Sentencia 17976 de julio 25 de 2002

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACION LABORAL

Radicación 17976

Acta 29

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gonzalo Toro Correa

Bogotá, D.C., veinticinco de julio de dos mil dos.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de AURA LILIA PARRA LOPEZ contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 31 de agosto de 2001, en el juicio que le sigue a la sociedad SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

ANTECEDENTES

AURA LILIA PARRA LOPEZ llamó a juicio ordinario laboral a la sociedad SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A., para que se declarara que su contrato de trabajo fue terminado unilateralmente y sin justa causa por la demandada; que como consecuencia de lo anterior se condene a ésta a reintegrarla al cargo de Supervisor de Caja que desempeñaba al momento del despido, y al pago de los salarios dejados de percibir entre la fecha del despido y aquella en que sea reintegrada; que devengaba un salario promedio de $868.795.13 mensuales. Subsidiariamente se condene al pago de $23.904.605.oo por indemnización por despido injusto, $326.011.oo por primas convencionales de vacaciones causadas y no pagadas correctamente, $164.434.oo por prima de navidad convencional causada y no pagada, $28.980.oo diarios a partir del 18 de agosto de 1998 y hasta la fecha en que se produzca el pago de las sumas adeudadas, por concepto de indemnización moratoria; que sea indexada la suma correspondiente a la indemnización por despido injusto; la pensión de jubilación a título de pensión sanción; todo lo que resulte probado conforme a las facultades ultra y extra petita; las costas del proceso.

En sustento de sus pretensiones afirma que mediante contrato a término indefinido se vinculó a la demandada el 14 de febrero de 1978, desempeñando al momento del despido el cargo de Supervisor de Caja; que en la accionada no existen manuales de funciones y procedimientos, por lo que el desarrollo de su trabajo se guiaba por el sentido común y debía asumir cargas de trabajo y responsabilidades desproporcionadas, lo cual es de conocimiento de la Empresa como se demuestra con la comunicación del 1º de septiembre de 1997; que junto con otra supervisora, la señora Fanny Gómez Cortés, manejaban dos fondos por valor de $16.000.000.oo, presentando uno de ellos, entre los días 17 y 18 de junio de 1998, un faltante de $607.700.oo, el cual les fue descontado en dos cuotas de $83.500.oo quincenales, así como a otros dos empleados; que la demandada abrió una investigación al respecto, de la cual se puede concluir que aquella no está en capacidad de deducir responsabilidad de empleado alguno por dicha pérdida de dineros; que el 18 de agosto de 1998 le comunicaron la terminación del contrato de trabajo por el faltante aludido; que al momento del despido devengaba un salario de $868.795.13 mensuales; que el 21 de septiembre de 1998 le cancelaron parcialmente el valor de la liquidación de su contrato de trabajo, en forma incompleta las primas de vacaciones y de navidad pactadas convencionalmente; que llamó a la demandada a conciliación el 28 de septiembre de 1998, pero fracasó en su intento.

La accionada, en la respuesta a la demanda (fls. 44 a 49, C. Ppal.), se opuso a las pretensiones; sobre los hechos aceptó la fecha de ingreso, los demás no le constan o no son ciertos. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, enriquecimiento sin causa, prescripción, y cobro de lo no debido.

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, mediante sentencia del 28 de febrero de 2001 (fls. 198 a 229, C. Ppal.), absolvió a la empresa de todas las pretensiones de la demanda, declaró demostradas las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido; impuso costas a la parte demandante.

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

Apeló la parte actora y el Tribunal de Bogotá, D.C., por sentencia del 31 de agosto de 2001 (fls. 353 a 364, C. Ppal.), confirmó la del a quo en todas sus partes; le impuso costas a la parte demandante.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem consideró que “De las pruebas aportadas si bien no se deduce responsabilidad sobre el hurto cometido, lo que sería de competencia penal, además de que no es lo que se aduce en la carta de despido, si se observa que hubo grave negligencia, por cuanto la demandante debía por su cargo de manejo de dinero, realizar los arqueos la —sic— momento de entregar o recibir sus turnos, actuación que cabe dentro del normal desarrollo de sus funciones, ya que no podría tomarse como excusa para dejar de cumplirla, la afirmación de que existía gran confianza con la otra empleada que desempeñaba su cargo, por cuanto el manejo de dineros requiere de un especial cuidado, dentro del cual las previsiones que se tomen deben pecar de exceso o —sic— no de deficiencia.

