Sentencia 17738 marzo 31 de 2004 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta Nº 27

Magistrado Ponente:

Mauro Solarte Portilla

Bogotá, D.C., treinta y uno de marzo de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «Se considera:

Cuestión previa. No demandante en casación. Concepto

El defensor del procesado allegó junto con la demanda de casación un escrito mediante el cual se opone a las pretensiones de la demanda presentada por la fiscal especial, para que la Corte lo estudie, sustentado en la justificación de que por ser sujeto procesal recurrente, no puede hacerlo en condición de no recurrente.

Esta pretensión encuentra eco en el procurador delegado, quien asegura que frente a las nuevas disposiciones procesales resulta posible que un sujeto procesal asuma esta doble condición, y que el criterio plasmado por la Corte en decisión de 22 de mayo de 2003, en sentido contrario, es equivocado, entre otras razones, porque parte de un supuesto mendaz, ya que elimina del artículo 211 el adjetivo común que califica el sustantivo término, y porque el antónimo de demandante no es no demandante, sino demandado.

Pues bien. Las expresiones demanda, demandante y demandado en materia casacional, tienen un significado específico, muy diferente del que la delegada maneja. Demanda, es el escrito mediante el cual se sustenta el recurso de casación. Demandante, la persona que presenta demanda. No demandante, quien no lo hace. Y demandando, el fallo cuya legalidad se cuestiona. Nada tiene que ver el sujeto accionado (para el caso concreto, el procesado), con esta última expresión.

El significado que estas expresiones tienen en materia casacional, fue ratificado por la Corte Constitucional en la sentencia que el procurador delegado cita (C-668/2001), al declarar la exequibilidad de las expresiones no demandantes, utilizada en el artículo 211 del estatuto procesal actualmente vigente, demandante, empleada en los artículos 213 y 216 siguientes, y demanda, contenida en el artículo 216 ejusdem.

En relación con la primera (no demandantes) dijo que comprendía los sujetos procesales distintos al recurrente en casación. Respecto de la segunda (demandante), precisó que comprendía los que hacían uso de dicho medio de impugnación. Y en cuanto a la última (demandada), que se refería a la sentencia que es objeto del recurso. Bajo este entendido, declaró la exequibilidad de las referidas expresiones.

El artículo que prevé los traslados en casación a los sujetos procesales no demandantes, es del siguiente tenor:

“Traslado a los no demandantes. Presentada la demanda se surtirá traslado a los no demandantes por el término común de quince (15) días para que presenten alegatos”.

Si como viene de ser visto, por no demandante debe entenderse el sujeto procesal que no presenta demanda de casación, o lo que es igual, el sujeto procesal distinto del que recurre en casación, no existe la menor duda que frente al tenor literal del precepto, la tesis del procurador no tiene cabida, y que la facultad de presentar alegatos apreciatorios (de oposición o coadyuvancia), está exclusivamente consagrado a favor de quien no hace uso del recurso.

Sostiene adicionalmente el representante del Ministerio Público que la argumentación de la Corte parte de un supuesto equivocado, porque en la trascripción que se hizo de la norma en la providencia de 22 de mayo de 1998, eliminó el adjetivo común, que califica el sustantivo término, dando a entender que debido a la pretermisión de esta expresión, las conclusiones de la corporación fueron erradas. Pero no explica el porqué de este sui generis entendimiento, ni aclara el significado que el adjetivo común tiene en el contexto de la norma respectiva.

La afirmación consistente en que la Corte pretermitió la referida expresión en la trascripción que hizo del precepto, es cierta, pero esto en manera alguna incidió en el criterio doctrinal allí plasmado. La expresión común, que la norma utiliza, fue incluida por el legislador para indicar que el término de traslado para la presentación de alegatos apreciatorios corría simultáneamente para los no demandantes, y no de manera individual, como se establecía en regulaciones anteriores. Esto, con el fin de hacer más ágil el trámite casacional.

