Sentencia 17664 de mayo 2 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 17664

Acta Nº 16

Magistrados ponentes:

Germán Valdés Sánchez

Isaura Vargas Díaz

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil dos.

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por Lucrecia Flórez contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Cali el 23 de julio de 2001, dentro del proceso ordinario laboral que le prosigue a la sociedad Chidral S.A. ESP.

Antecedentes

Lucrecia Flórez demandó a la sociedad Chidral S.A. con el fin de que se condene a ésta a pagarle el total de la pensión que le fuera sustituida en su calidad de cónyuge supérstite de Jesús Antonio Suaza Mejía, así como sus reajustes legales, las mesadas adicionales, la indexación o corrección monetaria y los intereses de mora.

La demandante fundamenta sus pretensiones en que la empresa demandada mediante Resolución 761 del 19 de octubre de 1978 le reconoció a su cónyuge Jesús Antonio Suaza Mejía la pensión de jubilación convencional consagrada en el numeral 1º del artículo 6º de la convención colectiva de trabajo suscrita el 10 de agosto de 1978, a partir del 1º de octubre de 1978, en un monto de $ 5.258.35; que el Instituto de Seguros Sociales, seccional Valle mediante Resolución 783 del 11 de marzo de 1983 le reconoció a aquél su pensión de vejez, a partir del 30 de octubre de 1981; que desde cuando la anterior entidad de seguridad social le reconoció al señor Suaza Mejía la pensión de vejez la empresa demandada le descontó mensualmente a éste de la pensión de jubilación convencional el valor equivalente a aquella prestación, aduciendo como fundamento para ello lo dispuesto en el artículo segundo de la Resolución 761 del 19 de octubre de 1978, siendo que lo ahí previsto no tenía efectos respecto del señor Suaza Mejía, ya que la norma convencional en virtud de la cual se le otorgó a éste su pensión de jubilación no contempla condición resolutoria alguna, ni supeditó el pago de dicha prestación extralegal al reconocimiento de la pensión de vejez por parte del ISS.

Continúa diciendo la actora que la accionada a través de la Resolución 3174 del 14 de enero de 1998 le sustituyó, en su condición de cónyuge sobreviviente de Jesús Antonio Suaza Mejía, la pensión de jubilación convencional reconocida a éste, pero cancelándole tan sólo el valor de la diferencia resultante entre el monto de aquélla y el de la pensión de vejez, por lo que se le adeudan los valores descontados, ya que tales deducciones son ilegales porque la pensión convencional es compatible con la de vejez, razón por la cual ella tiene derecho a disfrutar de ambas.

La accionada al contestar la demanda se opuso a las pretensiones de la actora. Respecto a los hechos en que ésta fundamentó sus peticiones expresó, con algunas aclaraciones, que no era cierto, que otros no lo eran y que alguno no le constaba. Propuso la excepción de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, prescripción, compensación y carencia de acción o derecho para demandar.

Decisiones de instancia

En primera instancia el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali condenó a la demandada a pagarle a la actora las diferencias pensionales, las mesadas adicionales y los incrementos de ley determinados en la sentencia, así como los intereses moratorios a la tasa máxima vigente al momento en que se efectúe el pago de los anteriores conceptos.

El tribunal al resolver la apelación interpuesta por la apoderada de la parte demandada revocó la decisión a quo y, en su lugar, absolvió a la accionada de las pretensiones de la demanda.

El ad quem para adoptar su decisión se basó, esencialmente, en la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de fecha 17 de mayo de 2001 (rad. 15484), como que dedujo de las directrices sentadas en ese pronunciamiento que la pensión de jubilación reconocida al señor Jesús Antonio Suaza Mejía, que años después le fue sustituida a su cónyuge señora Lucrecia Flórez, le fue concedida a aquél en virtud de los artículos 27 del Decreto 3135 de 1968 y 68 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969, por cuanto estas normas prevén la jubilación para los trabajadores oficiales al cumplir 55 años de edad y 20 de servicios.

El recurso de casación

Lo interpone la parte demandante con el propósito de que:

“... se case en su totalidad el fallo acusado y que en su lugar obrando la honorable Corte Suprema de Justicia en función de instancia, confirme en todos y en cada una de sus partes el fallo de primer grado, proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali.

Con tal fin presenta un único cargo que no fue replicado.