“ Indudablemente que fue negligente, pues no solamente descuidó el conteo del dinero, sino que también, dejó la llave de la caja sin ninguna precaución sobre un escritorio que era de fácil acceso al personal. No puede aducir ignorancia de sus funciones o desconocimiento del manual, pues con la antigüedad que tenía en la empresa, es imposible desconocer los deberes del cargo, algunos tan de simple lógica, como los de contar el dinero que se entrega y que se recibe, acto tan elemental para el que es innecesario impartir una específica disposición.

“ En efecto, la sala concluye de los descargos y de la prueba testimonial que con estas omisiones se faltó gravemente a sus obligaciones, además de que obró con grave negligencia, lo que es inexplicable en un funcionario que debe cumplir con la responsabilidad que genera su cargo, pues está también aceptado que el manejo del fondo de cambio estaba bajo su responsabilidad.

“ Evidentemente que en la grave negligencia no tiene ninguna relevancia el que se obre o no dolosamente, pues solo la omisión de los acto —sic— propio —sic— de su cargo, implican la violación grave de sus obligaciones en un proceder que en este caso se evidencia eminentemente culposo (transcribe seguidamente el contenido del artículo 63 del C.C., y apartes de la sentencia de esta Corporación de mayo 8 de 1995, folios 362 y 362, C. Ppal.).

“ Evidentemente, la sala por el caudal probatorio no solo encuentra la falta demostrada en el proceso, sino que la cataloga en este caso como grave, pues no es arbitrario exigir un mínimo de medidas de previsión implícitas, dado que la labor de seguridad y control presupone un gran número de cuidados generales que deben cumplirse a cabalidad para garantizar el éxito del servicio tan especial sin que le sea posible al trabajador decidir discrecionalmente cuando las cumple y cuando no, a menos que se trate de circunstancias especialísimas.

“ Esas mismas pruebas, siembran en el juzgador el íntimo convencimiento suficiente para dar por demostrada la falta, sin que la afirmación del actor de que no le dieron órdenes e instrucciones expresas, hagan no sancionable su conducta, pues los empleados cuyo objetivo es el cuidado y seguridad de dineros deben tener un mínimo de precauciones en sus labores sin que sea menester que se le de una orden expresa en cada ocasión.

“ El recurrente también dice que la suma faltante no es la que se dice en el proceso de $668.000 sino apenas de $167.000, pues esa es la cantidad que se le dedujo a la actora. Aclarando que sobre este descuento nada pretende el demandante, la sala observa que la deuda fue dividida entre las cuatro personas presuntamente responsables y por ello la actora al folio 5 respondió por la última cantidad citada. Es suficiente con leer los testimonios para entender que se perdieron varias sumas en pequeños intervalos y que sumaron los $660.000 finales.

“ También dice que no se analizaron todas las pruebas especialmente las documentales, pero la realidad es que no hay en autos pruebas que desvirtúen las demostraciones que hizo la demandada alrededor del punto concreto de la justa causa. Como los fundamentos del recurso solo se sustentaron por estos motivos, se confirma en todo la sentencia recurrida.” (fls. 361 a 364, C. Ppal.).

EL RECURSO EXTRAORDINARIO

Fue interpuesto por la parte demandante y concedido por el Tribunal. Admitido por la Corte se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACION

Pretende el recurrente se case en su totalidad la sentencia impugnada, en cuanto confirmó la sentencia apelada y se condenó a la demandante en costas, y en sede de instancia acoja favorablemente los siguientes pedimentos de la demanda original:

“PRIMERO. Que se declare que el contrato de carácter laboral vigente desde el 14 de febrero de 1978, entre la sociedad SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. y la Sra. AURA LILIA PARRA LOPEZ, fue terminado unilateralmente SIN JUSTA CAUSA COMPROBADA por la demandada, el día 18 de agosto de 1998. SEGUNDO. Que como consecuencia de la declaración anterior, se condene a la sociedad demandada a REINTEGRAR a la Sra. AURA LILIA PARRA LOPEZ, al cargo de SUPERVISOR DE CAJA que venía desempeñando en el momento de su despido, con un salario promedio mensual de OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 13 CENTAVOS ($868. 795.13) MCTE. , más los aumentos legales y extralegales. TERCERO. Que como consecuencia de las declaraciones precedentes, se condene a la sociedad demandada a pagar a mi representada, los salarios que le correspondan desde la fecha del despido y hasta cuando se produzca en forma definitiva su reintegro. CUARTO. En SUBSIDIO de las pretensiones SEGUNDA Y TERCERA, solicito se condene a la demandada a pagar a mi demandante –sic- las siguientes sumas, por conceptos derivados del contrato que los vinculó: a) VEINTITRES MILLONES NOVECINTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS ($23.904.605.oo) Mcte., o la suma superior que se demuestre en el proceso, por concepto de INDEMNIZACION por despido injusto. b) TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL ONCE PESOS ($326.011.oo) Mcte,. Por primas convencionales de vacaciones causadas y no pagadas correctamente, c) CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($164.434.oo) Mcte. , por concepto de prima de Navidad convencional causada y no cancelada. D) VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($28.980.oo) Mcte. , equivalente al valor del último salario diario, y por concepto de indemnización moratoria, por cada día que transcurra entre el 18 de agosto de 1998 y la fecha en que se produzca el pago de las sumas adeudadas por salarios y prestaciones. e) Que se condene a la demandada a pagar a mi demandante –sic- , la INDEXACION del valor correspondiente a la indemnización por despido injusto, conforme al incremento del índice de precios al consumidor certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE o conforme a la certificación del Banco de la República sobre devaluación del peso colombiano, según lo que sea más favorable a mi poderdante. f) La PENSION DE JUBILACION A TITULO DE PENSION SANCION, tomando en consideración que mi representada tenía más de 20 años de laborar al servicio de la sociedad demandada, y que ésta rompió unilateralmente y en forma injusta la relación laboral, imposibilitando que la demandante pudiera seguir cotizando al régimen pensional que la cubría, y así poder lograr una Pensión de Jubilación liquidada con base en el salario que hubiese estado devengando en el momento de satisfacer el requisito de la edad. QUINTO. Que se hagan las declaraciones y condenas sobre los demás derechos probados en el Proceso, conforme a las facultades Ultra Extrapetita. SEXTO. Que en cada caso de oposición se haga la respectiva condenación en costas, incluidos honorarios de abogado. ” (fls. 10 y 11, C. Corte).

Con tal propósito formula tres cargos que fueron replicados y que en seguida se estudian.

PRIMER CARGO

Acusa la sentencia “ de ser violatoria por la VIA DIRECTA, de la ley procesal probatoria, en la modalidad de APLICACIÓN INDEBIDA de los artículos 194 y 213 del C. de P. C.; proveniente de la INFRACCION DIRECTA por FALTA DE APLICACION de los artículos 42, 44, 46, 47, 51, 56, 60 y 61 del C.P. del T. ; artículos 174, 175, 185, 195, 200, 201, 210, 232, 246 y 247 del C. de P.C., aplicable a los proceso laborales por remisión del artículo 145 del C.P. del T. ; normas instrumentales cuya vulneración condujo a la TRANSGRESION de normas sustanciales tales como los artículos 57 y 58 del C.S. del T. ; numeral 6 del apartado a) del artículo 7º del Decreto Ley 2351 de 1965, incorporado al artículo 62 del C.S. del T. ; numeral 6 de la Ley 50 de 1990, incorporado al artículo 64 del C.S. del T. ; artículos 48 y 49 del C. de Co.” (fl. 11, C. Corte).

En la demostración dice que el ad quem dio por demostrada la existencia del Manual de Funciones asignados al cargo que desempeñaba la actora y sus respectivos procedimientos, mediante confesión y testimonio, contrariando con ello el mandato del artículo 174 del C.P.C., en detrimento de las formalidades exigidas por los artículos 57 y 58 del C.S.T. Que para que un Manual cumpla la condición de norma de referencia, es menester que haya sido establecido por la autoridad administrativa competente, debe constar por escrito, ser difundido y conocido por los trabajadores, no pudiendo ser sustituidos por ninguna manifestación verbal; que al no haber procedido en tal forma la demandada, la actora no pudo cumplir su labor en los términos estipulados ni tampoco observar los preceptos del reglamento. Que cuando la ley exige determinada solemnidad no se puede admitir su prueba por otro medio.

