Sentencia 17864 de noviembre 14 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

CASACIÓN PENAL

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Y SUSTENTACIÓN DE LA IMPUGNACIÓN EXCEPCIONAL

Magistrado Ponente:

Dr. Herman Galán Castellanos

Casación Nº 17864

Bogotá D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil dos (2002).

Decide la Corte la casación promovida por el defensor de Rafael Enrique Pinedo Cabrales contra la decisión de segundo grado del 28 de julio de 2000, del Tribunal Superior de Montería, mediante la cual revocó la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Cereté (C) para condenar a Pinedo Cabrales a un año y tres meses de arresto y multa de cuantía de $10.000, señalando como pena accesoria la interdicción de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena privativa de la libertad, al hallarlo responsable del delito de peculado culposo (C.P. anterior, art. 137), a quien le concedió la condena de ejecución condicional. Ordenó cesar el procedimiento a favor de Segismundo Hernández Banda, por muerte.

Hechos

El 29 de noviembre de 1990, el alcalde de San Pelayo (C), Remberto Ramos Arteaga, solicitó un crédito a Findeter para la construcción del alcantarillado del municipio. El costo de la obra era de $ 303.600.000, de los cuales $ 242.800.000 se obtenían con un empréstito y $ 60.720.000 aportaba el ente territorial de recursos propios.

La ejecución de la obra referida se adelantó en 1992 en la administración municipal de Segismundo Hernández Banda (alcalde) y Rafael Pinedo Cabrales, (tesorero). Con base en los contratos adjudicados se hicieron los siguientes pagos: a) Contrato de suministro con “La Mansión” por $ 110.750.285, se pagaron $ 111.108.593.55, b) Contrato de interventoría con el ingeniero Ismael Carrascal Almanza por $ 33.322.008, haciéndose pagos por $ 38.042.627.11, c) Con Electro Hidráulica se contrató el suministro de equipos electrónicos, pagándose $ 18.677.236.60, d) Contrato con Raúl López Figueroa por $ 46.289.060.20, para la instalación de colectores, pozos de inspección y domiciliarias del alcantarillado. Con base en el citado convenio, por cesión del mismo, a favor de Gustavo Ramírez Mendoza, se pagaron $ 17.159.785.45. Total pagado $ 57.316.730.15, quedando una deuda pendiente con este último de $ 30.000.000, e) Dos contratos suscritos con el ingeniero Abraham Rocca Ángulo, de fecha 20 de noviembre de 1992 y 19 de abril de 1993, para la construcción de la estación de bombeo y laguna de oxidación de la citada obra, haciéndose pagos por $ 72.955.138.27, cuando la suma contratada fue de $ 59.917.467.03.

El municipio incrementó la partida para la ejecución del contrato en ($ 35.795.815, 55), no obstante lo cual los fondos se agotaron, quedando la obra inconclusa.

Actuación procesal

Una unidad integrada de la Fiscalía Seccional de Montería inició la correspondiente investigación. Las diligencias fueron asumidas por la Fiscalía 11 Seccional, despacho que dispuso la apertura de investigación y la vinculación mediante indagatoria de los procesados Rafael Enrique Pinedo Cabrales y Segismundo Hernández Banda, imponiéndoles medida de aseguramiento de conminación como presuntos responsables del delito de peculado culposo.

Fenecido el ciclo instructivo, por resolución del 22 de septiembre de 1997 fue calificado el sumario acusando a Pinedo Cabrales y Hernández Banda como coautores del delito de peculado por apropiación, sustituyendo la medida de aseguramiento impuesta por la de detención preventiva y concediendo la libertad provisional. Esta decisión fue confirmada en segunda instancia por la Fiscalía Delegada ante el tribunal el 23 de diciembre de 1997.

