Sentencia 17865 de septiembre 3 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 101

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote

Bogotá, D.C., tres de septiembre de dos mil dos.

EXTRACTOS: «Consideraciones:

1. Siendo atribución de la Sala, según lo previsto en el artículo 75.3 del Código de Procedimiento Penal, conocer de la impugnación formulada por el procesado y su defensor, por cuanto la acusación lo fue por hechos ejecutados en ejercicio de las funciones propias del cargo de juez laboral del circuito que aquel ejercía, constitutivos del punible de prevaricato por acción descrito en el artículo 149 del Decreto-Ley 100 de 1980 vigente para la fecha de comisión del supuesto punible que lo fue en febrero de 1991, excluyéndose así, en punto de los límites punitivos, la aplicación de las leyes 190 de 1995 y 599 de 2000, por ser éstas más restrictivas, ya que mientras la primera sanciona dicho comportamiento con prisión de tres a ocho años, multa de 50 a 100 salarios mínimos mensuales e interdicción de derechos y funciones públicas por término igual al de la privación de libertad impuesta y la última establece similares sanciones, elevando el límite máximo de la pena pecuniaria a 200 salarios, delimitando además la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas entre 5 y ocho años, el Código Penal de 1980 preveía prisión de uno a cinco años e interdicción por el mismo lapso, corresponde en primer término, dado un obvio orden lógico, examinar la solicitud de nulidad que ante esta instancia reitera el defensor recurrente.

2. En tal virtud, en cuanto hace a la oportunidad en que dicho vicio se alega, aunque el artículo 308 de la Ley 600 de 2000, prevé la posibilidad de que las nulidades se invoquen en cualquier estado de la actuación procesal, mientras que en el Código de Procedimiento Penal derogado, el artículo 306 sólo admitía su formulación hasta el término de traslado común para preparar la audiencia, que el defensor no utilizó para esos efectos, o a través del recurso de casación, no puede entenderse, como ya lo ha precisado la Sala, en decisión del pasado nueve de julio, con ponencia de quien igual propósito cumple en este asunto, que una tal disposición consagre "una especie de “patente de corso” que la ley ha establecido para desconocer la propia sistemática procesal prevista en la misma, pues, de una parte, hay que tener en cuenta que cuando se tramitó la presente causa en la primera instancia, regida para ese entonces por el artículo 446 del Código de Procedimiento Penal anterior, esa era la última oportunidad que se tenía para impetrar la referida nulidad respecto a vicios presentados durante la etapa instructiva...", de modo que "el pretender que se dé aplicación a esta nueva disposición, seguramente dando por sentado que al haberse agotado la oportunidad que existía durante la ritualidad de la causa durante la vigencia del Código de Procedimiento Penal de 1991, esto es, que al no haberse proferido el fallo de segundo grado, la actuación procesal no ha terminado, es claro que un tal aserto resulta equivocado, ya que tratándose aquí de una nulidad originada en la instrucción, es en la audiencia preparatoria de que trata el artículo 401 del nuevo estatuto procesal penal, cuando debía impetrarse".

3. Sin embargo, aunque así la nulidad alegada por el defensor sólo podía invocarse, por haberse originado en la instrucción, como que se dice indebidamente notificada la acusación proferida en segunda instancia, hasta el término del traslado para preparar la audiencia pública, según lo preveían los artículos 306 y 446 del Decreto 2700 de 1991, dada la oficiosidad que en esa materia, obviamente entre otras, le es facultado ejercer a la Sala y en aras de garantizar el ineludible presupuesto de legalidad que debe regir al proceso, así como de despejar cualquier duda a ese respecto, asume su análisis, debiendo afirmarse, desde ya, su improcedencia, dado que su sustento carece ciertamente del fundamento jurídico que se arguye, así como la de la solicitud de prescripción que consecuencialmente a aquella se formula.