Que “ Como alcance de la impugnación para este cargo, y demostrado como la indebida aplicación de normas procesales probatorias condujeron a la transgresión de las normas sustanciales citadas, solicito a esa H. Corporación se case la sentencia recurrida, y una vez convertida en sede de instancia, declare que el contrato de trabajo entre GLORIA SALDAÑA RAMIREZ –sic- y SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A., fue roto injustamente por ésta última, y la condene a pagar la indemnización de que trata el artículo 64 del C.S. del T. , modificado por el artículo 6 de la Ley 50 de 1990; más la indexación correspondiente.” (fl. 15, C. Corte).

LA REPLICA

Se remite a la sentencia de esta Sala del 18 de julio de 2001, radicación 15774, referente a que para la demostración de los hechos, las partes no tienen que estarse a la existencia de reglas internas, es decir a prueba específica o tarifa alguna, ya que pueden hacerlo por alguno de los medios autorizados por la ley.

SE CONSIDERA

El discurso de la censura básicamente apunta a demostrar que el Tribunal aplicó indebidamente normas procesales, en cuanto tienen que ver con la valoración de las pruebas, según lo dice, por valerse de la confesión y del testimonio, para “acreditar la existencia de funciones y procedimientos y endilgarle su incumplimiento a la actora, y declarar así, probada la justa causa del despido”, ya que ninguna manifestación verbal puede sustituir las formalidades de los manuales, a más de que éstos no fueron puestos a disposición de la demandante, por lo que no podía “realizar su labor ‘en los términos estipulados’, ni tampoco ‘observar los preceptos del reglamento”’.

Realmente no puede atribuírsele al fallador de alzada equivocación alguna violatoria de la ley, si para formar su juicio se valió de la prueba de la confesión y del testimonio, puesto que en los términos del artículo 61 del CPT, aquel está autorizado para formar libremente su convencimiento, no estando sujeto a la tarifa legal de pruebas, inspirándose en principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. De este modo, con el apoyo legal destacado, podía el ad quem de las varias pruebas que obraban en el expediente acoger aquellas que le brindaran un mayor convencimiento o certeza sobre la forma como ocurrieron los hechos.

En asunto adelantado contra la misma empresa, a propósito del punto analizado, tal como lo recuerda la réplica, se sostuvo los siguiente:

“Tanto la jurisprudencia como la doctrina han insistido, con sobrada razón, en atención a lo previsto en la ley positiva, que ésta ni en su parte sustantiva ni en la procesal exige para la demostración de los hechos en juicio que las partes tengan que estarse a la existencia de reglas internas que rijan la relación entre empleador y trabajador, esto es, que deban someterse a prueba específica o a tarifa alguna, en tanto, por el contrario, es admisible que para la demostración de las obligaciones de los trabajadores, sus responsabilidades y prohibiciones, puedan tenerse presentes uno cualquiera de los medios autorizados por la ley, conforme lo prescribe el artículo 51 del Código Procesal del Trabajo.” (Rad.15774, 18 de julio de 2001)

Además, visto el planteamiento general del cargo se advierte fácilmente que el mismo constituye la formulación de un típico error de derecho, entendido en los términos del inciso segundo del artículo 60 del Decreto 528 de 1964. Lo cual se evidencia cuando asevera que “como la esencia de los manuales, es su carácter formal, ninguna manifestación verbal puede sustituirlos” y mas adelante se fundamenta en el artículo 61 del C.P. del T., en la parte referente a que “cuando la ley exija determinada solemnidad ad sustantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otros medios.” Si ello es así, se debe concluir que la senda de ataque elegida por el censor no es la adecuada, pues el error de derecho debe proponerse por la vía indirecta.

Así las cosas, el cargo no prospera.

SEGUNDO CARGO

Acusa la sentencia de ser violatoria por la vía directa de la ley procesal probatoria, en la modalidad de infracción directa por falta de aplicación “ del artículo 252 del C. de P.C. , modificado por el numeral 115 del artículo 1º del D.E. 2282 de 1989; aplicable a los procesos laborales por remisión del artículo 145 del C.P del T., lo que genero –sic- la violación de importantes normas de orden procesal y probatorio, y por conducto de ellas, la violación de normas sustantivas de carácter laboral, tales como el numeral 6 del apartado a) del artículo 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965.” (fl. 15, C. Corte).

