Sentencia 17665 de mayo 21 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 17665

Acta Nº 18

Magistrado Ponente: Luis Gonzalo Toro Correa

Bogotá, D.C., veintiuno de mayo de dos mil dos

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de José Emilio Zambrano contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 9 de agosto de 2001, en el juicio que le sigue a la sociedad Chidral S.A. ESP.

Antecedentes

José Emilio Zambrano llamó a juicio ordinario laboral a la sociedad Chidral S.A. ESP, para que se le condene al reconocimiento y pago de la pensión restringida de jubilación desde el 16 de diciembre de 1998, con los incrementos legales, las mesadas adicionales y los intereses de mora que se hayan causado; que la primera mesada pensional se le liquide con el salario promedio mensual del último año de servicios y se le aplique la indexación desde la terminación del contrato al 16 de diciembre de 1998.

En sustento de sus pretensiones afirma que laboró para la demandada desde el 15 de julio de 1963, cuando se denominaba Central Hidroeléctrica del Río Anchicayá Ltda., hasta el 1º de agosto de 1973, fecha en la cual fue despedido sin justa causa; que se desempeñó como minero en la mina La Cascada; que el salario devengado en el último año de servicios era superior al salario mínimo legal vigente para tal época; que nació, el 15 de diciembre de 1938; que por escritura pública Nº 1194 del 6 de mayo de 1996 la sociedad cambió de nombre y tipo por la de Chidral S.A. ESP; que reclamó a la gerencia de la sociedad con resultados negativos; que el salario que devengó durante el último año de servicios se ha venido desvalorizando; que se le adeuda desde el 16 de diciembre de 1998 los incrementos legales, mesadas adicionales y los intereses de mora causados, por concepto de la pensión de jubilación restringida.

La empresa, al contestar la demanda, se opuso a las pretensiones del actor; aceptó los extremos contractuales, así como que cambió de nombre y tipo de sociedad a partir del 6 de mayo de 1996; que le canceló al actor la indemnización legal; que es infundada la pretensión de pensión sanción solicitada; sobre los demás hechos dice que unos no le constan y que los otros no son ciertos. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, prescripción, y compensación.

El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cali, mediante sentencia del 5 de junio de 2001 (fls. 71 a 82, cdno. ppal.), condenó a la demandada a pagar al actor la pensión de jubilación restringida a partir del 15 de diciembre de 1998, en cuantía igual al salario mínimo legal mensual para cada anualidad; las siguientes sumas por concepto de mesadas causadas, incluidas las adicionales de junio y diciembre: $305.739 por el año 1998, $3.310.440 por el año 1999, $3.641.400 por el año 2000, $1.430.000 por los meses de enero a mayo de 2001; condenó al pago de los intereses de mora por las mesadas pensionales adeudadas, que se causen a partir de la ejecutoria de esa providencia; impuso costas a la demandada.

La sentencia del tribunal

Apeló la empresa y el Tribunal de Cali, por fallo del 9 de agosto de 2001 (fls. 5 a 13, cdno. tribunal), revocó la decisión de primera instancia y en su lugar absolvió a la demandada de todos los cargos propuestos por el actor en su demanda; impuso costas en ambas instancias al demandante.

En lo que interesa al recurso de casación, el ad quem consideró que el artículo 58 de la Constitución Nacional protege solamente los derechos adquiridos, mas no los derechos eventuales o de mera expectativa. Que sobre estos últimos ya se ha pronunciado esta Sala exponiendo su diferencia, como en la sentencia del 18 de agosto de 1999. Luego de lo cual afirmó que siguiendo la orientación doctrinal y jurisprudencial el derecho reclamado por el actor no tiene la entidad de derecho adquirido; que el legislador puede regular los derechos eventuales como los de mera expectativa, hasta el punto que puede disponer de su desaparición del ordenamiento jurídico.

En seguida, dice que aplicadas al caso en estudio las precisiones teóricas expuestas, se tiene que:

“a) Ha quedado demostrado a cabalidad que el demandante terminó su vinculación con la empresa demandada el 1º de agosto de 1973 cuando había completado a su servicio un tiempo total de 10 años y 15 días (fl. 2).

“b) Igualmente quedó demostrado (fl. 61) que el vinculo jurídico que unió a las partes procesales finalizó por decisión unilateral del empleador, sin causa que justifique ese proceder, razón por la cual reconoció y pagó la correspondiente indemnización (fl. 62).

“c) Ahora como nació el 15 de diciembre de 1938, el actor cumplió los 60 años de edad de que habla el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, la fecha indicada pero del año 1998.

