Sentencia 17849 de marzo 22 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

INDEMNIZACIÓN MORATORIA LABORAL

COMPORTAMIENTO PATRONAL AL MOMENTO DE LA TERMINACIÓN DEL VÍNCULO

Magistrado Ponente:

Dr. José Roberto Herrera Vergara

Ref.: Expediente Nº 17849

Acta Nº 11

Bogotá, D.C., veintidós de marzo de dos mil dos.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por la sociedad Ebanistería, Juventud y Cía Ltda y por Jorge Arturo Agudelo Bedoya, demandados en este proceso, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 8 de febrero de 2001, en el juicio seguido por Luis Enrique Villa Moreno, contra los recurrentes.

I. Antecedentes

Luis Enrique Villa Moreno pretendió a través de este proceso ordinario laboral, que se condene a los demandados, en cuanto al recurso de casación atañe, al pago de salarios por dominicales y festivos, al reajuste de las cesantías e intereses sobre las mismas, la sanción moratoria y las costas del proceso.

El fundamento de sus pretensiones se sintetiza así:

Laboró para los demandados desde el 15 de junio de 1995 en virtud de cuatro (4) contratos de trabajo hasta el 20 de octubre de 1998, cuando fue despedido sin justa causa. Se desempeñó como ebanista y laboró la totalidad de los días sábados y no se le canceló lo correspondiente a los días domingos y festivos. El auxilio de cesantía fue liquidado con un salario inferior al realmente devengado.

La entidad demandada, en la contestación de la demanda, negó los hechos en la forma presentados en la misma, se opuso a las peticiones y propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, pago, prescripción, compensación, mala fe del demandante y la genérica.

El Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia de fecha 5 de diciembre de 2000, resolvió condenar a los demandados a pagarle al actor los reajustes del auxilio de cesantía e intereses sobre la misma, reajuste de primas de servicios y sanción por el no pago oportuno de los intereses de cesantía. Los absolvió de las demás pretensiones de la demanda, declaró probada la excepción de compensación, autorizó en consecuencia a la demandada para descontar de las condenas la suma de $ 600.000 y no impuso costas.

II. Sentencia del tribunal

Al desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, revocó la sentencia del juzgado, en cuanto no reconoció los domingos y festivos no pagados, el reajuste adicional al auxilio de cesantía y de los intereses a la misma y de la indemnización moratoria. La confirmó en lo demás y condenó a la empresa demandada en un 90% de las costas de la segunda instancia.

Consideró el tribunal que la empresa demandada incurrió en la conducta prevista en el artículo 56 del CPL, y en consecuencia consideró demostrados los hechos que se indicaron en la demanda, en atención a que ellos son susceptibles de probase a través de la prueba de confesión.

En cuanto a los dominicales y festivos, anotó que como la prueba del pago le correspondía apartarla al empleador y éste no lo hizo así, procedió a reconocer los salarios correspondientes a esos días. Como consecuencia de lo anterior, procedió a imponer los reajustes de las prestaciones sociales, en especial el auxilio de cesantía e intereses a la misma.

Consideró que no se probó la buena fe del empleador, sino por el contrario existió una conducta de entorpecimiento a la administración de justicia, al no presentar los documentos que se le solicitó, y por ello le impuso la indemnización moratoria.

III. Demanda de casación

Inconforme con la anterior decisión el apoderado de los demandados interpuso el recurso de casación, en cuya demanda persigue “que se case parcialmente la sentencia impugnada, en cuanto revocó la de primer grado y dispuso la declaración prevista en el numeral 1º y, condenó a la demandada conforme al numeral 2º de la parte resolutiva y, a las costas de la alzada en un 90% a cargo de los demandados. Para que en sede de instancia, confirme en todas sus partes la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2000 por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín”.

Formuló tres cargos que los dirigió por la causal primera de casación laboral, así:

“Primer cargo. Acuso la sentencia de haber incurrido en la aplicación indebida de los artículos 55, 56, 61 y 145, 177 del Código de Procedimiento Laboral 283 y 284 del Código de Procedimiento Civil violación de medio que condujo a su vez a la aplicación indebida de los artículos 179 (L. 50/90, art. 29), 180 (L. 50/90, art. 30), 249 (L. 50/90, art. 98) 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo 1º de la Ley 52 de 1975.

Dedujo la aplicación indebida de los textos legales antes señalados de la errónea apreciación de las siguientes pruebas:

“1. Acta de continuación de la cuarta audiencia de trámite (diligencia de inspección ocular) (fl. 78).