En la demostración dice que el manual de funciones y la identificación del puesto, a que se refiere la sentencia impugnada, fue aportado sin el lleno de los requisitos contenidos en el inciso 1º del artículo 252 del C.P.C., obrante a folios 142 a 149, y que el valorado por la sentencia obrante a folios 265 a 270 del expediente, no corresponde al entregado formalmente y que consta en el acta del 5 de septiembre de 2000; que al haberlo tenido en cuenta se vulneró el artículo 174 del C.P.C., puesto que se aportó en copia simple, sin firma alguna y sin membrete de la demandada; que se vulneró igualmente el artículo 187, de la misma normatividad, que preceptúa que la valoración de las pruebas debe hacerse libremente sin perjuicio de las formalidades prescritas en la ley sustancial para su validez, y el “aportado carece de certeza en cuanto a su autoría y demás características de expedición.” (fl. 16, C. Corte). Que con ello se transgredió el numeral 6 del apartado a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, “aplicando dicha norma para tipificarle a la demandante conductas constitutivas de causa justa para el rompimiento unilateral por parte del empleador de su contrato de trabajo.” (fl. 16, C. Corte).

LA REPLICA

Expresa el opositor que el cargo presenta semejantes consideraciones al primero, por lo que se remite a lo expuesto en él.

SE CONSIDERA

Se observa que la censura no incluyó entre las normas quebrantadas ninguno de los artículos que consagran los derechos, a cuyo reconocimiento aspira (las del reintegro o la indemnización por despido, la moratoria, pensión sanción, las de los beneficios convencionales etc), lo cual hace inestimable el cargo, dado que no basta con la acusación de normas procedimentales sino que es menester también hacerlo respecto de disposiciones de orden sustancial de alcance nacional consagratorias de derechos laborales.

Aunque lo anterior, sería suficiente para rechazar el cargo este tampoco tendría prosperidad alguna, conforme a continuación se explica:

Cuestiona la parte impugnante al tribunal por haber tenido en cuenta el manual de funciones visible a folio 265, por cuanto, dice, “no corresponde, aunque si presenta las mismas falencias, al entregado formalmente y del que da cuenta el ACTA del 5 de septiembre de 2000”, razón por la que se vulneró el artículo 174 del CPC, ya que “el manual “en cuestión se aportó en copia simple, sin firma o rúbrica alguna, pero ni siquiera en papel con membrete de la sociedad demandada”, a más de que se quebrantó el artículo 187 de la misma obra, dado que el “manual” aportado carece de certeza en cuanto a su autoría y demás características de su expedición” (folio 16 C. de la Corte).

El manual de funciones obrante a folio 265, apreciado por el ad quem, hace parte de una serie de copias que corresponden a la inspección judicial llevada a cabo dentro del proceso adelantado contra la misma demandada por GLORIA SALDAÑA RAMÍREZ, según constancia de la secretaría de la Sala Laboral de esta Corporación. De modo que desde esta perspectiva no puede aducirse que no tuviera autenticidad.

No obstante, en cuanto a la oportunidad para su aportación, se advierte que el apoderado de la parte demandada en la audiencia celebrada el 15 de diciembre de 2000 (folio 194), solicitó que se decretara la prueba enunciada como trasladada del juzgado 18 laboral del circuito, lo cual no fue aceptado por el juzgado, quien, sin embargo, señaló que en aras de buscar la verdad real se allegara pero sólo a “título informativo”. De esta suerte, realmente no podía entonces el tribunal tomar en cuenta el manual de funciones aludido para fincar su fallo, pues el valor probatorio le fue negado por el juzgado del conocimiento al no haber sido solicitado como prueba trasladada de otro despacho judicial.

Pese a lo afirmado, que evidencia la equivocación del sentenciador de segundo grado y que bien pudiera hacer fundado el cargo, ello no alcanzaría a destruir el fallo recurrido, puesto que aun cuando citó como prueba el manual de funciones, prácticamente de él no extrajó ninguna conclusión básica, tal como se observa en el siguiente pasaje de la sentencia: “”No puede aducir ignorancia de sus funciones o desconocimiento del manual, pues con la antigüedad que tenía en la empresa, es imposible desconocer los deberes del cargo, algunos tan de simple lógica, como los de contar el dinero que se entrega y se recibe, acto tan elemental para el que es innecesario impartir una específica disposición”. De este modo es tan clara la consideración del juez de apelación que no le concede importancia a una disposición del manual, sino a la circunstancia de antigüedad de la actora que le imponía no desconocer los deberes del cargo.