“d) La circunstancia de haber llegado el trabajador a los 60 años únicamente el 15 de diciembre de 1998 nos permite predicar, conforme a los presupuestos teóricos que se dejaron determinados, que solo —sic— en esa fecha el derecho pudo habérsele consolidado al actor como un derecho adquirido, pues con anterioridad tenia en su haber una “expectativa de derecho” o lo que es igual “un derecho eventual”, el cual carece de protección constitucional.

“e) En efecto, sucede que, en primer lugar, la Ley 50 de 1990, en su artículo 37, dispuso la desaparición de la pensión restringida de jubilación para los trabajadores particulares, conservándola exclusivamente para los casos en que el empleador incumpla con su obligación de afiliar a sus trabajadores al sistema de la seguridad social, o para cuando el lSS no haya asumido el riesgo de vejez.

“En esos términos, la pensión sanción siguió subsistiendo para los trabajadores oficiales como el demandante, hasta abril de 1994 mes en la —sic— cual entró en vigencia la Ley 100 de 1993 que en su artículo 133 le puso fin a ese derecho pero bajo la condición que el empleador los haya afiliado al sistema integral de la seguridad social, pues de lo contrario el derecho seguía subsistiendo.

“f) El empleador, en el caso de autos, cumplió con su deber de afiliar al trabajador al lSS para el cubrimiento del riesgo de vejez, entre otros, en la forma en que lo dejan ver los documentos de folios 55 a 57 y 67, desde el 1º de enero de 1967 fecha a partir de la cual el referido instituto asumió el cubrimiento del precitado riesgo en la zona del Valle del Cauca.

“g) Surge forzoso de lo expuesto que si el legislador nacional hizo desaparecer del mundo jurídico el derecho a la pensión sanción para los trabajadores que fueron oportunamente afiliados a la seguridad social por parte de su empleador, decisiones legislativas que en los términos expresados cobijan al demandante, nada le debe a éste la demandada” (fls. 11 y 12, cdno. tribunal).

El recurso extraordinario

Fue interpuesto por la parte demandante y concedido por el tribunal. Admitido por la Corte se procede a resolver.

Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que se case totalmente la sentencia impugnada y que en sede de instancia se confirme en su totalidad la de primer grado, proveyendo en costas lo pertinente.

Con tal propósito formula un cargo que fue replicado y que en seguida se estudia.

Cargo único

Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial “por interpretación errónea del artículo 8º de la Ley 171 de 1961 en concordancia con el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto 3135 de 1968 y los artículos 37 de la Ley 50 de 1990 y 133 de la Ley 100 de 1993 y 1536 del Código Civil.

“El ataque se formula por vía directa por lo que se aceptan los hechos siguientes que encontró demostrados el tribunal, a saber:

“1. Que el demandante terminó su vinculación con la empresa demandada el 1º de agosto de 1973 cuando había completado a su servicio un tiempo total de 10 años y 15 días.

“2. Que el contrato de trabajo terminó por decisión unilateral de la parte demandada sin justa causa, razón por la cual reconoció y pagó la correspondiente indemnización.

“3. Que el demandante cumplió los 60 años de edad de que habla el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 el 15 de diciembre de 1998 como quiera que nació el 15 de diciembre de 1938” (fls. 8 y 9, cdno. Corte).

En la demostración dice que es evidente la interpretación errónea en que incurrió el tribunal, ya que el cumplimiento de la edad no es requisito para que se configure el derecho a la pensión restringida solicitada, pues tal hecho no pasa de ser una condición de exigibilidad de ese derecho pensional.

Que “No puede entenderse en consecuencia y constituye una mala aprehensión de la normatividad referida, que el artículo 37 de la Ley 50 de 1990 y 133 de la Ley 100 de 1993, hayan derogado aquella norma, pues el trabajador ya tenía asegurado su derecho, al reunir los supuestos de hecho que dicha normatividad contiene, habiendo quedado pendiente solamente su disfrute con el cumplimiento de la edad, de tal manera que al darse esta circunstancia, la demandada no tenía otra alternativa que proceder a pagarle su pensión.

