Sentencia 17659 de junio 13 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Expediente 17659

Acta 23

Magistrada Ponente:

Dra. Isaura Vargas Díaz

Bogotá, D.C., trece de junio de dos mil dos.

EXTRACTOS: «Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Leonor del Pilar García Lara, Olga Patricia Puentes Ladino, Ana Luz Puentes, Luis Germán Valbuena, Dora Martínez de Nupia, Darubin Silva Rivera, Deicy Álvarez Torres y Jorge Eugenio Vásquez, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 28 de octubre de 1999 en el proceso que le siguen a la Caja de Compensación Familiar del Huila “Comfamiliar”.

I. Antecedentes

El proceso fue iniciado, además de otros demandantes a quienes no les fue concedido el recurso extraordinario, por los recurrentes en casación para que se declarara que “fueron indebidamente presionados para que se acogieran al nuevo sistema de liquidación de cesantías consagradas en la Ley 50 de 1990, violentando lo ordenado en el artículo 53 de la Constitución Nacional y artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo” (fl. 16 del cdno. ppal.) y, como consecuencia de esa declaración, se condenara a la demandada a “continuar pagando las cesantías con el sistema anterior a la Ley 50 de 1990, al cual estaban sometidos” (ibídem).

Basaron esas pretensiones en los siguientes hechos:

Desde antes del 1º de enero de 1991 le trabajan a la demandada, cuyas directivas de manera indebida los presionaron para que se acogieran al nuevo régimen de cesantías previsto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, mediante ofertas de dinero, estableciendo cuatro plazos, y según cada vencimiento se les ofrecía una suma de dinero cada vez menor, hasta llegar al despido el 22 de diciembre de 1994, si no se habían acogido, “aunque esto último no aparecía en el plan por obvias razones, el director y otros altos directivos así se los manifestaban verbalmente” (fl. 17 del cdno. ppal.), además que esas bonificaciones fueron impuestas unilateralmente por la empleadora.

Adujeron que ante la posibilidad de perder dinero en tan sólo 15 días, o verse abocados al despido, no tuvieron otra opción que la de someterse obligadamente a la voluntad de la empresa y, si bien, no todos los trabajadores se acogieron al nuevo sistema continuaron trabajando, “es de recordar igualmente que no todos los seres humanos responden por igual a una amenaza” (fl. 18 del cdno. ppal.).

Igualmente manifestaron que su empleadora abusó del derecho, al obligarlos a adoptar el nuevo régimen, porque tenía el plan de bonificaciones por ella impuesto listo, pues los formatos por medio de los cuales ellos se acogían a ese sistema eran iguales para todos, ya que solamente firmaban los papeles sin derecho a réplica.

Al contestar la demanda, la Caja de Compensación Familiar del Huila se opuso a las pretensiones, pues aun cuando aceptó que los demandantes le trabajaban antes del 1º de enero de 1991, alegó en su defensa, al sustentar la excepción de carencia de fundamentos fácticos y jurídicos para demandar que “la casi totalidad de la empresas y empleadores particulares, concientes (sic) de que en algunos casos el nuevo sistema de liquidación podía significar para el trabajador un menor ingreso en términos económicos, idearon mecanismos a través de los cuales se pudiera compensar dicha eventual perdida (sic), mediante la utilización de cálculos actuariales, muchos de ellos elaborados y sugeridos por los nacientes fondos de cesantías que se crearon a raíz de la expedición de la Ley 50 de 1990, ofrecimiento de indemnización, bonificación o compensación, que era efectuado a los trabajadores quienes voluntariamente decidían si les convenía realizarlo o por el contrario continuaban con el antiguo régimen de liquidación de cesantías a la finalización del contrato de trabajo” (fl. 29 del cdno. ppal.).