La sustitución de las expresiones recurrente y no recurrentes, que utilizaba el estatuto anterior (D. 2700/91), por la de demandante y no demandantes, que emplea la nueva regulación procesal, tampoco permite abrir paso a la tesis expuesta por la delegada, porque este cambio respondió a razones estrictamente técnicas. Concretamente, a la transformación de la naturaleza de la casación como recurso, en acción independiente del proceso penal, y no al propósito de ampliar el contenido conceptual de la expresión no recurrente.

Sostiene finamente la delegada, que la decisión de la Corte de no permitir que el sujeto procesal recurrente pueda alegar como no recurrente cuando han sido presentadas varias demandas, y contienen pretensiones contrapuestas, puede resultar contraria al principio de igualdad, y desconocedora de la dialéctica procesal, porque le niega al sujeto procesal la posibilidad de controversia.

Esto tampoco es exacto. La casación, en cuanto recurso extraordinario, es por esencia limitado y restrictivo, tanto en su acceso (no toda persona puede acceder al recurso), como en su contenido (solo puede hacerlo por determinados motivos), y la forma de alegación (deben respetarse determinadas reglas técnicas). En otras palabras, no es un debate de instancia, donde las partes puedan afirmar, replicar o contrarreplicar como quieran y cuando quieran, sino un procedimiento especial, donde la ley le otorga a cada sujeto procesal una oportunidad específica para que intervenga, con carácter preclusivo.

La imposibilidad práctica de que el sujeto procesal recurrente pueda controvertir los argumentos que sirven de sustento a las otras demandas, no quebranta el principio de igualdad. La violación de este postulado no puede erigirse sobre el concepto simplista de que cada afirmación debe contar con una réplica o posibilidad de réplica por la parte contraria, para que el procedimiento sea legítimo. Si así fuera, los debates se harían interminables, y las posibilidades de realización de una justicia pronta, nugatorias. En casación, para citar un ejemplo, habría que permitir no solo la intervención del demandante como del no demandante, sino introducir una oportunidad adicional para poder controvertir el concepto del procurador.

El equilibrio en sede casacional se establece a partir de los conceptos de demandante y no demandante, y la previsión de una oportunidad concreta a cada uno de estos dos grupos de sujetos procesales para que presenten sus alegaciones, regulación que en manera alguna comporta tratamiento diferencial entre ellos. Adicionalmente, se cuenta con la intervención del procurador delegado, quien en condición de defensor del orden jurídico, debe emitir opinión imparcial sobre todas las pretensiones de las demandas.

Se reitera, por tanto, el criterio fijado por la Corte, no solo en la providencia de 22 de noviembre de 2003 que la delegada cita, sino en muchas otras anteriores y ella, y más recientemente en decisiones de 27 de mayo de 2003 con ponencia del magistrado Fernando Arboleda Ripoll (rad. 19812), 8 de octubre del 2003 con ponencia del magistrado Alfredo Gómez Quintero (rad. 17336), y 11 de noviembre del mismo año con ponencia de la magistrada Marina Pulido de Barón (rad. 20163), en el sentido de que los roles de sujeto procesal demandante y sujeto procesal no demandante son excluyentes en materia de casación, y por tanto, que no es dado actuar en la doble condición.

1. Demanda de la fiscal especial.

1.1. Cargo único: absoluta falta de motivación de la sentencia.

1.1.1. En la respuesta a este reproche, el procurador delegado se refiere una vez más al fallo de la Corte de 22 de mayo de 2003, para cuestionar la enumeración que allí se hace de las hipótesis constitutivas de nulidad por vicios de motivación, y asegurar que varias de ellas escapan al concepto de falta de motivación, en cuanto defecto enervante de la validez de la sentencia.

