Sentencia 1759 de mayo 29 de 1992 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATlVO 

SECCIÓN SEGUNDA:

CONVOCATORIA DE TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO

IMPUGNACIÓN

EXTRACTOS: «4. La parte actora dirige el ataque contra las resoluciones del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, mediante las cuales se ordenó la convocatoria de un tribunal de arbitramento, acto de trámite, en el conflicto colectivo de intereses entre particulares, y sobre cuyo laudo o fallo arbitral, en definitiva, le correspondía dirimirlo a la justicia ordinaria laboral, mediante el ejercicio del recurso extraordinario de homologación, consagrado en el artículo 143 del CPL.

5. La Sala considera que aunque las resoluciones ministeriales acusadas, son actos administrativos, éstos por hacer parte de un todo, sujeto a un juez diferente al contencioso administrativo, carece de jurisdicción para examinar su legalidad, por cuanto la ley no le ha atribuido esta competencia.

6. En efecto, todos los reparos que el actor hace a los actos acusados tales como el trámite en la declaratoria de huelga, de integración al tribunal y de actuación conjunta de los integrantes del tribunal, deben ser dirimidos por la justicia ordinaria, en desarrollo del recurso extraordinario, para que si es del caso, homologue el laudo arbitral o lo anule.

La Corte Suprema de Justicia, en fallos de 19 de julio de 1982 y 20 de noviembre de 1970, dijo al respecto:

“En el recurso de homologación la competencia de la Corte no está circunscrita a la calificación del texto del laudo, sino que la función jurisdiccional se proyecta sobre la naturaleza misma del conflicto, el trámite que se le haya dado, la integración del tribunal de arbitramento, el término legal que existe para proferir el laudo, las prorrogas que este plazo pueda tener, la actuación conjunta de los integrantes del tribunal, el ejercicio mismo de las funciones arbitrales, las suspensiones, los procedimientos utilizados para la actuación general y para los incidentes procesales que se hayan presentado, la definición de fondo que se haya proferido, sus notificaciones y la concesión inclusive del recurso” (Sala Plena, homologación de julio 19/82) (se subraya).

En anterior oportunidad, esta misma corporación, dijo:

“La función de la Corte, en el recurso de homologación no se limita a comparar las disposiciones de la sentencia con los derechos reconocidos a las partes por la Constitución, la ley o la convención colectiva vigente, para homologarla si no las afectaren, o para declararla inexequible en caso contrario. Su función es más amplia. Examina la regularidad del laudo, y al proceder en esta forma, no puede eludir, porque va implícito en ello, el estudio de la naturaleza del conflicto, si se han cumplido las etapas de arreglo directo o de conciliación, si el tribunal ha sido integrado conforme a la ley, si ha funcionado tal como ésta lo ordena y si ha proferido sentencia dentro del término respectivo y sobre la materia debatida. El control jurisdiccional que otorga la ley a la Corte es, pues, completo”. (CSJ, sentencia de noviembre 20/70) (se subraya).

7. No sobra advertir que cuando la ley le fija jurisdicción a un juez ordinario para dirimir un conflicto, la existencia de un acto administrativo dentro del proceso previo no hace perder la jurisdicción ya establecida. Ello ocurre por ejemplo, cuando para acudir al juez laboral el trabajador oficial debe agotar la vía gubernativa, sin que ello quiera decir que el juez laboral resolverá la situación del despido, y el juez de lo contencioso administrativo, la legalidad de la resolución mediante la cual se agotó la vía gubernativa (CST, art. 6º).

8. Sobre la no procedibilidad, ante esa jurisdicción de resoluciones que ordenan la convocatoria de tribunales de arbitramento en conflictos de carácter laboral, se pronunció esta Sala, mediante fallo inhibitorio de 12 de marzo de 1991, expediente 1648. Dijo la Sala en esa oportunidad:

“Es bien sabido, por otra parte, que el laudo arbitral en casos de tribunales especiales es susceptible de recurso de homologación ante la Corte, la cual tiene la facultad de verificar “la regularidad del laudo”, lo que significa que lo ha de examinar en todos sus aspectos, incluyendo el trámite previo”.

9. Por consiguiente, la Sala considera, conforme a lo antes expuesto, que no puede entrar a decidir en el fondo las pretensiones propuestas por el actor».

(Sentencia de mayo 29 de 1992. Expediente 1759. Consejero Ponente: Dr. Diego Younes Moreno).

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