Sentencia 17604 de marzo 20 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. Nº 17604

Acta Nº 11

Magistrado Ponente:

Dr. Germán Valdés Sánchez

Bogotá, D.C., veinte de marzo de dos mil dos.

EXTRACTOS: «Resuelve la Corte el recurso de casación que interpuso Carlos Arturo Solís Banguero contra la sentencia del Tribunal de Buga, dictada el 8 de junio de 2001 en el juicio ordinario laboral que promovió el recurrente contra la Clínica Palmira S.A.

Antecedentes

Carlos Arturo Solís Banguero demandó a la Clínica Palmira S.A., para que se declare que la relación que tuvo con la demandada fue de naturaleza laboral y para obtener el pago de cesantía, sus intereses, prima semestral, vacaciones, recargos nocturnos y en dominicales y festivos, descansos remunerados por trabajo habitual en días de descanso obligatorio, salarios de los tres últimos meses, indemnización por despido sin justa causa, indemnización moratoria e indexación.

Para fundamentar las pretensiones afirmó que estuvo vinculado a la demandada como médico del servicio de urgencias, mediante contrato verbal a término indefinido, desde el 1º de junio de 1991 hasta el 30 de abril de 1998, fecha en la cual lo dio por terminado con justa causa. El 30 de mayo de 1995 fue promovido como coordinador del servicio de urgencias y se le asignaron turnos que debía realizar con otros médicos.

La sociedad demandada negó la existencia del contrato laboral y propuso como excepciones carencia de derecho para demandar, inexistencia de la obligación, petición de lo no debido, prescripción, compensación, pago e inexistencia del vínculo laboral.

El Juzgado 1º Laboral de Palmira, mediante sentencia del 23 de junio de 2000, declaró la existencia del contrato de trabajo y condenó a la demandada a pagar al actor recargos nocturnos, dominicales y festivos, cesantía e intereses, primas de servicios, vacaciones e indexación. De lo demás, absolvió.

La sentencia del tribunal

Apelaron ambas partes y el Tribunal de Buga, en la sentencia aquí acusada, revocó la del Juzgado y, en su lugar, absolvió.

Dijo el tribunal:

“El elemento de continuada subordinación y dependencia previsto por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado Ley 50 de 1990 artículo 1º implica el poder de decisión, reglamentación e imposición de régimen disciplinario que tiene el empleador frente al trabajador.

Tales potestades parecen confluir formalmente en el “Reglamento de servicio de urgencias” de septiembre de 1988, glosado a folios 17 a 20, no desconocido por la demandada, como pautas generales de la prestación de los servicios médicos de urgencias.

En el caso particular que ocupa la atención de la Sala, respecto del supuesto ejercicio de tal poder subordinante de la demandada frente al actor, son relevantes las siguientes situaciones:

1. Comunicación de noviembre 16 de 1994: por conducta incorrecta en procedimientos, se le inhabilita para cumplir turnos entre el 18 al 30 de noviembre de 1994. ¿Imposición de sanción disciplinaria? (fl. 75).

2. Imposición de reglamento al nombrársele como coordinador del servicio de urgencias y delegación de poder subordinante: “...su aceptación significa aceptación al reglamento de urgencias de la clínica y en virtud del cual la ingerencia de la administración de la empresa se limita al desempeño de mis funciones como gerente entre las cuales se puede destacar el diseñar políticas y estrategias para la clínica, velar por el cumplimiento y defensa de los estatutos, reglamentos de la institución...” (de mayo 10/95, fl. 79).

...El pasado sábado 2 de septiembre, ... el servicio de urgencias quedó descubierto por parte del médico de turno. Es de su conocimiento y de todos los médicos adscritos, según consta en el reglamento de urgencias, la responsabilidad de velar por que este importante servicio siempre se encuentre cubierto.

...Deseo por favor se aclare esta circunstancia... y al interior del grupo se contemple la posibilidad de llegar a excluir del listado de turnos a aquellos profesionales que no asuman cabalmente su responsabilidad... (de septiembre 4/95, fl. 86).

Es similares términos se reclama del actor, en su condición de coordinador, la adopción de ...medidas de responsabilidad que garanticen el funcionamiento del grupo y puedan evitar que incumplimiento de uno de los integrantes afecte el buen nombre y desempeño del servicio... (fls. 87 a 88).