Al poner término a la primera instancia, mediante fallo del 17 de febrero de 1999, el Juzgado de conocimiento, que lo fue el Segundo Laboral del Circuito de Neiva, declaró que los demandantes fueron indebidamente presionados por la demandada para acogerse al sistema de liquidación de cesantía consagrado en la Ley 50 de 1990 y la condenó a continuar liquidando y pagándoles ese auxilio con el sistema anterior a dicha ley, al cual estaban sometidos. Declaró no probada la excepción propuesta y la condenó en costas.

(...).

V. Consideraciones de la Corte

En este cargo los recurrentes no cuestionan todos los soportes valorativos de la providencia gravada puesto que dejan libre de crítica las inferencias que obtuvo el tribunal del examen de la certificación suscrita por el jefe de la división administrativa de la caja demandada, donde aparece cuáles trabajadores no se acogieron al nuevo régimen de cesantía y las comunicaciones dirigidas por los actores a la accionada manifestando que se acogen a ese régimen especial del auxilio de cesantía.

La omisión en el reproche a la apreciación de esos medios de convicción, que dada la naturaleza rogada del recurso la Corte no puede suplir oficiosamente, conduce inexorablemente a que las conclusiones que el fallador obtuvo de ellas deban permanecer intactas como estribo de la sentencia atacada.

De igual modo, guardan silencio los impugnantes sobre los razonamientos jurídicos del tribunal acerca de la subordinación, el deber de obediencia y la concepción que la ley tiene del trabajador, que le sirvieron de base para concluir la inexistencia de la coacción por ellos alegada.

Con todo, de un examen de los medios de convicción que se citan en el cargo, resulta objetivamente lo siguiente:

1. De las circulares enviadas a Luz Marina Pérez Mora y Doris Martínez de Nupia, que obran a los folios 61 y 62 y las de folios 98 y 99 remitidas por el jefe de la división administrativa de Comfamiliar, concluyó el tribunal que su objeto fue la citación de los trabajadores de la demandada a reuniones para ser informados de la normatividad laboral y ofrecer a los que se acogieran al sistema de cesantías establecido en los artículos 98 y 99 de la Ley 50 de 1990 el pago de unas bonificaciones, asentando que ello “obedeció más a una labor de información sobre las ventajas o desventajas que acarrearía el acogimiento a la misma por parte de los empleados de Comfamiliar a obtener que efectivamente todas (sic) se acogieran obligatoriamente al nuevo sistema de cesantías contempladas por el (sic) Ley 50 de 1990” (fl. 60 del cdno. tribunal).

Esa inferencia no es explícitamente controvertida por los impugnantes, quienes se circunscriben a expresar que las reuniones de que dan cuenta esos documentos fueron “supuestamente informativas sobre el plan” y que, frente a los plazos que colocó la demandada para acogerse a la nueva regulación, cada vez menores, era mejor aceptar la imposición de la empresa o verse sometidos a peores consecuencias y por ello se constituyen en un mecanismo de presión indebida de quienes están bajo subordinación e inferioridad de condiciones.

Para apoyar ese argumento, tan sólo se refieren a decisiones de la Corte Constitucional, que el tribunal tuvo en cuenta pues, como quedó dicho, concluyó que si bien la jurisprudencia ha señalado que carece de legitimidad la actitud de una empresa que pretenda presionar a los trabajadores mediante ofertas o amenazas para que se acojan a un régimen que para ellos es opcional, en el sub examine no se advierten tales circunstancias.

Pero, salvo esa referencia a un criterio jurisprudencial, para controvertir la conclusión del fallador los recurrentes no explican de manera clara qué es lo que en realidad esos medios de convicción acreditan y el yerro evidente en su apreciación y no confrontan lo que surge de las pruebas que dicen mal apreciadas con la decisión acogida en la resolución judicial, como quiera que no hacen ningún esfuerzo por demostrar la existencia de un desacierto garrafal.

