Sentencia 17641 de junio 13 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Acta Nº 23 Radicación: 17641

Magistrado Ponente:

Dra. Carlos Isaac Náder

Bogotá D.C., trece de junio de dos mil dos.

Procede la Corte a resolver el recurso de casación interpuesto por el apoderado del señor Álvaro Ortiz Arenas contra la sentencia del 29 de junio de 2001, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario seguido por el recurrente al Instituto de Seguros Sociales.

I. Antecedentes

1. El demandante promovió el proceso con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, a partir del 18 de mayo de 1995, con los incrementos y mesadas adicionales, la indexación correspondiente y los intereses moratorios a que se refiere el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

2. En lo que interesa al recurso extraordinario expuso, como fundamento de las pretensiones, los siguientes hechos y omisiones: 1) Solicitó pensión de vejez al ISS por considerar que reunía los requisitos, la cual fue negada arguyendo dicha entidad que cuando se afilió a ella el peticionario ya disfrutaba de pensión de jubilación a cargo de “Caprecom”, por lo que estaba exonerado de cotizar; 2) Interpuestos en tiempo los recursos pertinentes contra tal decisión, éstos fueron desestimados.

3. El demandado se opuso a las pretensiones formuladas, aunque admitió los hechos de la demanda.

4. El Juzgado del conocimiento, el Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia del 7 de julio de 2000, condenó al ISS a reconocer y pagar la pensión de vejez al demandante, “la que debe ajustarse a la normatividad preexistente, una vez cumplidos los requisitos”.

Posteriormente mediante sentencia complementaria dispuso el pago de intereses moratorios “entre la fecha del cumplimiento de los requisitos para obtener la pensión de vejez y cuando se realice el pago”.

II. La sentencia del tribunal

Del recurso de apelación interpuesto por el demandante (el demandado desistió del suyo), conoció la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá la cual, mediante la sentencia ahora impugnada, adicionó la de primera instancia en el sentido de que el pago se haría a partir del 1º de mayo de 1997, en cuantía inicial de $ 312.664.20.

En lo que concierne al tema que es objeto de debate en el recurso de casación, el ad quem se limitó a establecer que siendo el demandante beneficiario del régimen de transición y faltándole menos de 10 años para adquirir el derecho cuando entró en vigencia la Ley 100, el ingreso base de liquidación está constituido por el promedio de lo devengado en el tiempo transcurrido entre el 1º de abril de 1994 y la fecha del retiro (30 de abril de 1997), con la correspondiente actualización anual con base en la variación del índice de precios al consumidor.

Bajo tales directrices procedió a calcular el promedio de lo devengado los últimos nueve meses del año 1994, luego promedió los IPC de ese mismo período, después actualizó el primero (promedio salarial de 1994) tomando como índice inicial el promedio del IPC de 1994 y como final el de abril de 1997. Esa misma fórmula aplicó para cada uno de los años subsiguientes.

En lo atinente a los 4 últimos meses de servicio, correspondientes al año 1997, hizo la actualización mes por mes.

lIl. Recurso de casación

Inconforme con la decisión del tribunal, la parte demandante interpuso el presente recurso con el que persigue la casación parcial de dicho fallo para que en sede de instancia señale la cuantía inicial de la pensión en suma superior a la decretada, “que debe resultar de la aplicación correcta ... del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ... y del artículo 11, inciso 1º, del Decreto 1748 de 1995 ...”.

Con dicho objetivo formula dos cargos, cuyo estudio se hará de manera conjunta dada la identidad de vía y la similitud de los argumentos esgrimidos.

Primer cargo

Acusa la sentencia de violar la ley por la vía directa a causa de la aplicación indebida del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la falta de aplicación del artículo 11 del Decreto 1748 de 1995, en relación con los artículos 10, 11, 21, 33, 151, 279 y 288 de la primera normatividad citada y, 12 y 13 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por Decreto 758 del mismo año.

Explica que el tribunal con desconocimiento del inciso 1º del artículo 1748 de 1995 aplicó, para determinar el monto de la pensión, el inciso pertinente del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 al que hizo producir un resultado distinto, por deficitario.