En relación con la obligatoriedad de la prestación personal del servicio:

“Cada profesional tiene plena libertad de faltar al turno siempre y cuando garantice que éste será cubierto por otro profesional del grupo, pero la responsabilidad sigue estando en cabeza del médico de turno... Atentamente le solicito se analicen propuestas y alternativas de solución a nivel del grupo médico para evitar estos incidentes con el convencimiento que estaré dispuesto a apoyarlos en todo aquello que signifique un mejoramiento del servicio...” (fls. 87, 88, 103, 111, 112, 115 de septiembre 8/95, reiterándose la misma situación en 1996 y 1997.

4. A otro médico de urgencias por dejar descubierto su turno: “...considero que aunque no existe vínculo laboral entre el médico de urgencias y la clínica sí existe un deber ético y una responsabilidad... como ve incidentes como el presentado no favorecen a ninguna de las partes, por lo cual deseo comedidamente solicitarle que dichas situaciones no se repitan y por cualquier motivo le fuere imposible asumir la disponibilidad, garantizar que los pacientes y la clínica queden cubiertos, como estipula el reglamento” (fls. 92. dic./95).

5. En relación con la deficiencia en la prestación de servicios médicos de urgencias, la demanda le expuso al actor en oficio de junio de 1997:

Es indispensable en este momento hacer un replanteamiento de la situación y la forma como el grupo de urgencias está funcionando. Determinar claramente cuál es la responsabilidad de cada uno de los profesionales que lo integran y del grupo en sí, pues considero que a pesar de no existir vínculo laboral, existe una responsabilidad del grupo por la prestación del servicio, la Clínica no está exigiendo un horario, ni la asistencia de un médico en particular, sino la prestación eficiente y oportuna de servicio a la altura y posicionamiento de la Clínica Palmira S.A., ... Para tal efecto considero importante que nos reunamos lo más pronto posible con la totalidad del grupo para discutir esta situación, conformar el grupo tal como se convino en la pasada reunión y/o en su defecto establecer convenios particulares con cada uno de los profesionales adscritos o por adscribir al servicio... (fls. 112, 113).

No advierte la Sala en este actuar de la demandada, un ejercicio el poder subordinante personalizado frente al actor, propio de una vinculación dependiente, hasta el punto que no le era permitido definir sobre eventual programación de vacaciones o autorizar ausencias; era el propio actor, quien sobre este particular anunciaba a la demandada los períodos durante los que se tomaba unos días de descanso, durante los cuales no prestaría sus servicios, conducta que, era común en los demás médicos que prestaban sus servicios en urgencias, como se advierte de los folios 121, 97, 108, 109, 166.

Tampoco puede inferirse el ejercicio de poder subordinante, las instrucciones que impartía la demandada sobre la forma de recoger la información en relación con los pacientes que se atendían por el servicio de urgencias, según las recomendaciones que hacían las EPS a las que se encontraban afiliados dichos pacientes. Siendo significativo sobre este particular, la autonomía y autodeterminación que tenía tanto el actor como los médicos que integraban el grupo de urgencias, para discutir, aceptar y aún no permitir atención de estos servicios frente algunas EPS como se infiere de los documentos a folios 91, 93, 94, 96, 99, 101, 102, 161 a 163, 172, 177.

Es tan relevante, que la relación evidenciada hasta aquí, encuadra entre obligaciones recíprocas de cualquier contrato de naturaleza diferente a la laboral que cuando quiso la demandada efectivamente ejercer un poder subordinante, identificar del contrato laboral, no fue aceptado por el actor, como se infiere de las siguientes comunicaciones:

— Redistribución de turnos adoptados por la demandada, según su oficio de abril 8 de 1998 (fls. 129, 140).

— La asunción directa del manejo de relación con los médicos adscritos al servicio de urgencias comunicado en oficio de abril 19 de 1998 (fl. 133).

Respuesta a tales novedades sobre el cambio en el manejo de estas relaciones (fls. 131 a 132 y 134).

Las distintas deponencias recepcionadas no hacen cosa diferente a ratificar la certidumbre que se ha venido perfilando respecto de la inexistencia del ejercicio de poder subordinante de la demandada en su vinculación con el actor”.

