Sentencia 1763 de agosto 8 de 1991 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUSPENSIÓN DE EMPLEADOS OFICIALES

POR SOLICITUD DE LA JUSTICIA PENAL

EXTRACTOS: «Del material probatorio obrante al expediente, se establece lo siguiente:

1. Por Resolución 9126 de 30 de agosto de 1974, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se suspendió al actor en el ejercicio de las funciones propias del cargo de Cabo de Aduanas I-9, del Cuerpo del Resguardo Nacional de la División de Resguardo de la Dirección General de Aduanas, destinado al Resguardo de la Aduana Interior de Bogotá y Cundinamarca, en virtud de la solicitud que en tal sentido formuló el Juzgado 5o de Instrucción Criminal de Villavicencio, a fin de hacer efectivo el auto de detención por el delito de homicidio, proferido en su contra (fol. 40).

2. El Juzgado Segundo Superior del Distrito Judicial de la mencionada ciudad, en sentencia del 25 de mayo de 1981 (fol. 33), absolvió de toda responsabilidad civil y penal a Manuel Antonio Vargas, por los cargos que motivaron su vinculación al proceso adelantado por la muerte violenta de José Ignacio Torres Daza, que es el mismo dentro del cual se expidió el auto de detención y para cuyo cumplimiento fue menester suspenderlo en el ejercicio del cargo público que a la sazón desempeñaba.

3. El Tribunal Superior del aludido Distrito Judicial, Sala Penal, en sentencia de 25 de mayo de 1982, confirmó la providencia anteriormente mencionada. (Fol. 34).

4. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por Resolución No 2398 de 17 de junio de 1982, en consideración a que, en virtud de la absolución dispensada al actor por medio de los fallos citados, había desaparecido la causal que diera origen a la suspensión en el ejercicio del cargo que se le impuso por Resolución No 09126 de 1974, levantó la aludida medida administrativa, la cual expresó se había adoptado ``a solicitud del Juez competente y sin derecho a remuneración''''. (Fls. 65 y 66).

5. Mediante oficio No. 08989 de 20 de septiembre de 1982 (fls. 72 y 73), con apoyo en un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación de fecha 10 de noviembre de 1972, la administración negó, por improcedente, la solicitud de reconocimiento de sueldos y prestaciones correspondientes al período comprendido entre el 30 de agosto de 1974 y el 17 de junio de 1982, formulada por el demandante.

Ahora bien, con respecto a la situación en referencia y en especial en cuanto concierne al pago de salarios y prestaciones sociales durante el tiempo en que el actor estuvo suspendido en virtud de decisión judicial, conviene hacer algunas precisiones.

Afirma el actor que los actos producidos en virtud de lo dispuesto en el artículo 449 del C.P.P. son constitutivos de fuerza mayor y que fueron la razón para que el empleado no pudiera concurrir a sus labores habituales. De allí no se deriva, sin embargo, que, reintegrado el empleado al cesar la suspensión por orden judicial, la administración esté en la obligación de reconocerle el período en que estuvo sub judice de la justicia penal, ya que es ajena a tal pronunciamiento.

De una parte, no existe norma expresa que así lo autorice u ordene, como el propio accionante lo admite, ni, de otra, el derecho subjetivo alegado puede basarse en normas previstas para supuestos diferentes, como es el caso de suspensión por sanción disciplinaria: es éste un régimen eminentemente formal y reglado para situaciones específicas que no puede encajar en marcos diferentes por simple analogía.

La suspensión por mandato de la justicia penal no es una sanción disciplinaria ni puede asimilarse a ésta para aplicarle las mismas normas con idénticas consecuencias. Ni son iguales las causas en uno y otro caso: en la suspensión de carácter disciplinario las normas que la regulan pertenecen al régimen de personal de los empleados de la administración pública para aplicarse dentro de esta órbita, exclusivamente, aparte de que tienen finalidades diferentes y están dadas en consideración a otros supuestos fácticos. Aquí las conductas no son constitutivas per se de infracciones a la ley penal ni de suyo tienen que ver con ésta.

En términos generales y de conformidad con las normas de los Decretos 2400 de 1968 y 1950 de 1973, podrían darse dos clases de suspensiones en el régimen del personal civil de la rama ejecutiva:

—Una suspensión provisional hasta por sesenta días, ``mientras se surten los procedimientos disciplinarios''''. (Decreto 2400/68 art. 12 y Decreto 1950/73, art. 158).

—Una suspensión sancionatoria que puede ser hasta por treinta días. (Decreto 2400/68 art. 12 y Decreto 1950/73, art. 140).

Como es fácil advertirlo, si no hubiere lugar a sanción superado el período de suspensión provisional, el empleado volverá a su cargo y tendrá derecho a la remuneración que dejó de percibir en ese lapso.

Dispone, además, el artículo 164 del Decreto 1950 de 1973:

``Cuando se revoque una sanción, el funcionario tendrá derecho al pago de la remuneración correspondiente al tiempo durante el cual hubiere estado separado del servicio y al reintegro a su cargo en caso de destitución''''.

Si tal cosa ocurre al revocarse la sanción, con mayor razón si no hay lugar a aplicarla, estando suspendido provisionalmente el empleado.

Como se observa, son éstas situaciones muy específicas que difícilmente podrían equipararse a las que se presentan cuando, por orden de la justicia penal, la administración se ve en el caso de suspender a un determinado funcionario para que se le aplique una medida de aseguramiento. No hay en ello un acto de voluntad libre y espontánea que obedezca a razones de régimen de personal: es la simple ejecución de una decisión de autoridad diferente.

Una es la suspensión que obedece a razones de administración de personal y otra la que se opera por orden judicial. En los estatutos sobre régimen de personal están previstas solamente las situaciones de suspensión de empleados por razones del servicio público, en tanto que la ley penal contempla medidas de retención o aseguramiento o privación de la libertad de ciudadanos enjuiciados por conductas que pueden constituir delitos.

No es posible jurídicamente trasladar al terreno de la justicia penal lo que la ley determina para la correcta administración del personal en la esfera específica de la prestación de servicios públicos. La figura de la analogía no tiene el poder de crear derechos con base en eventualidades que corresponden a otros ámbitos del ordenamiento legal: siendo diferentes los supuestos de hecho, lógico es que también lo sean las decisiones que en derecho estén previstas y sea forzoso adoptar.

Por otra parte, la responsabilidad de la administración está circunscrita a sus propios actos, como expresión de su voluntad de producir efectos jurídicos en casos concretos.

Conviene señalar que el aspecto materia de este estudio ha sido examinado en diversas oportunidades por la Sala, como lo hizo en sentencia del 13 de noviembre de 1990, en la cual expuso su criterio en los siguientes términos:

``Por otra parte, no vienen al caso las disposiciones invocadas de los Decretos 2400 de 1968 y 1950 de 1973.

Conviene hacer notar finalmente, que sólo en caso de suspensión administrativa de un empleado que es investigado por infracción disciplinaria, procede el pago de sueldos si posteriormente resulta absuelto de la imputación.

Otra cosa ocurre en la investigación de carácter penal a consecuencia de denuncia formulada ante un juez, cuando el funcionario ordena la suspensión para dar aplicación a una medida de aseguramiento o detención preventiva. No se trata aquí de una decisión de la administración cuyas consecuencias deba asumir ésta si no se acredita la infracción''''. (Sentencia del 13 de noviembre de 1990, exp. No. 3441. Actor: Jairo Londoño Londoño)».

(Sentencia de agosto 8 de 1991. Expediente 1763. Consejero Ponente: Dr. Reynaldo Arciniegas Baedecker).

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