En efecto salvo su propia afirmación, no demuestran por qué el ofrecimiento de una suma de dinero y el señalamiento de unos plazos para aceptar esa propuesta implica una presión indebida con la entidad suficiente para afectar su voluntad, por producir en ellos una fuerte impresión o infundir el temor fundado de verse expuestos a un mal irreparable y grave, por cuanto que basan la crítica al fallo en sus personales criterios sobre lo que, en su opinión, constituyó “un mecanismo sutil pero eficaz” para obligarlos a trasladarse al régimen de liquidación del auxilio de cesantía previsto en la Ley 50 de 1990.

Por tal razón, recuerda la Corte que si el ataque en casación se plantea por errores de hecho, como aquí sucede, los razonamientos conducentes deberán enderezarse a criticar la valoración probatoria y demostrar que el desacierto fue evidente, de modo que se imponga a la mente sin necesidad de conjeturas, suposiciones, razonamientos o, en general, interpretaciones de la prueba que mediante raciocinios permitan inferir algo distinto a lo que en sí misma de manera evidente ella acredita, sin que para ello importe que lo conjeturado resulte más o menos razonable. Por ello, gráficamente se ha dicho que por tal clase de yerro sólo puede tenerse el que “brilla al ojo”.

Así las cosas, las suposiciones y afirmaciones efectuadas por los impugnantes no son suficientes para desvirtuar la conclusión del fallador de segundo grado de no existir prueba en el proceso que acredite que quienes optaron por no acogerse al nuevo régimen de liquidación de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990 hayan sido despedidos de sus cargos y que quienes se acogieron al nuevo régimen, lo hicieron autónomamente, sin que les fuera viciada su voluntad.

No sobra advertir, adicionalmente, que en reiteradas oportunidades ha precisado esta corporación que el ofrecimiento por parte del empleador de sumas de dinero al trabajador para tomar alguna determinación en el desarrollo del contrato de trabajo, siempre y cuando no vaya acompañada de un real medio de presión, no constituye una coacción indebida. Así lo explicó en relación con la terminación del contrato de trabajo, entre otras, en la sentencia del 5º de febrero de 1999, radicado 11300, a la que pertenecen los apartes que a continuación se transcriben y que, mutatis mutandis, resultan aplicables a la situación que se presenta en relación con el cambio del régimen jurídico aplicable a la liquidación del auxilio de cesantía:

“Por el interés teórico y práctico que reviste el asunto, y a fin de corregir el grave error conceptual en que incurre el Tribunal de Cúcuta, conviene transcribir aquí los apartes del fallo de 1982:

“En la vida del derecho, el mutuo consentimiento, o sea el acuerdo de voluntades entre dos o más personas para realizar un negocio jurídico, tiene en principio plena validez. Pero si el consentimiento de alguna de esas personas está viciado por error, fuerza o dolo, el acto es susceptible de invalidación.

“Por mutuo acuerdo entre empleador y empleado debe siempre celebrarse el contrato de trabajo. Y en la misma forma puede modificarse o aun extinguirse por resciliación. Pero esta última no exige esencialmente que la gratuidad sea el móvil determinante para uno o para ambos contratantes cuando quieran de consuno fenecer el contrato. Bien puede una de las partes ofrecerle y la otra una compensación en dinero o en especie para que acepte resciliar el contrato, sin que esa oferta pueda calificarse por sí misma como una forma de coacción o de violencia ejercida sobre la contraparte.

“Si quien recibe la oferta decide aceptarla porque la encuentra conveniente a sus intereses, no hay base para sostener que el contrato de trabajo fue roto unilateralmente por el oferente y que hubo una víctima de un obrar contrario a derecho que debe ser indemnizada. Aquella manifestación expresa de uno de los contratantes de aceptar lo ofrecido por su contraparte no puede calificarse como intrínsecamente inválida, puesto que no cabe olvidar tampoco que el error, la fuerza o el dolo no se presumen sino que deben demostrarse plenamente por quien alegue haberlos padecido”.

