 2351 de 1965 sólo prevé la solidaridad entre el contratista independiente, y aun el beneficiario o dueño de la obra, con el subcontratista de aquél para el pago de las deudas laborales que existan a favor de los trabajadores del dicho subcontratista.

Pero el artículo 3º no establece nunca una cadena indefinida o dinastía interminable de responsables por las obligaciones laborales a cargo de un subcontratista delegado del contratista independiente a quien se le encargó la realización de una o varias obras o la prestación de unos servicios “en beneficio de terceros” según palabras textuales, estas últimas, del artículo 3º”.

Consideraciones de la Corte

El artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, que fuera subrogado por el artículo 3º del Decreto 2351 de 1965, contempla estas situaciones:

La del contratista independiente que realiza, por cuenta de otro, una obra o la prestación de un servicio determinados, sin que exista afinidad entre la prestación debida y las actividades o negocios del contratante. El contratista es el único responsable frente a sus trabajadores por las obligaciones laborales de sus subordinados; y, desde luego, el contratante no compromete su patrimonio frente a ellos.

La del contratista independiente que realiza una obra o servicio determinados en beneficio de una persona cuya actividad empresarial o mercantil es afín con la obra o el servicio contratado. Esa afinidad implica, según la ley laboral, la garantía de la solidaridad, que compromete a los dos sujetos, contratante y contratista, de manera solidaria, en el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones de los trabajadores.

La de los subcontratistas independientes, sin importar el número o, en otros términos, sin que importe cuan extensa sea la cadena de contratos civiles de obra o de prestación de servicios. La solidaridad legal laboral del beneficiario de la obra o del servicio con los subcontratistas dependerá de si existe o no afinidad entre la obra o servicio contratado y la actividad empresarial o mercantil del contratante inicial.

Corresponde esa última situación a la hipótesis del numeral segundo del artículo 34 citado, que impone la solidaridad, sin que importe el número de subcontratos, pero atendiendo sí a la reseñada afinidad.

El tribunal no adoptó la decisión con arreglo a esa norma legal, como se explicará enseguida. Pero el cargo tampoco precisó adecuadamente las circunstancias del caso.

En efecto:

El tribunal tuvo por demostrado el contrato laboral que concertaron Jaramillo y el demandante.

En su sentencia dijo, al folio 500, que Jaramillo fue contratista independiente de Marmo Ltda.; y que esta compañía fue contratista independiente de Conconcreto.

Cuando estudió la apelación interpuesta por Metro Ltda., concluyó que ésta no era el “... beneficiario directo de la obra que ejecutaba el actor...”; y, basado en ese hecho, el tribunal, tomando apoyo en jurisprudencia del año 1970, determinó que respecto de Metro Ltda. debía proferirse un fallo inhibitorio.

Dijo el tribunal, también, al folio 502, que “... el beneficiario directo de la obra que ejecutaba el actor...”, era Marmo Ltda.

Observó el tribunal, enseguida, en el mismo folio 502, que en el proceso no había sido demostrado quién había contratado a Conconcreto; que, en todo caso, Conconcreto no había sido contratado por Metro Ltda.; y que el “contratista directo” de Metro Ltda. fue un consorcio del cual no hizo parte Conconcreto.

En todo caso y como el tribunal estimó que la cadena de contratos no vinculaba a Metro Ltda., decidió, como ya se dijo, emitir respecto de ella una sentencia formal.

Enseguida el tribunal abocó el tema concerniente a la responsabilidad de Conconcreto. Y en ese estudio, que comienza al folio 504, asumió que ésta comprometió su patrimonio, solidariamente, por ser beneficiario de la obra y porque la misma no es extraña a sus actividades o negocios.

Esa consideración del tribunal está consignada desde el folio 504 hasta el 506. Y fue ella, sin duda alguna, la que dio lugar a que Conconcreto fuese condenada.

Pues bien, en el cargo que le formula a la sentencia, Conconcreto sostiene que el tribunal aplicó indebidamente el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo; y que lo hizo por cuanto es un contratista independiente al cual no se le debieron aplicar los efectos de esa norma. Textualmente dice que no se extiende la solidaridad “... hasta la tercera persona que le haya encargado la ejecución de la obra al mencionado contratista independiente, sino apenas hasta el beneficiario o dueño de la obra, siempre que ella corresponda al giro ordinario o a las actividades normales de ese beneficiario”.

Pero ocurre que a Conconcreto se le impuso la condena por ser beneficiario y no por ser contratista. Por ello, el cargo no puede prosperar, porque el tribunal hizo actuar el mandato del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo por ser esta empresa beneficiaria de la obra y no por ser contratista independiente, que es precisamente lo que dispone ese precepto legal, o sea, que el beneficiario o dueño de la obra o servicio contratado responde solidariamente con el empleador (aquí, Jaramillo) por los salarios, prestaciones e indemnizaciones del contratista independiente.

El cargo tampoco podía prosperar, porque jurídicamente la norma impone la solidaridad a los subcontratistas sin limitación alguna. Toda la cadena de subcontratos es, en la práctica mercantil o de negocios, una delegación del servicio o de la ejecución de la obra; y como es el trabajador quien realiza el trabajo, ni siquiera cuando se prohíbe subcontratar la ley permite que desaparezca la garantía que para el subordinado ofrece la institución de las obligaciones solidarias.

El cargo, en consecuencia, no prospera.

A pesar de que la sentencia no puede ser casada, la Corte debe hacer estas precisiones:

El tribunal dijo que Marmo Ltda. fue beneficiario de la obra; pero también le atribuyó esa condición a Conconcreto. Esto, o es una contradicción inaceptable, o sugiere que para el tribunal cada contrato delegado tiene autonomía propia en el que se presenta la necesidad de estudiar los supuestos del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo.

La Corte considera, por el contrario, que al conformarse una serie de subcontratos sólo existe un beneficiario o dueño de la obra o servicio contratados. Aquí lo sería Metro Ltda. Y para saber si existió o no solidaridad, debió determinarse si se dio la afinidad entre la obra contratada por Metro Ltda. con el consorcio respecto de las actividades o negocios del dicho contratante. La Sala estima que es un error considerar que el consorcio fue el dueño de la obra o su beneficiario o que lo fueron Conconcreto o Marmo Ltda. Los tres, lo mismo que Jaramillo, fueron subcontratistas.

Y, al margen de lo anterior, y aunque no es materia de la casación, la Sala precisa que no fue acertado emitir un fallo inhibitorio respecto de Metro Ltda., porque no se dio la ausencia de un presupuesto procesal que es el que da lugar al “non liquet”, sino un presupuesto de la pretensión, el que descartó la responsabilidad solidaria, y que, por lo mismo, debe traducirse en una decisión de fondo, absolutoria o condenatoria.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal de Medellín, dictada el 6 de julio de 2001 en el juicio ordinario laboral que promovió Orlando de Jesús Ortiz García contra Francisco Jaramillo, Marmo Ltda., Conconcreto S.A. y la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda.

Sin costas en casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Germán G. Valdes Sánchez—Francisco Escobar Enríquez—Carlos Isaac Náder—Isaura Vargas Díaz—Fernando Vásquez Botero.

Jesús Antonio Pastás Perugache, Secretario.

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