A ese respecto examinó los testimonios de Germán Eduardo Storino Pérez, Adriana Tobar Calderón, Hilda Marina López García, Fabián Osorio Flórez, Marina de Jesús Paredes y Claudia Esperanza Plaza.

En seguida dijo:

“Contrario a lo inferido por el a quo, la valuación de las probanzas precisadas, deja a la Sala la certidumbre que, la prestación de servicios del actos para la demandada, no tuvo el elemento de subordinación que se reclama e identifica el contrato de trabajo, sino que estuvo enmarcada dentro de un parámetro de responsabilidades y exigencias más de carácter ético y profesional en relación con un servicio médico de urgencias, desde una óptica generalizada, dentro de la cual tanto el actor como los médicos adscritos a tal servicio, dejaron para sí, la autodeterminación de esa personal prestación de servicios, a la cual no tuvo acceso la demandada”.

(...).

Consideraciones de la Corte

El tribunal tuvo por demostrado el servicio personal prestado por el demandante y por esa razón concluyó que quedaba favorecido con la presunción del artículo 2º de la Ley 50 de 1990. Sobre esa base, anunció que examinaría si el servicio había sido subordinado o autónomo.

El tribunal asumió además que la facultad subordinante parecía surgir del reglamento de servicio de urgencias de folios 17 a 20, así como de la circunstancia de que la clínica, basada en él, le impuso al demandante una sanción disciplinaria (fl. 75); también del hecho de haber sido sometido el actor al reglamento de urgencias cuando se le designó en mayo de 1995 como coordinador del servicio correspondiente (fl. 79); y de la circunstancia según la cual en septiembre del mismo año 1995 el gerente se dirigió a él para llamar la atención por haber sido dejado al descubierto el servicio de urgencias por parte del médico de turno (fls. 86 a 88).

Sin embargo, ninguna relevancia probatoria le dio a esos elementos de juicio y por el contrario, descartó la subordinación basado en que otras pruebas le indicaron que el actor le estaba permitido definir la programación de sus descansos o las ausencias al servicio y a ese respecto citó los documentos de los folios 121, 97, 108, 109, 166.

Para la Corte, ese planteamiento del tribunal resulta equivocado y es constitutivo de un error manifiesto de hecho, por cuanto se concluye fácticamente en forma contraria a lo que resulta evidente de aplicar la presunción prevista en el artículo 2º de la Ley 50 de 1990 y de las restantes pruebas, ya aludidas, que respaldaron su efecto probatorio. Ahora, si como consecuencia propia de la subordinación puede el empleador exigir el cumplimiento de órdenes en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo y para el efecto es facultad suya imponer reglamentos, dado que de hecho existió uno (fls. 17 a 20), que el mismo fue elaborado e impuesto por la sociedad demanda y que su cumplimiento se dio incluso cuando el actor incurrió en una falta de servicio (fl. 75), resulta ostensiblemente equivocado asumir que por haber el médico demandante procedido a señalar sus períodos de descanso o las ausencias al servicio, se desnaturalice la facultad subordinante ejercida a través del reglamento de urgencias.

El artículo 187 del Código Sustantivo del Trabajo dice que la época de las vacaciones debe ser señalada por el patrono a más tardar dentro del año siguiente, y deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, sin más limitaciones que las que surgen del servicio. Luego es incomprensible que si el empleador consiente en que sea el trabajador quien fije la época de las ausencias al trabajo, esta sola circunstancia resulte contraria y antagónica con la facultad de fijar reglamentos de trabajo o con la de dar órdenes e instrucciones sobre la modalidad del servicio y por ello se pierda tal condición de trabajador.

Bajo los numerales 3º, 4º y 5º de su sentencia, el tribunal se refiere a comunicaciones de la gerencia de la clínica relacionadas con incorrecciones en la prestación del servicio. Pero en su valoración el tribunal desconoce el efecto de la presunción del artículo 2º de la Ley 50 de 1990; asumió que esas comunicaciones no ponen de manifiesto “... un ejercicio del poder subordinante personalizado frente al actor propio de una vinculación dependiente ...”, siendo que la ley da por probada la subordinación cuando se acredita el servicio personal, de modo que las comunicaciones en cuestión sólo habrían podido probar contra el demandante si inducían al fallador a dar por demostrado que el servicio se había prestado de manera autónoma, es decir, no subordinada. Además, la lectura de esas comunicaciones, que ponen de presente la protesta de la gerencia de la clínica por fallas de los médicos en la prestación del servicio de urgencias, pueden darse en cualquier actividad personal, subordinada o no, de manera que no establecen en juicio la autonomía jurídica del servicio en orden a descartar la relación laboral, que la ley presume.

