Sentencia de casación de mayo 18 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

DACIÓN EN PAGO

DETERMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN SUSTITUTIVA

EXTRACTOS: «10. Las partes de este proceso están de acuerdo en que “Casa Toro S.A. inició conversaciones con su acreedor para proponerle una dación en pago para solucionar las obligaciones cambiarias” (segundo colon del hecho segundo de la demanda y respuesta a él de la contestación, fls. 21 y 56, c. 1), pero discrepan en la culminación o perfeccionamiento del negocio.

Es cierto entonces que la sociedad demandante Casa Toro S.A. como deudora de la sociedad demandada Compañía de Financiamiento Comercial Grancolombiana S.A., de la suma de dinero equivalente a $ 84.531.623 según la primera o a $ 84.531.620 conforme con la segunda (respuesta al hecho primero, fl. 56), representada en 4 pagarés, propuso pagar su deuda dando a su acreedora “acciones de la sociedad (Compañía de Financiamiento Comercial Grancolombiana de Promociones Pronta S.A.” que formalizó “convirtiéndola en una oferta escrita que, con fecha 30 de enero de 1984, entregó a su acreedor” (hecho tercero, fl. 21), oferta que la demandada recibió mas “no fue aceptada” (contestación de ese hecho, fls. 55 in fine y 56). El objeto debido era, pues, una suma de dinero que la deudora propuso sustituir por acciones que tenía en Pronta S.A.

Siendo así la cuestión fundamental, conviene precisar el negocio que la deudora ofreció a su acreedora, encaminado a solucionar la prestación que en dinero tenía a su cargo.

11. El negocio datio in solutum necessaria, admitido con timidez en el derecho romano justinianeo, permitía al deudor de dinero que sin su culpa no pudiere procurárselo, o conseguir otros muebles para pagar, ofreciera en pago bienes inmuebles justamente estimados (Instituciones de derecho romano, Pedro Bonfante, Instituto Editorial Reus, tercera ed., Madrid, pág. 424), requiriendo ya desde luego el consentimiento del acreedor.

Desde entonces se discute la naturaleza jurídica del negocio, no en cuanto a modo de extinguir obligaciones, sino en lo que respecta al ser ontológico en el campo del derecho, naturaleza que frecuentemente es necesario precisar en orden a determinar su perfeccionamiento según los elementos esenciales.

Se opinó preponderantemente primero que la in solutum datio era una compraventa o una permuta, de manera que si la cosa dada en reemplazo del dinero resultaba pertenecer a un tercero y era evicto el acreedor, el negocio de dación era nulo, reviviendo la obligación con sus garantías y modalidades especiales (Guillermo F. Margadant. Derecho romano. Editorial Esfinge S.A., México, segunda ed., pág. 373).

No pudiendo el deudor obligar al acreedor a recibir en pago de la deuda una cosa distinta de la debida, es indispensable el consentimiento del segundo para que la dación produzca el efecto querido por el deudor.

“532. El deudor puede algunas veces obligar al acreedor a recibir en pago de lo que le es debido otra cosa; a saber, cuando dicha facultad le ha sido concedida, ya sea por el contrato, ya sea por alguna convención posterior (L. 57; L. 96, t. 2, D. Solut)” (R.J. Pothier. Tratado de las obligaciones. Edit. Atalaya, Buenos Aires, pág. 338).

Generalizada la figura como modo de extinguir obligaciones no solamente en dinero, sino de cualquiera clase que fuere el comportamiento del deudor y su contenido —de dar, de hacer o de no hacer— en la dación en pago se vio no ya una compraventa o una permuta, sino una novación, o una compensación, cuando no “pretenden amalgamar ambas tesis” (Guillermo Ospina Fernández. Régimen general de las obligaciones. Edit. Temis, reimpresión de la cuarta ed., Nº 630, pág. 420).

La doctrina contemporánea propende, por un lado, por estructurar una figura autónoma cuyo efecto es el de extinguir la obligación sin dar nacimiento a una nueva y, de otro, por exigir una regulación legal expresa y clara (Ospina Fernández, ob. cit., págs. 420 y 421).