“De otro lado, en materia de la condición suspensiva que consagra el artículo 1536 del Código Civil, ya la Corte en su Sección Segunda, radicación 1175 del 12 de junio de 1987 definió el asunto de la siguiente manera:

““...Es cierto que la condición suspensiva retarda el nacimiento efectivo y real de las obligaciones, en el sentido de que mientras ella penda, el deudor no queda en la necesidad jurídica de satisfacer ninguna prestación en beneficio de su acreedor... pero también lo es que el advenimiento del hecho condicionante no le infunde por si —sic— solo vida a una obligación puesto que de antemano el acto o el hecho lícito o ilícito o la ley en ciertos casos le han dado una existencia embrionaria a la obligación, como fuentes de ella, existencia esta que únicamente se desvanece o extingue cuando la condición suspensiva resulta fallida en definitiva...” “... Si se intentara aplicarle a una obligación cuya exigibilidad antaño pendía de la ocurrencia de un hecho futuro e incierto, que luego se cumplió cabalmente, las leyes expedidas con posterioridad al acto o al hecho que fueros —sic— sus prístinas fuentes, tal aplicación equivaldría a darle un efecto retroactivo al nuevo régimen, pretendiendo regular con él situaciones ya consumadas antes de su imperio y bajo la égida de leyes en ese entonces vigentes, cuyas consecuencias jurídicas ya estaban predeterminadas por el viejo régimen, aunque su exigibilidad efectiva dependiera del cumplimiento de una condición suspensiva que ulteriormente se cumplió o que aún es posible que llegue a cumplirse...”.

“Todo lo anterior resulta predicable en el asunto sub judice para el caso de la pensión especial de jubilación causada por el despido injusto del trabajador con más de diez años de servicios a la demandada y sirve para afirmar que el cumplimiento de la edad, apenas precisa el momento que se reclama la pensión a que se tiene derecho una vez que se han cumplido los supuestos de tiempo de servicios y despido injusto.

“De otro lado cuando entraron en vigencia la Ley 50 de 1990 y la Ley 100 de 1993, ya el derecho del demandante a la pensión restringida se había configurado, según lo demostrado, por lo que le son aplicables a este régimen de transición, establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 — ya que tenía más de cuarenta años al entrar en vigencia esta ley — y por sobre todo el artículo 289 de dicha ley que salvaguardó los derechos adquiridos, por lo que sin hesitación o duda alguna su derecho pensional debió se declarado con fundamento en el régimen anterior consagrado en los artículos 8º de la Ley 171 de 1961 y 74 del Decreto 1848 de 1969, que era el vigente en el momento en que el demandante reunió los dos supuestos de hecho que consagraban estas últimas normas, para tener derecho a la pensión de jubilación restringida.

“Se evidencia en consecuencia la errónea interpretación en que incurrió el ad quem al haber concluido que para el caso del demandante la normatividad vigente al momento de la exigibilidad del derecho era la consagrada en los artículos 37 de la Ley 50 de 1990 y 133 de la Ley 100 de 1993 y no la vigente al momento en que se causó el derecho, 1º de agosto de 1973, fecha en que el demandante fue despedido sin justa causa teniendo más de diez años y menos de quince al servicio de la demandada, en la que regía la normatividad consagrada en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 y el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto 3135 de 1968, lo cual obedece a una errónea aprehensión y a una mala inteligencia de dicha normatividad, al confundir la causación del derecho con la exigibilidad del mismo” (fls. 9 a 11, cdno. Corte).

La réplica

Dice que el tribunal interpretó correctamente las normas indicadas en la proposición jurídica; que el artículo 37 de la Ley 50 de 1990 contempló que tales prestaciones serían compartidas con el ISS cuando esta entidad de seguridad social asumiera el pago de la pensión de vejez. Que solamente para los trabajadores no afiliados al Seguro Social subsiste esa obligación pensional restringida, no siendo el caso del demandante, pues conforme con los documentos de folios 47 a 50 él estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales, por lo que, acorde con el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, la demandada no está obligada a tal reconocimiento.

Se considera

Para despachar el cargo debe precisarse que fueron conclusiones fácticas del ad quem las siguientes: que el trabajador laboró para la demandada entre el 15 de julio de 1963 y el 1º de agosto de 1973, que fue despedido injustamente y que cumplió los 60 años de edad el 15 de diciembre de 1998.

El tribunal negó la pensión sanción reclamada con el argumento de que sólo en el momento en que cumplió los 60 años de edad el actor, se pudo consolidar el derecho reclamado, pero que como el artículo 133 de la Ley 100 de 1993 empezó a regir en abril de 1994, “le puso fin a ese derecho pero bajo la condición de que el empleador los haya afiliado al sistema integral de seguridad social, pues de lo contrario el derecho seguía subsistiendo”; y que como la demandada cumplió con su deber de afiliarlo al ISS en el riesgo de vejez, no procedía la pensión restringida solicitada.

