Sentencia 17634 de marzo 7 de 2002 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón

Aprobado: Acta Nº 29

Bogotá, D.C., siete de marzo de dos mil dos.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La sentencia objetada mantendrá su vigencia, por las siguientes razones:

La incompatibilidad del defensor.

1. Tal como lo ha expuesto la Corte, del artículo 29 de la Constitución Política y de las normas instrumentales que lo desarrollan se desprende que el derecho a la asistencia técnica por un abogado es fundamental, debe ser garantizado durante las varias fases del proceso y que, por tanto, no puede existir un sector o período del mismo en que se carezca de ella, pues que podrían resultar limitadas las posibilidades de controversia, ya en la instrucción, ya en el decurso del juicio (1) .

(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 27 de julio de 1992, M.P. Dídimo Páez Velandia.

La Sala ha explicado, también, que como derivación de la Carta es claro que el Estado debe garantizar la contradicción, para lo cual es imprescindible acudir siempre a personas versadas en los temas jurídicos. Esto asegura la posibilidad de oposición y refutación frente a las pretensiones estatales, motivo por el cual la defensa debe ser continua, real, unitaria y resguardada permanentemente por el funcionario judicial encargado de la dirección del proceso (2) .

(2) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 17 de septiembre de 1998, M.P. Fernando Arboleda Ripoll —radicación 10.771—.

Para dinamizar el precepto constitucional citado, por ejemplo, el artículo 8º del actual Código de Procedimiento Penal dispone que “En toda actuación se garantizará el derecho de defensa, la que deberá ser integral, ininterrumpida, técnica y material”, mandato que reitera que la garantía de la asesoría técnica es plena e impera durante todo el trámite del proceso penal.

2. Así mismo, es incuestionable que la defensa tiene que ser real y no simplemente nominal, es decir, el apoderado debe obrar activamente —en forma positiva o silente— en pos de mejorar la situación de su poderdante o de evitar que se le causen mayores perjuicios. De aquí se deduce que con criterio extremista no se puede concluir que todo mutismo constituya lesión de la garantía superior porque, v. gr., puede corresponder a la estrategia diseñada por la defensa. Por ello es menester, en todo caso, examinar la tarea desplegada por el apoderado en el asunto concreto, en vez de prejuiciar el expediente a priori para afirmar, por ejemplo, que toda ausencia de labor positiva o toda reticencia engendra siempre desprotección de la defensa técnica.

3. El artículo 133 del Código de Procedimiento Penal del 2000 (143 del derogado), bajo el título de “incompatibilidad de la defensa”, dispone que “El defensor no podrá representar a dos o más sindicados en el mismo o en diferente trámite judicial, cuando entre ellos existieren, o sobrevinieren, intereses contrarios o incompatibles”.

De la disposición resulta que la incompatibilidad no se refiere a meras inconsistencias ni a las propuestas defensivas de rumbos separados que no se tocan, no se cruzan o no se hacen objeciones que lesivamente en el camino trasladan la responsabilidad de una a otra u otras personas excluyendo o disminuyendo la propia, sino a posturas irreconciliables que por entrar en conflicto muy seguramente conducen a soluciones judiciales contrarias o antagónicas. Si lo primero, no se altera en nada el derecho de defensa cuando un mismo togado representa a dos o más sindicados; si lo segundo, probablemente sí.

La jurisprudencia de la Sala ha sido nítida y unánime en cuanto en esta materia es necesario que entre los procesados existan imputaciones recíprocas o posturas que de manera manifiesta no puedan ser conciliadas, pues no se trata de simples incoherencias respecto de la versión que cada uno exprese sobre los hechos. Así, por caso, surgen intereses contrapuestos y, por tanto, imposibilidad legal de que un apoderado defienda a dos sindicados, cuando a las narraciones enfrentadas de aquellos se agrega que el abogado toma partido con actos de postulación o controversia dirigidos a favorecer a uno de ellos, comprometiendo la situación del otro (3) .

(3) Confrontar, por ejemplo, sentencias del 16 de julio y del 26 de noviembre de 2001, M.P. Fernando Arboleda Ripoll —radicaciones 15.766 y 10.697—, y del 12 de junio de 2001, M.P. Nilson Pinilla Pinilla —radicación 14.891—.

