Sentencia 18010 de marzo 9 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 18.010 (R-00018)

Consejera Ponente (E):

Dra. Gladys Agudelo Ordóñez

Actores: Martha Patricia Romero Pérez y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

Bogotá, D.C., nueve de marzo de dos mil once.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir los recursos de apelación formulados por las partes contra la sentencia de 20 de enero de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se declaró la concurrencia de culpas por la muerte de Jairo Enrique Roldán Concha y Mauricio Antonio Buelvas García.

Previo a decidir el asunto puesto a consideración de la Sala, es pertinente manifestar que, de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y, por lo tanto, el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado la providencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En el presente asunto tanto los actores como la entidad demandada formularon recurso de apelación contra la sentencia de 20 de enero de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, razón por la cual el juez tendrá competencia en el sub lite para pronunciarse sin limitación alguna sobre todos los aspectos materia de la controversia.

Prueba trasladada

Además de las pruebas aportadas en la demanda, los actores solicitaron el traslado de las pruebas obrantes en los procesos penal y disciplinario, seguidos contra los agentes de policía que participaron en los hechos en los cuales murieron Jairo Enrique Roldán Concha y Mauricio Antonio Buelvas García (fls. 12, 13, 107, cdno. 1, fl. 19, cdno. 2).

En cuanto al traslado de pruebas esta Sección ha expresado que aquellas que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra la cual se aducen o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquélla, no podrán ser valoradas en el primer proceso(3). También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que en tales casos resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(4).

De no cumplirse ninguno de los mencionados requisitos, la posibilidad de apreciar tales pruebas dependerá de si en el proceso al cual se trasladan se atienden las formalidades que la ley ha establecido respecto de cada una de éstas, asunto ya precisado por la Sala en los siguientes términos(5):

“… El artículo 229 del mismo código dispone:

“Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:

“Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior.

“Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.

“Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

“Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”.

“Conforme a lo anterior, se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquél en el que se pretende su valoración sólo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando son trasladados, en copia auténtica, y siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. Si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente (se resalta).

En relación con la diligencia de indagatoria practicada dentro de un proceso penal, debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que no puede ser trasladada a un proceso administrativo, ya que no puede valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero, que no se identifica con la entidad estatal que tiene la calidad de parte dentro del proceso administrativo, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración del respectivo agente estatal, dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse la práctica de su testimonio (se resalta).

En cuanto a los documentos, públicos o privados autenticados, podrán ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, una vez allegado el documento, deberá expedirse un auto que ordene tenerlo como prueba; la parte contra la cual se aduce podrá tacharlo de falso dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Debe tenerse en cuenta que, según lo dispuesto en la misma norma, no se admitirá la tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica.

Sobre los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil establece que deberán ponerse en conocimiento de las partes por el término de tres días, para que puedan pedir su complementación o aclaración, de manera que, una vez trasladados a un proceso administrativo, deberá surtirse este trámite para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la que se pretenden hacer valer.

Finalmente, las inspecciones judiciales y los dictámenes periciales no pueden trasladarse a procesos distintos de aquéllos en los que fueron practicados, cuando ello no se hizo a petición o con audiencia de la parte contra la cual se aducen. En efecto, para garantizar el derecho de contradicción, estas pruebas deben practicarse, en todo caso, dando oportunidad a las partes de estar presentes, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 237 y 246 del Código de Procedimiento Civil, lo que, obviamente, no podrá lograrse con el simple traslado posterior del acta o del informe respectivos. Por lo anterior, la inspección o el peritazgo deberán practicarse nuevamente en el nuevo proceso”.