En efecto, como quiera que la actuación se surtió en vigencia del Decreto 2700 de 1991, establecía su artículo 197, y repite el 187 de la Ley 600 de 2000, que las decisiones sobre recursos de apelación interpuestos contra providencias interlocutorias, quedan ejecutoriadas el día en que hubieren sido suscritas por el funcionario correspondiente, comportando así una excepción al principio general de que las providencias interlocutorias deben notificarse y de que su ejecutoria se produce tres días después de tal acto, si además no se interponen recursos y no deben ser consultadas.

Por ende, siendo esa la forma legalmente señalada, a través de la cual se producía y produce la ejecutoria de dichas providencias de segunda instancia, es evidente que infundada resulta cualquier alegación que pretenda acreditar la vulneración al debido proceso cuando esa y no otra era la actuación exigida por el legislador para que la decisión que se cuestiona se tuviera por válida. La ley, ni la Carta Política, como quiere hacerlo entender el defensor, exigen en parte alguna la notificación de tales proveídos como condición para su ejecutoria, entre otras razones porque contra los mismos no procede recurso alguno.

En consecuencia, ejecutoriada legal y válidamente la resolución acusatoria en la fecha en que fue suscrita por la fiscalía ad quem, esto es el 17 de octubre de 1997, el término de prescripción, según lo expresaba el artículo 84 del Decreto-Ley 100 de 1980 y reitera el 86 de la Ley 599 de 2000, fue interrumpido antes de que, obviamente, se alcanzare a consolidar el fenómeno extintivo de la acción penal, por ello imprósperas devienen las pretensiones que de nulidad y de reconocimiento de dicha causal de cesación formula el defensor recurrente.

4. Ahora bien, consistiendo el punible de prevaricato que se imputa al acusado, en el proferimiento de resolución manifiestamente contraria a la ley, y hallándose demostrada de manera idónea la cualificación del sujeto activo del delito, exige una tal descripción, como en efecto lo sostiene el defensor, contrastar la que se reprocha al servidor público frente a una norma a fin de determinar si es o no contraria a ésta y si dicha contrariedad resulta manifiesta o no.

En ese propósito, siendo que la acusación se restringe al proferimiento del auto de febrero 22 de 1991 por medio del cual el entonces Juez 16 Laboral del Circuito de Bogotá, se negó, por virtud de la excepción propuesta por la entidad demandada, a declarar el fenómeno prescriptivo de las acciones derivadas del reconocimiento de unas pensiones, ora del reajuste de otras, la labor de contraste ha de realizarse entonces frente a los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo, pues, según el primero "las acciones correspondientes a los derechos regulados en este Código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible" y, de acuerdo con el segundo, "las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años".

Ante semejante claridad de dichas normas que evidentemente no admiten, por sí mismas, excepción alguna frente a la operabilidad del fenómeno prescriptivo, estableciéndolas simplemente en cuanto a términos para aquellos casos de prescripciones especiales, que no es precisamente el que se examina y siendo que, de conformidad con el artículo 230 de la Constitución Política, "los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley", pudiéndose servir, como criterios auxiliares de su actividad, de la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina y que de acuerdo con el artículo 27 del Código Civil, "cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu", en este asunto, sin duda alguna, se ha instrumentalizado el ordenamiento en la medida en que el juzgador procesado lo asumió como un medio aparentemente jurídico, para hacerle producir unos efectos que ciertamente no se hallan previstos en el mismo, omitiendo considerar que la labor hermenéutica, regido por el ineluctable supuesto de que la interpretación es de la ley, implica que su conceptualización debe precisamente derivar de ella, y no de modo contrario, de ahí se explica el por qué la interpretación de lege lata proyecta sus efectos en el proceso de que se trate, al paso que la de lege ferenda no, pues, reiterando afirmaciones que ya la Sala tuvo oportunidad de hacer con ponencia de quien cumple igual función en este proceso, ubicándose la última "en el campo de la doctrina como criterio especulativo de autoridad, que en su momento puede tender a cumplir el objetivo externo de servir como importante medio para el proceso de revisión y modificación de las leyes existentes en un contexto histórico, político y social dado", no le es factible, de ninguna manera, al hermeneuta desconocer el inmodificable límite, según el cual la función del encargado de aplicar la ley interpretarla para lograr el sentido que de ella emana y no interpretarla para negarla o para utilizarla como medio delictivo.