Se acusa a la sentencia del tribunal de “... ser violatoria de la ley sustancial por aplicación indebida de los artículos 1º, 60 y 61 del Decreto 3041 de 1966 y en relación inmediata con los artículos 27 del Decreto 3135 de 1968, 68 y 69 (num. 3º) del Decreto 1848 de 1969 y 5º del Decreto 2879 de 1985 y los artículos 1º, 9º, 13, 16, 18, 19, 20, 21 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo”.

Se dice que la infracción de las anteriores disposiciones se debió a la comisión por parte del tribunal de los siguientes errores de hecho:

“1. Reconocer que el derecho pensional del cónyuge de la recurrente tenía carácter convencional pero trastocarlo en legal con base en una sentencia de la Corte que se refiere a un caso completamente diferente.

“2. Darle carácter legal, cuando no lo era, a la pensión reconocida al cónyuge de la recurrente por parte de la empresa demandada con fundamento equivocado en los artículos 27 del Decreto 3135 de 1968 y 68 y 69 (num. 3º) del Decreto 1848 de 1969.

“3. No reconocer, debiendo hacerlo, que la pensión del cónyuge de la recurrente era de carácter convencional.

“4. Considerar, sin tener por qué hacerlo, que la pensión del cónyuge de la recurrente otorgada por la demandada era compartible con la pensión de vejez otorgada por el Seguro Social.

“5. Concluir contra toda evidencia que la norma convencional sobre la que se fundó el reconocimiento de la pensión del demandante no mejoraba el derecho legal que entonces tenía el trabajador, cuando en realidad dicha norma convencional sí mejora la norma legal.

Se afirma que el tribunal incurrió en los anteriores desatinos fácticos como consecuencia de la apreciación errónea de la Resolución 761 del 19 de octubre de 1978 (fls. 7-11 y 45-49 del cdno. ppal.) y de las convenciones colectivas de trabajo (fls. 116-125 ídem.).

En la demostración del cargo se dice:

“El fallo impugnado no obstante que reconoció que: <... la pensión de jubilación, contenida en la cláusula 6ª, numeral 1º de la convención colectiva de trabajo suscrita entre Chidral S.A. ESP y sus trabajadores de base es de origen convencional no legal, por lo cual la demandada voluntariamente la concedió y como en su reconocimiento no estipuló condición alguna distinta a edad y tiempo de servicio, es por lo que el artículo 2º de la Resolución 761 de 1978, a nuestro criterio, resulta ilegal y arbitrario...> (fl. 6, sent. del ad quem).

“consideró (sic) contradictoriamente, a renglón seguido, que la pensión del cónyuge de la recurrente era de carácter legal porque así lo había dicho en caso similar:

“... la Corte Suprema de Justicia en sentencia de mayo 17 del 2001 radicación 15484, M.P. Dr. Francisco Escobar Henríquez, dentro del proceso ordinario, promovido por el señor Pedro Pablo Henao Ramírez, contra Chidral S.A. ESP, caso idéntico al aquí tratado, consideró que la resolución expedida por Chidral S.A. ESP, otorgando la pensión de jubilación, no era con fundamento en la convención colectiva suscrita entre Chidral S.A. ESP y sus trabajadores, sino en virtud de los artículos 27 del Decreto 3135 de 1968 y 68 del Decreto 1848 de 1969, por cuanto estas normas prevén la jubilación para los trabajadores oficiales al cumplir 55 años de edad y 20 de servicio...”.

“A continuación de esta consideración reprodujo un extracto de la sentencia citada de la Corte, que analiza el caso de un trabajador que tiene más de 20 años de servicio y que es mayor de 55 años de edad.

“Se evidencia a primera vista el error de comparación en que se incurre por parte del ad quem ya que los fundamentos fácticos relacionados con el proceso de la recurrente con la demandada se refieren a su cónyuge, un minero trabajando en los socavones de la mina La Cascada, propiedad de la demandada, que adquiere la pensión de jubilación con más de 15 años de servicio y 50 de edad, por lo que la cita jurisprudencial es a todas luces impertinente.

“En consecuencia el primer error consiste en resolver un problema concreto con base en una sentencia que se refiere a un caso completamente diferente.