Aplicando estos criterios al presente asunto, encuentra la Sala que las pruebas trasladadas del proceso penal que cursó inicialmente en la Fiscalía General de la Nación y posteriormente en la justicia penal militar, podrán valorarse en el sub lite, toda vez que tanto los demandantes como la demandada solicitaron su traslado al proceso contencioso administrativo y el tribunal lo decretó mediante auto de 27 de mayo de 1995 (fls. 121, 122, cdno. 1). Además, tales pruebas obran en copia auténtica, por cuanto fueron remitidas al proceso por el Juzgado 137 de Instrucción Penal Militar, adscrito al Comando de Policía de Casanare, mediante Oficio 75 de 9 de junio de 1999 (fl. 37, cdno. 4). Y si bien no obra un auto mediante el cual tales pruebas fueron incorporadas al plenario, lo cierto es que éstas siempre han permanecido a disposición de las partes a lo largo del proceso, lo cual garantiza su derecho de contradicción, como en efecto ha ocurrido en el sub lite, pues tanto en los alegatos de conclusión como en el recurso de apelación las partes han tenido la oportunidad de referirse a ellas y expresar sus diferentes puntos de vista.

No obstante ello, las diligencias de indagatoria rendidas por Ismael Ramírez García, Ronel Arturo Silva Pérez, Fabio Heriberto Niño Hernández, Rosendo Vigoya Umaña, Gonzalo Meneses Barón y Carlos Andrés Bustacara Duarte (fls. 59 a 64, 65 a 71, 74 a 76, 82 a 84, 175 a 185, cdno. 4) no podrán valorarse en el sub judice, si se tiene en cuenta que la indagatoria no cumple los requisitos del testimonio porque no se realiza bajo la gravedad del juramento.

Tampoco podrán valorarse las declaraciones extraproceso ante notario, visibles a folios 25 a 31 del cuaderno 1, teniendo en cuenta que las declaraciones extrajuicio ante juez, notario o alcalde (una de las modalidades de pruebas anticipadas), son restringidas por la ley como medio de prueba en actuaciones judiciales a dos situaciones: I) cuando la persona que declara está enferma y, II) cuando la declaración tenga como objeto servir de prueba sumaria en determinado asunto para el cual la ley autoriza esta clase de prueba (CPC, arts. 298 y 299)(6). Y como ninguno de estos supuestos de ley se dio en este caso, aunado al hecho de que tales declaraciones no fueron ratificadas en este proceso ni practicadas con audiencia de parte, las mismas no podrán valorarse.

En cuanto a las pruebas que reposan en el proceso disciplinario que fue trasladado al proceso contencioso administrativo (cdno. 3), es menester señalar que éstas tampoco podrán valorarse en este caso porque obran en copia simple(7), pues ni siquiera obra un oficio remisorio de la entidad que adelantó dicho proceso.

Teniendo en cuenta lo anterior y de conformidad con las pruebas válidamente practicadas en el proceso, se encuentra acreditado lo siguiente:

a) El 13 de agosto de 1998, en hechos ocurridos en el municipio de Monterrey, departamento de Casanare, perdieron la vida violentamente Jairo Enrique Roldán Concha y Mauricio Antonio Buelvas García. Así lo acreditan los registros civiles de defunción (fl. 100, cdno. 4; fl. 38, cdno. 2), las actas de levantamiento (fls. 39 a 50, cdno. 4) y las necropsias practicadas a los cadáveres de las víctimas por el Instituto Nacional de Medicina Legal (fls. 110 a 113, cdno. 4).

De acuerdo con lo anterior, no hay duda que el hecho dañoso del cual se derivan los perjuicios cuya indemnización se solicita, se encuentra debidamente acreditado.

b) En cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos en los cuales perdieron la vida Jairo Enrique Roldán Concha y Mauricio Antonio Buelvas García, obra lo siguiente:

Informe del Comandante de la Estación de Policía de Monterrey, departamento de Casanare:

