Sentencia 17793 de noviembre 25 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

INHABILIDAD PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES PÚBLICAS

COMO SANCIÓN DISCIPLINARIA ACCESORIA

EXTRACTOS: «El artículo 30 de la Ley 200 de 1995 reza:

“Sanciones accesorias. Son sanciones accesorias las siguientes:

1. Las inhabilidades para ejercer funciones públicas en la forma y términos consagradas en la Ley 190 de 1995.

PAR.—En aquellos casos en que la conducta haya originado sanción penal, la inhabilidad procede siempre y cuando no hubiere sido impuesta en el respectivo proceso, igualmente como consecuencia de faltas graves o gravísimas.

En los casos en que la sanción principal comporte inhabilidad, en el mismo fallo se deberá determinar el tiempo durante el cual el servidor público sancionado queda inhabilitado para ejercer cargos públicos. En firme la decisión, tendrá efectos inmediatos.

Cuando el servidor público sancionado preste servicios en otra entidad oficial, deberá comunicarse al representante legal de ésta para que proceda a hacer efectiva la inhabilidad.

2. La devolución, la restitución o la reparación, según el caso, del bien afectado con la conducta constitutiva de la falta, siempre que ellas no se hayan cumplido en el proceso penal, cuando la conducta haya originado las dos acciones.

3. La exclusión de la carrera”.

Por su parte, la Ley 190 de 1995, en sus artículos 5º y 17 al 31, establece como sanción aplicable a quienes hayan incurrido en las conductas que en esos artículos se relacionan, además de otras penalizaciones, la inhabilidad para el desempeño de funciones públicas.

Basta leer las normas citadas para percatarse que el proceder irregular en que incurrió el actor, por el cual se le sancionó con 90 días de suspensión del cargo que ocupaba, no corresponde a ninguna de las susodichas conductas, que generan la inhabilitación para el desempeño de funciones públicas en términos de la preceptiva contenida en la Ley 190 de 1995.

Tampoco se trata de una conducta que origine sanción penal.

Por consiguiente, la razón que viabiliza, en su caso, la imposición de la sanción accesoria de inhabilidad para desempeñar funciones públicas, es como lo afirmó la Procuraduría General, la calificación de grave que se otorgó a la conducta que dio origen a la pena principal de suspensión a que se ha hecho referencia, toda vez que conforme al parágrafo del artículo 30 del Código Único Disciplinario, esa sanción accesoria procede también imponerla como consecuencia de faltas graves o gravísimas.

No obstante lo anterior, la Sala encuentra que el término de inhabilidad para ejercer funciones públicas que se impuso al demandante a título de sanción accesoria, desborda el máximo del tiempo de inhabilidad, que en tal virtud puede imponerse a un funcionario que, por cometer falta disciplinaria grave, se haga acreedor a la sanción de suspensión hasta por 90 días, según voces del artículo 32, pues evidentemente no existe proporcionalidad alguna entre el tiempo de suspensión en el ejercicio del cargo de Gobernador del Cesar (90) días, y el lapso de dos años por el cual se le inhabilitó para desempeñar cargos públicos diferentes a aquel que estaba ejerciendo cuando cometió la falta por la que se le disciplinó.

Así, resulta incongruente que en virtud de la pena principal el demandante deba hacer dejación de su empleo por solo 90 días, y complementariamente a la misma, se le haya descalificado legalmente para ejercer funciones públicas durante 720 días, que comprenden los dos años de su inhabilitación a ese efecto, que se le impuso en forma accesoria.

En la sentencia C-187 fechada el 6 de mayo de 1998, la Corte Constitucional con ponencia del doctor Hernando Herrera Vergara, sobre el límite de la sanción de inhabilidad, puntualizó:

“... aparentemente, la impugnación que plantea el actor tendría cabida, ya que ciertamente el parágrafo del numeral 1º del artículo 30, acusado, no precisa la temporalidad de la respectiva sanción accesoria de inhabilidad para ejercer funciones publicas, situación que podría dar lugar a excesos en la dosificación punitiva; sin embargo, no se puede pasar por alto, que la misma Ley 200 de 1995 agrupa una serie de normas que en forma sistemática regulan los distintos aspectos relacionados con el régimen disciplinario de los servidores públicos y de los particulares que ejerzan funciones públicas, mediante el señalamiento de principios rectores y regulaciones específicas de los distintos temas que la componen, que hacen que dicho texto legislativo no pueda ser interpretado en forma aislada, autónoma y desarticulada, sin la coherente referencia de la parte pertinente a la integralidad normativa, de manera sistemática.

Como quiera que la regulación inicial de carácter general del CDU (título I, capítulo único) consagra una serie de principios rectores referentes, v.gr, a los principios de legalidad, debido proceso, presunción de inocencia, cosa juzgada, favorabilidad, finalidad de la ley y de las sanciones disciplinarias y su prevalencia, se deduce como consecuencia lógica de interpretación legislativa, la aplicación de los efectos que genera en todo el texto, subordinando los alcances de sus contenidos normativos, de manera que, cobren vigencia al momento en que el fallador realice la labor de evaluación y aplicación del precepto de orden disciplinario, de conformidad con el espíritu y propósito legal que impulsó su expedición.

Lo anterior significa que el legislador, al disponer en dicha normatividad disciplinaria el imperio de principios rectores, incluyendo los de índole constitucional, penal y administrativa, para efectos de la interpretación y aplicación normativa, a fin de garantizar el cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores públicos (arts. 17 y 18), integró los asuntos que, en otros ordenamientos legales, se relacionan con la concreción de la respectiva sanción, derivada de la conducta reprobable en materia disciplinaria.

De consiguiente, el investigador de la falta disciplinaria, al momento de aplicar la inhabilidad para ejercer funciones públicas en los casos que la sanción principal la comporte, deberá resolver acerca de su duración, remitiéndose a la legislación penal, para lo cual la Sala advierte que en ningún momento la sanción accesoria podrá exceder la principal, situación que deberá definirse al momento de adoptar la correspondiente decisión” (subrayas de la Sala).

Resulta evidente entonces, que por exceder el tiempo de inhabilidad para el desempeño de cargos públicos impuesta al demandante, dos (2) años, el lapso de suspensión en el cargo que ocupaba con que se le sancionó de manera principal —90 días— la penalización accesoria deviene en ilegal».

(Sentencia de noviembre 25 de 1999. Expediente 17.793. Consejera Ponente: Dra. Ana Margarita Olaya Forero).

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