Sentencia 17784 de agosto 13 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

TRABAJADOR CON MÚLTIPLE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES

ENTIDAD OBLIGADA A RECONOCER Y PAGAR LA PRESTACIÓN

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gonzalo Toro Correa

Radicación 17784

Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil dos (2002).

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la sociedad Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, el 13 de agosto de 2001, en el juicio que le sigue Ana Isabel Guerra García.

Antecedentes

Ana Isabel Guerra García, actuando en su propio nombre y en representación de sus menores hijas Ana Isabel y Nohemí Orejuela Guerra, llamaron a juicio ordinario laboral a la sociedad Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. y/o al Instituto de Seguros Sociales, para que, en forma solidaria, conjunta o separada, se condenara al pago de la pensión de sobreviviente de su cónyuge y padre Jafeth Orejuela Mosquera, más las mesadas adicionales de junio y diciembre y demás derechos de que gozan los pensionados.

En sustento de sus pretensiones afirman, que el señor Jafeth Orejuela Mosquera laboró en la finca La Yana para la sociedad C. I. Bagatela S.A., desde el 19 de febrero hasta el 28 de septiembre de 1997, fecha en la cual falleció; que la señora Guerra García había contraído matrimonio con el finado Orejuela Mosquera, de cuya unión nacieron las menores Ana Isabel y Nohemí Orejuela Guerra; que convivía con el causante al momento de su fallecimiento, el cual fue ocasionado por enfermedad común; que reclamó al ISS la pensión de sobreviviente, pero éste, mediante Resolución 8613 del 20 de agosto de 1998 respondió que el asegurado se había trasladado el 1º de febrero de 1995 al Fondo de Pensiones Horizonte, negándole en consecuencia la pretensión; que acudió a Horizonte S.A., que también se la negó, con el argumento de que el último empleador del causante estaba cotizando al ISS, entidad a la cual le correspondía reconocer la pensión de sobreviviente; que el último empleador del fallecido certificó que durante la relación laboral cotizó para el Instituto de Seguros SociaIes.

El Instituto de Seguros Sociales, al responder la demanda, se opuso a las pretensiones; manifestó que el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente le correspondía a Horizonte S.A. Pensiones y Cesantías; que los demás hechos no le constaban y que se atenía a lo probado. En su defensa propuso las excepciones de falta de legitimación por activa y por pasiva frente al codemandado ISS, inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, pago, compensación, prescripción, temeridad, y mala fe.

Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., en la respuesta a la demanda, se opuso a las peticiones; aceptó el tiempo laborado en la finca La Yana por el causante, que éste contrajo matrimonio con la actora y procrearon a las menores demandantes; que es cierto que el ISS le negó la pensión, así como el fondo, por considerar que el señor Orejuela Mosquera se había afiliado nuevamente al ISS el 19 de febrero de 1997, según certificación del último empleador; que no le consta la causa del fallecimiento. En su defensa propuso la excepción de cobro de lo no debido.

El Juzgado Laboral del circuito de Apartadó (Antioquia), mediante sentencia del 27 de abril de 2001 (fls. 117 a 125, c. Ppal.), condenó a Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. a pagar a los actores: las mesadas de pensión de sobrevivientes causadas desde el 28 de septiembre de 1997 hasta el 30 de marzo de 2001, por la suma de $ 11.368.624.50, en un 50% para la cónyuge y el otro 50% para las menores hijas por partes iguales; y la suma de $ 286.000 mensuales a partir del 1º de abril de 2001 como mesada pensional, sin perjuicio de los reajustes futuros, incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año, en la misma proporción indicada anteriormente, y para las menores hasta que queden incursas en las inhabilidades del artículo 47 de la Ley 100 de 1993; absolvió al ISS de las pretensiones formuladas en su contra, y declaró la prosperidad de las excepciones propuestas por éste; le impuso costas a la sociedad condenada.