“Respetuosamente me permito informar a mi Coronel sobre la novedad ocurrida el día 130898, a las 00:15 horas, en las horas de la noche aproximadamente a las 23:40 horas recibo información de parte del señor Subteniente Hugo Armando Díaz Villamil, comandante base militar de esta localidad, donde manifiesta estar pendientes de un carro Trooper, azul oscuro, en el cual los ocupantes del mismo le realizaron unos disparos. A las 23:15 horas escuchamos unas detonaciones al parecer de armamento de largo alcance (fusil) hacia el sector donde se encuentra la base militar, posteriormente a las 23:50 horas se vuelven a escuchar varias detonaciones, al parecer de fusil por el sector de la Estación de Servicio de Monterrey, instantes después incursionó un vehículo Trooper, color azul oscuro, similar a las características del vehículo informado por el señor Subteniente Comandante de la Base Militar, vehículo de placas CRU 514, embarrado, con exceso de velocidad, luego de haber girado en la esquina del Centro de Salud, más exactamente en la carrera 11 con calle 15 esquina con dirección a la Estación, gira por la calle 16 hacia la carrera 10 llevándose por delante los conos reflectivos que se habían instalado para cerrar la vía, se le hizo llamados de advertencia por parte de los uniformados para que detuvieran el vehículo para ser identificados, haciendo caso omiso de las advertencias del personal de la unidad policial, continuaron la marcha aumentando la velocidad dirigiéndose hacia la parte frontal o delantera de la estación, por lo cual autoricé al señor agente Niño Hernández Fabio Heriberto hacer un disparo como otro medio de señal de advertencia, pero este llamado tampoco fue acatado por los sujetos del vehículo; en ese momento escuché disparos de diferentes partes de la estación, gritándoles varias veces que no dispararan más, en ese momento los sujetos sacaron hacia el centro de la vía (sic), girando al parqueadero a donde detuvieron el vehículo, el personal de la estación inmediatamente con las medidas de seguridad nos acercamos hacia el automotor ya en mención para verificar quienes eran las personas que se movilizaban en éste, y el estado de salud en que se encontraban, al ver que estaban heridos se procedió en el mismo vehículo a llevarlos al centro de salud de la localidad para que fueran atendidos, llegando allí todos con vida, inmediatamente informé la novedad ocurrida a mi coronel Ubaldo Rincón Rodríguez, Comandante del Departamento de Policía Casanare, con la novedad de que había fallecido el señor Jairo Enrique Rondón (sic) Concha, C.C. 10.528. 24 de Popayán, el señor Mauricio Antonio Buelvas García, C.C. 78’016.350 de Cereté, Córdoba, fue remitido al Hospital Regional de Yopal, falleciendo en la vía, siendo trasladado nuevamente al centro de salud de esta localidad; los señores Alfonso Pabón Rodríguez e Iván D. Bedoya Zuluaga, se les solicitó su cituación (sic) médica en este centro de salud, inmediatamente se les solicitó el examen de alcoholemia en forma verbal y luego por escrito, respondiendo los médicos del centro de salud, doctores Jorge Pájaro, Oscar Martínez y Luis Reguillo, que no podían hacer dicho examen ya que no contaban con los equipos necesarios para la elaboración del mismo, es de anotar que dentro del vehículo se puede observar una botella (1/2 botella) de ron ya destapada, el vehículo fue trasladado a las instalaciones policiales para mayor seguridad. Todo el personal que conforma la Estación se encontraba acuartelado debido a las diferentes informaciones por parte de la ciudadanía de una posible toma subversiva a esta localidad en esta semana, por la situación general que se vive a nivel país sobre orden público, diferentes poligramas llegados y órdenes emanadas de los diferentes comandos sobre la seguridad tanto personal como de instalaciones por la escalada terrorista que están llevando los grupos subversivos a nivel país” (fls. 7 y 8, cdno. 8).

Mediante despacho comisorio librado al Tribunal Administrativo de Boyacá rindió declaración en este proceso el señor Iván Darío Bedoya Zuluaga, quien sobre los hechos ocurridos la noche del 12 de agosto de 1998, en el municipio de Monterrey, departamento de Casanare, relató lo siguiente:

“Salimos de la ciudad de Tunja hacia Monterrey el día 12 de agosto de 1998 para adelantar con dos funcionarios de Techin Cotecol de nombre Mauricio Vuelvas y Alonso Pabón con el fin de realizar unas visitas a propietarios por donde pasa el Oleoducto por la zona. Siendo las 7 y 15 arribamos al Hostal Santander de la ciudad de Monterrey Jairo y yo. Los funcionarios de Techin llegaron al mismo hostal y nos quedamos un rato leyendo la prensa y descansando del viaje. Posteriormente acordamos salir a Telecom a hacer las llamadas respectivas a cada una de nuestras casas. Eso fue alrededor de las 9 ó 9 y 15 de la noche. Luego acordamos ir a comer para discutir los asuntos de trabajo para el día siguiente. Elegimos el restaurante del negro Coronado. Nosotros llegamos y ordenamos la comida. Nos recomendaron una picada para todos. Nosotros estuvimos ahí hasta las 11 de la noche cuando nos dirigimos al hotel. En el restaurante nos tomamos casi media botella de whisky y discutimos los asuntos pendientes para el día siguiente. Después de ingerir la comida nos dirigimos al hotel por la vía principal. Dentro de esa principal se observan como cuatro policías acostados. Alonso Pabón que iba conduciendo hizo un giro en U para posteriormente doblar en la esquina siguiente a la derecha que es donde queda el comando de la policía. Inmediatamente Alonso empezó el giro a la derecha desde la vía principal, empezamos a escuchar los disparos hacia el vehículo donde nos desplazábamos hacia el hotel. Alonso comenzó a gritar que no nos dispararan que éramos de una empresa de petróleos. Alonso alcanza a bajarse del carro, el compañero Mauricio que iba con él adelante lo vi muy mal herido, igualmente sucedía lo mismo con mi compañero Jairo que íbamos en la parte de atrás del vehículo Trooper, color verde. Jairo me cogió la mano y me miró a los ojos y me dijo que le habían dado. Yo lo vi muy mal herido. Posteriormente después de que cesaron los disparos se acercaron al vehículo los agentes de la policía apuntando con sus armas a Alonso y al vehículo. Uno de ellos se montó al vehículo e inmediatamente arrancó, el vehículo hizo un giro hacia la izquierda y al hacer esta maniobra Mauricio Buelvas sale expulsado del vehículo. El conductor del vehículo que era un agente de la Policía, desesperado grita a sus compañeros que lo monten, en tanto otro gritaba que la embarramos. A Mauricio lo vuelven a ingresar al vehículo y yo después de ese momento me di cuenta que lo estaban bajando en el Puesto de Salud de Monterrey. Estando allí a Alonso y a mí nos atienden en una Sala aparte de donde atienden a Mauricio y a Jairo. Yo estaba muy angustiado porque no sabía el estado de los otros compañeros y le preguntaba a la enfermera cómo estaba Jairo y cómo estaba Mauricio y ella al vernos tan angustiados nos dijo que Jairo había muerto, que no se había podido hacer nada. Que la consecuencia de la muerte habían sido los disparos de la policía. A Mauricio lo habían trasladado hacia Yopal también nos dijo la enfermera. Yo me encontraba también herido de bala en el pulmón izquierdo y Alonso en el hombro derecho. El médico nos quiso remitir a Yopal y nosotros nos opusimos por el miedo que teníamos de salir del centro de salud. Al cabo de dos horas más o menos nos comunican que Mauricio también había muerto (…) El médico nos quiso tomar muestras de sangre pero Alonso y yo nos opusimos y que firmaríamos cualquier documento aduciendo las razones por las cuales nos oponíamos a ese examen. En ese momento llegó el coordinador de seguridad de la empresa José Suárez al centro de salud y acordamos con él el desplazamiento en las horas de la mañana en el helicóptero de la empresa hacia Yopal (…) PREGUNTADO: infórmele al despacho si alguno de ustedes cuando hicieron el giro en U en el momento que regresaban al hotel realizaron conductas que provocaran la reacción de la policía disparando sus armas de dotación. CONTESTÓ. No, el giro se hizo normal, no había señal de prohibición, yo he regresado al pueblo y no hay señal de prohibición” (fls. 9 a 11, cdno. 6).

