Sentencia 1790 de octubre 4 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Radicación: 11001 03 25 000 2007 00092 00 (1790-07)

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: Jesús María Ramírez Salazar

Demandado: Nación - Rama judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección ejecutiva de administración judicial.

Ref.: Acción de nulidad con solicitud de suspensión provisional.

Bogotá, D.C., cuatro de octubre de dos mil siete.

El ciudadano Jesús María Ramírez Salazar, actuando en nombre propio y en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, solicita que se declare la nulidad parcial del artículo 2º del Acuerdo 345 de 3 de septiembre de 1998, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Señaló que el acto acusado, so pretexto de señalar los requisitos exigidos en la convocatoria para ejercer los cargos de directores de las unidades de la dirección ejecutiva de administración judicial, incluyó tales empleos dentro del concurso, a pesar de ser de libre nombramiento y remoción.

Suspensión provisional

El demandante solicitó la suspensión provisional de diversos apartes del artículo 2º del Acuerdo 345 de 1998. Manifestó que al hacer la confrontación entre el acto acusado y las normas presuntamente vulneradas, se evidencia que este al señalar los requisitos específicos que se debían acreditar para cada cargo, incluyó a los directores de las unidades de la dirección ejecutiva de administración judicial (administrativa; asistencia legal; informática; planeación; presupuesto y recursos humanos) a pesar de que tales cargos son de libre nombramiento y remoción.

Precisó que de acuerdo con lo establecido en el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, se evidencia la manifiesta infracción del numeral 3º del artículo 2º, del Acuerdo 345 de 1998, en lo que hace referencia al artículo 2º del Acuerdo 273 de 1998 y al inciso 4º del artículo 130 de la Ley 270 de 1996.

Afirmó que fue tan grosero el acto demandado al no haber respetado el régimen aplicable a los cargos de director de las unidades de la dirección ejecutiva de administración judicial, cuando sí lo hizo con los cargos de director de unidad de la Sala Administrativa, que fueron declarados equivalentes por esa corporación, para todos los efectos legales al cargo de magistrado auxiliar - según el parágrafo 2º del artículo 1º del Acuerdo 250 de 1998, desconociendo el derecho fundamental a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política.

Sostuvo que de conformidad con el inciso 4º del artículo 130 de la ley estatutaria de administración judicial, norma que regula la clasificación de los empleos en la rama judicial, los cargos señalados como equivalentes al de magistrado auxiliar, corresponden al régimen de libre nombramiento y remoción.

Indicó que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo 273 de 1998, actualmente vigente, determinó la equivalencia, para todos los efectos, de los cargos de director de las unidades de la dirección ejecutiva de administración judicial, con el de magistrado auxiliar, motivo por el cual, por ministerio de la ley, tales directores pertenecen al régimen de libre nombramiento y remoción, lo que contradice de plano que sean convocados a concurso de méritos.

Adujo que el numeral 3º del artículo 2º del Acuerdo 345 de 1998, al momento de señalar los requisitos específicos que debían acreditarse para poder participar en el concurso, incluyó a los directores de las unidades de la dirección ejecutiva de administración judicial, contraviniendo flagrantemente tanto el artículo 2º del Acuerdo 273 de 1998, como el inciso 4º del artículo 130 de la Ley 270 de 1996.

Afirmó que al momento de convocar a concurso de méritos para proveer los cargos pertenecientes a la carrera judicial, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, expidió el Acuerdo 346 de 1998, que no incluyó los cargos de los directores de las unidades de la Sala Administrativa, precisamente para respetar su naturaleza jurídica y para ser consecuente con la equivalencia que había ordenado.

Señaló que a contrario sensu, paralelamente, en la misma fecha, para proveer mediante concurso de méritos los cargos de carrera judicial de la dirección ejecutiva de administración judicial, se expidió el Acuerdo 345 de 1998, incluyendo los empleos de director ejecutivo de administración judicial, acto con que sin lugar a duda, se varió la naturaleza de los cargos de director de las unidades de la dirección ejecutiva de administración judicial, al convocarlos a concurso, vulnerando con ello el artículo 13 de la Constitución Política, el inciso 4º del artículo 130 de la Ley 270 de 1996 —y el reglamento— artículo 2º del Acuerdo 273 de 1998.

Consideraciones

Las disposiciones invocadas como violadas y las acusadas, en su parte pertinente, preceptúan:

Normas vulneradas
Artículo 13 de la Constitución Política
Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellos se cometan”.
LEY 270 DE 1996
ART. 130.—Clasificación de los empleos.
(...).
Son de libre nombramiento y remoción los cargos de magistrado auxiliar, abogado asistente y sus equivalentes; (...)
Estos cargos no requieren confirmación. (negrillas fuera del texto original)
Son de carrera los cargos de magistrado de los tribunales superiores de distrito judicial y de los tribunales contencioso administrativos y de las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura; de los fiscales, no previstos en los incisos anteriores; de juez de la República, y los demás cargos de empleados de la rama judicial.
(...)”
ACUERDO Nº 250 de 17 de febrero de 1998.
“Por medio del cual se modifican los acuerdos 22 y 97 de 1994
ART. 1º—(...)
PAR. 2º—De conformidad con el artículo segundo del Decreto 064 de 1998, establécese para todos los efectos la equivalencia de los cargos de profesional asistente, abogado asistente de la oficina jurídica y director de unidad de la Sala Administrativa mencionados en el presente acuerdo con el cargo de magistrado auxiliar”.
ACUERDO Nº 273 de 19 de marzo de 1998.
“Por medio del cual se suprimen unos cargos en la dirección ejecutiva de administración judicial y se hace una equivalencia”.
ART. 2º—Establécese para todos los efectos, la equivalencia del cargo de director de unidad de la dirección ejecutiva de administración judicial, con la de magistrado auxiliar” (negrillas fuera del texto original).
ACUERDO Nº 346 de 3 de septiembre de 1998.
“Por el que se convoca a un concurso de méritos”.
Norma acusada
Acuerdo Nº 345 de 3 de septiembre de 1998
“Por el cual se convoca a un concurso de méritos”
Artículo segundo. (...)
3. Requisitos específicos