La sentencia del tribunal

Apelaron Horizonte S.A. y la parte actora, y el Tribunal de Antioquia, por fallo del 13 de agosto de 2001 (fls. 145 a 157, c. ppal.), confirmó el de primera instancia; no impuso costas en la alzada.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem consideró que la a quo analizó correctamente las diferentes vinculaciones y pagos a la seguridad social. De la prueba documental, en consonancia con el Decreto 692 de 1994, concluyó que para el momento de la vigencia de la Ley 100 de 1993 en pensiones, el causante se encontraba vinculado al régimen solidario de prima media con prestación definida,

“...administrado por el Instituto de Seguros Sociales y, autorizado por el artículo 11 del decreto inicialmente mencionado, podía ejercer la opción de traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad, es decir, no estaba cobijado por la prohibición del mismo decreto, que sólo permite estos cambios cada tres años. Está probado además, que tal cambio operó el 26 de enero de 1995, tal como consta en el documento de folios 113, que advierte el traslado de régimen y como entidad administradora anterior al Seguro Social. Tanto trabajador como empleador cotizaron al fondo demandado entre marzo y octubre de 1995, tal como se infiere de los folios 110, 111 y 114.

Por lo anterior, de acuerdo a la ley, no podía el causante hacer un nuevo traslado de fondo de pensiones sin que pasaran tres años, en los términos del artículo 15 del Decreto 692 de 1994, es decir, debía esperar hasta el 26 de enero de 1998, para que su opción de nueva selección y vinculación fuera legal. Los efectos de la violación a esta norma, establecidos en el artículo 17 del mismo decreto, fueron destacados por la a quo.... Igualmente concluyó la juez que, como el causante había cotizado al sistema más de 26 semanas, procedía el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por parte de Horizonte Pensiones y Cesantías S.A.”. (fls. 1 50 a 1 52, c. ppal.).

Que sobre los efectos de la múltiple afiliación, hay que relacionar el artículo 12 con el 11 del Decreto 692 de 1994, los cuales, además de los requisitos mínimos para la afiliación, disponen, entre otros puntos, que tal selección de régimen implica la aceptación de las condiciones propias de éste para acceder a las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes; que reglamenta, igualmente, la libertad de elección, la que debe manifestarse al momento de la vinculación con la obligación de informar al empleador sobre la afiliación o el cambio de régimen para que efectúe las cotizaciones respectivas. Que la ley prohíbe el cambio de afiliación por fuera de los términos previstos, quedando solamente como válida la última vinculación realizada, siendo las otras no válidas y con la obligación de transferir la totalidad de los saldos, en la forma y plazos previstos por la Superintendencia Bancaria a la administradora cuya afiliación es válida. Que la situación en estudio “tipifica una múltiple afiliación, ya que el trabajador para el 31 de marzo de 1994, se encontraba afiliado al Instituto de Seguros Sociales y dentro del plazo de gracia del artículo 11 del Decreto 692 de 1994, optó por cambiar de régimen el 26 de enero de 1995, tal como estaba facultado legalmente, pero posteriormente, el 19 de febrero de 1997, cambió nuevamente de régimen al afiliarse al de prima media con prestación definida (ISS), folios 115, violando expresa prohibición del artículo 17 del mismo decreto” (fl. 154, c. ppal.).

Concluye el tribunal refiriéndose a la circular externa de la Superintendencia Bancaria, de la cual dice que su finalidad es la de evitar que se presenten situaciones como las de autos, que violan principios protectores de la seguridad social. Que

“Es indudable que si la violación al principio de eficacia señalado por el literal a del artículo 2º de la Ley 100 de 1993, que exige que los servicios prestados, sean adecuados, oportunos y suficientes, ya se presentó, por cuanto han transcurrido más de tres años desde la muerte del causante, ocurrida el 28 de septiembre de 1997, sin que sus beneficiarios hubieren accedido a la pensión de sobrevivientes, precisamente por el comportamiento evasivo y dilatorio de la entidad encargada de reconocerla, necesariamente la norma que se aplica es la contenida en el artículo 17 del Decreto 692 de 1994, ya analizada, y no la circular por medio de la cual la Superintendencia Bancaria interpreta la norma, en primer lugar porque, se reitera, el evento aquí planteado sucedió antes de que se expidiera la circular mencionada, cuando sólo regía el artículo 17 ibídem; en segundo lugar, porque de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 362 de 1997, la jurisdicción laboral es la encargada de definir este tipo de conflictos jurídicos y además porque es muy clara la norma al determinar que la única vinculación que vale, “es la última efectuada dentro de los términos legales”. Si la Sala le da vigencia a la circular de la Superintendencia Bancaria en la forma pretendida por la recurrente, ello equivaldría a que una conducta expresamente prohibida por la ley, cuyos efectos están señalados, se dejara de aplicar, de manera tal que termine siendo obligada a responder la entidad a quien la ley, en forma expresa, ha liberado del reconocimiento y pago de la pensión” (fls. 155 y 156, c. Ppal. ).