Pero además de lo dicho, el ad quem en seguida expuso: ”En efecto, la sala concluye de los descargo –sic- y de la prueba testimonial que con estas omisiones se faltó gravemente a sus obligaciones, además que obró con grave negligencia, lo que es inexplicable en un funcionario que debe cumplir con la responsabilidad que genera su cargo, pues está también aceptado que el manejo del fondo de cambio estaba bajo su responsabilidad”. Como puede apreciarse de este aparte del fallo, realmente las pruebas que le sirvieron de soporte y a las que le concedió mayor importancia fueron el acta de descargos y la testimonial, demostrándose así la irrelevancia del manual de funciones.

De todas maneras se repite, en sede de instancia la Corte al analizar la prueba anteriormente reseñada llegaría a la misma conclusión del fallador de la segunda instancia, lo que impediría casar la sentencia impugnada.

Por tanto el cargo no es de recibo.

TERCER CARGO

Acusa la sentencia de ser violatoria por la vía indirecta de la ley sustancial, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 58 y 60 del C.S.T.; artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, incorporado al artículo 62 del C.S.T.; artículo 115 del C.S.T., en relación con los artículos 42, 44, 46, 47, 51, 56, 60, 145 del C.P.T. (Decreto 2158 de 1948), en relación con los artículos 174, 175, 177, 185, 194, 200, 201, 210, 213, 232, 246 y 247 del C.P.C.; violación a que llegó el ad quem debido a errores evidentes de hecho por falta de apreciación de unas pruebas y errónea apreciación de otras.

PRUEBAS DEJADAS DE APRECIAR

“ 1. La documental que obra a folios 68 del C.P. y que corresponde a las fotocopias suministradas por la demandada, del formulario ARQUEO DE VALORES realizado el 17 de junio de 1998, suscrito por el AUDITOR SE –sic- SUCURSALES, el ADMINISTRADOR y la ACTORA, en el que se consignó un faltante del FONDO DE CAMBIO $187.900.oo sobre $16.000.000.oo, que era su valor, y no de 607.700.oo, como dice la carta de despido.

“ 2. La PRUEBA TRASLADADAsolicitada y decretada como tal, y referida en el HECHO 5º de la demanda. Con esta prueba se demuestra la insuficiencia de personal en las supertiendas y las múltiples tareas que deben atender los Supervisores o fiscales de Caja, y que explica porque –sic- no pueden estar contando a toda hora los dineros que custodian. (Folios 78 a 80 del C.P.).

“ 3. El memorando obrante a folios 63 a 65 del expediente y en el que se afirma que en el arqueo del 16 de junio, en la Caja de Cambio (el mismo Fondo de Cambio a que se refiere la carta de despido) conformado por ocho millones de pesos (la misma carta de despido afirma que valía $16.000.000.oo) se detectó un faltante de $187.900.oo (la carta de despido dice que era de $607.700.oo). ” (fl. 17, C. Corte).

PRUEBAS APRECIADAS ERRONEAMENTE

“ 1.- El libelo contentivo de la demanda que obra a folios 16 A 22 del Cuaderno Principal.

“ 2. La carta de despido de la actora obrante a folio 3 del C.P.

“ 3. ACTAS DE DESCARGOS LIBRE Y ESPONTANEA y DECLARACIONES LIBRES Y ESPONTANEAS rendidas por los trabajadores de la sociedad accionada; LILIA PARRA, GUILLERMO BELTRAN, FANNY GOMEZ, GLORIA SALDAÑA (Folios 6 a 9) y LUZ DARY MAYORGA (Folio 87).” (fls. 17 y 18, C. Corte).

ERRORES MANIFIESTOS DE HECHO

“ 1. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante desempeñaba las labores confiadas, guiada por la costumbre, la buena fe y el sentido de colaboración; toda vez que la sociedad demandada no le había definido formal y razonablemente la –sic- responsabilidades, funciones y procedimiento para el efecto; ni tampoco le había facilitado los instrumentos necesarios para el cabal cumplimiento de tales responsabilidades.

“ 2. No dar por demostrado, estándolo, que la insuficiencia de personal asignado a las supertiendas, obligaba a la demandante y demás empleados a improvisar turnos, reemplazos, funciones y procedimientos.

“ 3. Dar por establecido, sin estarlo, que la demandante incumplió obligaciones laborales formal y legalmente establecidas por la sociedad demandada

“ 4. No dar por demostrado, estándolo, que la sociedad demandada actuó de mala fe, pues a pesar de conocer las limitaciones de recursos humanos e instrumentos y medios materiales, le achacó a la demandante las consecuencias de tales limitaciones..