Luego de cuestionar las operaciones realizadas por el ad quem, dice que ellas no se ajustan al procedimiento indicado en los preceptos reseñados porque según éstos debió haber obtenido un solo promedio entre abril de 1994 y abril de 1997 para luego irlos actualizando año por año o por fracción de año, de tal suerte que la segunda actualización recayera sobre el primer promedio ya indexado, y así sucesivamente, según la fórmula que trae el artículo 11 del Decreto 1748 de 1995; con ese sistema resulta a favor del demandante una pensión de $ 414.001.49, superior a la señalada en el fallo acusado.

Segundo cargo

Por la vía directa acusa la sentencia de ser violatoria de la ley por interpretación errónea del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y falta de aplicación del artículo 11 del Decreto 1748 de 1995, en relación con los mismos preceptos invocados en el cargo anterior.

Para demostrar la acusación arguye que el correcto entendimiento del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consiste en que debe obtenerse un solo promedio de lo devengado en el lapso total involucrado para luego proceder a actualizarlo por año o por fracción de año de manera que la segunda actualización, si la hubiere, recaiga sobre ese promedio ya actualizado.

2. La réplica alega que el tribunal no incurrió en los desvíos que se le endilgan.

Se considera

Debe destacarse que en el presente caso no se discute el período de cotizaciones que debe tenerse en cuenta para efectos de hallar el ingreso de liquidación con base en los salarios devengados en dicho lapso, ni el monto definitivo de la pensión; el tema de auténtica controversia estriba en determinar la forma de calcular tanto el referido ingreso como el método para su actualización pues mientras el tribunal entendió que debía promediarse año por año los salarios sobre los cuales cotizó el trabajador durante el interregno comprendido entre la fecha de entrada en vigencia el sistema de seguridad social integral y el momento del retiro del servicio o de cesación de las cotizaciones para después actualizar esas sumas también año por año tomando como puntos de referencia el IPC de la última fecha antes indicada (cesación de las cotizaciones o retiro del servicio) y el promedio de tal índice correspondiente al año o porción de año en que se promediaron los ingresos, el recurrente sostiene, por el contrario, que debe hallarse un solo promedio salarial por todo el lapso comprendido entre los mismos extremos temporales indicados en el fallo acusado, y ese valor ajustarlo año por año, teniendo el cuidado que la actualización del segundo año recaiga sobre el promedio ya indexado, esto es, entre la fecha de entrada en vigencia del sistema y la del reconocimiento del derecho.

Para una mejor comprensión es menester poner de presente que en el sub lite el tribunal dejó establecido que el ingreso base de liquidación de la pensión sería el promedio de los ingresos percibidos por el trabajador entre el 1º de abril de 1994 (fecha de entrada en vigencia del régimen de seguridad social de la Ley 100) y el 30 de abril de 1997 (fecha en que cesaron las cotizaciones y se produjo el retiro del servicio), para lo cual calculó, en primer lugar el promedio salarial de 1994 (abril a diciembre) y después el de los años 1995 y 1996. Seguidamente computó el promedio del IPC durante esos mismos interregnos, año por año, comenzando por 1994; en esa dirección sumó los índices de abril a diciembre de ese año y lo dividió entre los nueve (9) meses. Luego actualizó los ingresos del primer año (1994) multiplicando el promedio de salarios de esa anualidad por el IPC final (el del 30 de abril de 1997) y lo dividió entre el índice inicial (el promedio de 1994) lo que arrojó el valor indexado; este ejercicio lo repitió, en los mismos términos, para los años siguientes, con excepción del año 1997 en que el ajuste se hizo mes por mes.

El impugnante, como ya se vio, se aparta de esa operación por cuanto a su juicio lo que manda el artículo 36 de la Ley 100 en armonía con el artículo 11 del Decreto 1748 de 1997 es que se obtenga un promedio salarial de todo el período, es decir de abril de 1994 a abril de 1997, y éste se actualice año por año teniendo en cuenta que la del segundo período debe partir del valor que resultó de la actualización del lapso anterior. Lo que pretende, partiendo de sus propias cuentas, es que con un promedio para los tres últimos años cotizados de $ 303.770.32 se haga la primera actualización con los índices de abril y diciembre de 1994, el valor resultante de esa operación es la suma a actualizar para el año 1995, con base en los IPC de enero y diciembre de ese año, y así sucesivamente.

