Auto 17703 de octubre 15 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Édgar Lombana Trujillo

Aprobado acta 123

Bogotá, D.C., quince de octubre de dos mil dos.

Vistos

Decide la Sala las solicitudes de libertad condicional elevadas por el condenado, Dr. Luis Eduardo Montoya Medina y su defensor.

Antecedentes

1. Con sentencia del 25 de septiembre del corriente año, la Sala condenó al Dr. Luis Eduardo Montoya Medina a las penas principales de 26 meses de prisión y 6 meses de interdicción de derechos y funciones públicas, como determinador de los delitos de fraude procesal cometido en concurso homogéneo sucesivo y en calidad de cómplice de soborno y abuso de función pública; le negó el reconocimiento de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, y sustituyó la pena de prisión carcelaria por prisión domiciliaria. El fallo se encuentra en término de ejecutoria.

2. El defensor solicita se le conceda al Dr. Montoya la libertad condicional apoyado en los siguientes argumentos:

Asegura que en detención preventiva estuvo privado de la libertad 518 días que equivalen a 17,2 meses, tiempo que por haberlo trabajado lo hacen digno de una reducción de 172,6 días, o 5,7 meses, fracciones que al sumar le dan un resultado de 22,9 meses de pena ya cumplida, lapso superior a los 15,6 meses que corresponden a las tres quintas partes de la pena impuesta.

Como además no existen informes negativos sobre su conducta oficial y la Corte no puede tener en cuenta para negar el beneficio las circunstancias y antecedentes considerados para la dosificación de la sanción, y se debe acatar el fallo reciente de la Corte Constitucional que declaró inexequible el presupuesto atinente a que la pena privativa de la libertad impuesta fuera mayor a 3 años, a su juicio procede la libertad.

Demanda, adicionalmente, suspender el cumplimiento de la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, porque se dejó de aplicar el Código Penal derogado que consideraba esta sanción como accesoria y no como principal, debiendo correr la misma suerte que ella.

Pero si en gracia de discusión procediera esa pena, argumenta, el Dr. Montoya resultó condenado a un mes como cómplice del delito de abuso de función pública, lapso que por correr a la par con el de la pena principal ya se extinguió mientras estuvo privado de la libertad en detención preventiva.

3. El Dr. Montoya Medina ratifica los argumentos de su procurador en lo referente al tiempo que descontó en privación de la libertad, al que merece como descuento por trabajo, estudio y enseñanza, y a los de orden jurídico.

De otro lado, censura el fallo porque pese a obrar prueba de ser empleado público, docente de la Universidad Nacional de Colombia, no fue suspendido en el ejercicio del cargo ni especificó que con la privación de la libertad no perturbaba la buena marcha de la administración como lo requiere el artículo 359 del Código Procesal Penal, y no han corrido los 5 días allí estipulados para ser suspendido por la Universidad Nacional; amen que la interdicción de derechos y funciones corre simultánea con la pena de prisión y ella está cumplida en más de las tres quintas partes.

Adjuntó un documento en donde la Universidad Nacional de Colombia le comunica la renovación de prestación de servicios públicos docentes.

Consideraciones de la Sala

1. Dado que la sentencia condenatoria se encuentra en trámite de notificación y la libertad condicional procede cuando está en firme el fallo, la petición se entenderá como de libertad provisional de conformidad con la causal 2ª del artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, la cual se configura cuando en cualquier estado del proceso el sindicado hubiere sufrido en detención preventiva un lapso igual al que mereciere como pena privativa de la libertad por la conducta punible que se le imputa, habida consideración de la calificación que debería dársele.

Se entiende que ha cumplido la pena, cuando lleve en detención preventiva el tiempo necesario para obtener la libertad condicional, siempre que se reúnan los demás requisitos para otorgarla.

La rebaja de la pena por trabajo o estudio se tendrá en cuenta para el cómputo de la sanción.

Es lógica esta causal porque ninguna necesidad tendría mantener o reducir a prisión a una persona, si al cobrar firmeza la sentencia condenatoria se haría acreedora a la libertad condicional.