“ 5. No dar por demostrado, estándolo, que las actuaciones de la demandante estuvieron siempre signadas por la buena fe y exentas de culpa o dolo.

“ 6. Dar por establecido sin estarlo, que a la demandante se le presentó durante los días 17 y 18 de junio de 1998, un faltante en el Fondo de Cambio que manejaba, pro la suma de 607.700.oo —sic—.” (fl., 18, C. Corte).

En la demostración dice que en la sentencia recurrida se tomaron como pruebas, en contra de la actora, las declaraciones contenidas en el acta de descargos y en las declaraciones libres y espontáneas, constituyendo con ello un desaguisado mayor; que el empleador no puede preconstituir pruebas de las causales de terminación con justa causa del contrato de trabajo, cuyo procedimiento está establecido en el artículo 115 del C.S.T., el cual es de carácter restrictivo; que en el caso a estudio a la trabajadora no se le notificaron previamente cargos para preparar su defensa, con lo cual quedaba a expensas del funcionario de la demandada que la interrogó, porque tales declaraciones ni fueron libres ni espontáneas ya que fue compelida a asistir a tan singular diligencia; porque nadie puede crear unilateralmente un título a su favor, lo cual hizo la accionada con el acta de descargos y las declaraciones libres y espontáneas; porque el llamamiento a descargos hecho por la empresa pone al indagado en situación de intimidación y anonadamiento. Que tales llamamientos a descargos en vez de ser un instrumento de defensa de los trabajadores se han convertido en un requisito para el despido, como lo puntualiza la sentencia T-190 de 1999 del 17 de marzo de 1999, proferida por la Corte Constitucional.

Seguidamente presenta sus consideraciones sobre el contenido del documento de folios 63 a 65, de la declaración libre y espontánea rendida el 10 de julio de 1998 ante la Administración de Personal de la demandada por Luz Dary Mayorga (fls. 86 a 92), de Mónica Monroy Clavijo (fls. 173 a 181), la documental de folios 129 a 147; de cuyas pruebas concluye que presentan falencias administrativas, tales como : “ a) No existe una línea administrativa clara, al menos a lo tocante a los empleados de los almacenes como cajeros, supervisores, fiscales, etc. b) No existen manuales, instrucciones escritas, por las cuales se puedan guiar los empleados con claridad, con tranquilidad, sin dudas. c) Los empleados se deben guiar por la improvisación, por la inspiración, por el sentido común, sin tener certeza de que en cada caso concreto el sistema utilizado vaya a ser fructífero en lo objetivo y en lo subjetivo del agrado del superior. d) Los sistemas de arqueo, por ejemplo, son caóticos. Los retiros de retiro -sic- disímiles, por ello cada superior sanciona según su criterio, pero no gobernado por principios jurídicos que todo poder sancionatorio debe tener, aún en las organizaciones privadas: … e) Los trabajadores sancionados por la SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A., incluso con destitución, han sido víctimas de ese caos, pues en muchas ocasiones no saben como proceder. Los superiores sancionadores se han aprovechado de esa situación para despedir y sancionar según su criterio, pues ellos tampoco saben como actuar. f) El derecho disciplinario sancionatorio, como el Derecho Penal, deber ser claro, taxativo, la conducta y la pena deben estar previstas anticipadamente en una norma clara y suficientemente divulgada. Esos principios tan cercanos al debido proceso y al derecho de defensa son válidos tanto para el sector público como para el privado.” (fl. 22, C. Corte).

Afirma que a la actora, para poderle invocar la justa causa para la terminación del contrato de trabajo, se le crea confusión que la induce a aceptar no haber hecho arqueo al Fondo de Cambio; que la verdad es que tanto la demandante como su compañera de labores contaban los haberes del Fondo cuando las otras ocupaciones se los permitía; que al encontrar un faltante informaban al Administrador o a la Auditoría, y ellos procedían al arqueo; que la demandada no tenía equipo auxiliar como máquinas para contar billetes y monedas.

Que demostrados, “los errores de hecho en que incurrió el ad quem, y la trascendencia de los mismos en la sentencia acusada, y como alcance de la impugnación para este cargo, comedidamente solicito a la H. Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral- se sirva proceder conforme a lo solicitado en el alcance de la impugnación formulada –sic- en esta demanda.” (fl.23, C. Corte).