El juez no suple la función del legislador y tampoco la tarea del doctrinante, pero sí le concierne de forma imperativa precisar el real contenido y alcance de la ley que dice aplicar de modo que, sin desentenderse de su tenor literal so pretexto de consultar su espíritu, ha de hacerle surtir los efectos que ella prevé y nada más, lo que, obviamente, como lo señalara el propio procesado, no significa el estancamiento en la exégesis, sino que partiendo de ella hacia lo sistemático y teleológico, fijar su alcance es su razón de ser, para de tal modo resolver jurídicamente con criterios generales un supuesto fáctico específico que además le permita, dentro de la imparcialidad y objetividad que le deben caracterizar, materializar la justicia.

5. En el asunto que se examina, siendo literalmente diáfanas las normas reguladoras del fenómeno prescriptivo de las acciones laborales, estableciéndolo sin salvedad alguna de su procedencia, el acusado no obstante el conocimiento que así tenía de las mismas, resolvió darles, en el caso que fue sometido a su decisión, un alcance evidentemente contrario, pues bajo consideraciones de lege ferenda, producto de su exclusivo arbitrio, optó por desconocer la patente exégesis normativa, so pretexto de que "la negativa, la reticencia a dar a cada trabajador lo que le corresponde, no puede servir de soporte legal, para invocar la extinción de una obligación ... (pues)... si el derecho a la pensión no prescribe, igual consideración debe efectuarse en relación con las mesadas, máxime cuando éstas son el sustento de personas, que debido a factores que no es el del caso entrar a analizar no pueden ya laborar", de modo que siéndole imperativo declarar el fenómeno que se le invocaba, decidió finalmente, contra el mandato legal negar su constitución.

En efecto, persiguiéndose, a través de demanda formulada en septiembre de 1990 y de las que en el mes siguiente se adicionaron, el reconocimiento a favor de Otilia Olaya, Nazario Pérez, Carlos Gutiérrez, Leovigildo Rentería, Antonio López y Néstor Palacios de un reajuste pensional correspondiente al período comprendido entre 1976 a 1990; a favor de Eneida Pino, Graciela Vargas, Herlinda Ávila, Néstor Useche y Pablo Sanabria el pago de mesadas pensionales por lapsos que iban desde 1978 a 1990 y a favor de Inés López y Eduardo Lenis el reconocimiento de una pensión sustituida, por un tiempo que iba de 1982 y 1981 a 1990, respectivamente, emerge con claridad que, en principio, todas las acciones derivadas de esas pretensiones, en cuanto se referían a épocas anteriores a los tres años precedentes a la fecha de presentación de las demandas, se hallaban prescritas, porque así indiscutiblemente lo preceptúan las precitadas normas del régimen laboral.

6. Si bien, de conformidad con las disposiciones del trabajo que en este asunto sirven de parámetro de cotejación, "el simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono acerca de un derecho debidamente determinado interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente", no menos cierto es que, entratándose de la interrupción procesal de dicho fenómeno, ante el vacío del ordenamiento laboral y por permitirlo el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, el 90 del Código de Procedimiento Civil prevé una tal interrupción con la presentación de la respectiva demanda, en tanto se den las condiciones allí señaladas, luego, dándose éstas en el asunto que se examina, puesto que el mandamiento ejecutivo de noviembre 2 de 1990, fue notificado a la demandada Cajanal el día 21 de dichos mes y año, los correspondientes lapsos de prescripción, se interrumpieron el 23 de octubre de esa anualidad, fecha de presentación de las demandas, salvo la de Otilia Olaya de Gaitán que lo fue en septiembre 7, y por tanto, cualquier derecho laboral causado antes de estas fechas, del año 1987, que por la vía judicial se pretendiera perseguir, se hallaba evidentemente prescrito.