A través de despacho comisorio librado al Tribunal Administrativo de Santander rindió versión el señor Álvaro Alonso Pabón Rodríguez, quien afirmó que el día de los hechos se encontraba en el municipio de Monterrey, departamento de Casanare, en compañía de las víctimas y del señor Iván Darío Bedoya, cumpliendo asuntos laborales. Aseguró que se hospedaron en el Hostal Santander y que en horas de la noche se dirigieron a un restaurante, en un campero de la empresa Techint, lugar en el cual se tomaron un trago. De regreso al hotel, aproximadamente a las 11 p.m., tomaron la calle principal del municipio, percatándose que más adelante había tres conos pequeños sobre la vía, pero que ello no le impedía pasar por un lado. A los pocos segundos escucharon varios disparos que provenían de la Estación de Policía y del techo de una casa contigua, razón por la cual detuvo inmediatamente el automotor y empezó a gritar que no dispararan más porque ellos eran trabajadores de una compañía encargada del oleoducto. Sostuvo que sus compañeros quedaron malheridos y que dos agentes de policía se acercaron al automotor, uno de los cuales al percatarse de la situación le dijo al otro que la habían embarrado. Adicionalmente, manifestó:

“Yo empecé a caminar hacia el puesto de salud que queda junto a la policía y empecé a mirar que uno de ellos se subió al carro y lo encendió (…) justo detrás de la policía el carro giró bruscamente y Mauricio se cayó de él, yo sentí que tenía la espalda muy caliente y por el reflejo de un bombillo alcancé a ver que tenía sangre, también por el pantalón y empecé a tocarme el hombro derecho donde sentía mucho calor y los cuatro dedos me cabían dentro de una herida que tenía (…) Ya en el puesto de salud un médico empezó a examinarme. Después que él me estaba examinando llegó el carro con las demás personas y se armó una confusión en el puesto de salud (…) Después de un rato yo le pregunté a la enfermera que pasaba con Jairo y ella me dijo que Jairo había fallecido, nosotros seguimos en el puesto de salud con Iván y después de un tiempo, tal vez, ya eran como las dos de la mañana, regresó la ambulancia y Mauricio también había fallecido. Los policías vinieron en varias oportunidades para que yo les firmara unos documentos a lo que yo no quise obedecer y le solicité al médico que no nos fuera dejar sacar del puesto de salud. Dos policías me dijeron que les firmara acá y yo les decía que en ese momento no podía, yo nunca supe que eran esos papeles y ellos tampoco me dijeron que era. A las seis de la mañana fuimos trasladados a la Estación El Porvenir y conducidos en un helicóptero a la Clínica Casanare del municipio de Yopal donde fuimos atendidos Iván Bedoya y yo (…) En ningún momento se vio policías fuera de la estación mucho menos que hubieran manifestado señales de pare con pitos o voces. Cuando nosotros escuchamos, fueron los tiros (…) Las luces delanteras del carro iban prendidas, las de adentro no (…) mi promedio de velocidad no creo que fuera más de quince kilómetros por hora (…) yo llevo quince años trabajando en compañías petroleras y por normas de seguridad, tanto industrial como preventiva, conozco y sé muy bien que es un retén, tanto miliar como policivo, es decir a cuánta distancia deben estar ubicados los letreros de prevención y las personas que están actuando en ese retén, que allí, en ningún momento hubo; solo vi tres conos que para mi indicaron más protección (sic) para alguna obra como un reductor de velocidad, menos que fuera un retén de policía. Yo viví un año en Monterrey y esa vía nunca fue cerrada, no había ninguna clase de letreros ni señales, simplemente habían tres conos en la carretera” (fls. 394 a 399, cdno. 9).

En el curso del proceso penal seguido contra los agentes de policía implicados en los hechos rindieron declaración las siguientes personas:

Pedro Pablo Ángel Patiño, quien para la época de los hechos trabajaba como celador en la bomba de gasolina del municipio de Monterrey, departamento de Casanare, sostuvo que a media noche observó cuando un campero Trooper transitaba a alta velocidad con dirección hacia el centro, luego escuchó varios disparos pero no supo de dónde provenían ni quién los había realizado (fls. 77, 78, cdno. 4).

