Sentencia 17762 de mayo 29 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 17762

Acta 21

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Vásquez Botero

Bogotá, D.C., veintinueve de mayo de dos mil dos

EXTRACTOS: «Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por Gerardo Martínez Martínez contra la sentencia del 12 de junio de 2001, proferida por la Sala Civil - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en el proceso promovido por el recurrente al departamento del Guaviare.

Antecedentes

Gerardo Martínez Martínez demandó al departamento del Guaviare en busca de la prosperidad de estas pretensiones: que se ordene su reintegro al empleo que ocupaba, con el pago de los salarios causados desde el día del despido, con todas las prestaciones legales y extralegales a que tenga derecho, incluidos los reajustes a que haya lugar; que las condenas que se impongan al demandado sean indexadas y a ellas también se apliquen los respectivos intereses.

En subsidio reclama el demandante: que se declare que entre las partes existió un contrato de trabajo, el cual fue terminado injusta e ilegalmente por el empleador; que el demandado le reajuste sus primas de vacaciones, servicios, semestral, antigüedad y subsidios, conforme la convención colectiva de trabajo; que el ente territorial le pague el auxilio de cesantía, los intereses de éste, así como la multa por el no pago de los mismos, indemnización por despido, salarios desde el 1º de enero de 1996, indemnización moratoria, indexación, intereses sobre el valor de las condenas y sanción por no ordenar la práctica de examen médico de egreso.

Como fundamento de las relacionadas pretensiones expuso el demandante: que desde el 27 de marzo de 1989 se vinculó al servicio del ente territorial demandado, desempeñando el cargo de técnico de plantas eléctricas, a través de un contrato de trabajo a termino indefinido; que estuvo afiliado al sindicato de trabajadores del departamento; que durante 1995 devengó horas extras y viáticos, además de subsidio de transporte; que el 31 de diciembre de 1996 verbalmente se le comunicó su desvinculación con el departamento, como consecuencia de su reestructuración, la cual nunca se presentó; que la determinación de dar por concluido su contrato de trabajo no tiene justificación legal, ni convencional; que en la convención colectiva laboral está pactada la existencia de un comité de relaciones laborales, encargado de resolver sobre la terminación del contrato de trabajo; que agotó la vía gubernativa; que la cesantía y sus intereses no le fueron pagados dentro de los plazos previstos, y que el departamento está obligado a pagarle sus dotaciones. (fls 2-7)

La entidad territorial convocada al proceso contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de sus pretensiones, aceptando como cierto únicamente, el hecho relativo al agotamiento de la vía gubernativa, pues sobre los demás expresó que no les constan, son irrelevantes o no son ciertos. Adujo que la desvinculación del actor fue aceptada por éste, por lo que recibió una indemnización y una bonificación. Como medios exceptivos propuso los que denominó: “Inexistencia de la obligación”, “Cobro de lo no debido”, “prescripción”, “Buena fe del demandado exonerativa de la indemnización moratoria”, y “mala fe del demandante”. (fls 24-31)

El conflicto jurídico fue dirimido en primera instancia por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San José del Guaviare, el cual, por medio de sentencia del 19 de septiembre de 2000, declaró ineficaz el despido del actor y vigente el contrato de trabajo; como consecuencia de lo anterior condenó al ente demandado a pagar al accionante los salarios y demás emolumentos laborales dejados de percibir desde el 1º de enero de 1996. Ordenó que el demandante reintegrara sus cesantías y declaró no probadas las excepciones propuestas. (fls 162-170).

La anterior providencia fue apelada por la parte demandada, pero la Sala Civil-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en grado jurisdiccional de consulta, la revocó a través de proveído del 12 de junio de 2001. (fls 16-24 cdno 2ª inst.)

En sustento de la decisión adoptada, el tribunal indicó: que el demandante ancla sus pretensiones en la convención colectiva de trabajo, que tiene relación con el artículo 55 constitucional, el cual garantiza el derecho a la negociación colectiva; que, no obstante, el acuerdo colectivo del que penden las pretensiones del demandante fue deficientemente aportado al proceso, pues no existe constancia de su depósito oportuno ante la autoridad laboral correspondiente, ni certificación de que en plazo hábil fue depositada la convención, solemnidad que según la jurisprudencia es indispensable para demostrar que se cumplieron a cabalidad los requisitos exigidos por la ley para que ese acto jurídico fuera válido; que por ello no podía el a quo dar por demostrada en el juicio la existencia de la convención colectiva y menos reconocer derechos originados en ella, con lo cual incurrió en error de derecho.