No sobra recordar que la Corte ha señalado insistentemente que no existe prohibición alguna que impida a los empleadores promover planes de retiro compensados, ni ofrecer a sus trabajadores sumas de dinero a título de bonificación, sin que ello, por sí solo, constituya un mecanismo de coacción, pues tales propuestas son legítimas en la medida en que el trabajador está en libertad de aceptarlas o rechazarlas, e incluso formularle al patrono ofertas distintas, que de igual manera pueden ser aprobadas o desestimadas por éste, por lo que no es dable calificar ni unas ni otras de presiones indebidas por parte de quien las expresa, pues debe entenderse que dichas ofertas son un medio idóneo, legal y muchas veces conveniente de rescindir los contratos de trabajo y zanjar las diferencias que puedan presentarse en el desarrollo de las relaciones de trabajo”.

2. En relación con las declaraciones rendidas por los demandantes el cargo se limita a transcribir algunos apartes de ellas y a expresar de manera general que “lo dicho por ellos, era totalmente contrario a la conclusión que llegó el ad quem” (fl. 21 del cdno. de la Corte), pero sin ilustrar las razones por las cuales a la luz de lo que acreditan esos medios de convicción, esa deducción es equivocada.

No obstante, cabe advertir que el juez de la alzada tuvo en cuenta que “los declarantes en su mayoría coinciden en que se sintieron presionados con un posible despido por parte de la entidad demandada en el evento de no acogerse al nuevo régimen de cesantías previsto en la citada ley” (fl. 62 del cdno. del tribunal), conclusión que es la que aparentemente echan de menos los impugnantes al transcribir apartes de sus declaraciones, pero también asentó que de lo manifestado por Olga Puentes, Elsa Bedoya, Gertrudis Narváez y Yoesneth Narváez, se desprende que “no fueron amenazados o presionados directa o indirectamente por la Caja de Compensación familiar con cancelarles el contrato de trabajo” (ibídem), razonamiento que en la acusación se deja libre de crítica.

Mas, si se pudiese llegar a concluir que el tribunal obtuvo de esas declaraciones algo diferente a lo que surge de ellas y no concluyó de la de Luis Germán Valbuena que no valoró, la existencia de presiones por los jefes de división y departamentos, habrá necesariamente que tener en cuenta que lo que pretenden los impugnantes es que lo por ellos expresado sea tenido como prueba de los hechos que alegan en su favor, lo que, desde luego, no es admisible, además de que tales afirmaciones no pueden ser constitutivas de confesión en los términos del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil por cuanto no versan sobre hechos que produzcan consecuencias adversas para ellos o favorezcan a su contraparte.

Y, si en gracia de discusión se entendiera que contienen una confesión que el tribunal no analizó, resultaría entonces que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 del Código de Procedimiento Civil “la confesión que no provenga de todos los litisconsortes necesarios tendrá el valor de testimonio de tercero, igual valor tendrá la que haga un litisconsorte facultativo respecto de los demás”; de suerte que deberán ser ellas apreciadas, respecto de quien no declara, como testimonios, medio de convicción que, como es suficientemente sabido, no es medio hábil en la casación del trabajo.

3. En cuanto hace al documento de folio 96, al cual el tribunal no se refirió expresamente, debe anotarse que no es posible establecer su autoría, porque no se halla suscrito, de modo que, en tales condiciones, no sería hábil para establecer los plazos que unilateralmente estableció la demandada, a que aluden los recurrentes. Mas, como ya se dijo, aun de demostrarse la existencia de esos plazos, no sería tal circunstancia demostrativa de la coacción invocada por los actores.

4. Como quedó dicho, los testimonios no son medio idóneo para estructurar un desacierto de hecho, lo que releva a la Corte de su estudio.

De lo que viene de decirse fuerza concluir que el cargo no prospera, habida consideración de que no demuestra los desaciertos que le enrostra a la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 28 de octubre de 1999 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva en el proceso instaurado por Leonor del Pilar García, Olga Patricia Puentes Ladino, Ana Luz Puentes, Luis Germán Valbuena, Dora Martínez de Nupia, Darubin Silva Rivera, Deicy Álvarez Torres y Jorge Eugenio Vásquez y otros contra la Caja de Compensación Familiar del Huila “Comfamiliar”.