Del juicio conoció el Juzgado Penal del Circuito de Cereté, despacho que impartido el trámite pertinente de la causa y evacuada la vista pública, profirió el fallo absolutorio, que fue revocado por el Tribunal Superior de Montería al resolver la apelación interpuesta por el agente del Ministerio Público, en los términos expuestos en el primer acápite de esta providencia. El defensor del procesado Rafael Enrique Pinedo Cabrales interpuso recurso de casación.

Demanda

Invocando como fundamento el numeral 1º del artículo 3º de la Ley 553 de 2000, el demandante acusa la sentencia de violar indirectamente la ley sustancial, por falso juicio de existencia, "por omisión manifiesta del análisis y evaluación de la prueba aportada al proceso", decisión que vulneró los artículos 180-4,185, 246, 247, 259, 264, 282, 254, 294 del Código de Procedimiento Penal, 61, 67, 68 y 137 del Código Penal.

Para el demandante, el numeral 4º del artículo 180 del Código de Procedimiento Penal, no se satisface con transcripciones de los conceptos emitidos en el proceso por el Fiscal Once Delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Montería y el agente del Ministerio Público actuante en el proceso. Al haber obrado de esta última manera el tribunal al desatar el recurso, omitió cumplir con el deber legal de examinar el caudal probatorio. Las argumentaciones lógico jurídicas que la citada disposición impone al juzgador, constituyen una garantía procesal, y el incumplimiento de tal exigencia en este caso impidió a Rafael Enrique Pinedo Cabrales el cabal entendimiento de cómo se llegó a establecer su responsabilidad penal.

El recurrente agrega junto al argumento expuesto en el párrafo anterior, que la providencia impugnada dejó de hacer un examen de la prueba conforme a las reglas de la sana critica, yerro que vincula con la indagatoria rendida por Rafael Enrique Pinedo Cabrales, la que aduce no fue desvirtuada, por el contrario, señala que fue corroborada con la injurada de Segismundo Hernández Banda, el testimonio de Rafael Coy Castillo y la aclaración del dictamen rendido por el perito Libardo Hernández Ramírez, medios que guardan igualmente correspondencia con la prueba documental y los testimonios recibidos en la audiencia pública, y con las cuales se pone de presente la ausencia de compromiso de Rafael Enrique Pinedo Cabrales en el delito de peculado culposo.

Las inspecciones judiciales practicadas establecieron el estado inconcluso de las obras, pero la utilización de los recursos por fuera de lo pactado en los contratos no obedeció a la incuria o negligencia de los procesados sino a imprevistos, como por ejemplo la adquisición del lote para la estación de bombeo, la corriente de agua subterránea que retardo la construcción y demandó gastos adicionales. Las inspecciones a los registros de la tesorería de San Pelayo, Banco Popular, Findeter y jefatura de presupuesto, no demuestran culpa en el obrar del procesado. Las pruebas referidas no fueron "objeto de análisis y valoración jurídica" por el tribunal.

Los documentos contentivos de las cuentas pagadas a la Mansión Asociados Ltda. y que dan cuenta de un valor total por "encima del tope o valor máximo contratado" no se debió a descuido del tesorero sino a las situaciones imprevisibles, y, de otra parte, sus funciones no eran las de controlar la ejecución de las obras sino la de verificar la legalización de las cuentas para su pago.

Tampoco constituye prueba irrefragable de negligencia los pagos al interventor de la obra o a los ingenieros Raúl López Figueroa, Gustavo Ramírez Mendoza y Abraham Rocca Ángulo, por un monto mayor al estipulado en el contrato, porque ello se debió a los obstáculos mencionados anteriormente.

Los testimonios de Ismael Carrascal Anaya, Raúl López Figueroa, Gustavo Ramírez Mendoza y Abraham Rocca Ángulo no fueron apreciados por el juzgador de segundo grado, no obstante que de ellos se infiere la ausencia absoluta del inculpado de responsabilidad en el hecho por el cual se le condenó. De la misma manera, no fueron consideradas las declaraciones de Gil Fray Guerra Lugo, Luis Ambrosio Plaza Espitia, Cirilo Manuel Martínez Ojeda, Alfonso Plaza Galván y Luis Alberto Perluz Cavadia, aunque de estos últimos pregona que no puede dárseles fuerza probatoria por falta de riqueza descriptiva, concreción y seriedad.