4. En el asunto que ocupa la atención de la Corte, los imputados fueron capturados el 26 de enero de 1995 y en la misma fecha se escuchó en versión libre a Hader Luis López Zabala, William Alberto Torres Altamiranda, Deisy Gledeth Padilla Polo, Over Luis López Márquez, Hermes Luis López Urango y Tulio Ángel Padilla Fontalvo.

En esta fase no se presentó ninguna irregularidad por cuanto el defensor que asistió a la señora Padilla Polo fue diferente del de los restantes y porque, además, para resguardo de la legalidad del procedimiento y del respeto de los derechos fundamentales, a todas esas diligencias asistió el representante del Ministerio Público, quien respecto de la señora dejó expresa constancia de haber estado atento “a que no le violaran los derechos y garantías”. De manera que si ella hizo algunas referencias que podrían comprometer la responsabilidad de otros, no fue desconocida la normatividad ya que —se reitera— su defensor no fue el mismo del señor Padilla, amén de que no podría haber rechazo con las palabras del ciudadano Avilez Maturana pues que éste no fue recibido en diligencia semejante.

5. En la diligencia de indagatoria, la señora Deisy Padilla designó como apoderado de confianza a un profesional que, en efecto, también asistió a Elías José Avilez Maturana y a Tulio Ángel Padilla. Esto, sin embargo, no engendra vulneración de la norma procesal mencionada, porque:

a) En la diligencia la dama no hizo ninguna imputación, cargo o reproche de responsabilidad a los señores mencionados, aparte de que comenzó a negar la validez de las palabras que enseñó en su versión preliminar, como también lo hizo en posteriores intervenciones, con lo cual, de paso, en vez de hacer reparos delictivos a don Elías Avilez y a don Tulio Padilla, los relevaba de cualquier autoría o participación punible.

b) Frente al sentido común, al normal discurrir de las cosas, es entendible que un mismo defensor apoderara a los tres, es decir, a doña Deisy, a don Elías y a don Tulio, pues mientras la primera y el segundo eran compañeros, hacían vida marital, el segundo y el tercero eran socios de una empresa.

c) Al inicio de su gestión, y durante el tiempo subsiguiente, el defensor en el fondo no ciñó su labor directamente a liberar de responsabilidad a ninguno de los tres sindicados pues enderezó su actitud a tratar de demostrar que los dos señores eran comerciantes reconocidos, que figuraban en la Cámara de Comercio y que no poseían pasado irregular. En la misma línea, jamás lanzó un ápice de culpabilidad a la señora Deisy, ni con sus escritos quiso dar a entender que mientras ésta si podría ser responsable, no lo eran aquellos. Dicho de otra forma, nunca pretendió excluir, justificar, exculpar o disculpar el comportamiento de los señores Avilez y Padilla para afirmar o hacer dudar sobre la conducta de la señora, es decir, no se orientó a beneficiar a unos y perjudicar a otra.

d) No obstante lo anterior, con celo judicial, el 9 de mayo de 1995 el fiscal delegado conminó al profesional a que se decidiera por asumir o continuar una sola defensa pues existían “intereses contrapuestos”. Esta actitud del funcionario indica su ánimo por evitar la indefensión en pro del debido proceso y, desde luego, en su criterio, el cumplimiento del artículo 143 del Decreto 2700 de 1991, gestión que no culminó allí porque, como se percibe en el expediente con facilidad, en adelante estuvo siempre pendiente de que se cumpliera su decisión.

Como el funcionario no obtuvo pronta respuesta del togado, en resolución del 8 de junio de ese año declaró la incompatibilidad defensiva, con lo cual, a la par que obedecía la ley, velaba porque la garantía superior de asistencia técnica para Deisy Gledeth Padilla Polo estuviera ausente de cualquier asomo de antagonismo profesional. Y téngase en cuenta que, como antes, aún en tales momentos del proceso el apoderado no había actuado de manera descompensado en favor o en contra de alguno de sus asistidos.

