Sentencia 17979 de noviembre 12 de 2003 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

COHECHO PROPIO

INVESTIGACIÓN A PARTIR DE INFORMACIÓN ANÓNIMA

EXTRACTOS: «1. Incurre en el delito de prevaricato por acción el servidor público que sin justa causa y con el ánimo consciente y voluntario de violar la ley, profiere resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a ella. El motivo que impulsa la conducta puede ser cualquiera: entre otros, simpatía, antipatía, amistad, enemistad, interés, capricho, coacción y naturalmente dinero u otra utilidad.

2. Este último móvil del prevaricato configura a su vez el delito de cohecho propio, que fue desde el comienzo contemplado como hipótesis delictiva en el presente caso, sin ninguna duda a partir de las llamadas telefónicas recibidas en la división de investigación del cuerpo técnico de policía judicial de la fiscalía y en la dirección seccional de fiscalías de Bogotá.

A través de las mismas una persona que no se identificó y que posiblemente era la misma que se venía comunicando desde marzo de 1998 con la primera de las dependencias mencionadas alrededor del mismo tema, indicó el 18 de mayo de ese año que se estaba llegando a un acuerdo consistente en que a cambio de 7 millones de pesos la Fiscalía Y omitiría imputarles “concurso de delitos“ a las procesadas Yuriba... y Diana..., y las dejaría en libertad. Es lo que consta en el informe de esa fecha suscrito por un analista del CTI (3) . En el rendido por el mismo servidor público el 22 de mayo siguiente, relativo a una nueva llamada, comunica que el delator anónimo señaló que “al parecer“ el arreglo “con la Fiscalía Y” era por la suma de 10 millones de pesos, a cambio de omitir el delito de cohecho, para sustraer a las sindicadas del concurso de delitos y generar un escenario favorable para su liberación (4) .

(3) Folio 2/1.

(4) Folios 12 y 118/1.

Ese mismo 22 —de acuerdo con la constancia que suscribió— la empleada de la dirección seccional de fiscalías de Bogotá Stella... recibió 3 llamadas telefónicas (9 a.m., 11:15 a.m. y 2:20 p.m.) “de una persona que se identificó como informante del cuerpo técnico de investigación“, a través de las cuales hizo referencia a unos hechos irregulares que estaban sucediendo en la Fiscalía Y delegada ante los jueces penales del circuito, “relacionados con la entrega de varios millones de pesos, a cambio de la libertad (ese mismo día) de unas mujeres que se encontraban detenidas en El Buen Pastor“ (5) .

(5) Folio 43/1.

3. Indiscutiblemente esa denuncia anónima fue la génesis de la investigación. A pesar de no provenir de autor conocido, contenía datos susceptibles de comprobación a través de los medios de prueba autorizados por la ley y por tal razón no fue rechazada de plano, con sustento en el artículo 38 de la Ley 190 de 1995.

El proceso de verificación tuvo lugar inmediatamente y condujo a establecer que la fiscal Y seccional de la unidad 2ª de delitos contra el patrimonio económico adelantaba, en efecto, el proceso penal en contra de las personas mencionadas por el informante anónimo y que acababa de dictar una providencia concediéndoles la libertad provisional, que fue más tarde revocada —sin cumplirse— por la fiscal 102 seccional, a la cual se reasignó el expediente por orden de la jefe de la unidad de fiscalía.

Logró determinarse igualmente, como adelante se verá, la contradicción ostensible entre ese pronunciamiento, en el que igualmente la funcionaria precluyó la instrucción por la conducta punible de cohecho, y la ley.

3.1. En ningún momento se consiguió acreditar, sin embargo, que el origen de la prevaricación haya sido el dinero. Aunque a través de la información suministrada telefónicamente a las autoridades se señaló que la libertad la lograrían las sindicadas a cambio de 7 ó 10 millones de pesos, la misma, en cuanto anónima, no es prueba. Y, salvo para el fin que se le utilizó, esto es como mecanismo de promoción de la acción penal, no puede ser empleada para ningún otro efecto y mucho menos para derivar de allí la conducta de cohecho, como equivocadamente lo hace la primera instancia.

Que los datos de origen anónimo referidos al proceso penal hayan coincidido con la realidad, no significa que los mismos, por el hecho de su comprobación, se constituyan en evidencias probatorias, sino que son tales las pruebas a través de las cuales se obtuvo su acreditación en las distintas fases procesales. Por consiguiente, si algunos de ellos, y específicamente la promesa de dinero que a juicio del tribunal fue el móvil del pronunciamiento cuestionado, no se logró demostrar con cualquiera de los medios probatorios previstos en el Código de Procedimiento Penal, es claro para la Corte que a partir de la constatación de las demás informaciones anónimas, no es posible otorgarle a esa denuncia una fuerza persuasiva de la que naturalmente carece, para considerar configurada la conducta de cohecho, porque sencillamente no es prueba, como se dijo.