Concluye el censor que el proceder omisivo del sentenciador constituye error de hecho que conduce a casar la sentencia para proferir sentencia absolutoria a favor de Pinedo Cabrales.

Concepto del Ministerio Público

La Procuradora Cuarta Delegada señala que la sentencia del Tribunal de Montería condenó al recurrente por el delito de peculado culposo, el que de conformidad con la disposición penal vigente para la época de la consumación de la conducta punible tenía una pena prevista de 6 meses a 2 años de arresto, sanción que se mantuvo aun con las reformas de la Ley 190 de 1995, por lo que por razón del requisito de procedibilidad relativo a la punibilidad procedía únicamente la casación excepcional.

A juicio de la delegada el impugnante no cumplió con el deber de señalar expresamente que acudía a la casación excepcional, ni justificó su admisibilidad por las vías autorizadas, el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales.

Inicialmente la delegada se abstuvo de emitir concepto sugiriendo la anulación de lo actuado desde la providencia de fecha 24 de enero de 2001, para que en su lugar se procediera a admitir la demanda. Devuelta la actuación para que rindiera concepto en los términos del artículo 213 del Código de Procedimiento Penal, insiste que en este caso resulta improcedente un pronunciamiento de fondo en relación con los planteamientos hechos en la demanda por los motivos reseñados en el párrafo anterior, recabando como petición la señalada a comienzo de este párrafo.

Agrega la delegada que de llegar a considerar la Sala la demanda presentada por la vía de la casación discrecional, debe desestimarse el único cargo formulado al amparo de la violación indirecta de la ley sustancial, por haber equivocado técnicamente la causal de casación, dado que la decisión de segunda instancia fue acusada por el demandante de haber omitido considerar "algunas" pruebas (falso juicio de existencia), y contrario a ello, el texto de la sentencia evidencia "absoluta carencia de motivación", pues se limitó a transcribir apartes de los argumentos del agente del Ministerio Público y de la providencia que resolvió situación jurídica, "sin explicar fáctica ni jurídicamente las razones por las cuales consideró que debía revocarse el fallo absolutorio", dado que no valoró la totalidad de las pruebas allegadas válidamente al proceso, situación que ha debido ser reclamada por la causal tercera de casación.

Por resultar para la procuraduría evidente la vulneración del debido proceso por ausencia de motivación del fallo de segunda instancia, considera procedente la casación oficiosa, la que reclama de la Sala, insistiendo en la anulación de la actuación desde la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal de Cartagena, por no haber analizado los elementos del delito imputado, ni las pruebas sobre la conducta, la participación y responsabilidad del procesado.

Consideraciones de la Corte

1. La procuradora delegada en una primera oportunidad omitió pronunciarse sobre la demanda de casación presentada por el defensor de Rafael Enrique Pinedo Cabrales, aduciendo que debía declararse la nulidad desde la providencia que la declaró ajustada, para proceder en su lugar a inadmitirla, por improcedencia del recurso. Devuelto el expediente a la delegada, emitió concepto en los términos en que se dejó consignada su reseña en el acápite correspondiente.

Resulta oportuno reiterar las consideraciones que pacífica y unánimemente viene haciendo la Sala en torno al concepto del Ministerio Público, en el trámite del recurso de casación.

Calificada la demanda de casación por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y dispuesto el traslado al procurador para que emita concepto, el delegado "obligatoriamente" debe rendirlo, por mandato expreso del artículo 213 del Código de Procedimiento Penal.

El concepto del procurador delegado sobre la demanda de casación es un presupuesto para que la corporación adopte la decisión correspondiente, a menos que por la ocurrencia de una causal objetiva deba declararse la extinción de la acción penal.

