•Sentencia 1794 de marzo 11 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA

NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA DEFINITIVA POR FUERA DEL PLAZO

EXTRACTOS: «El artículo 6º de la Ley 13 de 1984 señala que la acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados a partir del último acto constitutivo de la falta, término dentro del cual deberá igualmente imponerse la sanción.

Está probado dentro del expediente que, por la fuga del recluso Jaime Eduardo Rocha Rueda, se le inició a la demandante, el 18 de septiembre de 1990, una investigación disciplinaria adelantada por la Procuraduría Departamental de Cundinamarca que concluyó con la expedición de la Resolución 013 de 10 de septiembre de 1992 (fl. 68-111 c. ppal.), en la cual se resolvió solicitar al nominador imponer sanción de destitución a la actora en su calidad de Directora de la Penitenciaría Central de Colombia, La Picota. Esta providencia le fue notificada personalmente el 14 de septiembre de 1992, como da cuenta la probanza de folio 112 del cuaderno principal, indicándole que contra ella procedía el recurso de apelación, el que fue interpuesto y desatado mediante providencia de 18 de septiembre de 1995 (fl. 2-67), dictada por el Procurador General de la Nación y en la que confirmó parcialmente el artículo 1º de la parte resolutiva de la resolución impugnada; empero, confirmó la solicitud de destitución a la Dra. Sandra María del Pilar Urazán.

Con los anteriores antecedentes y teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 6º de la Ley 13 de 1984, se tiene que la falta que dio origen a la acción disciplinaria tuvo ocurrencia el 18 de septiembre de 1990 y la providencia de primera instancia por la cual se dispuso la sanción de destitución para la demandante, fue proferida el 10 de septiembre de 1992, desatándose la segunda instancia el 18 de septiembre de 1995.

Empero, a juicio de la Sala la norma debe entenderse en el sentido de que no solamente es necesario proferir la sanción dentro del término de los cinco años de que trata la Ley 13 de 1984, sino que era indispensable la notificación de tal providencia dentro de ese mismo término, a fin de que produjera los efectos legales pertinentes.

Si dentro del término de los cinco años no se notifica la providencia, quiere decir que la acción prescribió. En estas condiciones asiste razón a la demandante cuando afirma que la acción en el sub lite se encontraba prescrita puesto que se notificó por edicto el 4 de octubre de 1995 y quedó ejecutoriada el 13 del mismo mes y año. En efecto, aunque la Procuraduría expidió una providencia que sancionó en primera instancia, es incuestionable que el recurso interpuesto por la actora dejó sub judice el acto en comento, por manera que no podía surtir efectos jurídicos sino cuando se pronunciara el superior. Y en el evento de autos, aunque éste expidió una providencia para resolver el recurso, es lo cierto que su decisión solamente vino a notificarse el 4 de octubre de 1995 y quedó ejecutoriada el 13 de los mismos mes y año, es decir, cuando ya el término de prescripción había operado y por ende, la administración había perdido la competencia para sancionar.

Para la Sala constituye verdad irrefragable que el respeto al debido proceso y al derecho de defensa implican, en lo que toca con la acción disciplinaria, que tanto la providencia que impone de manera definitiva la sanción, como su conocimiento por parte del afectado, esto es, la notificación del acto, se produzcan dentro del plazo señalado en la ley. Si la providencia se dicta por fuera de ese término o aunque se produce dentro del mismo, se notifica en fecha posterior a su vencimiento, es incuestionable que opera el fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria.

Así las cosas, al hallarse prescrita la acción disciplinaria, la Sala no entrará al estudio del aspecto de fondo, por sustracción de materia.

En este orden de ideas, se revocará el proveído impugnado que negó las pretensiones de la demanda y en su lugar se decretará la nulidad de los actos acusados, disponiéndose realizar la anotación pertinente en la hoja de vida».

(Sentencia de marzo 11 de 1999. Expediente 1794-98. Consejero Ponente: Dr. Carlos A. Orjuela Góngora).

ACLARACIÓN DE VOTO

Debo aclarar que no obstante que en otras ocasiones sostuve que el término de prescripción de la acción disciplinaria debía contarse a partir de la comisión de la falta y hasta la imposición de la sanción en primera instancia, voté afirmativamente la sentencia que accedió a las súplicas de la demanda al encontrar prescrita la acción disciplinaria debido a que la providencia sancionatoria de segunda instancia no fue proferida dentro de los cinco años, por las siguientes razones:

En vigencia de la Ley 13 de 1984 la interpretación de que bastaba el fallo de primera instancia para interrumpir la prescripción, se ajustaba a su texto porque una era la imposición de la sanción y otra, la discusión gubernativa de ésta. Pero la declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional del parágrafo 1º del artículo 35 de la Ley 200 de 1995, que prorrogaba en seis meses el término de prescripción, cuando ella hubiere ocurrido una vez notificado el fallo de primera instancia, en mi sentir modificó el sentido de la disposición.

Dijo la Corte al examinar la citada norma que:

“El término de cinco años fijado por el legislador en el inciso primero del artículo 34 de la Ley 200 de 1995, para la prescripción de la acción disciplinaria, fue considerado por éste como suficiente para que se iniciara por parte de la entidad a la cual presta sus servicios el empleado o la Procuraduría General de la Nación la investigación, y se adoptara la decisión pertinente, mediante providencia que ponga fin al proceso”.

Esta nueva intelección del citado artículo 35, me lleva a aceptar, como lo hice en esta litis, que dentro del término de cinco años debe el ente competente imponer la sanción mediante providencia definitiva, so pena de cesar la potestad del Estado para sancionar disciplinariamente a los servidores públicos, aun para los casos ocurridos en vigencia de la Ley 13 de 1984, pues la doctrina constitucional es criterio auxiliar de interpretación para el juez.

Dolly Pedraza de Arenas.

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