3.2. Las llamadas anónimas, entonces, así hayan reportado hechos ciertos, no prueban el delito de cohecho que se le imputó a la doctora Q... Ni siquiera si se conjugan con la circunstancia de que el defensor de Diana... y Yuriba..., en un acto que les causó extrañeza a los empleados de la unidad de fiscalía, haya llevado los títulos de depósito judicial correspondientes a la caución que fijó la funcionaria como condición para gozar de libertad provisional, antes de que el expediente regresara del despacho a la secretaría.

En el contexto de lo sucedido se trata de un proceder inusual, significante de “la forma rápida como se intentó tramitar la libertad“ (6) , pero que en manera alguna permite deducir —como lo hizo el a quo— que el proferimiento de la resolución del 22 de mayo de 1998 estuvo determinado “por la ilegal promesa remuneratoria efectuada por terceros a la incriminada“.

(6) Página 25 de la sentencia apelada.

No es cierto, de otra parte, que la estructuración del cohecho haya develado lo que sucedía en el proceso penal que adelantaba la funcionaria acusada.

No entiende la Corte sobre qué base el tribunal efectúa esa afirmación, cuando lo manifiesto es que la información anónima, y solo ella, alertó sobre posibles irregularidades en dicho trámite, que se constataron directamente en el expediente y a través de prueba testimonial, debiendo señalar la Corte categóricamente que ni esos medios probatorios ni los demás allegados al proceso, en contra de la exfiscal se refieren al ofrecimiento y aceptación de la promesa remuneratoria por parte de la funcionaria, en orden a dictar una resolución contraria a sus deberes oficiales.

Y por vía de indicios tampoco es viable inferir la corrupción. En la resolución de acusación se habló del de “motivación“, se le consideró grave y se edificó a partir del difícil estado económico que atravesaba la fiscal.

Aunque no cabe duda que era así, que la doctora Q... presentaba mora en todas sus obligaciones bancarias y también en las adquiridas con personas cercanas que laboraban al servicio de la rama jurisdiccional (lo cual habla trascendido hasta el punto de ocasionarle llamados de atención de sus superiores), no se trata de una circunstancia indicativa de que necesariamente actuó por dinero. Era una situación, claro, que razonablemente lleva a pensar que pudo haberlo hecho, pero que por sí misma no prueba ni el ofrecimiento ni la aceptación de remuneración alguna. Pensar al contrario implicaría admitir la regla absurda de que el servidor público que pasa por un momento económico aciago busca superarlo a través del delito, lo cual ni siquiera es aceptable frente a la hipótesis de que coincidentemente haya dictado una decisión contraria a la ley.

3.3. En conclusión, ante la ausencia de certeza probatoria para condenar a la procesada por el delito de cohecho, se revocará el fallo impugnado en lo pertinente y, en su lugar, será absuelta por ese cargo.

4. Otro es el análisis frente a la conducta punible de prevaricato por acción, de la cual, como lo concluyó el tribunal, la procesada es responsable.

(...).

5. Como consecuencia de la absolución que se adoptará en relación con el delito de cohecho propio, le corresponde a la Sala redosificar la pena, sin que sea viable agravar la situación de la procesada, en consonancia con el artículo 31 de la Constitución Política y aclarando que el artículo 413 de la Ley 599 de 2000, que empezó a regir con posterioridad a la expedición de la sentencia impugnada, no le resulta favorable. El mismo, a pesar de que conservó la pena de prisión entre 3 y 8 años prevista en el artículo 149 del Código Penal de 1980, aumentó a 200 salarios mínimos el extremo superior de la multa (eran 100 en el estatuto derogado) y fijó la inhabilitación de derecho y funciones públicas entre 5 y 8 años.

Así, pues, se le impondrá a la doctora Q... la pena mínima privativa de la libertad prevista para el delito de prevaricato por acción en el artículo 149 del Código Penal de 1980, es decir tres (3) años de prisión, se ratificará la de multa de 50 salarios mínimos legales mensuales que igual es la menor consagrada en la disposición y también la decisión de condenarla a la pena de interdicción de derechos y funciones públicas por un término igual al de prisión».

(Sentencia de segunda instancia, 12 de noviembre de 2003. Radicación 17.979. Magistrado Ponente: Dr. Yesid Ramírez Bastidas).

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