A su turno, el señor Rafael Alexander Ángel Poveda, quien también laboraba en la bomba de gasolina, aseguró que pasaditas las doce de la noche observó a unas personas que se movilizaban en un campero Trooper, con rumbo hacia el centro y que antes de llegar al puente escuchó como 3 o 4 disparos, y que supuso que éstos fueron realizados por los ocupantes del automotor porque era el único vehículo que transitaba a esa hora por el lugar. Aseguró que en ningún momento les vio armas a los ocupantes del automotor, pero que sí escuchó disparos y que éstos provenían del campero mencionado, el cual transitaba a una velocidad normal de 40 o 50 kilómetros por hora. Instantes después, según el testigo, escuchó otros disparos y que al parecer éstos fueron realizados por la policía (fls. 79 a 81, cdno. 4).

El subteniente del Ejército Nacional Hugo Armando Díaz Villamil, quien el día de los hechos se encontraba patrullando las calles del municipio de Monterrey, sobre lo ocurrido manifestó:

“Desde las once de la noche yo me encontraba en la estación de servicio de Terpel ubicada en la entrada de la vía que de Villanueva conduce a Monterrey con siete soldados efectuando un retén militar, cuando siendo más o menos las once y diez de la noche cruzó un vehículo tipo campero Trooper, color azul, que salía del municipio tomando la vía hacia Yopal, estando más o menos este carro a la altura del caño Leche Miel se escucharon tres detonaciones a lo que procedí a informar a la base para que llamaran a la Estación de Policía y estuvieran pendientes de dicho vehículo por la situación que se ha presentado en estos días de amenazas contra el municipio por parte de grupos insurgentes, después de esto a las doce de la noche corrí el retén al cruce que parte hacia el Porvenir, cuando siendo más o menos las doce y diez de la noche se escuchan otras tres detonaciones y posteriormente disparos de fusil, me comuniqué con la base pensando que el incidente era en dicho lugar, donde me informaron que eso había ocurrido era en el perímetro urbano, intentándose comunicación con la policía sin obtener resultados, al ver que no sucedió nada no se siguió insistiendo hasta la mañana del día de hoy que se cruzó por la estación y se vio lo que había sucedido (…) el carro iba a una velocidad extrema y al tomar la curva casi se sale ahí en la parte cuando se toma la vía a Yopal, no intenté requerirlo porque el retén se encontraba ubicado de la avenida en dirección a Villanueva (…) PREGUNTADO: Sírvase manifestarle a la fiscalía si el vehículo que usted observó en la noche del día doce (12) de agosto del presente año es el mismo que se encuentra en la Estación de Policía Nacional de este municipio con las mismas características. CONTESTÓ: Se puede decir que es el mismo vehículo porque esas fueron las características que yo le pasé a la Estación de Policía (…) Esa noche yo sí escuché las detonaciones y los disparos pero de lo que había ocurrido realmente me enteré el día siguiente a las seis de la mañana al cruzar por la estación de policía y ver el vehículo allí, los agentes y el comandante de la estación me informaron que ese vehículo había pasado por el cerco que ellos tenían y sonaron tres detonaciones y ellos abrieron fuego contra el vehículo presentándose los resultados mencionados de los dos muertos y los dos heridos” (fls. 85, 86, cdno. 4).

El señor Octavio Coronado Parra, propietario del restaurante al cual acudieron las víctimas antes de que ocurrieran los hechos, indicó que las citadas personas, en compañía de otras dos, estuvieron en un restaurante de su propiedad, pidieron una picada de carne e ingirieron media botella de whisky que ellos mismos llevaron. Aseguró que no estaban embriagados y que no portaban arma alguna (fl. 87, cdno. 4).

José Humel Salazar Rincón, funcionario de la compañía Techin Cotecol, constructora de instalaciones petroleras, manifestó que dos de las personas que se movilizaban en el campero Trooper, de propiedad de la citada empresa, esto es Mauricio Buelvas y Alfonso Pabón son empleados de la misma y que el día de los hechos se encontraban en el municipio de Monterrey, Casanare, cumpliendo actividades laborales, particularmente adelantado gestiones para la adquisición de tierras en el cruce del oleoducto Cusiana El Porvenir. En relación con las otras dos personas que también se movilizaban en el automotor, dijo que se trataba de funcionarios de la compañía Osensa Oleoducto Central (fl. 88, cdno. 4).