Con este criterio, uno de los elementos esenciales de la dación en pago es la determinación de la prestación sustitutiva y de los términos en que habrá de ser intercambiada con la inicialmente debida, en vista de la función liberatoria que la figura por definición está llamada a cumplir, de donde se sigue que si, verbi gracia, la prestación del deudor que sustituye la de pagar dinero, es la de transferir el dominio de bienes muebles, necesario resulta definir por lo menos esos términos o sea el alcance voluntario del “aliud pro alio”, expresión esta que como se sabe alude al modo convenido de establecer el valor de la prestación sustituida, así se le denomine precio, lo que por supuesto pone de presente que es necesario el acuerdo de las partes, tanto respecto de la prestación sustituida como de la sustituyente y el alcance que el intercambio tenga en orden a extinguir la obligación de la que la primera es objeto, efecto que no podría conseguirse si las personas vinculadas no determinan los respectivos valores al tenor de los cuales habrá de operar la sustitución, o no dan por lo menos los elementos para determinarlos. Es necesario así, para que la dación en pago se perfeccione, determinar el valor —o precio— del objeto de la nueva prestación, dado que de su fijación exacta depende la aquiescencia del acreedor a recibir algo distinto del dinero adeudado con la finalidad específica de liberar al deudor.

12. En este asunto, el ad quem consideró que el 15 de marzo de 1984 la sociedad demandada “en respuesta a una oferta anterior” emitió una “aceptación condicionada a dos eventualidades, la primera de ellas que el precio de las acciones no superara cierto límite y que además se contara con la venia de la Comisión Nacional de Valores”, residiendo en ese acto la “simiente del negocio jurídico, pues al introducirse una condición a la aceptación, la demandada generó una nueva oferta”. Agrega renglones adelante: “La nueva oferta, cuyos componentes dejó descritos la Sala, fue aceptada por la demandante, aceptación que tornó irrevocable la propuesta y perfeccionó el negocio jurídico querido por las partes”.

Si como lo manda el artículo 845 del Código de Comercio, la oferta o propuesta, “esto es, el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, deberá contener los elementos esenciales del negocio” y el juzgador vio en la carta del 15 de marzo de 1984, emitida por el suplente del gerente de la demandada y dirigida al gerente de la demandante (fol. 7, c.1), una oferta completa, evidentemente si el negocio que las partes se proponían convenir consistía en que la sociedad demandante como deudora diera en pago de la deuda contenida en cuatro pagarés acciones suyas en Pronta S.A., y que la sociedad demandada como acreedora aceptara la sustitución del dinero debido por las acciones, síguese que examinado dicho documento en él no se detallan los elementos esenciales del negocio querido por las partes, como que allí ciertamente no se fija el precio de cada acción para determinar la cuantía del total y desde luego si se cubría la totalidad de lo adeudado incluyendo intereses, o valían más o valían menos, puesto que lo que respecto de ese elemento se ve en el citado escrito es que “...acordando sin embargo que el valor unitario de la acción a recibir no debería sobrepasar en ningún caso el valor intrínseco de la acción de Pronta el cual según nuestros cálculos presenta un valor a noviembre de 1983 de $ 10.83”. Lo expresado entonces en relación con el precio de la acción unitaria que la demandante tenía en Pronta S.A. y se proponía dar en pago de la suma de dinero, es que el valor unitario de las acciones no debería sobrepasar en ningún caso el valor intrínseco, que según los cálculos de la demandada era de $ 10.83 en noviembre de 1983. Luego es evidente que no se determinó el valor unitario de transferencia de las acciones, ni se indican elementos para determinarlo, y mucho menos cuando termina la demandada pidiendo a la demandante explicaciones al respecto a la mayor brevedad. Siendo así, claramente se advierte que la demandada no estaba formulando una nueva oferta a la demandante, sino señalando apenas una base para una futura negociación, en camino de formalizarse, referida dicha base al precio mínimo de las acciones y pidiendo las explicaciones al respecto. En ese documento no se ven los elementos esenciales, entre ellos el precio de cada acción para establecer el valor total y encontrar su confluencia con el monto de la deuda, del pago por dación que la demandante había propuesto a la demandada. La junta directiva de la sociedad demandada en la sesión del 30 de enero de 1984 que consta en acta Nº 89, en lo concerniente al negocio ofrecido por Casa Toro S.A. según solicitud recibida y “por la cual ofrece a la compañía cancelar el total de sus obligaciones por una cifra cercana a los 85 millones de pesos, entregando mediante dación en pago la cantidad de 8.453.110 acciones de Pronta S.A. a un valor unitario, equivalente al valor intrínseco de la acción de Pronta a diciembre 31 de 1983” (fol. 334, c.1), “...autorizó recibir en pago las mencionadas acciones, sujeto a las aprobaciones respectivas tanto por la Comisión Nacional de Valores como por la Superintendencia Bancaria y facultó al representante legal para acordar el valor unitario de la acción de Pronta en las condiciones más favorables para la compañía, y sin que en ningún caso exceda el valor intrínseco certificado por el revisor fiscal de dicha empresa a diciembre 31 de 1983” (ídem). Luego lo que quiso la demandada fue que su representante legal acordara el valor unitario de las acciones de Pronta que la demandante ofrecía transferir en pago de la obligación en dinero, y por eso la carta del 15 de marzo donde se emitió un cálculo sobre ese valor en noviembre de 1983.