2. Copias de los cheques girados al actor (fotos 42 y ss.).

3. Testimonios de Óscar Alberto Serna y Alirio de Jesús Hincapié”.

Así como la falta de apreciación de la demanda inicial, en cuanto al capítulo de pruebas donde se solicitó la inspección judicial.

Endilgó al fallador los siguientes errores de hecho:

“1. Dar por demostrado sin estarlo que el empleador no propició el adelantamiento de la inspección judicial.

2. Dar por demostrado sin estarlo que el empleador entorpeció la diligencia de inspección judicial y se negó a entregar la documentación por la que se le indagaba.

3. Dar por demostrado, contra toda evidencia, que el representante legal de la demandada afirmó que allí no se llevaban documentos de ninguna naturaleza”.

Dijo el censor que de la misma providencia se puede apreciar la contradicción en que incurre el juzgador cuando sostiene que “el empleador no propició el adelantamiento de la inspección judicial, entorpeciéndola al negarse a entregar la documentación por la cual se le indagaba” ya que en el acta de la mencionada inspección ocular aparece que el propio demandado admitió conforme a la verdad y a la realidad que en los años de 1995 a 1998 no se llevaban los libros de contabilidad y que tan solo a partir del 1º de enero de 1998 se empezó a llevar un registro de nóminas que consta de dos cuadernos, los cuales puso a disposición del despacho en el curso de la inspección ocular”.

Además, el propio despacho, en esa diligencia, se abstuvo de dejar las constancias solicitadas por el apoderado del actor, en el sentido de que los documentos requeridos para la inspección ocular fueron ocultados por la demandada, toda vez que según el propio despacho judicial, esa circunstancia no le constaba. Y en esa diligencia no se precisaron los hechos que eventualmente serían susceptibles de prueba de confesión, tal como lo prevé la doctrina de la Sala, como tampoco se concretaron los puntos en la demanda inicial, ya que se limitó en términos generales a los extremos del contrato, el salario promedio devengado, la fecha en que fueron pagados sus derechos sociales y los recibos de pago, para lo cual tan solo pidió “las hojas de vida y los papeles” que reposaran en poder de la demandada.

Que resultan mal apreciados los cheques consignados en la cuenta del actor, por cuanto lo que se demuestra es que la demandada sí le canceló sus acreencias laborales conforme a lo inicialmente convenido, pues así lo expresaron Alirio de Jesús Hincapié y Óscar Alberto Serna, quienes declararon que la demandada pagó las prestaciones y que el actor devengaba por su labor el salario mínimo.

Incurrió también el tribunal, a juicio del impugnante, en la apreciación errónea de los hechos 8 y 9 de la demanda, lo cual condujo a los siguientes yerros fácticos:

“4. Dar por demostrado, sin estarlo, los 27 domingos en que según el tribunal trabajó el actor en el año de 1995.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, los 50 domingos en que según el tribunal trabajó el actor en el año de 1996.

6. Dar por demostrado, sin estarlo, los 50 domingos en que según el tribunal trabajó el actor en el año de 1997.

7. Dar por demostrado, sin estarlo, que el actor trabajó 42 domingos en el año de 1998.

8. Dar por demostrado, sin estarlo, el salario devengado por el actor en los años de 1995, 1996, 1997, 1998.

9. Dar por demostrado sin estarlo, los días festivos en que según el tribunal el actor trabajó en los años de 1995, 1997 y 1998.

10. Dar por establecido, contra toda evidencia, que el actor demostró haber trabajado en cada uno de los dominicales y festivos de los años de 1995, 1996, 1997 y 1998”.

Lo anterior porque no está demostrado que el actor hubiera efectivamente prestado sus servicios en esas fechas. Se trata de una inferencia producida como consecuencia de la violación de medio (CPL, art. 177) en que incurre el ad quem al valorar los hechos 8 y 9 de la demanda inicial, ya que parte de una premisa falsa e inexistente, como es que el actor trabajó cada uno de esos días, puesto que solamente a partir de allí en desarrollo del principio de que es al actor, o sea a quien afirma, al que le corresponde la carga de la prueba, como sería válido sostener que una vez cumplido ese deber procesal, a su turno al empleador le correspondería demostrar que pagó los recargos que trabajo en dominicales y festivos.

Que como el demandante no probó que había laborado efectivamente en cada uno de esos días, la demandada estaba exenta de demostrar los respectivos pagos a los que no estaba obligada.