Sin duda alguna surge de bulto la equivocación del sentenciador de segundo grado, al interpretar erróneamente que los artículos 8º de la Ley 171 de 1961 y 74 del Decreto 1848 de 1969 otorgan el derecho a la pensión sanción, supuestos el tiempo de servicios y el despido injusto, únicamente en el momento en que el trabajador cumple la edad, que para el caso de autos son 60 años, pues es claro que cuando se reúnen los supuestos fácticos, más de 10 años y menos de 15 de servicio y el trabajador ha sido despedido injustamente, el derecho a la pensión sanción se estructura, quedando pendiente sólo el cumplimiento de la edad para reclamarla.

Ese, insistentemente, ha sido el criterio de esta corporación. Recientemente en la sentencia del 24 de enero de 2002, radicación 16784, se sostuvo lo siguiente:

“De manera que la acusación se examinará desde la perspectiva propuesta en el cargo primero. En ese sentido el meollo del problema consiste en dilucidar si el derecho que se reclama en este proceso nació a la vida jurídica en el momento de finalización del nexo laboral como lo concluyo el tribunal, o desde cuando el actor cumplió la edad de 60 años, como lo sugiere el recurrente.

Planteada la controversia en esos términos, cabe recordar que en torno a tal asunto esta corporación se ha pronunciado de manera reiterada. Así, en fallo dictado el 9 de julio de 1999 (exp. 11798) expresó:

“La Sala ha tenido oportunidad de referirse al planteamiento según el cual el derecho a la pensión restringida de jubilación por despido injustificado solamente nace a la vida jurídica cuando el ex trabajador cumpla la edad señalada en las normas legales. Criterio que no ha compartido porque en sentir de la Corte el mismo emerge desde el momento en que éste es despedido injustamente, siempre y cuando haya servido, cuando menos, diez años a su empleador. Al respecto en sentencia de agosto 8 de 1995, radicación 7465, preciso:

“Pero aún, si se estimara viable el cargo, se encontraría que el aspecto central del recurso, que estriba únicamente en que no se demostró, en el sentir del censor, la edad del demandante para acceder a la pensión sanción, resultaría intranscendente como elemento que pueda conducir a la confirmación del fallo absolutorio del a quo, dado que de antaño ha establecido esta Sala que los elementos constitutivos de la pensión restringida de jubilación o también denominada pensión sanción consagrada en la Ley 171 de 1961, artículo 8º y en el Decreto 1848 de 1969, artículo 74 son dos: de una parte, el tiempo de servicios (mayor de 10 y menor de 15 años), y de otra, el despido injustificado del trabajador, en tanto que la edad no impide el reclamo por parte del beneficiario, pues ella no es más que una condición para la exigibilidad del pago (ver, entre otras, las sentencias del 5 de agosto de 1988 rad. 1213, 26 de octubre de 1988, rad. 2671, y la del 20 de febrero de 1982, rad. 4529)”.

Por tanto el cargo prospera.

En sede de instancia bastaría agregar que resulta irrelevante que el actor hubiera estado afiliado al ISS, porque cuando empezó a regir el Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, ya él había reunido los presupuestos que demanda el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 para hacerse acreedor a la pensión sanción; es decir, había prestado más de 10 años y menos de 15 de servicio a la empleadora y había sido despedido sin justa causa. Además, el artículo 6º, del mencionado acuerdo previó la obligación de los patronos de pagar la pensión sanción consagrada en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, a los trabajadores que despidiera sin justa causa, al momento en que cumplieran la edad señalada en la disposición, así como a seguir cotizando de acuerdo con los reglamentos del instituto hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por éste para otorgar la pensión de vejez y en ese momento seria compartida, pero siempre y cuando aquellos trabajadores llevaran diez o más años de servicio a la empresa, continuos o discontinuos, al momento de iniciarse la obligación de asegurarse al ISS (ene. 1º/67), situación que en el caso analizado no se cumple, puesto que el actor llevaba menos de diez años de servicio a la empresa a dicha fecha.

En las anteriores condiciones se confirmará el fallo de primer grado, tal como se pide en el alcance de la impugnación, aclarando por la Sala que según lo expuesto en dicho proveído la indexación de la primera mesada no superó el mínimo legal, tema este que no fue controvertido por la empresa a través del recurso de apelación como tampoco lo fue por la parte actora.