El valor intrínseco de la acción no estaba determinado, ya que la Superintendencia Bancaria así se lo hizo saber a la demandada en la comunicación Nº 40932 del 5 de octubre de 1984 (fol. 295, c.1), pues el fijado en $ 9.04 lo fue basado en el balance del 31 de diciembre de 1983, mas ese precio se ha reducido sustancialmente, de manera que para fijarlo era necesario hacerlo con apoyo en balances actualizados que esa entidad autorizara luego de su estudio detallado.

Deviene claro que el Tribunal vio en la mentada carta del 15 de marzo de 1984 una oferta hecha por la demandada a la demandante con todos los elementos esenciales de la dación en pago de acciones en una compañía a cambio de dinero, cuando ciertamente no se indica el precio o el valor de cada acción para determinar la cuantía total, y no advirtió que el negocio lo aceptaba la acreedora con los requisitos que su junta directiva precisa en su sesión del 30 de enero de 1984, como tampoco se percató que el valor de las acciones de la sociedad que ofrecía en pago la deudora, venía disminuyendo, y que para fijarlo exactamente se necesitaban balances actualizados autorizados por la Superintendencia Bancaria. Por esos errores de hecho, que son evidentes, fue por lo que el Tribunal accedió a las pretensiones.

Se impone, pues, casar la sentencia impugnada y pronunciar la sustitutiva.

Sentencia sustitutiva 

13. Colócase la Corte de esta manera en sede de instancia, debiendo proveer sobre la alzada que contra la sentencia de primer grado interpuso la parte demandada.

Visto como está al despachar el cargo que evidentemente si las partes se propusieron culminar una dación en pago dando la demandante como deudora la cantidad de acciones que poseía en Pronta S.A. y que la demandada como acreedora recibiría, el negocio no alcanzó a perfeccionarse, como que la oferta de Casa Toro S.A. no fue aceptada y no hubo por parte de Grancolombiana S.A. una nueva oferta, sino una solicitud de explicaciones acerca de lo aprobado por su junta directiva en torno al valor intrínseco de la acción, que no debería en ningún caso ser superior al que conviniera para efectos de la dación en pago.

Únese como elemento que permite arribar a la precedente conclusión, lo admitido por la demandante cuando su representante en la audiencia de interrogatorio de parte del 13 de noviembre de 1986 (fols. 169 al 171 v. c.1), a la pregunta 5 respondió que el precio intrínseco no se acordó como elemento del negocio, contrariando lo que la junta de la demandada había convenido como requisito, valor intrínseco que no conocía para el 31 de diciembre de 1983, valor que manifestó no conocía para esta fecha según respondió a la pregunta 8.

Frente a las pruebas mencionadas en el cargo y a lo admitido por el demandante en el citado interrogatorio, forzoso es concluir que si no se perfeccionó el negocio de dación en pago, por no haber confluido las partes en una propuesta completa, las pretensiones tienen que fracasar, porque, adicionalmente, el demandante no se preocupó por demostrar que ciertamente la sociedad demandada, a pesar de su resistencia, hubiera ejecutado actividades que demostraran que el negocio querido tuviera un desarrollo según lo ofrecido por los sujetos de la obligación dineraria, lo que conduce a revocar la sentencia apelada para, en cambio, denegar las pretensiones y absolver a la demandada, con imposición de las costas de las dos instancias a la parte demandante, sin lugar a pronunciamiento de excepciones de mérito como es obvio, y sin condena en costas en el recurso extraordinario».

(Sentencia de casación, mayo 18 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo García Sarmiento).

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