Costas en el recurso a cargo de los recurrentes.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.

ACLARACIÓN DE VOTO

A pesar de compartir la decisión de la Corte de no darle prosperidad al recurso de casación propuesto por Leonor del Pilar García Lara y otros contra la sentencia del 28 de octubre de 1999, proferida por la Sala Laboral del Distrito Judicial de Neiva, me permito aclarar el voto en el sentido que no participo de la afirmación de la Sala de que “la eficacia del cambio del régimen de cesantías no precisa el cumplimiento” de la formalidad exigida por el artículo 114 de la Ley 100 de 1993.

Lo anterior por cuanto con relación a la sentencia del 6 de septiembre de 1999, radicación 11909, que se trae a colación en sustento de la aludida aseveración, salvé el voto, y es por eso que para explicar mi posición en este asunto, me permito traer a colación lo que en esa ocasión manifesté, así:

“Si bien es cierto que ha sido una tendencia en el desarrollo del derecho eliminar las solemnidades, también lo es que en defensa del mismo, para la existencia o validez de ciertos actos jurídicos se ha estimado necesario exigir el cumplimiento de algunas”.

“De tal situación no ha sido ajeno el derecho laboral, en el que, en su gran mayoría, las contempla para proteger a una de las partes de la relación jurídica contractual.

“Precisamente, en mi sentir, esa es la circunstancia que se da con relación a la manifestación de voluntad que como consecuencia del cambio de régimen del auxilio de cesantía regula la Ley 50 de 1990, la que en su artículo 98, dispuso que se debía hacer por escrito. Formalidad que la ley 100 de 1993 no consideró suficiente para tal acto jurídico, ya que agregó otra más, que es la que echa de menos el tribunal para acoger la pretensión del mandante, y cuya omisión sostengo afecta la validez del mismo, sin que en este caso, como lo sugiere la mayoría, pueda predicarse un saneamiento de la nulidad por el no cumplimiento de esa formalidad, y menos, que ello pueda ocurrir porque “no aparece que haya generado perjuicio alguno al trabajador”, ya que aquella no depende de esa circunstancia sino que proviene es del incumplimiento de la ley.

Y es que la norma con referencia a la cual el tribunal desató la controversia, y que se denuncia por el censor como erróneamente interpretada, es el artículo 114 de la Ley 100 de 1993 en cuanto alude al auxilio de cesantía, la que dispone:

“Requisito para el traslado de régimen. Los trabajadores y servidores públicos que en virtud de lo previsto en la presente ley se trasladen por primera vez de régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, deberán presentar a la respectiva entidad administradora comunicación escrita en la que conste que la selección de dicho régimen se ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones.

“Este mismo requisito es obligatorio para los trabajadores vinculados con los empleadores hasta el 31 de diciembre de 1990 y que decidan trasladarse a régimen especial de cesantía previsto en la Ley 50 de 1990, para lo cual se requerirá que adicionalmente dicha comunicación sea rendida ante notario público, o en su defecto ante la primera autoridad política del lugar”.

“En este caso, y ello es propio de la vía directa a la que acude el recurrente, no se discute que el escrito en el que el demandado comunicó su acogimiento al nuevo régimen de cesantía no fue rendido ante notario público o la primera autoridad política del lugar.

“Ahora bien, para el tribunal el cumplimiento de lo que manda la mencionada disposición, y que se omitió, es necesario “para que un cambio de un régimen a otro se tenga ajustado a derecho sea válido y produzca plenos efectos” y por ello concluyó que el actor se rige por el “tradicional o retroactivo del código” y consecuencialmente, su decisión fue decretar “la nulidad del acogimiento a la Ley 50 de 1990 que hizo el demandante frente a la cesantía”.