El juicio que ha de emitir el Ministerio Público no es de carácter discrecional, su recaudo en el expediente comporta una expresión del debido proceso, por lo tanto es indispensable que aborde los aspectos sometidos a consideración por el demandante conforme a las descripciones que regulan el recurso extraordinario y el alcance que de las mismas ha señalado la jurisprudencia, relacionadas con las reglas técnicas en cuanto a la invocación de las causales y los motivos de casación, el desarrollo y la demostración de los cargos y las normas sustanciales quebrantadas con la decisión impugnada.

El criterio de la procuraduría, no obstante ser imprescindible como presupuesto procesal, no es vinculante para Sala, es una tesis, una proposición, que puede ser acogida o desestimada, y por la misma y obvia razón, y dado su carácter obligatorio, el concepto debe ocuparse del estudio de la demanda en su integridad y sólo en relación con los cargos en los términos en ella propuestos, expresando los planteamientos que conduzcan a resolver de fondo el asunto o poniendo de presente los desaciertos técnicos que impiden hacer un pronunciamiento de tal naturaleza, o advirtiendo las irregularidades sustanciales que den lugar a declarar la nulidad de la actuación o a casar la sentencia de oficio para restablecer las garantías fundamentales quebrantadas.

En los términos indicados la Sala se refirió a la naturaleza y alcance del concepto del Ministerio Público en providencia del 26 de septiembre de 1995, criterio que en ese aspecto mantiene su vigencia en la legislación actual, no obstante haberse hecho el pronunciamiento conforme a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal anterior. Al respecto dijo la Sala (1) :

(1) C.S.J., Auto, 26 de septiembre de 1995, Rad. 9532, Magistrado Ponente: Dídimo Paez Velandia.

“Ante la circunstancia de que el señor representante del Ministerio Público se haya abstenido de emitir concepto en relación con la totalidad de los cargos formulados en la demanda de casación por considerar satisfecho su deber de conceptuar al hacerlo solamente sobre la censura en que se acusa la sentencia de haber sido dictada en juicio viciado de nulidad, debe la Corte advertir que el criterio de este distinguido funcionario sobre la naturaleza y connotación de la irregularidad procesal aducida por el actor, no lo excusa de la obligación de conceptuar sobre la integridad de los cargos de la demanda, pues de no aceptarse la nulidad, se quedaría el libelo sin concepto.

A la luz del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, es éste el imperativo, que precisamente por tal condición resulta ajeno a la discrecionalidad del Ministerio Público, como colaborador que es de la administración de justicia, tanto más, cuando la hipótesis de la nulidad, como las restantes que conforman los cargos de la demanda, en tanto no hayan sido sometidas al estudio del juez de la casación, es apenas una propuesta que éste debe responder pero previo el recaudo del criterio del colaborador representante de la sociedad sobre la demanda íntegra; así los dispone esta norma, que establece el procedimiento a seguir por la Corte para resolver sobre los requisitos formales de la demanda de casación y ordena que de hallarse satisfechos, "se correrá traslado al procurador delegado en lo penal... para que obligatoriamente emita concepto”.

Excepcionar, sin que la ley lo autorice, sobre la obligación de conceptuar respecto de los cargos que no propugnen por la nulidad, redunda a la vez en la grave irregularidad de desconocimiento del debido proceso, por la Corte en caso de aceptar la postura del Ministerio Público, o, en el mejor de los casos —como sucede con esta actuación—, en la dilación del recurso extraordinario, ante la obligación de retornar el asunto al Ministerio Público para que se agote el traslado".

2. El examen de la demanda de casación en este caso, dada la decisión que debe adoptar en este asunto la Sala, obliga a que su análisis se haga en consideración a la naturaleza de la casación a la que acudió el censor y el cumplimiento de los requisitos formales.