Acatando el mandato judicial, en un comienzo el abogado manifestó que seguiría defendiendo a algunos de los sindicados, pero luego comunicó que sólo lo haría en relación con Elías Avilez y que los demás sindicados querrían asistencia oficiosa. Ante ello, de inmediato la fiscalía ordenó lo pertinente, disposición que reiteró con frecuencia hasta cuando, finalmente, designó un defensor a Deisy Padilla.

El letrado tomó posesión del cargo el 16 de noviembre de 1995 y contó con un lapso prudencial y suficiente para velar por su defendida, si se tiene en cuenta que el auto de clausura fue proferido el 27 de noviembre, adquirió ejecutoria el 31 de diciembre, y que lo términos para presentar estudios precalificatorios se desplazaban hasta el 12 de enero de 1996 e incluso fueron ampliados hasta el 18 siguiente.

6. Por último, dígase esto: es cierto que —como lo acota el defensor y lo destaca la Procuraduría— la versión inicialmente rendida por la señora Padilla Polo fue atendida por la justicia en sus posteriores decisiones. Esto, sin embargo, no comporta incompatibilidad que conduzca a la nulidad, primero porque la fe puesta por los funcionarios en ese relato emana de la comparación que hicieron entre su primera intervención y las subsiguientes; segundo, porque sus conclusiones fueron fruto de la utilización que dieron a la sana critica que los acompaña; tercero, porque, como también se dijo, en su indagatoria la señora siguió otra ruta, bien diversa de la original, así ya al culminar se volviera contra los otros coautores; y cuarto, porque, bien se sabe, en esa versión primigenia estuvo asistida por un letrado diverso de quien luego defendiera a Avilez y a Padilla.

Lo dicho es suficiente para establecer que el cargo no prospera.

Sobre la ausencia de defensa técnica.

Esta imputación tampoco prospera, porque:

1. Con fundamento en el primer cargo, el casacionista crea un segunda censura por nulidad, que centra en la carencia total de defensa técnica. Repite que existiendo incompatibilidad en el apoderado y por tanto abogacía por intereses contrapuestos, el profesional inclinó la balanza para beneficiar a unos sindicados en detrimento de su asistida. Y añade que la designación del defensor oficioso fue simplemente formal pues abandonó posibilidades de controversia que eran evidentes.

2. Sobre el primer aspecto, la Sala se remite a la respuesta que dio al primer cargo, es decir, reitera que no hubo incompatibilidad.

3. Del siguiente tema también se acaba de ocupar la Sala cuando explicó cronológicamente el tiempo que tuvo el defensor designado de oficio, de donde emerge que gozó de amplias posibilidades protectivas antes del cierre de la investigación, como inclusive lo puso de presente el propio fiscal, quien con cautela clausuró el ciclo instructivo varios días después de la designación y posesión del togado, siempre buscando la seguridad de los derechos y garantías de la señora Deisy.

4. En todas sus intervenciones la señora Padilla Polo contó con defensa. Así, en la versión, en la indagatoria, en el reconocimiento, durante el cierre y la calificación.

5. En sede de juicio también hubo asistencia técnica: proferido el pliego de cargos el 23 de enero de 1996, se citó al apoderado de oficio; como no concurrió a la notificación personal, se lo enteró por estado. El 6 de marzo de 1996, la señora confirió poder a un abogado de la defensoría pública que apeló la acusación, pretendió una declaración de nulidad, solicitó la práctica de pruebas, debatió con antelación al fallo, lo recurrió y sustentó su inconformidad.

La reseña hecha demuestra que la dama contó con defensa técnica tanto durante la instrucción como durante el juicio. Que ahora el actor critique a la defensa pasada porque debía o no interrogar a determinado testigo no es prueba de abandono o carencia defensiva pues los criterios posteriores de un abogado en ejercicio no pueden erigir en irregularidad el comportamiento profesional de quien o quienes le hayan antecedido sobre todo si, como ocurre con la demanda de casación examinada, no se demuestra la incidencia que el proceder añorado haya podido tener en el sentido de la sentencia.

(...).

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

No casar la sentencia impugnada por el defensor de Deisy Gledeth Padilla Polo».

_____________________________