“En segundo lugar es manifiesto el error en que incurre el ad quem al declarar que la pensión del cónyuge de la recurrente es de origen legal con fundamento en lo estipulado por los artículos 27 del Decreto 3135 de 1968 y 68 del Decreto Reglamentario 1848 del 1969, ya que la entidad demandada no estaba obligada a reconocerle al cónyuge de la demandante dicha pensión por cuanto la empresa quedó totalmente subrogada por el ISS en lo que respecta al riesgo de vejez del señor Jesús Antonio Suaza Mejía, en virtud de lo establecido en los artículos 1º, 60 y 61 de Decreto 3041 de 1966, ya que en la Resolución 761 del 19 de octubre de 1978, mediante la cual la demandada reconoció la pensión jubilatoria al señor Suaza Mejía, se anota como fecha de ingreso por primera vez el 13 de diciembre de 1960 y posteriormente 20 de enero de 1966, luego no llevaba 10 años de servicios cuando el seguro asumió el riesgo de vejez —1º de enero de 1967— y por lo tanto de conformidad con lo previsto en los artículos citados, la empresa demandada quedó totalmente subrogada por el ISS en lo que respecta a la prestación pensional del cónyuge de la recurrente.

“Resulta claro en consecuencia que la pensión del cónyuge de la recurrente fue reconocida con base en la convención colectiva de trabajo existente entre la empresa demandada y sus trabajadores, ya que no obstante la subrogación legal establecida en virtud de los artículos ya citados, 1º, 60 y 61 del Decreto 3041 de 1966, la empresa pactó convencionalmente con el sindicato respectivo, que sus trabajadores se pensionarían a los 15 años de servicio y 50 de edad si trabajaban en las minas y 20 años de servicio y 55 años de edad en los demás casos.

“En el caso del cónyuge de la recurrente, la empresa demandada expresamente lo pensionó con fundamento en la convención colectiva, es decir, con más de 15 años de servicios y 50 años de edad, tal como consta en la Resolución 761 citada, que en las consideraciones b) y d) reconoce dicha pensión con fundamento en la convención colectiva de trabajo suscrita en agosto 10 de 1978 con su sindicato de base, textualmente señala dicha resolución:

...CONSIDERANDO:...

“...b) Que el señor Jesús Antonio Suaza Mejía mediante carta de fecha septiembre 15 de 1978, ha solicitado el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación convencional a partir de octubre 1º de 1978, por haber cumplido más de quince (15) años en los socavones de la mina La Cascada y ser mayor de cincuenta (50) años de edad...” (negrillas mías).

“...d) Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, numeral 1º, título jubilación, de la convención colectiva de trabajo, suscrita entre la Central Hidroeléctrica del Río Anchicayá Ltda., y su sindicato de base el 10 de agosto de 1978, el señor Jesús Antonio Suaza Mejía, tiene derecho a gozar de la pensión de jubilación, pues ha acreditado los quince (15) años de servicios en los socavones de la mina La Cascada y los cincuenta (50) años de edad...” (negrillas mías).

“En el momento en que el señor Jesús Antonio Suaza Mejía fue pensionado por la demandada, estaban vigentes los artículos 1º, 60 y 61 del Decreto 3041 de 1966 que subrogaron el riesgo de vejez totalmente para aquellos trabajadores que al 1º de enero de 1967, llevaban menos de diez (10) años al servicio de la empresa, como el caso del señor Suaza Mejía que a esa fecha sólo llevaba menos de cinco años ya que ingresó al servicio de la demanda del 13 de diciembre de 1960 al 6 de julio de 1964 y volvió a ingresar el 20 de enero de 1966. Esto en relación con las pensiones comunes de vejez.

“En relación con las pensiones especiales de vejez, concretamente a las establecidas en el artículo 69 (num. 3º) del Decreto 1848 de 1969, que hacen relación a los trabajadores oficiales que laboren en actividades mineras en socavones, esta norma exigía tres (3) requisitos: a) No menos de 15 años continuos en las actividades de minas en socavones; b) 50 años de edad y c) siempre y cuando a la fecha de la jubilación especial se encontrare el trabajador al servicio de la respectiva empresa.