El recurso extraordinario

Fue interpuesto por la demandada Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. y concedido por el tribunal. Admitido por la Corte se procede a resolver.

Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que se case totalmente la sentencia impugnada y que en sede de instancia se revoque la de primer grado en las condenas que vinculan a Pensiones y Cesantías Horizonte S.A.

Con tal propósito formula un cargo que no fue replicado y que en seguida se estudia.

Cargo único

Acusa la sentencia “por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea de los preceptos legales sustantivos contenidos en los artículos 2º y 13 de la Ley 100 de 1993, reglamentados por los artículos 15 y 17 del Decreto 692 de 1994, el cual fue interpretado por vía de autoridad a través de la Circular Externa 58 de 1998 expedida por la Superintendencia Bancaria especialmente en su numeral 6.8 literal b “ (fl.14, c. Corte).

En la demostración dice que

“lndudablemente la interpretación que el h. tribunal da a los artículos 15 y 17 del Decreto 692 de 1994, los cuales reglamentan el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, es errónea, porque le da a esas normas un sentido diferente al que ellas tienen, en efecto, como lo señala la Circular Externa 58 de 1998 expedida por la Superintendencia Bancaria en su numeral 6.8 literal b) ''las prestaciones que se deriven de los riesgos de invalidez y muerte deberán ser reconocidas y pagadas por la entidad administradora ante la cual se hayan efectuado las cotizaciones a la fecha de ocurrencia del siniestro. Si a dicha fecha el trabajador no estuviera cotizando, las respectivas prestaciones serán reconocidas y pagadas por la entidad ante la cual se efectuó la última cotización''.

No hay discusión fáctica sobre la situación del señor Jafeth Orejuela Mosquera al momento de su fallecimiento, en efecto, el 28 de Septiembre de 1997 dicho señor se encontraba cotizando para los riesgos de invalidez, vejez y muerte al Instituto de Seguros Sociales, si bien es cierto que el —sic cambio —sic— del sistema de ahorro individual con la afiliación a Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. al régimen de prima media con prestación definida ISS se había efectuado por el señor Orejuela Mosquera antes de que transcurrieran los tres años señalados en la Ley 100 de 1993 para poder cambiar de sistema, no es menos cierto que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 15 y 17 del Decreto 692 de 1994 que reglamentan el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, han sido interpretados por vía de doctrina a través de la Superintendencia Bancaria, órgano con autoridad para esa interpretación de acuerdo a lo señalado en la ley, en el sentido de que cuando exista múltiple afiliación bien sea a un régimen de pensiones o a los dos regímenes, debe reconocer la pensión de vejez la entidad administradora ante la cual se hayan efectuado las cotizaciones a la fecha de la ocurrencia del siniestro, esta parece ser la interpretación lógica y correcta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 15 y 17 del Decreto 692 de 1994 y con lo interpretado por el h. tribunal peca contra la lógica porque indudablemente el legislador señaló que correspondía a la última entidad donde el trabajador estaba cotizando en el momento del siniestro, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes si se habían (sic) cumplido el número de cotizaciones requeridas por la ley, cualquier otra interpretación es modificar el sentido del legislador contenido en el Decreto 692 de 1994” (fls. 14 y 15, c. Corte).

Se considera

De entrada advierte la Corte que el cargo no está llamado a tener éxito, en la medida en que la censura para desvirtuar la inferencia del tribunal, sustenta fundamentalmente su ataque en las instrucciones impartidas por la Superintendencia Bancaria, a través de su Circular Externa 58 del 6 de agosto de 1998 —relacionada en la proposición jurídica junto a normas sustanciales—, sin tener en cuenta que el deceso de Jafeth Orejuela Mosquera, que es el hecho que da origen a la reclamación, aconteció el 28 de septiembre de 1997, es decir, con antelación a la expedición de la mencionada circular y, por lo tanto, inaplicable al asunto que se ventila, a más de que la circular mencionada no constituye propiamente ley susceptible de acusación en casación.

