Sentencia 17885 de febrero 18 de 2004 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

CONOCIMIENTO PRIVADO DEL JUEZ SOBRE HECHOS DEL PROCESO

NO CONFIGURA PRUEBA NI TIENE EFICACIA ALGUNA

EXTRACTOS: «Dado que en el proceso no obra inspección judicial alguna en el lugar de los hechos ni sobre el trayecto que se afirma sirvió de vía de escape a los sicarios y sin embargo la sentencia de segundo grado parte del conocimiento que se supone refleja diligencia de esta índole, es muy evidente que el yerro del fallador sería de hecho pero por suposición probatoria, pues habría tomado por tal el conocimiento que en forma unilateral y por fuera del procesamiento adquirió la magistrada ponente, como de ello dio cuenta en la decisión.

4. Se actualiza en condiciones semejantes el tema referido a la ciencia privada del juez, esto es, al conocimiento directo que el servidor judicial puede haber tenido de hechos sometidos a su saber y definición y en particular a la significación que a dicha percepción podría otorgársele.

La respuesta resulta siempre contundente, partiendo del supuesto según el cual no es admisible que el juez ostente una doble condición de juzgador y testigo, por lo que cuando se habla de observación inmediata o directa por parte del juez, se entiende que se está hablando de percepción judicial o procesal, debiendo quedar al margen del proceso cualquier otro conocimiento en tanto no se introduzca a este a través de los diversos medios reglados: por la ley.

5. Sobre tan interesante y compleja temática, esto es, en relación con las percepciones extrajudiciales del juez del proceso, el primer trabajo con rigor científico que se conoce se atribuye al alemán Friedrich Stein y data de 1893.

Se distingue desde entonces en forma categórica entre aquellos juicios generales que constituyen las máximas de la experiencia, así como los del conocimiento científico (—v.gr. del derecho— en la medida en que no han de ser nunca declaraciones sobre algo perceptible por los sentidos, esto es, que en ningún caso puede configurar valoraciones sobre los hechos sino fundamento para las reglas de experiencia en que se basa el juez) y el conocimiento privado que eventualmente pudiera tener relación con el asunto fáctico debatido, pues en casos semejantes el mismo no configura prueba y no podría entonces tener eficacia alguna, así como tampoco injerencia procesal.

La inclusión válida de un conocimiento privado del juzgador sobre la temática que constituye el objeto de aquello que le corresponde decidir, como se dijo, aparece casi por unanimidad rechazada y sus nocivos efectos dependen, sin embargo, de la capacidad que tenga dicho conocimiento para servir de prueba exclusiva del hecho o para reemplazar la prueba del mismo que ha sido aportada al proceso.

Ilustrativo y siempre actual es el concepto en esta materia que expone en su afamada obra Vincenzo Manzini:

“Pero si para introducir legítimamente en el proceso la ciencia privada del juez fuera necesario tomar al informado en calidad de testigo, se lo excluiría necesariamente de la función de juez, ya que es evidente que nadie puede ser testigo y juez en el mismo procedimiento.

Ahora bien, si esta condición de cosas no sería evidentemente admisible cuando se obrara abiertamente, empleando los medios ofrecidos por la ley, no se la podría reconocer legítima si se la presentara en cambio sin las garantías ni las responsabilidades siquiera que son propias del llamamiento a juicio como testigo. Tanto más cuanto que, en los juicios colegiales, es muy difícil que todos los miembros del colegio estén privadamente informados de los hechos, al paso que sería sobremanera peligroso consentir que el juez informado informara secretamente a los demás.

Ni se podría sostener la conclusión opuesta en virtud del principio de libre convicción, que no se refiere a la recepción, sino a la valoración de la prueba. No valdría tampoco el principio de la libertad de la prueba, ya que no se trata aquí de un medio de prueba, sino de la exclusión de toda prueba. El fin del proceso penal es la comprobación de la verdad real, sin limitaciones; pero este fin se debe lograr con la observancia de las garantías formales que constituyen la razón del proceso, en forma que los hechos reconocidos en la sentencia no pueden ser más que los probados en el procedimiento.

Por consiguiente, si no se puede tener prueba alguna de un delito, no puede el juez condenar solo en virtud de su conocimiento privado, y si así lo hiciere, la sentencia de cuya motivación resultara tal arbitrariedad, sería impugnable y anulable por haber condenado sin pruebas. Solo en el caso de que, existiendo pruebas suficientes para condenar, se fundara también la sentencia sobre la ciencia privada del juez, se daría el caso de una de las superfluidades que no vicien el fallo...” (Tratado de derecho procesal penal. T. III, pág. 227 y ss.).

6. En forma injustificada, indebida y jurídicamente reprochable, desde luego, la magistrada ponente en el tribunal —y los integrantes de la Sala al acoger la ponencia— tomaron como parte de aquellos elementos con sujeción a los cuales debían desatar la segunda instancia, las constataciones que aquella hiciera en el lugar de los hechos y sobre la vía pública por la que habrían escapado los delincuentes, cuando tal conocimiento no era fruto de una observación procesal como único instrumento válido de persuasión en el proceso, ni —por contera— se había practicado legítimamente.

7. Pese a ello y reconociendo que semejante modo de argumentar evidencia la suposición de una prueba que no se ordenó ni practicó dentro de la actuación, como se destaca en la doctrina y lo anota el Ministerio Público en esta sede, es lo cierto que semejante tacha no afecta —de una parte— la estructura y validez de la sentencia ni —de otra— el sentido de la decisión cuestionada, como que sólida y suficiente es la prueba que sustenta el juicio de responsabilidad en contra de Gómez Salazar.

8. Señálese a este respecto que las sentencias de primera y segunda instancias en monolítico sentido y unidad de decisión, se ocuparon de manera pormenorizada en valorar los diversos elementos de convicción aportados al proceso y fundamentalmente el testimonio inicial del policial Wilder Bedoya Arboleda, ratificador del informe elaborado por el mismo y el rendido por Álvaro Rivera García, cuya seriedad, objetividad y coherencia le representó plena credibilidad en cuanto señaló a Gómez Salazar como el conductor de la moto en la que huyó el ejecutor material del crimen, sin que (desde luego, sustrayendo de las consideraciones del fallo aquellas revelaciones que el ad quem asumió como existentes en el proceso pero que solamente había constatado la (magistrada ponente) el sentido de la determinación de condena sufra el más mínimo quebranto, así como tampoco, según se dijo, la estructura sustancial de la misma».

(Sentencia de casación, 18 de febrero de 2004. Radicación 17.885. Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Gómez Quintero).

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