Por su parte el opositor sostiene que el tribunal no incurrió en error de hecho en la apreciación de las pruebas, en especial la inspección judicial, los testimonios y los documentos. Aclara que la primera de dichas pruebas fue idóneamente solicitada y los puntos claramente determinados en la demanda y en la cuarta audiencia de trámite.

IV. Consideraciones de la Corte

Para revocar parcialmente la decisión absolutoria del juez de primer grado y condenar a la demandada al pago del valor del trabajo en dominicales y festivos reclamados, y a su respectiva incidencia prestacional, no se apoyó el juzgador de la alzada en prueba específica alguna. En su lacónica decisión, sin una debida fundamentación se limitó a lo que expresó el demandante y a la siguiente aserción:

“La prueba del pago correspondía al empleador, porque la carga probatoria de la solución es (sic) al deudor a quien corresponde aportarla. Como no lo hizo, entonces deberá reconocer los salarios no pagados al trabajador en estos días”.

Como se ve la sustentación del ad quem, equivocada o no desde el punto de vista jurídico, halla su basamento en quién tiene la carga de la prueba en esos casos y no en algún medio de convicción en particular del proceso. En ese orden de ideas, debe reafirmarse una vez más la tesis jurisprudencial de que el onus probandi en casación es un tema de puro derecho, por lo que para desquiciar los vicios de juicio en que incurran los fallos, el sendero pertinente es el directo, ya que el objeto de examen, con prescindencia de la cuestión fáctica, es si frente a la ley es la parte demandante o la demandada quien tiene el peso de acreditar tal o cual hecho debatido.

Siendo tal la base esencial de la sentencia gravada y la vía directa el cauce legal natural para derrumbar ese tipo de sustentos, el cargo enderezado por el otro sendero, no es de recibo.

Segundo cargo. Acuso la sentencia por haber incurrido en la aplicación indebida del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, como consecuencia de la violación de medio en que incurrió el tribunal al aplicar indebidamente los artículos 55, 56, 61 y 145, 177 del Código de Procedimiento Laboral, 283 y 284 del Código de Procedimiento Civil.

Luego de reproducir apartes del fallo del tribunal en cuanto a la indemnización por falta de pago, resaltó que para el ad quem la condena estuvo fundada “un acto de entorpecimiento a la administración de justicia al no prestar la documentación que se le exigió, con lo cual es manifiesta su mala fe”.

Consideró que el tribunal aplicó indebidamente la regla de la indemnización por falta de pago porque en el evento de entorpecimiento de diligencias judiciales el ordenamiento jurídico tiene previstas reglas diferentes a la sanción de un día de salario por cada día de retardo.

Tercer cargo. Acuso la sentencia por haber incurrido en la interpretación errónea del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, como consecuencia de la violación de medio en que incurrió el tribunal al aplicar indebidamente los artículos 55, 56, 61 y 145, 177 del Código de Procedimiento Laboral 283 y 284 del Código de Procedimiento Civil.

Este cargo es clonado del anterior, sólo que se presenta con un concepto de violación distinto: interpretación errónea, que hace consistir en que el tribunal dio una equivocada inteligencia al artículo 65 del Código Laboral y actuó como legislador al crear una sanción correspondiente a un día de salario por cada día de retardo para aquellos eventos que se esté frente a un entorpecimiento a la administración de justicia o no se presenten las documentales requeridas en la diligencia de inspección ocular.

El opositor sostiene que los cargos segundo y tercero, al referirse a la buena o mala fe, involucran un asunto de valoración probatoria, y por ello se debió escoger la vía indirecta, y no la elegida por el censor.

V. Consideraciones de la Corte

La sanción moratoria instituida en el artículo 65 del estatuto del trabajo no se origina en el entorpecimiento de diligencias judiciales, como lo asentó con notoria equivocación el tribunal, sino en la conducta de la demandada al momento de le terminación del contrato de trabajo que injustificadamente retarda el pago de los salarios o prestaciones sociales causados en favor del trabajador particular hasta ese instante.

Fluye de lo dicho, que salvo en el caso del auxilio de cesantía de los trabajadores sometidos al sistema de la Ley 50 de 1990 en que se pueden generar salarios caídos en vigencia del contrato de trabajo por falta de consignación a causa de mala fe patronal al fondo respectivo de los saldos de esa prestación social, la conducta patronal a examinar es el comportamiento empresarial al momento de la extinción del vínculo, y no el anterior ni el posterior.