“Tampoco por este aspecto se puede concluir a riesgo de incurrir en error, que la pensión otorgada al demandante por la demandada, fue de orden legal, por cuanto la cláusula convencional establecida en el artículo 6º de la convención de que se trata, modifica el requisito a) al establecer que los 15 años pueden ser continuos a discontinuos y eliminar el requisito c) o sea el que establecía que dicha pensión especial sólo se podía otorgar siempre y cuando a la fecha de la jubilación especial se encontrare el trabajador al servicio de la respectiva empresa, ya que dicha norma convencional mejora el primer requisito y elimina el tercero al establecer que a partir de la firma de la convención, la empresa reconocerá y pagará la pensión de jubilación para los trabajadores que laboren en los socavones de la mina La Cascada al completar 15 años de servicios continuos o discontinuos en dicha actividad y al completar 50 años de edad, sin exigir la continuidad de los 15 años que pueden ser discontinuos y sin exigir que al reunir esos dos requisitos deban estar laborando en la empresa —de hecho al causante se lo pensionó teniendo un poco más de 15 años discontinuos—, por lo que es evidente que por estos aspectos, la norma convencional mejoró sustancialmente lo establecido en la ley, por lo que es absolutamente violatorio del principio de la legalidad, asimilar esta pensión consagrada en la convención colectiva de trabajo para los trabajadores mineros, con la pensión legal establecida en el artículo citado del Decreto 1848 de 1969, para quienes desarrollan actividades especiales tales como labores de minería, máxime que rara la época del reconocimiento de la pensión al demandante por parte de la demandada estaban vigentes los artículos 1º, 60 y 61 del Decreto 3041 de 1966 tantas veces citado, que relevaban a la empresa de asumir esa pensión.

“Por ello el único fundamento legal para que la empresa hubiera pensionado la cónyuge de la demandante el 19 de octubre de 1978 era la convención colectiva de trabajo, que había mejorado los derechos de los trabajadores de la empresa respecto a la ley, tanto para pensiones comunes como especiales, habiéndose mantenido a través de la convención colectiva de trabajo un régimen jubilatorio especial; por lo que sin estar obligada propiamente por la ley, pero sí por la convención, la empresa demandada reconoció la pensión al demandante con 15 años de servicios discontinuos y 50 años de edad.

“Ahora bien si no reconoció la pensión del cónyuge de la recurrente con base en la convención colectiva de trabajo —que sí lo fue y así ha sido demostrado—, entonces lo hizo con fundamento en su propia voluntad y en tal caso se trató de una pensión voluntaria.

“Pero en ambos casos, se trata indiscutiblemente de una pensión autónoma e independiente de la pensión de vejez otorgada por el Seguro Social y por lo tanto no es compartible con esta última, ya que por otro lado, el Seguro Social no compartió el riesgo de las pensiones convencionales y/o voluntarias sino a partir del 17 de octubre de 1985, fecha en la cual entró en vigencia el artículo 5º del Decreto 2879 de 1985 que así lo consagró, razón por la cual no tiene fundamento la compartibilidad que se avaló con la sentencia impugnada, ya que la Resolución 761 de la demandada, que reconoció la pensión al señor Suaza Mejía, es del 19 de octubre de 1978; ni tampoco tiene validez el artículo 2º de dicha resolución en el sentido que una vez al jubilado se le reconociera la pensión de vejez por el ISS, sólo quedaría a cargo de la demandada el mayor valor entre las dos pensiones, aspecto este que igualmente fue avalado equivocadamente por la sentencia objeto de la presente demanda de casación.

“en virtud del artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo las disposiciones de este código contienen el mínimo de garantías y derechos consagrados a favor de los trabajadores, por lo que son válidas las estipulaciones que superen ese mínimo, no las que lo afecten, que es el fundamento del avance de los derechos laborales y por ello el artículo 467 de la misma codificación claramente estipula que en las convenciones colectivas de trabajo se fijan las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia. Por ello es perfectamente válido el reconocimiento extralegal y convencional de la pensión del causante hecho por la empresa, sin que sea legal y ser violatorio de la ley sustancial, asimilar esta pensión a la pensión de vejez otorgada posteriormente por el ISS, máxime que aquella nació en 1978, mucho antes del Decreto 2879 de 1985, que permitió la compartibilidad de ambas pensiones, porque sería además darle a este último decreto efectos retroactivos, lo cual contradice el principio de la irretractividad de la ley; por lo que es claro que se trata de dos pensiones totalmente independientes y autónomas.

“Por lo tanto se evidencia que el ad quem incurrió en los errores señalados al examinar la pensión del señor Suaza Mejía otorgada por la demandada, ya que a pesar de que reconoció el carácter convencional de la misma, le cambio su carácter considerándola legal con fundamento en una sentencia de la Corte que no aplicaba al caso; le dio carácter legal con fundamento en normas que no correspondían; no reconoció, debiendo hacerlo, que esta pensión era de carácter convencional, ya que la norma de la convención en la que se fundó la pensión del demandante mejoró notablemente la de orden legal consagrada en el artículo 69 (num. 3º) del Decreto 1848 de 1969 y consideró, sin tener por qué hacerlo, que dicha pensión era compartible con la pensión de vejez otorgada por el Seguro Social, cuando en realidad se trata de dos pensiones perfectamente compatibles.