Así, se encontraba afectado por ese fenómeno jurídico el reajuste pensional que entre enero de 1976 y septiembre 7 de 1987 demandaba Otilia Olaya, al igual que el que, entre aquella fecha y octubre 23 de 1987, perseguían Nazario Pérez, Carlos Gutiérrez, Leovigildo Rentería, Antonio López y Néstor Palacios, lo mismo que las mesadas pensionales pretendidas por Eneida Pino hasta esa última fecha, a partir de julio 7 de 1982; Graciela Vargas desde febrero 2 de 1986; Herlinda Ávila desde enero 1º de 1981; Inés López a partir de julio 2 de 1982; y Luis Lenis, Néstor Useche y Pablo Sanabria, desde enero 1º de 1981, marzo 1º de 1978 y enero 1º de 1982, respectivamente.

7. Semejante conclusión de prescripción, clara e indudablemente derivada de la literal aplicación de las normas laborales transcritas, que no permitían interpretación diferente alguna, so pretexto de unos razonamientos de índole no precisamente jurídica, no podía tampoco entenderse, como equivocada y sofisticadamente lo pretenden los recurrentes, renunciada por el ente demandado toda vez que, no obstante el artículo 2514 del Código Civil precisar que "la prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; pero sólo después de cumplida" y que "renúnciase tácitamente, cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor ...", es patente que en manera alguna la demandada asumió finalmente una tal posición de abandono, así en pretéritas ocasiones sí lo hubiere hecho al proferir algunas resoluciones en que, referidas a determinados demandantes, reconoció el respectivo derecho, claro que con el agravante que ellas no fueron adjuntadas al proceso ejecutivo laboral y su existencia sólo vino a advertirse con las inspecciones judiciales que en esta investigación se practicaron, sin que de todas maneras se hiciere procedente el fenómeno de renuncia con que se pretende justificar la decisión prevaricadora.

En efecto, así pudo establecerse que en relación con Otilia Olaya se adjuntó como titulo de ejecución al proceso laboral la Resolución 5633 de 1976 por medio de la cual se le reconoció la pensión de jubilación, pero también, ya en el sumario, se determinó que a través de la 6613 de 1983 se le admitió el reajuste de dicha prestación, sin que entonces se hubiere alegado prescripción alguna, lo cual significaría, en términos del precitado artículo del Código Civil que a esta última fecha se habría renunciado a aquella operada para las obligaciones causadas hasta tres años antes; sin embargo, como a partir de dicho acto empezaba a correr otra vez el término prescriptivo, implica que la acreedora laboral contaba con un nuevo lapso de tres años para obtener su cobro judicial, pero como sólo hasta septiembre de 1990 formuló la correspondiente demanda, forzoso es concluir que nuevamente operó el fenómeno prescriptivo, sólo que en esta ocasión la entidad demandada no renunció a él de manera tácita y por el contrario, expresamente invocó sus efectos.

Similares razonamientos deben hacerse respecto a Nazario Pérez a quien se le reconocieron reajustes por Ley 4ª de 1976 mediante Resolución 12172 de septiembre 9 de 1987; a Inés López a quien se le sustituyó una pensión a través de Resolución 6628 de mayo 29 de 1985; a Luis Lenis a quien también se le sustituyó una pensión en acto 4209 de abril 7 de 1986; a Pablo Sanabria, cuya reliquidación pensional se le decidió favorablemente en Resolución 12924 de octubre 25 de 1983; a Néstor Useche y Carlos Gutiérrez, a quienes se les reliquidó sus pensiones en actos 4982 y 6440 de 1979; a Antonio López, cuya pensión se ajustó en Resolución 3459 de marzo 13 de 1986 y a Néstor Palacios quien igualmente se favoreció con un reajuste pensional en Resolución 8380 de julio 8 de 1987, pues la renuncia tácita a la prescripción habría sido viable, sólo en tanto la correspondiente demanda, tal como lo hizo Ana Graciela Vargas a quien se le reliquidó la pensión en octubre 2 de 1989 por medio de Resolución 9884, hubiere sido formulada dentro de los tres años siguientes al proferimiento de la respectiva resolución, porque a partir de ese momento la obligación se hacía exigible y aquella se constituía en el respectivo título de ejecución.