Delimitado en esos términos el objeto del debate, considera la Corte que la razón está parcialmente del lado del recurrente porque si bien atinó el tribunal al entender que el promedio de los salarios debe calcularse año por año y no durante todo el período como aquel pretende, no estuvo igual de acertado al aplicar la fórmula de actualización pues tomó los índices de precios al consumidor de la fecha de reconocimiento del derecho y el promedio del año correspondiente a la ponderación de salarios, cuando el método que según la Sala más se aviene con el espíritu del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 indica que debe hacerse la actualización año por año o por fracción de año tomando el incremento del IPC de cada uno de ellos y aplicándolo al salario promediado, operación que debe dar como resultado el ingreso base de liquidación.

En torno a este tema es conveniente dejar en claro que el propósito del legislador al disponer la actualización de los ingresos o las rentas para efectos de establecer el ingreso base de liquidación fue garantizar que dichos ingresos mantuvieran su valor real de la manera más fidedigna posible, objetivo que se logra de manera bastante precisa si se indexan las sumas en su monto real, consolidándolas al 31 de diciembre de la respectiva anualidad o antes si se trata de una porción de año y no según la fórmula propuesta por el recurrente, ya que con ésta se producen mayores distorsiones del sistema como quiera que si se calcula un promedio durante todo el período objeto de liquidación, tal promedio resultaría en algunas ocasiones por encima y en otras por debajo de los valores efectivamente devengados en un año y de esta forma terminarían actualizándose sumas distintas a las verdaderamente recibidas.

De conformidad con lo discurrido, el cargo es parcialmente fundado, pero sólo en lo concerniente al procedimiento de actualización del ingreso base de cotización.

En sede de instancia, conviene advertir que los salarios promedios de cada anualidad y el monto de la pensión, son los deducidos por el ad quem, que, entre otras cosas, no son objeto de disputa.

Así las cosas, de la aplicación de la fórmula a que antes se hizo referencia resulta lo siguiente:

Año 1994

Fórmula: Promedio salarial de 1994 por IPC de abril 1º de 1994 a abril 30 de 1997 (año por año o fracción) por número de días a indexar en 1994, entre tiempo total desde la entrada en vigencia del sistema de seguridad social integral hasta la del reconocimiento del derecho.

Se tiene entonces:

$ 220.000 x (11.54) x (19.47) x (21.64) x (8.19) = 385.812 x 270 días entre 1.110 días = $ 93.846.15.

Año 1995

Se aplica la misma fórmula, pero el promedio es el de 1995, los IPC son de 1995 a 1997 (año por año o fracción) y el número de días es el de todo el año 1995.

Entonces:

$ 268.586.16 x (19.47) x (21.64) x (8.19) = 422.285.40 x 360 entre 1.110 = $ 136.957.40

Año 1996

$ 323.779 x (21.64) x (8.19) = 426.100.70 x 360 entre 1.110 = $ 138.194.80.

Año 1997

$ 375.000 x (8.19) = 405.712.50 x 120 entre 1.110 $ 43.860.80.

Totalizando los anteriores rubros resulta un ingreso base de liquidación de $ 412.859.15 que multiplicada por el 84%, dado que el trabajador cotizó 1.167,418 semanas, arroja la suma de $ 346.801.68, que es el valor que corresponde al demandante por concepto de pensión de vejez, el cual será pagadero a partir del 1º de mayo de 1997.

Como el recurso prospera, no hay lugar a costas en casación. Las de instancia, son a cargo de la entidad demandada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., el 29 de junio de 2001 en el proceso ordinario laboral seguido por Álvaro Ortiz Arenas contra el Instituto de Seguros Sociales en lo relacionado con la cuantía de la pensión de vejez. En sede de instancia modifica el fallo de primer grado y, en su lugar, condena al demandado a pagar al actor pensión de vejez a partir del 1º de mayo de 1997 en cuantía de trescientos cuarenta y seis mil ochocientos un pesos con sesenta y ocho centavos ($ 346.801.68). La confirma en lo demás.

Sin costas en el recurso extraordinario. Las de instancia, a cargo del demandado.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

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