En este caso, el demandante no hizo mención a la casación discrecional, tampoco destinó un capítulo especial para justificarla. Invocó en el cargo por falso juicio de existencia como argumento el desconocimiento de una garantía procesal, la falta de motivación de la sentencia. A estas circunstancias se hará referencia seguidamente para determinar si cumplen con las condiciones exigidas por el legislador para la viabilidad de los aspectos técnicos de aquélla.

La diferencia sustancial de los presupuestos para la casación excepcional con la modalidad prevista como regla general en el inciso primero del artículo 205 del Código de Procedimiento Penal, las tornan excluyentes. De ahí que la circunstancia de no precisarse su denominación al momento de la interposición, o en la demanda, según la legislación aplicable, no constituye omisión que conduzca inevitablemente a la desestimación del recurso o la demanda, pues al fin y al cabo, la admisibilidad depende de la naturaleza de la providencia, la pena máxima prevista para el delito, el interés, la legitimación y la oportunidad, y en su caso, de la justificación de las pretensiones (que conduzcan al desarrollo de la jurisprudencia o a la garantía de los derechos fundamentales).

El procesado Rafael Pinedo Cabrales, en razón de la fecha en que ocurrieron los hechos, fue condenado por el delito de peculado culposo, con base en lo dispuesto en el artículo 137 del Código Penal, disposición que establecía una pena privativa de la libertad de 6 meses a 2 años de arresto. Bajo el supuesto expresado, contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Montería, procedía la casación excepcional, con el trámite de la Ley 553 de 2000, por haberse interpuesto antes de la ejecutoria de la sentencia C-252 de 2001 de la Corte Constitucional (mar. 16/2001).

Conforme al régimen de la Ley 553 de 2000, el impugnante en la demanda de casación debía justificar la impugnación excepcional, exigencia que persiste en la normatividad vigente. Tal obligación consiste en expresar, al menos brevemente, y en todo caso, expresamente o al menos debe surgir de manera nítida del contexto de la demanda, la vinculación del objeto de las pretensiones con el desarrollo de la jurisprudencia o la necesidad de la intervención de la Corte para la protección de las garantías fundamentales. Dicha manifestación no siempre resulta imprescindible hacerla en un acápite especial, ha de consignarse si en el texto de la demanda y si la situación reclamada lo permite, la motivación bien puede cumplirse con la formulación del cargo y así habrá de aceptarse, si con ello se cumplen las exigencias anotadas.

El censor inicia la exposición de los fundamentos del cargo haciendo una referencia extensa al contenido del fallo del tribunal, para demostrar que tal decisión vulneró el numeral 4º del artículo 180 del Código de Procedimiento Penal vigente al momento de la presentación de la demanda, por no haber registrado el texto de la providencia el alcance asignado a las pruebas recaudadas, garantía procesal que califica de trascendental importancia, cuyo desconocimiento "impide tomar un cabal entendimiento de cómo se llegó a establecer la responsabilidad de Rafael Enrique Pinedo Cabrales en el reato investigado". Después de esta aseveración, el impugnante retoma el cargo anunciado (falso juicio de existencia), para vincular dicho yerro con las diligencias de inspección judicial practicadas y los testimonios de Ismael Carrascal Anaya, Raúl López Figueroa, Gustavo Ramírez Mendoza, Abraham Rocca Ángulo, Gil Fray Guerra Lugo, Luis Ambrosio Plaza Espitia, Cirilo Manuel Martínez Ojeda, Alfonso Plaza Galván y Luis Alberto Perluz Cavadia. Simultáneamente hace referencia al contenido de las indagatorias y a la aclaración del dictamen del perito contable, señalando que el juzgador no valoró tales elementos de juicio "conforme a las reglas de la sana critica".