Luego, prescritas las mesadas pensionales y los reajustes que así se pretendían cobrar por vía judicial, excepción hecha obviamente de las perseguidas por Graciela Vargas, y no obrando, contrariamente, se reitera, a lo sostenido por los recurrentes, la renuncia tácita al fenómeno jurídico en mención, le resultaba imperativo al juez acusado, ante la claridad normativa, declarar la excepción que así propuso la parte ejecutada, máxime que, como no podía ser de otra manera y así lo expresó el enjuiciado en la decisión que se le cuestiona, el supuesto jurídico fue el artículo 151 del Código Procesal y el 488 del Sustantivo del Trabajo, los que de modo alguno podían desconocerse en su tenor literal so pretexto de unos razonamientos incompatibles con el imperativo legal.

8. La condición de pensionado es un estado jurídico, una situación jurídica, un status personal que el trabajador adquiere en cuanto reúna ciertas condiciones de edad y tiempo de servicio, entratándose de la de jubilación, a través de la cual obtiene el derecho a que se le pague vitaliciamente una determinada suma mensual de dinero, por ello, así como el estado civil de las personas y guardadas las proporciones, es su situación jurídica en el ámbito laboral, que le determina la capacidad para ejercer ciertos derechos como el de la mesada y sus reajustes, por lo mismo, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte, desde diciembre 18 de 1954, es imprescriptible.

Pero si ello es así, es porque se trata precisamente de una condición de la persona trabajadora que no se pierde por su no ejercicio a través del tiempo, mas no implica que los derechos que se ejercitan por su concurso también lo sean, cuando es claro que una es aquella situación jurídica y otros los derechos que por su concurrencia se obtienen. Por eso, éstos, como derechos, consecuentes de aquél status, sí pueden ser objeto de prescripción extintiva cuando no se reclaman dentro de los tres años siguientes a su exigibilidad. "La consecuencia patrimonial del status de pensionado, que se traduce en el pago de mensualidades sucesivas sí puede quedar sujeta a la prescripción cuando tales mensualidades no se cobran dentro del plazo trienal que consagran las leyes del trabajo", dijo la Corte en decisión del 15 de julio de 1987 con ponencia del magistrado Dr. Juan Hernández Sáenz.

No siendo así posible la confusión entre el estado de pensionado y los derechos que por él se adquieren y siendo aquél, se reitera, una condición personal del trabajador, y éstos una consecuencia patrimonial, menos admisible resulta la tesis de los recurrentes según la cual lo accesorio sigue a lo principal, valga decir que si el estado de jubilado es imprescriptible, también lo son sus consecuencias, pues es patente que, así se aten por un nexo consecuencial, son dos situaciones que por sus propias características guardan una cierta autonomía que, como ya se dijo, impide confundirlas en una sola, o trasmitir las características de una a la otra, tanto así que, dada la sustitución pensional, la obligación de pagar las mesadas puede aun subsistir aunque haya fenecido la condición de pensionado por muerte del trabajador jubilado. Por ello, porque se trata de un estado jurídico la ley no podía establecer su prescripción por el no ejercicio en el tiempo, no sucediendo igual con el derecho patrimonial que por su intermedio se adquiere, pues éstos sí, en cuanto derechos patrimoniales derivados de las leyes sociales, sí se extinguen por el paso del tiempo sin haberse reclamado e ineludiblemente se someten a las reglas contenidas en las normas procesales y sustantivas del trabajo ya citadas, cuyos efectos, el acusado desconoció, para darle unos totalmente contrarios y así ilegales, de modo que pretextando argumentos carentes de connotación jurídica, de lege ferenda, terminó por sustituir al legislador, creando una excepción donde la ley no había dispuesto ninguna.