Las partes, y especialmente quien pueda facilitar el desarrollo de la inspección judicial, debe colaborar con la debida evacuación de la misma, y ambas deben comportarse en forma leal, porque su conducta apartada de ese recto designio puede ser estimada como un indicio en su contra, pero de ahí a sostener como lo hace el tribunal en forma totalmente disparatada, que un acto de entorpecimiento de la citada diligencia “al no presentar la documentación que se le exigió” es un acto de mala fe que por sí solo permite imponer la condena de indemnización moratoria, es un dislate hermenéutico, porque ni la ley ni la jurisprudencia lo tienen determinado, o como lo dice con acierto la censura es agregarle a la norma aplicable algo que no está dentro de sus previsiones.

Por tanto, lo importante a efectos de la indemnización por falta de pago es saber si la demandada actuó de buena fe al abstenerse de cancelar los créditos laborales que halló el sentenciador ad quem, y no cómo se comportó ella en la práctica de la inspección ocular. Porque si bien una conducta obstructiva en esta diligencia no queda procesalmente impune, la misma no está erigida legalmente en fuente de salarios caídos. En efecto, la consecuencia que la ley prevé en caso de renuencia a la práctica de la inspección es que se tengan como probados en su contra los hechos que la otra parte se proponía acreditar, siempre que el objeto de la verificación haya sido propuesto en forma asertiva y se trate de hechos susceptibles de confesión.

Es ya verdad averiguada en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que la renuencia debe ser declarada por el juez del primer grado, con el objeto de que se consiga un cabal desarrollo del principio de la doble instancia y la parte afectada pueda impugnarla ante el superior y así cumplir con el debido proceso y el derecho de defensa, además de que por obvias razones el juez a quo cuenta con mejores elementos de juicio para saber si la conducta de alguna de las partes en la práctica de la diligencia es perniciosa o torticera.

Naturalmente, es diferente la situación si la parte que pidió la inspección concretó como su objetivo el verificar la ausencia de buena fe de la demandada, pues en dicha hipótesis si se comprueba que la actitud de quien deba facilitarla no se arregla a la razón ni a la ley y se declara la renuencia en legal forma, puede dar origen a la sanción moratoria. Pero no como ocurrió en el sub lite, en que el objeto de la diligencia era otro y se fulminó esa sanción por “no presentar una documentación que se le exigió”, para decirlo en las propias voces del equivocado fallo, que en el fondo equivale a declarar inopinadamente una conducta obstructiva de parte de la demandada, sin que así hubiese sido calificada por el juez del conocimiento, que como se ha dicho es el competente para hacer por primera vez tal pronunciamiento.

Dada la equivocada exégesis del precepto aplicable el tercer cargo es fundado.

Como consideraciones de instancia, la Sala aprecia que además se equivocada la interpretación del tribunal, la conducta obstructiva de la demandada no se dio o al menos así no lo consideró el juez a quo, quien se negó expresamente a efectuar una declaratoria en tal sentido al no encontrar que los documentos solicitados a la empresa convocada a este proceso hubiesen sido ocultados por ella.

Adicionalmente, y como lo advierte el impugnante, la demandada facilitó las documentales que tenían en su poder, admitió paladinamente que el actor le prestó servicios y que se le pagaba siempre a cuenta de ella con cheques girados a la cuenta de Jorge Agudelo. El salario que se pactó era el mínimo legal debido a las condiciones económicas de una pequeña empresa, factores constitutivos de buena fe.

En el caso presente, se acreditó que el demandado cumplió con sus obligaciones de acuerdo con las normas pertinentes, y por consiguiente, se debe concluir que su proceder no estuvo regido por la deslealtad con el trabajador, lo que constituye de manera incontrovertible un proceder de buena fe.

Por lo dicho se casará parcialmente el fallo recurrido en cuanto condenó a la demandada al pago a la indemnización por falta de pago, y en sede de instancia se confirmará el proveído del a quo, sin que haya lugar a costas en el recurso extraordinario, ni en la segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, casa parcialmente la sentencia de fecha 8 de febrero de 2001, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el juicio seguido por Luis Enrique Villa Moreno contra la sociedad Ebanistería Juventud y Cía Ltda y Jorge Arturo Agudelo Bedoya, en cuanto al revocar en forma parcial el fallo de primer grado condenó a la demandada a la indemnización por falta de pago. No la casa en lo demás. En sede de instancia, confirma la sentencia del juzgado.

No hay lugar a costas en el recurso extraordinario ni en la segunda instancia.

Cópiese, notifíquese y publíquese y devuélvase el expediente al tribunal.

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