El anterior razonamiento que fue pilar de la decisión de segundo grado no fue atacado por la parte impugnante, quien sólo se empecinó en el discurso que sustenta el cargo a solicitar que se aplicaran las orientaciones de la Superintendencia Bancaria, relativas a que la última entidad que había recibido las cotizaciones era la obligada a reconocer la prestación demandada. De tal suerte que desde esta perspectiva la sentencia permanece inmodificable sustentada en la aludida conclusión.

Cabe destacar también que las “interpretaciones” hechas por la Superintendencia Bancaria, no tienen el carácter de ser judiciales ni vinculan a los jueces, como lo pretende el cargo.

Por lo demás, estima la Sala que la intelección que el ad quem realizó respecto de los artículos acusados es correcta, atendiendo que encontró acreditado que hubo “una múltiple afiliación, ya que el trabajador para el 31 de marzo de 1994, se encontraba afiliado al Instituto de Seguros Sociales y dentro del plazo de gracia del artículo 11 del Decreto 692 de 1994, optó por cambiar de régimen el 26 de enero de 1995, tal como estaba facultado legalmente pero posteriormente, el 19 de febrero de 1997, cambió nuevamente al régimen de prima media con prestación definida (ISS), a —folios 115, violando expresa prohibición del artículo 17 del mismo decreto”. (fl.154, c. 1).

La precedente disquisición tiene su sustento en el propio texto de los artículos 15 y 17 del Decreto 692 de 1994 que reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993, pues el artículo inicialmente citado consagra en su inciso primero que “Una vez efectuada la selección de uno cualquiera de los regímenes pensionales, mediante el diligenciamiento del formulario, los afiliados no podrán trasladarse de régimen, antes de que hayan transcurrido tres años contados desde la fecha de la selección anterior”, y como quiera que, como se dice en el fallo impugnado, el 26 de enero de 1995 el demandante se afilió a Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., para el “Régimen de ahorro individual con solidaridad” (fl. 113), debieron transcurrir tres años, al 26 de enero de 1998, para poderse cambiar de régimen, no resultando válido, nuevamente, el traslado que hizo al ISS el 19 de febrero de 1997, en el régimen solidario de prima media con prestación definida. (fl. 115).

Por la razón expuesta también resulta acertada la inferencia del fallador de alzada frente a las cotizaciones que hizo al ISS, pues en los términos del artículo 17 del susodicho decreto, cuando hay múltiple afiliación, no es válida la última por no haber sido efectuada dentro de los términos legales, debiéndose entonces “transferir a la administradora cuya afiliación es válida, la totalidad de saldos, en la forma y plazos previstos por la Superintendencia Bancaria”.

Con todo, valga agregar que en la circular de la Superintendencia Bancaria se indica que “las prestaciones que se deriven de los riesgos de invalidez y muerte deberán ser reconocidas y pagadas por la entidad administradora ante la cual se hayan efectuado las cotizaciones a la fecha de ocurrencia del siniestro. Si a dicha fecha el trabajador no estuviere cotizando, las respectivas prestaciones serán reconocidas y pagadas por la entidad ante la cual se efectuó la última cotización”, de donde en el mejor sentido, en armonía con lo previsto por el artículo 17 del Decreto 692 de 1994, debe entenderse que la obligación que allí trata corresponde a afiliaciones hechas dentro de los términos legales.

El cargo no prospera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 13 de agosto de 2001 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro del juicio ordinario laboral que le adelanta Ana Isabel Guerra García a la sociedad Horizonte Pensiones y Cesantías S.A.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Luis Gonzalo Toro Correa—Francisco Escobar Henríquez—José Roberto Herrera Vergara—Carlos Isaac Náder—Germán G. Valdés Sánchez—Isaura Vargas Díaz. 

Jesús Antonio, Pastás Perugache, Secretario.

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