Ante todo debe ser precisado que la Corte, en la relación nominal que hizo de los diferentes vicios de motivación en la citada providencia, no se refirió a los fenómenos de ambigüedad y equivocidad como hipótesis distintas, sino como expresiones comprensivas de la misma situación, llamada también por la doctrina y la jurisprudencia motivación dilógica o ambivalente.

Para la Corte, cuatro son las situaciones que pueden dar lugar a la nulidad de la sentencia por violación del deber de motivación: (1) ausencia absoluta de motivación (2) motivación incompleta o deficiente (3) motivación equívoca, ambigua, dilógica o ambivalente y (4) motivación sofística, aparente o falsa. En relación con esta última debe ser precisado que solo vino a ser incluida en forma expresa como fenómeno generador de nulidad por defectos de motivación en la referida providencia, pero que la Corte ya venía aceptando sus implicaciones invalidatorias de tiempo atrás, como surge del contenido de la decisión de 11 de julio de 2002, que allí se cita.

La primera (ausencia de motivación) se presenta cuando el juzgador omite precisar los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la decisión. La segunda (motivación incompleta) cuando omite analizar uno cualquiera de estos dos aspectos, o lo hace en forma tan precaria que no es posible determinar su fundamento. La tercera (equívoca) cuando los argumentos que sirven de sustento a la decisión se excluyen recíprocamente impidiendo conocer el contenido de la motivación, o cuando las razones que se aducen contrastan con la decisión tomada en la parte resolutiva. Y la cuarta (sofística), cuando la motivación contradice en forma grotesca la verdad probada.

La afirmación consistente en que algunas de estas hipótesis no pertenecen al género falta de motivación, porque el fenómeno que revelan no se identifica con la ausencia de razones, propia de dicho concepto, es cierta solo si la expresión es entendida en su significado puramente gramatical, no en su alcance jurídico. Durante mucho tiempo, la jurisprudencia ha sido clara en precisar que dentro del concepto falta de motivación queda comprendida no solo la ausencia absoluta de motivación, sino también, la motivación deficiente, y la motivación anfibológica.

Hoy día, la expresión falta de motivación, ha venido siendo sustituida por la de vicios de motivación o defectos de motivación, por resultar menos llamada a equívocos, mucho más amplia, y ser comprensiva de los cuatro fenómenos que pueden presentarse en desarrollo del deber de motivación de la sentencia: ausencia de motivación, motivación deficiente, motivación equívoca y motivación falsa o sofística.

Ahora bien. La Corte entiende que una cosa es la sentencia como acto procesal, y otra como decisión. De igual manera, que las tres primeras hipótesis (ausencia de motivación, motivación deficiente y motivación equívoca) afectan la sentencia como acto y que la cuarta (falsa motivación) afecta la sentencia como decisión. También entiende que las tres primeras constituyen en estricto rigor técnico un error in procedendo, y la cuarta un error in iudicando, y consecuencialmente, que la vía de ataque de las primeras es la causal tercera, y de la última la primera cuerpo segundo (violación indirecta).

Estos principios y reglas, no han sido en manera alguna desconocidos por la Corte en la decisión en comento. Todo lo contrario, lo reafirmó en ella, y los ha venido reiterando en pronunciamientos posteriores, donde ha sido clara en precisar que la motivación falsa, entendida como aquella que es inteligible, pero equivocada debido a errores relevantes en la apreciación de las pruebas, porque las supone, las ignora, las distorsiona o desborda los límites de racionalidad en su valoración, debe invocarse por la vía de la causal primera, cuerpo segundo (cfr. casación de 4 de septiembre de 2003, magistrado ponente Mauro Solarte Portilla, entre otras).

La decisión de la Corte de considerar la motivación falsa como fenómeno invalidante de la decisión, y de acudir a la causal tercera para propiciar su enmienda, se erige en una fórmula de solución de carácter procedimental, con el fin de resolver aquellos casos en los cuales los sujetos procesales no denuncian el error, o lo hacen en forma deficiente, y se hace necesario ajustar la decisión a la legalidad, en cumplimiento de las finalidades del recurso. Esta forma de solucionar el problema puede resultar, desde luego, discutible desde el punto de vista técnico, pero no contraria al ordenamiento jurídico, ni irracional, si es tomado en cuenta que en el fondo se está frente a una vía de hecho, violatoria del debido proceso, que el juez de casación está en el deber de corregir.