Ahora bien, el artículo 64 del Código Penal exige para conceder la libertad condicional que la condena impuesta sea privativa de la libertad mayor de 3 años, que el condenado haya cumplido las tres quintas partes y que de su buena conducta en prisión el juez deduzca motivadamente que no se necesita continuar con su ejecución. El beneficio no se puede negar por las circunstancias antecedentes tenidas en cuenta para dosificar la pena.

Para elevar la solicitud de libertad condicional el artículo 480 del Código de Procedimiento Penal, exige aportar la resolución favorable del consejo de disciplina, o en su defecto del director del respectivo establecimiento carcelario, copia de la cartilla biográfica y los demás documentos que prueban los requisitos exigidos en el Código Penal.

Por su parte para conceder o negar la redención de pena, los artículos 494 del Código Procesal Penal y 101 del Código Penitenciario prevén que el juez de ejecución de penas deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza. Ponderación dentro de la cual se considerará la conducta del interno y cuando ella sea negativa el juez se abstendrá de conceder la redención.

2. Frente a este marco jurídico las solicitudes de libertad elevadas asoman improcedentes.

Ante todo, es preciso aclarar que con el comunicado de prensa de la Corte Constitucional, la Sala Plena del 1º y 3 de octubre de 2002, hizo saber a la opinión pública que con ponencia de la Dra. Clara Vargas Hernández, declaró inexequible el requisito objetivo para otorgar la libertad condicional referido a que la pena impuesta fuera superior a 3 años de prisión.

En cuanto al tiempo que el Dr. Montoya Medina permaneció privado de la libertad durante el proceso, se constató que fue por 3 períodos: El primero por 39 días comprendidos entre el 25 de julio de 1996 hasta el 3 de agosto del mismo año; el segundo por 3 meses 16 días, del 1º de julio al 17 de octubre de 1997, según resolución de esa fecha mediante la cual el Vicefiscal General de la Nación le concedió la libertad provisional por vencimiento de términos sin calificar el proceso; y el tercero, por 11 meses 7 días, del 23 de agosto de 2000 al 31 de julio de 2001. La suma de estas fracciones arroja un total de 16 meses 2 días, el cual es superior a las tres quintas partes de la pena impuesta que corresponden a 15,6 meses.

No obstante lo anterior, el elemento subjetivo traducido en que con base en la buena conducta del condenado en el establecimiento carcelario, el funcionario judicial deduzca motivadamente que el condenado no necesita ejecutar totalmente la pena, no lo puede verificar cabalmente la Sala debido a que las solicitudes de libertad no fueron acompañadas con la resolución favorable del consejo de disciplina, o en su defecto del director del establecimiento carcelario y copia de la cartilla biográfica de la cárcel en donde permaneció privado de la libertad, tal como lo exige el artículo 480 del Código de Procedimiento Penal.

En consecuencia, se negará la libertad provisional solicitada.

3. No se reconocerá la redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza solicitada, pues se carece de las certificaciones que especifiquen las actividades realizadas, su intensidad horaria, los días y meses en que fueron llevadas a cabo, su valoración por las autoridades penitenciarias, así como de la conducta del interno, todo ello con arreglo a lo preceptuado por el artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

4. En lo que atañe a la suspensión en el ejercicio del cargo, como quiera que el Dr. Montoya Medina aportó copia del oficio del 23 de agosto del corriente año mediante el cual la Universidad Nacional de Colombia le informó que en sesión del 16 de agosto de 2002, el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, acordó renovarle el nombramiento del Dr. Montoya Medina como docente, y este tópico se refiere al trámite de ejecución de la pena y no a la sentencia misma, se dispone que por secretaría se solicite a ese centro universitario se le suspenda en el ejercicio del cargo de docente que allí desempeña, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 359 del Código de Procedimiento Penal.

