Sentencia 17657 de junio 18 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 50001-23-31-000-2009-00076-01(17657)

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Actor: Ecopetrol S.A.

Demandado: Municipio de Acacías

Bogotá, D.C., dieciocho de junio de dos mil nueve.

Auto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto del 10 de marzo de 2009, proferido por el Tribunal Administrativo del Meta, que negó la solicitud de suspensión provisional presentada.

Antecedentes

En ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, la parte actora demandó la nulidad del Acuerdo 005 del 30 de junio de 2007, expedido por el Concejo Municipal de Acacías (Meta), por el cual se fijan las tarifas de alumbrado público para ese municipio.

Solicitó la suspensión provisional del mismo, por cuanto el Consejo de Estado mediante sentencias del 17 de julio de 2008, Expediente 16170, y 4 de septiembre del mismo año, Expediente 16850, declaró ilegal el cobro del impuesto de alumbrado público.

Dijo que el acuerdo demandado igualmente debía ser suspendido, por desconocer los artículos 16 del Decreto 1056 de 1953, 27 de la Ley 141 de 1993 y el Decreto 850 de 1965, ya que estas normas prohíben a las entidades territoriales imponer cualquier tipo de gravamen a la explotación de los recursos naturales no renovables como el petróleo, incluyendo las líneas para el transporte de combustibles.

2.(sic) Providencia impugnada.

En auto del 10 de marzo de 2009, el Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda y negó la suspensión provisional porque no se evidenciaba una violación manifiesta de las normas presuntamente violadas.

Consideró que debía analizarse si las tarifas dispuestas en el acuerdo acusado se originaban en razón a la exploración o explotación del petróleo o si se derivaban de la utilización del alumbrado público.

Señaló que no había claridad respecto a la relación que guarda el alumbrado público con la explotación del petróleo, lo que hacía inevitable todo un análisis para concluir sobre la legalidad del acto acusado.

3. Recurso de apelación.

Sin sustentarlo, la demandante apeló esa decisión. Expresó que sustentaría el recurso en la oportunidad legal conferida para tal efecto por el Consejo de Estado, oportunidad de que se carece en el trámite de la apelación del auto que niega la suspensión provisional, como se verá enseguida.

4. Consideraciones de la Sala.

Conforme con los artículos 155 y 213 del Código Contencioso Administrativo, el auto que resuelve sobre la solicitud de suspensión provisional en procesos de primera instancia, a diferencia de otros autos, es apelable en el efecto diferido y se resuelve de plano por el superior. Por tanto, frente a esta singular providencia interlocutoria no existe el procedimiento que se surte para las demás providencias que sean objeto de apelación dentro del proceso contencioso administrativo, como lo es el traslado para sustentar cuando el recurso no se sustenta en el momento de su interposición.

Cabe precisar, igualmente, que la exigencia de la sustentación de la apelación, requisito necesario para la admisión de un recurso, no es obligatoria en estos casos, esto es, cuando se apela un auto que decide sobre la solicitud de suspensión provisional, pues el cumplimiento de la sustentación del recurso se encuentra relevado por la fundamentación hecha en la solicitud presentada con la demanda.

Aclarado lo anterior, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto del 10 de marzo de 2009, por el cual el Tribunal Administrativo del Meta negó la solicitud de suspensión provisional del Acuerdo 005 del 30 de junio de 2007, expedido por el concejo municipal de Acacías (Meta), por el cual se fijan las tarifas de alumbrado público para ese municipio.

La actora alegó en la solicitud que el acuerdo acusado es inaplicable por carecer de los requisitos previstos en la Constitución Política, de acuerdo con lo expuesto por el Consejo de Estado en las sentencias citadas al inicio de esta providencia. Dijo, además, que la exploración y explotación del petróleo no puede ser objeto de gravamen, conforme con la exención legal dispuesta en los artículos 16 del Decreto 1056 de 1953, 27 de la Ley 141 de 1993 y el Decreto 850 de 1965.

La Sala confirmará el auto apelado por las siguientes razones:

1. Conforme con el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, la procedencia de la solicitud de suspensión provisional está supeditada, entre otros requisitos, a que la discordancia de las normas acusadas con aquellas a las que debe sujeción sea manifiesta, protuberante, en otras palabras, que no se requiera por parte del juzgador hacer análisis o estudios profundos sobre la inconformidad del acto con las normas superiores señaladas como violadas.

2. En efecto, en el caso concreto si bien la solicitud de suspensión provisional planteada cumple con las demás exigencias legales, no aparece de manera manifiesta la infracción que aduce la actora, pues, para la Sala, como lo sostuvo recientemente, por un lado, “debe analizarse el alcance de las potestades impositivas de los concejos municipales, el contenido de las leyes invocadas y de acuerdo a ello, establecer si se vulneran las competencias asignadas en el artículo 338 de la Constitución Política” (1) .

De otro lado, el hecho de que la Sala, en reiterados pronunciamientos, haya declarado la ilegalidad del cobro del impuesto de alumbrado público no significa que ese criterio deba ser tenido en cuenta al momento de proferir autos de admisión de demanda, pues esa conclusión supone el análisis de las normas que regulan la materia. Por tanto, ese criterio ha sido expuesto en sentencias y no en autos de admisión de demanda (2) .

En consecuencia, ese estudio solo puede llevarse a cabo al momento de proferir sentencia y no en esta oportunidad procesal.

3. Por otra parte, en cuanto al argumento de que el acuerdo demandado desconoce el artículo 16 del Decreto 1056 de 1953, el Decreto 850 de 1965 y el artículo 27 de la Ley 141 de 1993, ya que grava con ese impuesto las líneas instaladas en la jurisdicción del municipio de Acacías para el transporte de combustible, que son para el beneficio de la actividad petrolera, observa la Sala que no es procedente la suspensión provisional porque a esa conclusión solo se puede llegar luego de hacer estudios y análisis de las disposiciones que reglamentan la materia, que sólo puede llevarse a cabo al momento de proferir sentencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

Confírmase el auto del 10 de marzo de 2009, proferido por el Tribunal Administrativo del Meta, que negó la solicitud de suspensión provisional presentada.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

Magistrados: Martha Teresa Briceño de ValenciaHugo Fernando Bastidas BárcenasWilliam Giraldo GiraldoHéctor J. Romero Díaz.

(1) Consejo de Estado, Sección Cuarta. Auto del 21 de mayo de 2009. Expediente: 17563. M.P. William Giraldo Giraldo. Actor: Fabio Londoño Gutiérrez.

(2) Consejo de Estado, Sección Cuarta. Auto del 27 de mayo de 2009. Expediente: 17610. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

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