1.1.2. En el desarrollo del cargo, la fiscal especial sostiene que el fallo adolece de absoluta falta de motivación en relación con la condena por el homicidio de Hugo Alberto Espinosa Velásquez, porque las precisiones que contiene al respecto, impiden conocer los fundamentos fácticos y jurídicos que llevaron al tribunal a equiparar las dos situaciones bajo el fenómeno de la defensa excesiva, no obstante tratarse de situaciones distintas.

La Corte comparte integralmente los argumentos expuestos por la delegada en su concepto en relación con este reproche. La primera falencia que debe ser destacada, es que la libelista no concreta en debida forma el reproche. En algunos segmentos del libelo aduce ausencia absoluta de motivación, lo cual implica inexistencia total de fundamentación. En otros, asegura que las razones que aduce son contradictorias, propuesta de la que se sigue que la motivación existe, pero es equívoca o ambivalente. Esta forma de razonar torna inestudiable el cargo, en cuanto no permite establecer el verdadero sentido de la impugnación.

Aparte de esto, la censura es infundada. Del examen de la sentencia se establece que el ad quem trató el aspecto cuya motivación la fiscal echa de menos, bajo el subtítulo el problema jurídico frente al homicidio en la persona de Hugo Alberto Espinosa (págs. 22 y 23 del fallo), donde brevemente expuso las razones por las cuales consideraba que el procesado debía responder penalmente por dicho homicidio, de la misma manera que debía hacerlo frente a la muerte de Francisco Arnoldo Moreno Aguilar. Es decir, a título de dolo y en defensa excesiva.

Esto muestra, en primer lugar, que las afirmaciones relativas a la ausencia absoluta de motivación de la sentencia en este aspecto no son ciertas, y en segundo término, que la argumentación que contiene tampoco es ambigua, toda vez que permite establecer en forma bastante clara los términos y el sentido de la decisión. También permite advertir que lo discutido realmente por la libelista no es la motivación de la conclusión, sino la solución dada al caso. Pero este ataque, imponía la selección de una causal distinta, y la postulación por parte de la demandante de la solución jurídica correcta, con indicación de las razones de ella, lo cual no hace.

Se desestima la censura.

2. Demanda del defensor.

Sostiene el demandante que los juzgadores incurrieron en errores de hecho por falsos juicios de existencia por omisión, al dejar de apreciar los testimonios de Celso Campo Parra (celador del sector que presenció los trágicos acontecimientos), y Édgar Mauricio Torres (trabajador de la discoteca El Divino), quien aseguró que el agente Arnoldo Moreno Aguilar, después de haber recibido el disparo, tenía el arma en la pretina del pantalón “como cogida solo de la mitad del cañón”.

Este reproche es totalmente infundado. Del estudio de la sentencia impugnada se advierte que el tribunal hizo no solo un resumen de los aspectos esenciales de estos testimonios en el acápite de los antecedentes, sino que después, en el análisis que hizo del acervo probatorio en su conjunto, se refirió expresamente a ellos, como claramente surge de los siguientes apartes del fallo:

“13. Édgar Mauricio Torres: trabajador de la discoteca ‘El Divino’, no presenció el desenlace de los sucesos. Pero sí vio herido a Frank: ‘Ya lesionado, le ví el arma en la pretina del pantalón, como cogida solo de la mitad del cañón, él no tenía el arma afuera totalmente, pero la tenía dentro de la pretina’ (fls. 69 del cdno. original 2)”. En seguida, el tribunal trascribe los apartes principales de su dicho.