Dijo el tribunal que tampoco podía deducirse la subordinación de “... las instrucciones que impartía la demandada sobre la forma de recoger la información en relación con los pacientes que se atendían por el servicio de urgencias, según las recomendaciones que hacían las EPS a las que se encontraban afiliados dichos pacientes”. Y observa en seguida que es significativa “... la autonomía y autodeterminación que tenía tanto el actor como los médicos que integraban el grupo de urgencias, para discutir, aceptar y aún no permitir atención de estos servicios frente a algunas EPS como se infiere de los documentos a folios 91, 93, 94, 96, 99, 101, 102, 161 a 163, 172, 177”.

Cabe también observar aquí, que si el Tribunal había dado por demostrada la prestación personal del servicio y de ella debía deducir la naturaleza laboral del contrato, las pruebas relacionadas con la manera como los médicos de urgencias debían recabar la información de sus pacientes, debían tenerse como instrucciones enmarcadas en la facultad de subordinación. Esas instrucciones, por el contrario, contribuyeron a formar en el sentenciador un juicio equivocado, incluso considerando, como lo hizo el tribunal, que los médicos estaban obligados a recibir de los pacientes la información necesaria para respaldar su actividad frente terceros y ante las propias autoridades administrativas del ramo.

Ahora, los documentos de los folios 91, 93, 94, 96, 99, 101, 102, 161 a 163, 172 y 177 no demuestran autonomía jurídica frente al empleador. Los primeros (fls. 91 a 102) que contienen alusiones a las tarifas médicas y consideraciones sobre la prestación del servicio a algunos usuarios, son usuales en cualquier relación del gremio médico con una clínica. Los de los folios 161 a 163 que se refieren a valores y condiciones propuestos para la prestación de los servicios de urgencias, no demuestran, como lo asegura equivocadamente el sentenciador, autonomía o autodeterminación, y menos que estuvieran destinados a impedir la atención a algunas EPS, sino el énfasis que ponen los médicos correspondientes para que se remunere cabalmente la atención, y cuente, para el mismo efecto remunerativo, el examen previo que define si efectivamente el servicio es de urgencias, o no. Además, no desnaturaliza el elemento subordinación el hecho de que quien presta el servicio discuta la retribución del mismo, pues es sabido que el contrato laboral es bilateral y que el artículo 132 Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el 18.1 de la Ley 50 de 1990, ratifica que el empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario.

El Tribunal dice, en seguida: “Es tan relevante, que la relación evidenciada hasta aquí, encuadra entre obligaciones recíprocas de cualquier contrato de naturaleza diferente a la laboral que cuando quiso la demandada efectivamente ejercer un poder subordinante, identificador del contrato laboral, no fue aceptado por el actor, como se infiere de las siguientes comunicaciones: ...”.

En este punto el tribunal se refiere a los documentos de los folios 129 a 134.

Nuevamente incurre aquí el Tribunal en una equivocada aplicación de los efectos demostrativos de una presunción y también hace un examen probatorio ostensiblemente errado al considerar la negativa de los médicos de urgencias a la redistribución de turnos, puesto que ella se dio hacia el mes de abril de 1998, dos días antes de que concluyera la relación de servicio, de manera que darle un efecto retroactivo al último desacuerdo, para borrar con él la relación jurídica que venía presentándose de tiempo atrás, representa un desatino.

El examen probatorio de los testimonios que hizo el tribunal constituye a juicio de él, una ratificación de la valoración probatoria que le mereció la prueba documental. Pero lo que ratifican es la prestación personal del servicio, sin descartar la subordinación, además de que sólo contienen referencias muy generales a la modalidad del trabajo, que ciertamente sí revela la prueba documental.

El cargo prospera y, en consecuencia, se casará la sentencia.