Así mismo, la confirmación comprende los intereses moratorias, ya que ellos son viables al tenor de lo establecido por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, que prevé su causación cuando se incurre en mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata dicha ley, a la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago. Del mismo modo, se harán efectivos en la forma dispuesta por la sentencia de primera instancia, dado que ello no fue objeto de apelación.

Sin costas en el recurso extraordinario.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 9 de agosto de 2001. En sede de instancia, se confirma la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Santiago de Cali, el 5 de junio de 2001.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

SALVAMENTO DE VOTO

Mi reparo se limita a la sentencia de instancia proferida por la Corte, sobre la que estimo no debió confirmarse la decisión de primer grado respecto a la condena por concepto de intereses moratorios.

Las razones en que me apoyo son las siguientes:

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993, textualmente dice:

“Intereses de mora. A partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”.

De acuerdo a ese texto claro y expreso, no puede haber duda, que los intereses que esa norma consagra están restringidos a las pensiones de que trata la Ley 100 de 1993, luego al acoger la Corte la sentencia del a quo, en cuanto condenó a cancelar dichos intereses con base en el artículo 141 de esa normatividad, rebasó su contenido al darle un entendimiento extensivo que no corresponde, porque esa codificación no es aplicable a pensiones reconocidas con fundamento en reglamentaciones diferentes.

En los anteriores términos, salvo el voto.

Carlos Isaac Náder 

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

Me separo de la decisión en el aparte en que hace referencia a los intereses moratorios pues creo que en este caso no hay lugar a ellos dado que la pensión debatida no es de las que reglamenta la Ley 100 de 1993.

Sobre este mismo particular me he pronunciado anteriormente en estos términos:

“Creo que la reglamentación contemplada en esa ley guarda una total coherencia entre las figuras que prevé, por lo que los intereses que ella crea sólo pueden aplicarse al incumplimiento de las obligaciones pensionales que también en ella se establecen, para lo cual juega un papel definitorio la circunstancia de tratarse de un sistema contributivo, que no es el caso presente”.

Aunque no es objeto del salvamento pero sí forma parte de la decisión, considero pertinente señalar que la pensión sanción ha tenido a través del transcurso del tiempo una modificación en cuanto a su naturaleza jurídica, como consecuencia de la sucesión de normas que se han dictado sobre la materia y de las distintas interpretaciones jurisprudenciales a las que ellas han dado lugar.

En la actualidad, considero muy clara la esencia prestacional de esta pensión y su natural asociación con el riesgo de vejez, lo cual no era igual con las normas anteriores a 1985. Por eso, sí encuentro totalmente explicable que se identificara la causación de la misma con la sola reunión de los elementos de tiempo de servicio y de despido injusto a la luz del artículo 8º de la Ley 171 de 1961, me parece que en virtud de su naturaleza prestacional, en la actualidad, y muy especialmente después de la Ley 100 de 1993, debe considerarse que sus elementos causales son los mismos que los de la pensión de vejez.

En el presente caso esta consideración no tiene ninguna incidencia debido a que la pensión está claramente circunscrita a la reglamentación de la Ley 171 de 1961, pero he considerado oportuno incluir esta precisión.

Fecha ut supra.

Germán G. Valdés Sánchez 

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

Con el debido respeto me permito salvar el voto en este asunto respecto al fallo proferido por la Sala, en sede de instancia, en cuanto confirmó la sentencia de primer grado que condenó a la demandada a pagar intereses moratorios de conformidad con el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Y no comparto tal determinación porque no obstante lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-2663 del 24 de mayo de 2000 al declarar exequible el mencionado artículo 141, en mi sentir, esa disposición únicamente es aplicable en el caso de mora en el pago de pensiones causadas con posterioridad a la vigencia de la ley de seguridad social y que sean reconocidas con sujeción a la normatividad integral de la misma, y no, como ocurre en este caso, respecto de una pensión sanción que no se ajusta a los citados presupuestos.

Lo anterior implica, entonces, que como la pensión que se le concedió al demandante José Emilio Zambrano, no es de la que trata la Ley 100 de 1993, no había lugar a condenar al pago de los intereses moratorios que consagra tal ley en su artículo 141 que claramente dispone: “(...) en caso de mora en el pago DE LAS MESADAS PENSIONALES DE QUE TRATA ESTA LEY (...)” (mayúsculas sostenidas del salvamento).

Además, en este asunto tampoco se dio la situación prevista por el artículo 288 de la Ley 100 de 1993 para que se pudiera dar aplicación a su artículo 141, pues la primera norma dispone: “Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo por lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de las disposiciones de esta ley”.

Fernando Vásquez Botero 

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