Sentencia 1777 de junio 9 de 1994

 

Sentencia 1777 de junio 9 de 1994

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente No. AC - 1777.

Consejero Ponente:

Dr. Miguel González Rodríguez

Acción de Tutela.

Actor: Personero Municipal de Santa Lucía (Atlántico).

Santafé de Bogotá, D.C. junio nueve de mil novecientos noventa y cuatro.

Conoce la Sala de la apelación que entiende como Impugnación interpuesta por el accionante en tutela contra la providencia dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, con fecha 21 de abril de 1994, por medio de la cual se rechazó por improcedente la acción de tutela promovida contra el Departamento del Atlántico, Secretaría de Obras Públicas, Fondo Vial del Departamento, para que se protegieran los derechos fundamentales de la educación y de la salud a los niños que estudian en la Escuela Mixta No. 1 “Francisco de Paula Santander” del municipio de Santa Lucía (Atlántico).

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN RECURRIDA

Para rechazar por improcedente la tutela solicita, el a-quo consideró, en síntesis, que en el caso en estudio existe otro medio de defensa judicial, a fin de obtener que el contrato celebrado por la Gobernación y el contratista Temístocles Martínez Cera, que tiene por objeto la construcción de la unidad sanitaria, un tanque elevado de agua tipo 2, un pozo séptico y adecuaciones generales en la Escuela Mixta No. 1 “Francisco de Paula Santander” del municipio de Santa Lucía, se cumpla por el particular contratista a saber: la acción de las controversias contractuales prevista en el artículo 87 del CCA.

Además, observa el a-quo, que la acción de tutela tampoco puede ser utilizada para hacer respetar derechos que tan solo tienen rango legal, ni para hacer cumplir las Leyes, los Decretos, los reglamentos o cualquier otra norma de rango inferior, tal como por ejemplo el contrato pluricitado.

Por último, aunque procediera la tutela, no se estaría violando el derecho Constitucional a la educación por el hecho de que la escena se encuentre en etapa de reparación y que ello esté impidiendo a los alumnos recibir las clases normales, por cuanto no se trata que a los estudiantes se les esté negando el derecho, ya que es evidente que pueden acudir a otros centros a recibir los conocimientos del caso transitoriamente interrumpidos.

Y, en cuanto al derecho a la salud, consagrado en el artículo 44 de la Constitución, por no ser aplicación inmediata, toda vez que no lo menciona el artículo 85, no puede ser objeto de acción de tutela.

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El accionante, al impugnar la providencia del a-quo, se fundamenta en las siguientes consideraciones, en síntesis:

1. No se busca con la tutela que se diera cumplimiento al contrato referido, sino que se protejan los derechos de los niños de la Escuela, consagrados en los artículos 27 y 4 4 de la Constitución, pues una de las responsabilidades del estado social consiste en la protección a la niñez, la que ha de constituir una de las prioridades del Estado y uno de los más claros motivos de solidaridad social.

2. Ahora, no estoy de acuerdo con los razonamientos del Tribunal, cuando dice que aun cuando procediera la tutela no se estaría violando el derecho fundamental a la educación, porque considero que el hecho de que unos niños estudiantes no tengan donde recibir clases, educación conforme el calendario académico, sí implica el desconocimiento o vulneración del mencionado derecho, si se tiene en cuenta que en el municipio de Santa Lucía solo existen dos escuelas de primaria, la de niñas en donde reciben clases, en las dos jornadas, más de 6600 niñas, y la escuela mixta Francisco de Paula Santander, donde deberían estar recibiendo clases unos 770 niños, y en donde por encontrarse en las condiciones que se describieron en el escrito de tutela, no están recibiendo las clases esos niños, por culpa de la conducta omisiva de la Secretaría de Obras del Departamento en concluir los trabajos que hace largo plazo se encuentran paralizados y sin explicar a la comunidad estudiantil las razones de ello. Le pregunto, entonces, a los señores Magistrados, a qué centro de educación se refieren, a cuál deban ser trasladados los niños a recibir sus clases?

3. también discrepo del Tribunal cuando dice que la acción de tutela es tan solo para buscar la protección de los derechos fundamentales descritos en el artículo 2º del Decreto 306 de 1992, cuando es claro que allí no están plasmados todos los derechos fundamentales reconocidos expresamente por la Constitución, la que la misma, por lo demás, no determina en forma taxativa.

4. Discrepo también con el H. Tribunal, cuando afirma que el derecho a la salud no es objeto de la acción de tutela, si se tiene en cuenta que proteger la salud del hombre es proteger la vida, que es derecho constitucional inalienable.

Por todo lo anterior, solicita la revocatoria del fallo impugnado, para en su lugar conceder la tutela en favor del estudiantado de la Escuela Mixta No. 1 “Francisco de Paula Santander” del municipio de Santa Lucía.