En la demanda se sacrificó la claridad y precisión con que ha debido justificarse la casación excepcional, lo cual incidió igualmente en la formulación, fundamentación y demostración del error atribuido a la decisión del tribunal, de ahí que las referencias hechas a la falta de motivación de la sentencia no puedan ser tenidas como justificación de la casación excepcional, esta exigencia no se deduce nítidamente de la argumentación expuesta en la demanda. La alusión al desconocimiento de dicha garantía procesal constituyó un argumento más para demostrar el reproche atribuido al fallo impugnado por la causal primera, lo cual implica simplemente una reformulación del ataque, asumiéndolo por la causal tercera (falta de motivación de la sentencia), prescindiendo de esta manera de la técnica propia del recurso extraordinario de casación.

Los reparos hechos a la demanda impiden dar por satisfecha la sustentación válida de la casación excepcional, lo cual obliga a su desestimación más no la invalidación del trámite de la casación desde la admisibilidad de aquella, criterio éste del cual se muestra partidaria la delegada y que la Sala no comparte, por las razones expuestas en sentencia del 20 de abril de 1999, aplicables no solo al interés que fue el tema objeto de dicha decisión, sino en todos los casos de ausencia de presupuestos para la admisibilidad de la casación, de la que en lo pertinente se transcribe a continuación (2) .

(2) C.S.J., Sentencia de Casación, 20 de abril de 1999, Rad. 10391, Magistrado Ponente: Carlos Augusto Gálvez Argote.

"(...) En estas condiciones, en principio, y dentro del ámbito general de la estructura procesal, podría afirmarse que es en el momento en que se interpone el recurso y se decide sobre su concesión cuando se debe establecer esta exigencia, pues como se vio, constituye un presupuesto para el reconocimiento y ejercicio del derecho a impugnar las decisiones judiciales; sin embargo, teniendo en cuenta la particular ritualidad que regula la ley procesal para la tramitación del recurso extraordinario de casación, resulta claro que no en todos los eventos esto es posible, pues, siendo que al interponerse el recurso es suficiente la manifestación de hacerlo y en ese momento poder determinarse si le asiste el recurrente interés para impugnar, pueden existir eventos en que únicamente al concretarse las pretensiones ello sea factible, y como éstas sólo vienen a conocerse con la presentación de la demanda, cuya revisión le corresponde a la Corte, es hasta ese momento cuando puede advertirse un tal fenómeno negativo y por tanto, en el cual se debe declarar decretándose la nulidad del trámite que resulta ilegalmente adelantado. (...) Sin embargo, si admitida la demanda el vicio no fue detectado, lo que procede no es la declaratoria de nulidad como en el caso anterior, sino la desestimación del libelo, pues, siendo que la decisión que correspondería es la del fallo para decidir sobre las pretensiones del casacionista y para ello tiene que haberse cumplido las exigencias sustantivas y procesales previstas por la ley como supuestos, la subsistencia del hecho generador del vicio lo impide, ya que como sucede en casos como el presente, la falta de interés para recurrir por parte del demandante para formular un ataque como el que ha presentado, continua produciendo, material y jurídicamente, los mismos efectos negativos atribuibles desde el momento en que se recurrió el fallo del tribunal, no quedándole otra alternativa a la Corte que la de desestimar oficiosamente la demanda, pues la simple inadvertencia de la causa a la hora de concederse el recurso o de inadmitirse la demanda no hace que el vicio pierda eficacia, sino que lo que era causa de rechazo o inadmisión se convierta en causa de desestimación, ya que todo depende de la fase procesal en que se tome la decisión, pues el auto de admisión erróneamente proferido, no obliga a tomar decisión alguna de fondo al estudiar los reparos hechos a la sentencia del tribunal y determinar el vicio o la índole de la pretensión, dado que carece de fuerza vinculante no porque se estime ilegal, sino porque carece de efecto, y pensar en atribuirle capacidad saneadora al auto de admisibilidad equivaldría, como se ha dicho, a comprometer a la Corte en el nuevo error de asumir una competencia de que carece, la cual queda limitada exclusivamente a tomar esta decisión, dado que el objeto de fallo, como es la demanda, no puede proferirse ante su ineptitud (...)".