Consideraciones de instancia

El recurrente pidió la anulación del fallo del tribunal y a renglón seguido la modificación y revocatoria de diferentes resoluciones del fallo de la primera instancia.

Aunque a primera vista no objetó la resolución sobre indemnización moratoria, que fue absolutoria en esa primera instancia, en las explicaciones de su cargo alude a ella por lo que resulta viable su estudio.

El juzgado profirió las siguientes resoluciones:

Por recargos nocturnos y por la remuneración por trabajo en domingos y festivos hubo decisión condenatoria. La determinación del juzgado sobre estos dos temas fue acertada y debe confirmarse, pues consultó adecuadamente la inspección judicial. El argumento que se adujo en contra de ella en la sustentación de la apelación propuesta por la parte demandante, no es admisible, puesto que una cosa es la jornada pactada y otra la jornada cumplida; y es sobre esta que una reclamación por recargo nocturno y por trabajo en domingos y festivos, puede prosperar.

Además, en punto a dominicales y festivos no se dio una verdadera sustentación de la apelación, porque el recurrente desvió la argumentación hacia el tema de los descansos en tales días y respecto de ellos expidió una decisión absolutoria que debe confirmarse, porque la inspección estableció que el trabajo en domingos y festivos fue excepcional (con lo cual quedó regulado por el artículo 30 de la Ley 50 de 1990 y no por el 31 ibídem), y porque el demandante disfrutó de descansos compensatorios durante la semana siguiente al domingo o festivo trabajado.

Frente a la cesantía y sus intereses anuales hubo resolución de condena. La apelación del demandante no hizo una crítica frontal al fallo del juzgado sino que desvió la argumentación hacia la moratoria anual, que es un punto que la Corte no puede revisar, puesto que su planteamiento no permite hacerlo en la forma entonces propuesta.

La sentencia de primera instancia absolvió por salarios y condenó en relación con las primas de servicios y vacaciones, todo lo cual, se mantendrá, puesto que el único reparo que se le formuló en la apelación se basó en que no se tuvo en cuenta el monto real del salario; pero este aspecto del juicio no fue cuestionado con el recurso extraordinario.

En cuanto a la indemnización por despido se tiene: mediante la comunicación del folio 14 el demandante dio por terminado el contrato. Dijo que fundamentaba su determinación en una justa causa legal; invocó los numerales 5º, 6º y 8º del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965; y agregó: “Lo anterior por cuanto a raíz de las discusiones que usted ha tenido con el grupo de médicos que conformamos el equipo de urgencias, en relación con la conciliación y/o transacción sobre los derechos que como empleados directos nos adeuda la clínica y por no haber podido llegar a acuerdo sobre el particular, se nos ha desmejorado en las condiciones de trabajo y salarialmente, en una clara persecución por haber reclamado esos derechos”.

Examinadas las normas legales invocadas y la motivación que contiene la comunicación del folio 14, salta a la vista la vaguedad y por ende el incumplimiento del parágrafo del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965. Además, si estaba de por medio la discusión sobre la naturaleza del contrato, no es admisible la genérica alegación de la desmejora de las condiciones laborales.

Estas apreciaciones llevan a confirmar la absolución de la primera instancia por la indemnización por despido injusto indirecto.

El juzgado hizo una condena por concepto de indexación. Sin embargo, en el alcance principal de la impugnación del recurso de casación el recurrente pidió la revocatoria de esa condena. En el alcance subsidiario, en cambio, pidió la integral confirmación de la sentencia del juez. Como la revisión del fallo de la primera instancia da margen más para acoger la súplica subsidiaria, que la principal, se mantendrá la condena por indexación, para lo cual se tiene en cuenta también, la improcedencia de la sanción moratoria, toda vez que estima la Sala que son razonables y serios los argumentos que esgrimió la demandada como sustento de su posición de no encontrarse vinculada con el actor mediante un contrato de trabajo, posición adecuadamente respaldada probatoriamente, que por tanto sustenta la buena fe de la accionada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del Tribunal de Buga, dictada el 8 de junio de 2001 en el juicio ordinario laboral que promovió Carlos Arturo Solís Banguero contra la clínica Palmira S.A. en sede de instancia, confirma la sentencia del juzgado.

Sin costas en casación y en las instancias quedan a cargo de la parte demandada.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen».

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