“14. Celso Campo Parra: es celador (cuida carros) en la carrera 12 con calle 84. Estaba en sus labores cuando vio a ‘Toto’ corriendo asustado, por la mitad de la carrera doce. Detrás iba un señor alto. Toto exhibía sangre en la nariz. El señor grande se mandaba la mano a la pretina y alguien gritó ‘cuidado Toto’. En ese momento Monroy disparó contra el individuo que lo seguía”. También aquí, el tribunal trascribe los segmentos más importantes de sus afirmaciones (pág. 7 del fallo).

(...).

“Las declaraciones de Juan Pablo Gallego, Mario Andrés Estrada, Juan Torres, Jorge Cárdenas, Jesús Sandoval, Andrés González, Ernesto Abril, Manuel Echeverry, Fredy Alberto Ruiz, Pedro Pablo Martínez, Jaime Octavio Salazar, Luis Alejandro Rodríguez, Édgar Mauricio Torres, Celso Campos Parra y Mauricio Nieto, analizados en conjunto (no en forma aislada), permiten ver en Francisco Arnoldo Moreno al atacante que, asistido por impulsos temperamentales y destructores, se lanzó (portaba arma de fuego) en persecución de Jorge Enrique Figueroa Monroy. Así no hubiese desenfundado la pistola el peligro era ostensible e injustificado para Figueroa que estaba en franca retirada” (pág. 15 del fallo).

(...).

“Armonizando la declaración de Figueroa Monroy con los testimonios de Juan Pablo Gallego, Mario Andrés Oviedo, Johan Torres Rojas, Jorge Daniel Cárdenas, Jesús Sandoval Sáenz, Andrés Mauricio González Forero, Ernesto Abril Calderón, Manuel Orozco Echeverry, Fredy Alberto Ruiz Molina, Pedro Pablo Martínez, Jaime Octavio Salazar, Luis Alejandro Rodríguez, Édgar Mauricio Torres, Celso Campo Parra y Mauricio Nieto López, al amparo del artículo 254 del Código de Procedimiento Penal, surge el convencimiento racional (contrastando todos los elementos de convicción entre sí) en el sentido de acoger la versión del incriminado con la salvedad de que la reacción fue proporcionada” (pág. 17 del fallo).

El cargo no prospera.

3. Petición adicional de la delegada.

La pretensión del procurador, de que la Corte aprehenda el estudio de la legítima defensa en punto a tema de la proporcionalidad, dentro del marco de respuesta a la demanda presentada por el defensor del procesado, pero con fundamento en las consideraciones que la delegada introduce en su concepto, resulta inaceptable, por implicar una ampliación extemporánea de la demanda, por quien no es sujeto procesal recurrente. Además, desconoce el principio de limitación del recurso, que impone a la Corte, como a la delegada, circunscribir sus intervenciones al análisis de los cargos que el libelo contiene (EPA, art. 216).

Tampoco se está frente a una vía de hecho en la apreciación de las pruebas, ni de equivocaciones manifiestas en la solución jurídica del asunto, que reclamen una intervención oficiosa de la Corte, en procura de salvaguardar derechos fundamentales. La mayor parte de los elementos de juicio que la delegada afirma ignorados, fueron realmente tenidos en cuenta por el tribunal, y la controversia que plantea en torno a la solución del asunto, no trasciende el plano de la opinión personal, ni consulta cabalmente la verdad probada.

Si son examinados los hechos ex ante, como lo sugiere el procurador, se debe aceptar que ninguno de los protagonistas de la reyerta sabía que su rival estaba armado. Esta es la verdad que muestra el proceso, y la declarada por el tribunal en la sentencia. Además, la que se encarga de evidenciar la lógica de la secuencia fáctica. También se debe admitir que la complexión atlética del agente Moreno Aguilar no era factor que preocupara al procesado, o lo indujera a creer que representaba un peligro para su vida o su integridad personal, pues si esa hubiese sido su apreciación, no habría insistido en desafiarlo sistemáticamente a pelear, como lo hizo.