“Demostrado como queda el cargo, éste debe prosperar lo que la honorable Sala de Casación Laboral de la Corte debe casar la sentencia y en sede de instancia proceder a confirmar la sentencia del a quo tal y como se solicita en el capítulo sobre el alcance de la impugnación”.

la oposición afirma, de una parte, que el cargo está mal encauzado, ya que se ataca la sentencia del sentenciador de segundo grado por la vía indirecta, siendo que “las razones esgrimidas por el tribunal para revocar el fallo de primera instancia fueron esencialmente jurídicas”; y, de otra parte, que el juzgador de segunda instancia no incurrió en los errores de hecho que se le atribuyen, toda vez que apreció correctamente las pruebas denunciadas en la acusación como indebidamente estimadas.

Consideraciones de la Corte

La crítica de orden técnico que le formula la oposición al cargo no es de recibo, toda vez que el aparte de la sentencia proferida por esta Sala el 17 de mayo de 2001 (rad. 15484) que se invoca por el tribunal para adoptar la decisión atacada se refiere a un razonamiento de índole fáctico, como que corresponde al análisis que se hizo del contenido de un medio probatorio calificado y del cual se concluyó que la pensión que ahí aparecía reconocida no era de origen convencional, por lo que no se puede afirmar, como lo hace la réplica, que las razones esgrimidas por el ad quem para revocar el fallo de primera instancia fueron esencialmente jurídicas porque aquél tuvo como soporte de su pronunciamiento aquella sentencia.

Definido que el cargo no adolece de la falencia anotada por la parte opositora, se entra al estudio del mismo.

la inconformidad de la censura con la decisión atacada radica, esencialmente, en que el ad quem haya considerado, con fundamento en la sentencia proferida por esta Sala el 17 de mayo de 2001 (rad. 15484), que la pensión reconocida por la empresa demandada al cónyuge de la actora mediante Resolución 761 del 19 de octubre de 1978, por haber trabajado durante más que quince (15) años en los socavones de la mina La Cascada y tener más de cincuenta (50) años de edad, era de origen legal, cuando, de una parte, la sentencia invocada por el ad quem no era aplicable al presente caso y, de otra, tal prestación tuvo su fundamento en la convención colectiva de trabajo vigente en la empresa demandada para el año de 1978.

Dice el censor que el ad quem cometió la anterior equivocación como consecuencia de la apreciación errónea de la Resolución 761 del 19 de octubre de 1978 (fls. 7 a 11 y 45 a 49) y de las convenciones colectivas que reposan a folios 116 a 125.

La Resolución 761 del 19 de octubre de 1978 da cuenta que la pensión ahí reconocida al señor Jesús Antonio Suaza Mejía lo fue con fundamento en el “artículo 6º, numeral 1º...” de la convención colectiva de trabajo suscrita entre la Central Hidroeléctrica del Río Anchicayá Ltda. y su sindicato de base, por haber éste acreditado “los quince (15) años de servicios en los socavones de la mina La Cascada y los cincuenta (50) años de edad”.

Así las cosas, se tiene que ciertamente el ad quem apreció erróneamente la anterior resolución cuando con fundamento en la sentencia de la Corte de fecha 17 de mayo de 2001, que, contrario a lo afirmado por el ad quem no resultaba aplicable al presente caso, dada la diferencia de los supuestos que llevaron en uno y otro evento al reconocimiento de las respectivas pensiones, concluyó que la mencionada prestación fue concedida con fundamento en los artículos 27 del Decreto 3135 de 1968 y 68 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969, siendo que del texto de la pluricitada resolución emerge a primera vista el carácter extralegal de la prestación ahí reconocida.

Ahora, la réplica sostiene que el hecho de que se le hubiera reconocido al señor Jesús Antonio Suaza mejía la pensión de jubilación por haber prestado sus servicios a la entidad demandada por un tiempo inferior a 20 años no es razón suficiente para considerar a aquella prestación como de origen convencional, ya que aquél estaba cobijado por el artículo 14 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, y el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968, normas legales que “...permitía obtener el reconocimiento de la pensión con 5 años menos en cada uno de los requisitos previstos en los artículos 27 del Decreto 3135 de 1968 y 68 del Decreto 1848 de 1969.