“En cambio el impugnante aduce que el alcance que se le da a la norma es equivocado porque ésta “no establece ninguna sanción para la eventualidad que no se haga en tal forma y donde la ley no impone sanciones no puede el juzgador entrar a hacerlas extensivas o a presumirlas, las sanciones como penas que son deben estar expresas en la norma de lo contrario serán situaciones que influirán en otras materias pero no es sanción misma (...)”; y más adelante agrega: En el caso concreto ante la falta de autenticación tendremos necesidad de acudir a otros medios de prueba al indicio que se desprende de la presentación de la comunicación escrita como lo establece el artículo 98 de la Ley, 50 de 1990 y a los demás medios como el interrogatorio de parte absuelto por el demandante para decidir si fue o no libre voluntario y espontáneo del trabajador su consentimiento y acogimiento es este el verdadero alcance del artículo 114 de la Ley 100 de 1993 pero no del que dio la sentencia del tribunal (...)”.

“Planteada la situación así, debe empezarse por precisar que la regulación contenida en el Código Civil sobre la “Ley” es perfectamente aplicable en asuntos del trabajo, por lo que no tiene razón la censura al sostener que como el artículo 114 de la Ley 100 de 1993 no consagra la nulidad como sanción por el incumplimiento a lo que ella dispone, erró el tribunal al darle ese alcance a la omisión ya anotada. Y esto porque los artículos 4º, 5º y 6º son claros al establecer:

“ART. 4º—Ley es la declaración de voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la Constitución Nacional. El carácter general de la ley es mandar, prohibir, permitir o castigar”.

“ART. 5º—Pero no es necesario que la ley que manda, prohíbe o permita, contenga o exprese en sí misma la pena o castigo en que se incurre por su violación. El Código Penal es el que define los delitos y les señala penas.

“ART. 6º—La sanción legal no es sólo la pena sino también la recompensa: es el bien o el mal que se deriva como consecuencia del cumplimiento de sus mandatos o de la transgresión de sus prohibiciones.

“En materia civil son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley, si en ella misma no se dispone otra cosa. Esa nulidad, así como la validez y firmeza de los que se arreglan a la ley, constituyen suficientes penas y recompensas aparte de las que se estipulan en los contratos”.

“De otro lado, de aceptarse el criterio del impugnante se tendría que en aquellas normas laborales en que se hace una exigencia especial y no se expresa cuál es la consecuencia de su inobservancia, no habría lugar a alguna, pues de hacerse implicaría imponer una sanción que aquella no contempla. Esto no es así ya que son varios los casos que del Código Sustantivo del Trabajo se pueden citar en los que su no sujeción al requisito que la norma legal contempla, conlleva, así no esté regulado expresamente, una consecuencia adversa para quien las infringe, tal como sucede en las situaciones de los artículos: 46 (que el término fijo se pacte por escrito); 59 y 149 (autorización por escrito para deducciones, retenciones o compensaciones sobre salarios y prestaciones); 65 (que la consignación se haga ante el juez del trabajo y, en su defecto, ante la primera autoridad política del lugar); 139 (autorización escrita para entregar salarios a un tercero); 489 (escrito para interrumpir la prescripción).

“De modo, pues, se repite, no es de recibo el argumento de recurrente para que califique de errónea la interpretación que el tribunal hizo de la ley en asuntos de las características del que se trata y ya puntualizada. Y es que la exigencia del artículo 114 de la Ley 100 de 1993 relativa a que la declaración de voluntad del trabajador de cambiar de régimen del auxilio de cesantía sea por escrito y “rendida ante notario público, o en su defecto ante la primera autoridad política del Iugar” por la trascendencia que tiene, no puede ser considerada como una simple formalidad, sino que es un requisito o exigencia indispensable para que ese acto surta sus efectos legales, y el omitirlo implica que esa situación encaje en el artículo 1740 del Código Civil, aquí aplicable por lo previsto en el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, y el que dispone:

“Es nulo todo acto o contrato al que falte alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes.

“La nulidad puede ser absoluta o relativa (...)”».

Fernando Vásquez Botero 

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