El proceso acreditó que en desarrollo del último episodio (abandono de la pelea por parte del acusado e iniciación de la persecución por su contrincante), el agente Moreno Aguilar no desenfundó su arma de fuego, ni amagó hacerlo, y que al momento de recibir el impacto mortal, su arma permanecía enfundada en la pretina del pantalón. Es la verdad que surge del análisis del conjunto probatorio, y la que el tribunal declaró también probada en la sentencia. No es cierto, por tanto, como lo sostiene la delegada en algunos apartes de su concepto, que la afirmación del procesado y del testigo Celso Campos Parra, en el sentido de que Frank se mandó la mano a la pretina del pantalón, hubiese sido declarada probada por el ad quem.

Los hechos que la investigación revela en relación con el último episodio, y que el tribunal declaró acreditados en el fallo impugnado, son los siguientes: (1) Que Frank descendió del vehículo de su amigo para aceptar el desafío del acusado. (2) Que éste empuñó una botella de vidrio para lanzársela. (3) Que Fredy Alberto Ruiz Molina intervino en favor de su amigo Frank, y descargó un botellazo en la cabeza del agresor. (4) Que el procesado lanzó la botella contra Frank, sin lograr impactarlo. (5) Que Frank golpeó con sus puños a su contendor. (6) Que el procesado abandonó la confrontación y salió corriendo. (7) Que Frank lo persiguió. (8) Que ambos recorrieron una distancia aproximada de 13 a 15 metros. (9) Que cuando Frank se acercaba al procesado alguien gritó “pilas Toto”. (10) Que Frank recibió el disparo cuando se encontraba a menos de 1.20 metros de su objetivo.

Frente a estas concretas circunstancias, las conclusiones del tribunal en torno la existencia de una defensa en exceso frente a quien lo perseguía para agredirlo, no se advierten infundadas ni arbitrarias. Por el contrario, encuentran respaldo probatorio, y se avienen con una interpretación racional del concepto de proporcionalidad. Es claro que el procesado, al abandonar la contienda, dejó de ser provocador y que Frank, al iniciar su persecución para seguir castigándolo, se convirtió en agresor injusto.

También es indiscutible que el actuar de Frank legitimaba la reacción del procesado en defensa propia, pero la forma como lo hizo resultaba desproporcionada, dado que no existía un peligro real contra su vida, y la eventual agresión contra su integridad física que se veía llegar, podía haber sido evitada de otra manera, por ejemplo a puñetazos, como ya lo había hecho en el primer episodio de la confrontación, o disparando su arma al aire para disuadir al agresor, o dirigiendo el impacto hacia partes menos vitales de su humanidad.

4. Casación oficiosa.

El tribunal, al reconocer al procesado la atenuante del artículo 30 del Código Penal de 1980, por defensa excesiva en relación con ambos homicidios, fijó la pena privativa de la libertad en 5 años de prisión, pero nada dijo en relación con el tiempo de duración de la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, que quedó determinada en 10 años.

Como esta decisión viola el principio de legalidad, porque la pena de interdicción de derechos y funciones públicas, cuando es accesoria de la de prisión, no puede superar el tiempo de la sanción a la cual accede (artículo 52 del Código Penal de 1980 entonces vigente), la Corte, en ejercicio de la función oficiosa que le confiere el artículo 216 del estatuto procesal penal, casará la sentencia impugnada, para ajustar la pena a la legalidad.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Desestimar las demandas de casación presentadas por la fiscal especial del proceso y el defensor del procesado.

2. CASAR parcialmente, de oficio, la sentencia impugnada, para fijar en cinco (5) años la duración de la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas. En lo demás, el fallo se mantiene inmodificable.

Contra esta decisión no proceden recursos. Notifíquese y devuélvase al tribunal de origen. CÚMPLASE.»

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