Sentencia 17817 de julio 9 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

INSUBSISTENCIA DE NOMBRAMIENTOS

ORIGINADA EN PACTOS POLÍTICOS DE REPARTO BUROCRÁTICO

EXTRACTOS: «En el presente caso se pone en tela de juicio la legalidad del acto de retiro del demandante bajo la causal de desviación de poder.

En desarrollo del correspondiente debate probatorio se demostró que mediante Resolución 00058 del 19 de enero de 1987 el libelista fue nombrado en la Contraloría General del Departamento del Chocó para el cargo de jefe de controles y contables (fl. 21). Que el 20 de noviembre de 1991 los diputados de la asamblea del Chocó suscribieron un pacto político (fls. 26 a 29) relativo al repartimento de los empleos de la contraloría departamental, determinando al propio tiempo el número de cargos a distribuir entre los diferentes grupos políticos y los porcentajes que los mismos representaban. En este pacto se previeron las eventualidades relativas a la creación, fusión o supresión de cargos, al igual que lo concerniente a los traslados y al estricto cumplimiento que debería dársele al acuerdo tanto por parte de los miembros de la coalición como por parte del contralor entrante. Se destacó que las relaciones de los diputados para con el contralor serían personales y directas, esto es, sin que al respecto cupiese intermediación alguna.

Como bien se puede apreciar, en este pacto no se hizo la menor alusión a las necesidades del servicio, al mejoramiento del ejercicio controlador en lo humano y en lo técnico, a la incidencia que debe tener el control fiscal en el desarrollo y mejoramiento de las tareas públicas asignadas a las entidades departamentales, en fin, al papel que le corresponde al ente fiscal dentro de la realización de los fines del Estado. La verdad es que en el mencionado pacto sólo hubo espacio para la proyección burocrática de unos diputados que sin el menor recato moral privilegiaron sus apetitos politiqueros sobre la dignidad y el buen nombre de la contraloría, y por ende, sobre el departamento y sus gentes. Pactos como éste sólo dan noticia sobre el cinismo y la displicencia con que la inmensa mayoría de la clase política mira las funciones que informan los objetivos estatales, sobre el irrespeto absoluto que ella le prodiga a los mandatos de la Carta Política, sobre el desdibujamiento y desconcierto que se quiere fraguar frente al derecho al trabajo, a la calidad del servicio, a la misión fiscalizadora y al imperio mismo del Estado social de derecho.

Dentro del marco señalado por el pacto político el nominador declaró una serie de insubsistencias, siendo una de ellas la del libelista (fl. 23). Al respecto consta en autos que entre el 2 de enero de 1992 y el 31 de marzo de 1993 el Contralor Departamental del Chocó decretó 131 insubsistencias de una planta de 169 funcionarios. Circunstancia que guarda correspondencia con la inspección judicial practicada por el Tribunal de instancia.

De los hechos demostrados surge con ostensible contundencia el interés torcido que animó al nominador para retirar del servicio al actor, configurándose por contera la plena e incontestable desviación de poder alegada por éste. De suerte que el acto demandado habrá de suprimirse del ámbito jurídico que le dio vida por ser contrario a las normas rectoras de la función nominadora, tal como lo enseña el artículo 84 del CCA.

En lo tocante a la identificación del extremo pasivo responsable de los efectos pecuniarios de la insubsistencia acusada, de conformidad con la Carta Política y con la Ley 42 de 1993 resulta indudable que tal extremo no es otro que la Contraloría Departamental del Chocó, sin perjuicio de la acción de repetición a que pueda haber lugar.

Consecuentemente la Sala considera que las pretensiones del actor están llamadas a prosperar, por lo cual habrá de confirmarse la sentencia de primer grado».

(Sentencia de julio 9 de 1998. Expediente 17817 Consejero Ponente: Dr. Carlos A. Orjuela Góngora).

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