Pero lo cierto es que la pensión de jubilación especial que estaba prevista en el numeral 3º del artículo 69 del Decreto 1848 de 1969, y no en el artículo 68 de dicha normatividad como dice la parte opositora, para los trabajadores oficiales de empresas mineras que laboren en socavones al cumplir los cincuenta (50) años de edad, cuando hayan servido no menos de quince (15) años continuos en tal actividad, no corresponde a la que aparece concedida al cónyuge de la demandante en la Resolución 761 del 19 de octubre de 1978, ya que la misma no fue otorgada a aquél como consecuencia de haber laborado “no menos de quince (15 años) continuos” —(negrilla de la Corte)— en socavones, sino que para tal efecto, como lo prevé la norma convencional invocada como fundamento de la concesión de la mencionada pensión, se tuvieron en cuenta los distintos períodos laborados con solución de continuidad por Suaza Mejía en los socavones de la “mina La Cascada, así: De diciembre 13 de 1960 a julio 6 de 1964 y de enero 20 de 1966 a septiembre 30 de 1978.

En efecto, el artículo sexto de la convención colectiva de trabajo suscrita el 10 de agosto de 1978 dispone lo siguiente:

“A partir de la firma de la presente convención colectiva de trabajo, para los trabajadores que laboran en los socavones de la mina La Cascada, la empresa les reconocerá y pagará la pensión de jubilación al completar quince (15) días (sic) de servicio continuos o discontinuos en el fondo de la mina de la empresa, al completar 50 (cincuenta) años de edad.

“Al resto de personal la empresa seguirá jubilando al completar veinte (20) años de servicio continuos o discontinuos y cincuenta y cinco (55) años de edad.

De manera que no es exacto afirmar, como lo hace la oposición, que la norma convencional reprodujo la pensión de jubilación consagrada en el artículo 68 del Decreto 1848 de 1969 y, mucho menos, la prevista en el artículo 14 del Decreto 3041 de 1966, que responde a unos parámetros de cotización no previstos en la disposición convencional antes transcrita.

Así las cosas, se tiene que el tribunal se equivocó de manera ostensible cuando concluyó que la pensión de jubilación reconocida al cónyuge de la actora a través de la Resolución 761 del 19 de octubre de 1978 era de orden legal, pues del texto mismo de este acto administrativo emerge de manera clara el carácter convencional de la misma.

En consecuencia, el cargo prospera.

Consideraciones de instancia

En sede de casación quedó definido que al demandante le fue reconocida por Chidral S.A. pensión convencional mediante Resolución 761 fechada el 19 octubre de 1978; estas circunstancias de clase de pensión y fecha de otorgamiento, de acuerdo a reiterada jurisprudencia entre ellas la del 15 de abril de 1999, radicación 11551, permiten la compatibilidad de dicha pensión con la de vejez otorgada por el ISS.

Así las cosas, la demandada debe ser condenada al pago del monto descontado, con ocasión de haber adoptado y aplicado erradamente los efectos de compartibilidad de tales pensiones, con la aclaración hecha por el a quo sobre la prescripción; en este sentido y de conformidad con lo aspirado en el alcance de la impugnación se confirmará el fallo condenatorio del juez de primer grado.

Lo relacionado con la pretensión por intereses de mora, igualmente debe mantenerse lo decidido por el juzgado de conocimiento, por cuanto lo preceptuado en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 tiene vigencia en eventos de pagos atrasados, como en el sub judice y el legislador no distinguió clase, fuente u otras calidades de la pensión.

Costas en las instancias serán a cargo de la demandada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA TOTALMENTE la sentencia fechada el 23 de julio de 2001, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso instaurado por Lucrecia Flórez contra Chidral S.A. ESP en cuanto revoca en todas sus partes las condenas impuestas en la sentencia apelada.

En sede de instancia, CONFIRMA en su integridad la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali.

Costas en las instancias a cargo de la demandada.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

Sentencia de instancia

Nuestra discrepancia se circunscribe al aparte de la decisión de instancia en el cual se prohíja la condena por intereses moratorios, pues creemos que ellos en este caso no proceden por tratarse de una pensión ajena a las consagradas en la Ley 100 de 1993 que es, precisamente, con la que nació la figura de estos intereses.

Creemos que la reglamentación contemplada en esa ley guarda una total coherencia entre las figuras que prevé, por lo que los intereses que ella crea sólo pueden aplicarse al incumplimiento de las obligaciones pensionales que también en ella se establecen, para lo cual juega un papel definitorio la circunstancia de tratarse de un sistema contributivo, que no es el caso presente.

Fecha ut supra.

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