La jurisprudencia, tanto de la Corte como del Consejo de Estado, según lo reconoció el propio enjuiciado en la decisión que se le reprocha, en torno u ese tema de imprescriptibilidad del estado de jubilado, mas no de las mesadas pensiónales a él consecuentes, ha sido constante y ella no ha observado desvío alguno, ni aún con la de la Corte Constitucional, pues, y en eso son imprecisos los recurrentes y el testigo José Gabriel Salom Beltrán, también esa corporación es de tal criterio, según así lo expuso en decisión de abril 7 de 1999 con ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero al exponer que, "el legislador puede entonces consagrar la prescripción extintiva de derechos patrimoniales que surjan del ejercicio de un derecho constitucional, incluso si éste es fundamental...", por tanto "la ley no podía consagrar la prescripción del derecho a la pensión como tal, aunque sí podía establecer un término temporal para la reclamación de las distintas mesadas".

Por lo mismo, contrario a lo sostenido por el defensor, tampoco el hecho de que el pago oportuno de las pensiones se haya elevado a rango constitucional, implica la imprescriptibilidad de las mesadas; ello a lo sumo hace procedente otros mecanismos de protección en cuanto, afectándose el mínimo vital, se le tenga por garantía fundamental. Por tanto, dijo la Corte Constitucional en la decisión ya mencionada, "reclamaciones concretas que surjan del ejercicio de un derecho constitucional pueden estar sujetas a prescripciones legales, sin que por ello se vulnere el derecho constitucional".

9. Tampoco resulta ajustada a la ley esa decisión que se cuestiona al acusado como ostensiblemente contraria a ella, porque, a posteriori, y como sustento de sus alegaciones de primera instancia y de la apelación, consideren los impugnantes, en contra de las normas laborales, que las mesadas tampoco son imprescriptibles porque se trata de un ahorro del trabajador, cuando es claro que, ni aún hoy es siquiera posible una tal afirmación, a no ser que se trate de las cotizaciones voluntarias en el régimen de ahorro individual con solidaridad que estableció la Ley 100 de 1993, pues incuestionablemente las mesadas que se pagan a los pensionados tanto del régimen anterior a la Ley 100 como en el solidario de prima media con prestación definida, los recursos provienen de un fondo común constituido no sólo con aportes pagados, por ende no ahorrados, por los trabajadores en una mínima parte y por los patronos en mayor porcentaje.

10. No se trata, por consiguiente, como equivocada y acaso convenientemente a sus pretensiones sostienen los recurrentes, de una decisión razonada lógica y jurídicamente, sino de una providencia que aparentando la aplicación de las normas de prescripción, les hizo producir unos efectos totalmente opuestos a los que ellas preveían, pues estableciendo éstas la prescripción trienal de los derechos laborales, el acusado de manera dolosa y consciente, según se infiere de la redacción del proveído que se le cuestiona, la negó, cuando el imperativo legal, era que la declarara por vía de la excepción que se le había formulado, nada de lo cual, finalmente, se encuentra justificado porque contra esa decisión se hubiere abstenido la parte afectada de interponer recursos, pues ya para ese momento, es evidente, la decisión así manifiestamente contraria a la ley, se había proferido, y por lo mismo en nada se demerita la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de la conducta porque finalmente los actores hubieren desistido o porque se hayan levantado las medidas cautelares que se impusieron a algunos dineros de la demandada.

Por consiguiente, atendida la competencia que la Corte tiene en segunda instancia en términos del artículo 204 del Código de Procedimiento Penal, y encontrando así que el proceso ha demostrado con certeza, tanto la conducta punible objeto de acusación, como la responsabilidad que por su comisión se imputa al procesado, la sentencia recurrida será íntegramente confirmada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Confirmar la sentencia proferida en agosto 23 de 2000 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de la cual condenó al doctor Carlos Ernesto González Corredor como autor del delito de prevaricato por acción.

Contra este fallo no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, devuélvase al tribunal de origen y cúmplase.

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