Por consiguiente, admitida la demanda de casación discrecional como en principio en efecto lo fue, sin haberse justificado su admisibilidad, su desestimación se impone conforme viene de exponerse.

3. La procuradora sugiere a la Sala casar oficiosamente la sentencia proferida por el Tribunal de Cartagena, declarando la nulidad de lo actuado desde dicha providencia por falta de motivación.

Cuando de manera ostensible se evidencie una nulidad o la vulneración de garantías fundamentales, efectivamente, hay lugar a la casación oficiosa, situación que en este caso no se presenta, por cuanto que los defectos de motivación que la procuraduría delegada le atribuye a la sentencia del Tribunal de Cartagena son infundados, dado que la motivación de dicha providencia es suficiente por sí sola para explicar la decisión que finalmente se adoptó.

Debió tener en cuenta la delegada que el ad quem precisó los hechos (fl. 19), los cargos (fls. 20 a 27), la providencia impugnada (fls. 27 a 30), la identificación de los procesados (fl. 30), y que en el capítulo de las consideraciones (fls. 32 a 36) atribuyó a Hernández Banda y Pinedo Cabrales la comisión del delito de peculado culposo, por haber agotado los recursos asignados para la ejecución de las obras, haciendo los pagos a los contratistas sin haber finalizado los trabajos, proceder que calificó como negligente de parte de quienes eran los responsables de la orientación del gasto en su calidad de alcalde y tesorero del municipio de San Pelayo. Además, en dicho capítulo, el tribunal hizo suyas las apreciaciones de la fiscalía (al resolver situación jurídica) y el procurador 134 judicial en lo penal (sustentación de la apelación), sobre los hechos, las pruebas y la responsabilidad penal de los inculpados, haciendo la transcripción de los apartes, correspondientes (fls. 31 a 36). En el capítulo del delito y la pena el juzgador de segundo grado determinó la adecuación típica de la conducta, transcribiendo el precepto y la sanción, aludió a los criterios establecidos en los artículos 61 y 67 para dosificar la sanción y con base en la gravedad del hecho, las circunstancias en que se ejecutó el delito y el fin de la obra contratada, concluyó que el mínimo de la pena prevista de aumentarse, procediendo a imponer 15 meses de prisión y multa de $ 10.000. Luego del análisis correspondiente se otorgó a Pinedo Cabrales la condena de ejecución condicional y con respecto a Hernández Banda cesó el procedimiento por muerte del procesado.

La motivación del tribunal resulta ajustada a las exigencias del artículo 180 del Código de Procedimiento Penal anterior, especialmente el haber considerado indispensable prohijar las apreciaciones fácticas y probatorias contenidas en la resolución que definió la situación jurídica de los procesados y en la sustentación del Ministerio Público de la apelación del fallo del a quo, proceder éste que a juicio de la Corte Constitucional es conforme a los mandatos superiores, pues en tales casos, la transcripción, "por su trascendencia" contribuye a definir "el resultado" del proceso. De todas maneras, la pretendida existencia de una nulidad, no excusa que la demanda deba cumplir los requisitos indispensables para su admisibilidad, máxime si se trata de la casación discrecional. En consecuencia, no están dados los supuestos de la casación oficiosa sugerida en el concepto de la delegada.

La presente providencia no admite recurso alguno y como no sustituye la sentencia recurrida, de conformidad con el artículo 187 del actual Código de Procedimiento Penal (197 del anterior) queda ejecutoriada el día en que la suscriban los magistrados de la Sala de Casación Penal.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Desestimar la demanda de casación formulada en razón de este asunto.

Cópiese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Álvaro Orlando Pérez Pinzón—Fernando Alboleda Ripoll—Jorge E. Córdoba Poveda—Hermán Galán Castellanos—Carlos A. Gálvez Argote—Jorge Aníbal Gómez Gallego—Édgar Lombana Trujillo—Marina Pulido de Barón—Yesid Ramírez Bastidas. 

Teresa Ruíz Nuñez, Secretaria

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