LA DECISIÓN

Para resolver, se considera:

1. Lo primero que debe destacar la Sala, es que lo derechos que se invocan como supuestamente quebrantados o amenazados por el accionante, o sean, los de la salud y los de la educación de los niños que cursan sus estudios en la Escuela Mixta No. 1 “Francisco de Paula Santander”, así ellos no se encuentren señalados expresamente en el capítulo 1, título ll como derechos fundamentales, sí son objeto de tutela, pues, como lo ha sostenido reiteradamente esta Corporación y la Corte Constitucional, han sido catalogados expresamente como derechos Constitucionales fundamentales por el artículo 44 de la Carta Política.

Por ello, la Sala no comparte el criterio del a-quo sobre el particular, y en especial sobre el derecho a la salud de las personas en cuyo nombre actúa el señor Personero Municipal de Santa Lucía, como defensor del pueblo.

II. Igualmente, observa la Sala, que el accionante en tutela no pretende que el particular contratista del Fondo Vial del departamento del Atlántico dé cumplimiento al objeto del contrato, el cual tiene relación con el adecuado funcionamiento de la escuela precitada y, por consiguiente, con el servicio educativo a que se desuna el inmueble, o que la administración, ante el eventual incumplimiento de sus obligaciones por parte del contratista, haga uso de sus prerrogativas, como, por ejemplo, imponer las sanciones o multas pactadas en el vínculo contractual, o haga efectiva la cláusula pena¡ pecuniaria, o declare la caducidad administrativa del contrato lo que ya hizo mediante resolución de marzo 18 de 1994, como expresa en oficio dirigido al Tribunal con fecha 18 de abril del mismo año y haga efectiva la preindicada cláusula penal pecuniaria, o traslade la controversia contractual a esta jurisdicción, conforme lo prevé el artículo 87 del CCA, para buscar a través de la acción consagrada en dicha norma, la declaratoria de incumplimiento, y la consiguiente indemnización de los perjuicios ocasionados, casos en los cuales sí sería improcedente la acción de tutela, a menos que se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Así lo entiende la Sala, pues no hay nada en el escrito de tutela, ni en el de impugnación, de lo cual pueda deducirse que el objeto de la tutela es buscar una de las alternativas planteadas anteriormente.

III. Considera, entonces, la Sala que lo que se busca a través de esta tutela es que la Administración Departamental, Secretaría de Obras Públicas, haga lo que esté a su alcance para poner en condiciones de buen funcionamiento, tanto para efectos de que se puedan dictar y recibir las clases correspondientes al pensum e presente año académico, como desde el punto de vista de la salubridad, el inmueble en donde ha venido funcionando la Escuela Mixta No. 1 del municipio de Santa Lucía, para así garantizar a los niños matriculados ella, sus derechos Constitucionales fundamentales a la educación y a la salud.

Para tal efecto, la administración departamental no solamente tiene o tenía la opción de realizar los trabajos pertinentes directamente con personal a su servicio, o ante el incumplimiento del tercero contratado para realizar esos trabajos oportunamente lo que condujo a la declaratoria de caducidad del contrato que celebró con aquel, continuar inmediatamente la ejecución del objeto del contratado, bien a través del garante o de otro contratista (artículo 18, inciso segundo, de la Ley 80 de 1993), en aras de garantizar el regular y continúo funcionamiento del servicio educativo, y con ello asegurar el cumplimiento de uno de los deberes sociales del Estado y la protección del derecho de los niños educandos.

Como resultado de lo atrás expresado, es que la sentencia del a-quo deberá ser revocada y, prosperando la impugnación, como consecuencia de ello se concederá la tutela solicitada.

Por lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1 REVOCASE la sentencia dictada por el tribunal Administrativo del Atlántico, con fecha 21 de abril de 1994, por la cual se rechazó por improcedente la tutela solicitada por el señor Personero Municipal de Santa Lucía.

2. TUTELANSE los derechos de la educación y de la salud de los niños estudiantes de la Escuela Mixta No. 1 “Francisco de Paula Santander” del municipio de Santa Lucía (Atlántico), invocados por el Personero Municipal de dicha localidad como defensor del pueblo.

3. Como consecuencia, se ordena al señor Secretario de Obras Públicas del departamento del Atlántico que dentro del término de setenta y dos (72) horas, siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a adelantar las diligencias necesarias tendientes a reiniciar y terminar el arreglo de los techos, pisos, aulas y sanitarios del inmueble en donde ha venido funcionando la Escuela Mixta No. 1 “Francisco de Paula Santander” del municipio de Santa Lucía, así como al arreglo o al suministro de los pupitres indispensables para el número de estudiantes matriculados para el período académico de 1994 en dicha escuela.

Dentro del término legal remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, comuníquese con copia al tribunal administrativo de origen, publíquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha nueve (9) de junio de 1994.

Magistrados: Yesid Rojas Serrano, Presidente—Ernesto Rafael Ariza Muñoz—Miguel González Rodríguez—Libardo Rodríguez Rodríguez.