LA REPLICA

Expresa que el cargo adolece de defecto de técnica, pues la sentencia está fundamentada en varias pruebas para concluir la justeza del despido, como lo son los memorandos de folios 65, 66 y 67, y la declaración de Luis Ignacio Martín Nuñez, de folios 97 a 101, que no fueron atacadas en la demanda de casación y que, acorde con la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, el recurrente está obligado a demostrar el error en cada uno de los soportes fácticos del fallo. En apoyo de su consideración, transcribe el aparte pertinente de la sentencia de esta Sala del 18 de julio de 2001, radicación No. 15.774. Agrega que el tribunal formó su convencimiento, de la justa causa del despido, mediante extenso análisis de la prueba aportada; que en la demanda de casación, que más bien parece un alegato de instancia, no se demuestra error de hecho con el carácter de evidente, por lo que tampoco es viable para quebrar la sentencia recurrida.

SE CONSIDERA

En primer lugar observa la Corte que el memorando de folio 65, sí fue valorado por el Tribunal, pues el mismo fue relacionado en el fallo, tal como aparece a folio 358 del C. 1. Por tanto, la Corte no entrará a analizarlo dado que fue acusado como dejado de apreciar.

Tampoco la censura se ocupó de acusar como mal apreciadas la declaración ofrecida por LUIS IGNACIO MARTÍN NÚÑEZ y el reglamento interno de trabajo, que le sirvieron al ad quem para edificar su decisión. En estas condiciones, la sentencia queda incólume soportada en la conclusión que de estos medios probatorios hizo el fallador de alzada.

De otro lado, la parte recurrente en el desarrollo del cargo, al ocuparse de la diligencia de descargos no cuestiona su contenido o lo mal apreciado de ella por el sentenciador, sino que dice que no tiene ningún valor, acorde con el artículo 115 del CST, porque previamente no hubo cargos, la declaración no fue libre ni espontánea, ya que “los trabajadores fueron compelidos a asistir a tan singulares diligencias”, la accionada “prefabricó las puebas en contra de la trabajadora”. En estas condiciones, es evidente que la Corte no puede aprehender el examen de esta probanza, puesto que los aspectos antes destacados respecto a la forma como ella se evacuó, no muestran su equivocada apreciación, que es la condición necesaria e indispensable para que en un momento dado salga avante uno o varios de los errores de hecho imputados.

Valga agregar que el artículo 115 del CST, prevé el procedimiento para imponer sanciones disciplinarias al trabajador, al cual debe ceñirse estrictamente el empleador cuando a ese fin apunta, descartando su aplicación cuando se trata del despido —que no es una sanción disciplinaria—, pues si la falta da lugar a la terminación del contrato de trabajo, la ley laboral no prevé ningún mecanismo o trámite previo a tal determinación, excepto en los casos en que procede el preaviso, según la clase de falta cometida (Art.7º Dcto.2351/65), dejando a salvo, obviamente, de este concepto lo que al respecto se hubiera pactado en el contrato de trabajo, convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral, etc. 

Dice la parte impugnante, en relación con la documental obrante a folios 129 a 147 que “fue producida sobre la marcha del proceso y entregada al Despacho después de 2 años de iniciado el mismo, no fue conocida nunca antes por la demandante, a pesar de que supuestamente contiene las funciones y procedimientos que ella debía observar en su calidad de Supervisora de Caja. Ni siquiera los administradores de la Supertienda conocían tales instructivos”. Como puede verse, aquí tampoco la censura controvierte el contenido de la aludida documental, sino lo que tiene que ver con la aportación, tema éste que no puede dilucidarse por la vía de los hechos que fue la que el cargo adoptó, sino por la de estricto derecho.

Las restantes pruebas corresponde a testimonios y versiones libres rendidas administrativamente por otros compañeros de labores de la actora, que no pueden estudiarse, dada la restricción prevista por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, por no ser prueba susceptible de análisis en casación, salvo cuando se ha demostrado un error evidente de hecho con prueba calificada.

Por tanto, el cargo no prospera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 31 de agosto de 2001 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., dentro del juicio ordinario laboral que le adelanta AURA LILIA PARRA LOPEZ a la sociedad SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

Costas a cargo de la parte actora.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Luis Gonzalo Toro CorreaFrancisco Escobar HenríquezJosé Roberto Herrera VergaraCarlos Isaac NaderIsaura Vargas DíazFernando Vasquez Botero.

Jesús António Pastas Perugache, Secretario.