De conformidad con el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, para que proceda la suspensión provisional de los actos administrativos es menester que la trasgresión de las normas superiores invocadas surja de manera ostensible, es decir, de la simple comparación entre estas y el acto acusado, sin necesidad de profundos razonamientos.

Para poder llegar a una decisión acerca de la suspensión provisional solicitada por el señor Jesús María Ramírez Salazar, debe esta corporación hacer el siguiente análisis:

La parte actora solicita la nulidad parcial del artículo 2º del Acuerdo 345 de 1998, en cuanto, so pretexto de señalar los requisitos exigidos en la convocatoria para ejercer los cargos de directores de las unidades de la dirección ejecutiva de administración judicial, incluyó tales empleos dentro del concurso, a pesar de ser cargos de libre nombramiento y remoción.

Al respecto debe precisarse:

La Sala Administrativa de Consejo Superior de la Judicatura, el día 19 de marzo de 1998, expidió el Acuerdo 273, mediante el cual en su artículo segundo dispuso:

“Establécese para todos los efectos, la equivalencia del cargo de director de unidad de la dirección ejecutiva de administración judicial, con la de magistrado auxiliar” (negrillas fuera de texto)

Por su parte el inciso 4º del artículo 130 de la Ley 270 de 1996 —ley estatutaria de administración de justicia, norma que regula la clasificación de los empleos de la rama judicial determinó que son empleados de libre nombramiento y remoción los cargos de magistrado auxiliar, abogado asistente y sus equivalentes. (negrillas de la Sala)

De la lectura atenta de lo trascrito, es claro que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura al proferir el Acuerdo 273 de 1998, realizó “para todos los efectos” la equivalencia entre los cargos de director de unidad de la dirección ejecutiva de administración judicial y el de magistrado auxiliar y que de conformidad con el inciso 4º de la Ley 270 de 1996, el cargo de magistrado auxiliar es de libre nombramiento y remoción.

Si bien es cierto, de conformidad con el inciso 4º del artículo 130 de la ley estatutaria de administración judicial, el cargo de magistrado auxiliar es de libre nombramiento y remoción, no es menos cierto que dada la equivalencia otorgada por el Acuerdo 273 de 1998, el cargo de director de unidad de la dirección ejecutiva de administración judicial, también es de libre nombramiento y remoción, pues como es bien sabido la norma que reglamenta a otra se inserta en la reglamentada.

En este orden de ideas es claro que mal podía la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo 345 de 1998, acto acusado, convocar a concurso de méritos para la conformación del registro de elegibles para los cargos de empleados de carrera de la dirección ejecutiva de administración judicial, respecto de un cargo como lo es el director de unidad de la dirección ejecutiva de administración judicial, pues como se precisó anteriormente este es un cargo de libre nombramiento y remoción y por ende no podía ser convocado a concurso de méritos, cuando no es un cargo de carrera.

Por lo expuesto, la Sala

RESUELVE:

ADMÍTESE LA DEMANDA instaurada en ejercicio de la acción pública de nulidad, por el ciudadano Jesús María Ramírez Salazar contra la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, en virtud de lo cual se dispone:

1. Notifíquese personalmente a la directora ejecutiva de administración judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99-8 de la Ley 270 de 1996.

2. Notifíquese personalmente al agente del Ministerio Público.

3. Fíjese el negocio en lista por el término de diez (10) días para los efectos previstos en el numeral 5º del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 58 de la Ley 446 de 1998.

4. Suspéndese provisionalmente el aparte del numeral 30 del artículo segundo (2º) del Acuerdo 345 del 3 de septiembre de 1998, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que dispuso:

DependenciaDenominaciónRequisito académicoExperiencia
AdministrativaDirector unidad- Título
- Profesional del derecho, administración empresas
Ocho (8) años de experiencia profesional en los campos de la administración, económico o financiero
Asistencia legalDirector unidad- Título profesional en derechoOcho (8) años de experiencia profesional en el área jurídica
(...)(...)(...)(...)
InformáticaDirector unidad- Título profesional de economía, administración de empresas, administración pública o ingeniería industrialOcho (8) años de experiencia profesional en los campos de la administración económico o financiero.
PlaneaciónDirector unidad- Título profesional en economía, administración de empresas, contaduría o administración públicaOcho (8) años de experiencia profesional en los campos de la administración económico o financiero.
PresupuestoDirector unidad- Título profesional en economía, administración de empresas, contaduría o administración públicaOcho (8) años de experiencia profesional en los campos de la administración económico o financiero.
Recursos humanosDirector unidad- Título profesional en derecho, administración pública, administración de empresas o ingeniería industrial.Ocho (8) años de experiencia profesional en el campo de la administración

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

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