5. Finalmente, con fundamento en el artículo 63 del Código Penal, el defensor del procesado solicita la suspensión “de las penas accesorias impuestas”, en expresa alusión a la de interdicción de derechos y funciones públicas que asegura fue derivada como principal desconociéndose los principios de legalidad y favorabilidad, porque de conformidad con las previsiones del estatuto punitivo vigente para la época de las conductas punibles la misma no procedía con carácter de principal.

Argumenta por otra parte, que la sanción interdictiva de derechos y funciones públicas no puede superar el término de un (1) mes, que fue el quantum punitivo deducido al sindicado en virtud de su complicidad en el delito de abuso de función pública, lapso que se agotó de manera conjunta a la detención preventiva.

Frente a tal pretensión de la defensa corresponde indicar de antemano, que la misma comporta en sustancia que la Corte reconsidere no sólo la dosificación punitiva, por cuanto cuestiona el carácter asignado a la interdicción de derechos y funciones públicas al igual que su término de duración, sino también, la procedencia de la suspensión condicional de la pena y el concreto ámbito de dicho instituto, que a no dudarlo constituyen aspectos propios de la sentencia de condena y donde fueron además específicamente abordados. En otros términos, pasa por alto que ésta última no puede ser modificada o revocada por el propio funcionario que la profirió salvo que se trate de un error aritmético, en el nombre del procesado o de una omisión sustancial en la parte resolutiva.

Adicionalmente, el peticionario parte de una equivocada comprensión del fallo y de las disposiciones contenidas en el derogado estatuto penal. Lo primero, pues solicita “suspender... el cumplimiento de las penas accesorias impuestas”, perdiendo de vista que ninguna con dicha connotación le fue derivada al acusado Montoya Medina en las presentes diligencias, ni aún la de interdicción de derechos y funciones públicas; sin que sobre añadir que en su imposición mal puede atisbarse el menoscabo de los aludidos postulados de legalidad y favorabilidad, por cuanto al igual que acontece en el artículo 428 de la Ley 599 de 2000, tal sanción se hallaba otrora prevista con carácter principal en el artículo 162 del Decreto 100 de 1980 para el delito de abuso de función pública.

En cuanto a lo segundo, porque la simple lectura del artículo 42 ibídem, en armonía con las disposiciones de la parte especial del anterior ordenamiento penal, le habría permitido al apoderado discernir que tanto el legislador de entonces como el de ahora, atendida la naturaleza del bien jurídico y la gravedad de la conducta, previo la posibilidad de imponer las sanciones accesorias, entre ellas, la de interdicción de derechos y funciones públicas, “cuando no se establezcan como principales”.

Abundando en consideraciones, tampoco tiene éxito el argumento de que el lapso de interdicción de derechos y funciones públicas por el cual fue condenado es inferior al que permaneció privado de la libertad el procesado Montoya Medina en cumplimiento de la medida de aseguramiento, de manera que en últimas dicha sanción se encontraría agotada. Lo anterior, porque el peticionario soslaya con evidencia las regulaciones contenidas en el artículo 53 del Código Penal, de conformidad con las cuales se aplican y ejecutan en forma simultánea tan sólo la pena privativa de la libertad y las accesorias restrictivas de otros derechos que le sean concurrentes, supuesto bien diverso de la referida sanción, derivada al sindicado con carácter principal, insiste la Sala.

Ahora, no puede olvidarse que la medida de aseguramiento en su mayor parte la cumplió parcialmente en su lugar de trabajo y que además conservó el derecho a elegir y ser elegido.

Así entonces, esta pena debe ser cumplida en su totalidad.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia;

RESUELVE:

1. Negar la libertad provisional al Dr. Luis Eduardo Montoya Medina, por los motivos atrás expuestos.

2. No reconocer reducción de pena por trabajo, estudio o enseñanza, por los argumentos expuestos.

3. No suspender la ejecución de la pena de interdicción de derechos y funciones públicas.

4. Por la secretaría de la Sala librar la comunicación indicada en la parte motiva a la Universidad Nacional de Colombia para la suspensión del Dr. Montoya Medina en el cargo docente que allí desempeña.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

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