También argumentó el ad quem que en relación con el despido del demandante, se analizará la pretensión subsidiaria de indemnización; que de acuerdo con la demanda, la desvinculación del accionante la motivó el ente demandado en la supresión del cargo por reestructuración administrativa, lo cual constituye despido injusto, como lo ha dicho la jurisprudencia desde 1958, pues no se puede equiparar la legalidad de la terminación del vínculo con el despido con causa justa; que las justas causas para la terminación del contrato laboral están incluidas en los artículos 16, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, y en ellas no figura la reestructuración administrativa, por lo que procede la indemnización por despido injusto, que corresponde el tiempo que faltaba al accionante para cumplir el contrato de trabajo presuntivo; que no obstante, la indemnización pagada por la empleadora al demandante supera ampliamente la que legalmente le correspondería y fue complementada por una bonificación voluntaria; que nada impide que la terminación del contrato laboral esté condicionada al reconocimiento de una contraprestación, pues es potestativo del trabajador aceptarla con esa limitación; que aunque ahora afirme que hubo despido injusto, existe certeza de que hubo decisión voluntaria del demandante de no continuar prestando sus servicios personales, ante la eventualidad de una bonificación que se le ofreció y recibió, como él mismo lo reconoció, y lo corrobora la prueba documental del proceso; que en relación con la indemnización del artículo 65-3 del Código Sustantivo del Trabajo, esta normatividad no es aplicable a los trabajadores oficiales; que la disposición aplicable al caso tratado es el artículo 3º del Decreto 2541 de 1945, pero el demandante no probó ninguna de las circunstancias que esta norma prevé; que existe constancia que la demandada pagó al actor la cesantía que le correspondía, y que por ello deben despacharse favorablemente las excepciones, propuestas.

(...).

Se considera

Se resuelven conjuntamente los dos primeros cargos porque pese que están orientados por vía distinta, controvierten el mismo aspecto de fondo, relativo a que el tribunal no podía conocer en consulta de la sentencia de primera instancia al estar limitado por el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, ya que tenía que circunscribirse a estudiar los puntos planteados en la sustentación de dicho recurso y no otros distintos.

Con relación a los mencionados cargos se tiene que el primero, orientado por la vía directa, se involucran temas fácticos y, en el segundo, dirigido por la indirecta, se controvierte en realidad un aspecto de puro derecho, lo que es ajeno a esta modalidad de acusación.

Y es por lo anterior que debe recordarse que las modalidades de violación directa e indirecta se refieren a dos maneras distintas de trasgresión de la ley: la directa que se deriva del error jurídico del juzgador, con prescindencia de circunstancias fácticas que se dieron por demostradas o que no lo fueron, ya que tiene causa en los yerros de juicio sobre la existencia, validez, alcance o interpretación de una norma de derecho sustancial del orden nacional; en tanto que la violación indirecta tiene origen en un error manifiesto de hecho derivado de la apreciación o falta de estimación de los medios de prueba y también en el caso de los errores de derecho en los eventos señalados en el numeral 1º del artículo 60 del Decreto 528 de 1964.

Ahora bien, no obstante que las irregularidades observadas en las dos acusaciones son suficientes para su desestimación, la Corte estima oportuno precisar, respecto al punto central de controversia en ambos ataques, que tratándose de la Nación, los departamentos y los municipios, la consulta regulada en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo es obligatoria y no está condicionada a la apelación de la respectiva entidad, ya que el juzgador tiene el deber de revisar las condenas que se le impongan, dado que la norma no impone restricción alguna, como si ocurre cuando la sentencia es totalmente adversa al trabajador, evento en el que sólo tiene cabida la consulta cuando tal providencia no es apelada, es decir, que la garantía referida establecida en favor de las entidades mencionadas no es supletoria del recurso de alzada, sino que tiene entidad propia explicable por el interés público que recae sobre los procesos que se adelantan contra tales entidades.

A lo anterior se suma que la jurisprudencia laboral tiene sentado que tratándose del recurso de apelación regulado en el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, la parte impugnante está obligada a sustentarlo en todos los aspectos respecto de los cuales se pretende que sea revocada, modificada o adicionada la providencia recurrida, sin que ello quiera significar que el juez de la alzada quede sometido a los argumentos que aduzca el recurrente, puesto que el superior conserva su propia iniciativa para fundamentar la decisión que profiera, pero estándole vedado que enmiende la decisión en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que la reforma fuere imprescindible para hacer modificaciones en puntos estrechamente relacionados con ella.

Surge, entonces, de la posición doctrinal mencionada, que el Tribunal también estaba facultado por la disposición referida para abordar el tema probatorio de la convención colectiva aportada al proceso, por tratarse de una cuestión inherente a la aplicación de esa normatividad extralegal al actor, que era el asunto de fondo controvertido en la apelación.

En consecuencia, los cargos no son fundados».

______________________________