Por su parte, el patrullero de la Policía Nacional Gerardo José Espinel Pinto, manifestó lo siguiente:

“Yo estaba en la terraza de la Ferretería Colombia ya que el señor Comandante de la Estación había ordenado que nos acantonáramos en ese lugar al agente Meneses Barón González, el patrullero Camacho Suárez Gilberto, los cuales deberían realizar turno de siete de la noche a la una de la mañana en la terraza de la ferretería, el patrullero Bustacara Duarte Carlos y el suscrito, quienes debíamos realizar turnos de seguridad de 01 de la mañana hasta 07 de la mañana, ya que según informaciones de alta credibilidad dadas a conocer por unos ciudadanos, los cuales informaban que los subversivos pretendían incursionar en el municipio, ya que recientemente había culminado la semana terrorista en el país (…) Como a eso de las 11.00 p.m. a 11.30 p.m. escuché disparos, que al parecer provenían de los lados de la base militar, pensé que estaban hostigando la base militar, esperé, después de que cesaron los disparos y al ver que no era nada grave (…) procedí a acostarme nuevamente (…) luego aproximadamente a las 12.00 p.m. me desperté nuevamente por unos ruidos al parecer eran unos disparos que se estaban escuchando más o menos en la bomba de gasolina de Monterrey, pasados más o menos cinco minutos y al ver que no pasaba nada grave me acosté nuevamente , ya en eso de las doce y quince me levanté inmediatamente ya que al lado mío se estaban realizando algunos disparos y al ver que el agente Meneses y el patrullero Camacho, los cuales estaban de turno, estaban realizando algunos disparos hacia la parte de abajo, miré hacia el lado de la estación y vi un vehículo de color oscuro, con lo que pensé que era una incursión guerrillera (…) cogí mi fusil y avancé aproximadamente dos metros donde habían algunos ladrillos para cuidar la retaguardia de mis compañeros (…) yo permanecí en ese lugar sin disparar esperando que nos dispararan, pero eso nunca sucedió, razón por la cual nunca vi motivo alguno para accionar mi arma de dotación (…) después del cese de los disparos se nos ordenó por orden del comandante de la estación bajar a la estación a reforzar la seguridad ya que los otros compañeros se habían dirigido al centro de salud en la Nissan y el vehículo oscuro que antes mencioné ya que al parecer ivan (sic) unas personas heridas” (fls. 194, 195, cdno. 4).

La Fiscalía General de la Nación ordenó que se practicara en el lugar de los hechos una diligencia de inspección judicial a fin de “verificar las huellas, rastros y vestigios resultantes del operativo policial en el que perdieron la vida funcionarios de la compañía Ocensa y Techint cuando se desplazaban en el vehículo automotor campero Trooper de placas CRU 514 de Santafé de Bogotá”, diligencia que se realizó al día siguiente de los hechos, lográndose constatar lo siguiente:

“(…) Se trata de un lugar a campo abierto en el perímetro urbano, ubicada la Estación de Policía entre la Avenida Tulio Bautista sobre la calle 16 con carrera 10, enmallada con una construcción al medio en ladrillo y teja de eternit con dos barricadas lateral izquierdo y derecho, frente a la misma se encuentra una zona de parqueo de los taxis de servicio público, separado al medio por la calle 17 se encuentran las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, al mismo costado, zona residencial, casas construidas en concreto y cemento, de un piso, sobre la carrera 11 se observa la avenida Tulio Bautista, la cual consta de dos carriles (…) sobre la calle 16 con carrera 11 se encuentra la intercepción de las vías que conducen a la entrada principal de la Estación de Policía y que conllevan hacia el centro de este municipio, se deja constancia que el cerco en cinta en sintético, color amarillo y negro, en regular estado de conservación, comenzaba de la esquina del enmallado de la Estación de Policía, llegaba a las instalaciones del DAS, seguía en línea recta sobre la calle 17, cerrando sobre la carrera 10 con calle 16, al momento de la diligencia solamente se observaron conos sobre la calle 16 (4), dos caídos y dos verticales sobre la calle 17 con carrera 10, cuatro conos verticales sobre la calle 16 con carrera 10, cuatro conos verticales cerca a la cinta de seguridad, se deja expresa constancia que sobre la Avenida Tulio Bautista sobre los dos carriles en ningún momento se encontraron vallas, cintas, conos o señalización alguna que indicara desvíos, pares o cualquier otra advertencia, igualmente se deja constancia que la cinta que bordeaba al parecer los lugares en protección no se observó reventada, aunque en su conjunto presentaba varias añadiduras y exactamente por el lugar donde intentó penetrar el automotor no se encontró huella de violencia, por el contrario se encontraba templada, cogida del poste en cemento que hacía parte de la malla protectora de la Estación de Policía (…)” (fls. 101 a 103, cdno. 4).

De conformidad con la diligencia de inspección judicial practicada al vehículo en el cual se movilizaban las víctimas, se puede constatar lo siguiente:

“Se trata de un campero color azul oscuro, marca Trooper, de placas CRU 514 de Santafé de Bogotá, dos puertas, el que examinado presenta las siguientes huellas de violencia: sobre el capó se observan orificios, en el bomper delantero abolladura lado izquierdo (…) farola izquierda rota. El parabrisas delantero presenta cuatro orificios, al parecer impactos de bala, uno frente al conductor y tres lado derecho. Sobre el techo o cabina, dos orificios, el espejo lateral derecho presenta un orificio con entrada y salida que compromete también el lateral derecho a la altura más o menos a mitad de la ventana; orificio en el guardafango derecho trasero, una abolladura leve en el soporte lateral de la cabina lado derecho, en el vidrio trasero de la compuerta lado derecho presenta averiaciones (sic), varios orificios, sin poderse determinar cuántos son producto de proyectiles. Totalmente destruido el vidrio de la puerta trasera, aboyadura (sic) antigua en la defensa trasera, lado izquierdo, destruido totalmente el vidrio trasero del lado izquierdo de la compuerta corrediza. Abierto el vehículo se observa dentro de este en la parte trasera, justo detrás del asiento del conductor una botella de media de ron (…) En la silla trasera se observan cuatro orificios, en la delantera lado derecho cinco orificios. En la del conductor tres orificios en el espaldar. Sobre el asiento delantero se encontró un sobre de manila que contiene varios documentos de Techin, manchas de sangre en los asientos delanteros y traseros. Abiertas las puertas traseras se encontró dos cajas vacías de whisky, una marca sello rojo y la otra Jonny Wolker (…) Abierto el capó del vehículo se encontró roto el tubo del líquido de frenos, dos orificios en el protector del tanque de almacenamiento del agua del radiador, un orificio en el radiador, orificio en el tanque del aceite hidráulico” (fl. 105, cdno. 5).

Según inspección judicial de 15 de agosto de 1998 practicada a las armas de dotación pertenecientes a los agentes de la Estación de Policía del municipio de Monterrey, Casanare, se logró constatar que los fusiles, marca galil, calibre 7.62 mm x 51, identificados con los números 8-1913153, 8-1917057, 8-1915748, 8-1910816, 8-1916769, 8-1914662, 8-1915427, presentan en algunas de sus piezas partículas de pólvora, lo cual indica que fueron disparados “recientemente” (fls. 223 a 234, cdno. 4).

El análisis instrumental para residuos de disparo por emisión o absorción atómica practicados a los cadáveres de los señores Jairo Enrique Roldán Concha y Mauricio Antonio Buelvas García, por el Instituto Nacional de Medicina Legal, regional Bogotá, arrojaron resultados positivos en ambas manos. Cabe señalar que la citada prueba fue practicada después de transcurridas 15 horas y 20 minutos de ocurridos los hechos (fls. 341 a 343, cdno. 4).

A su turno, la prueba de alcoholemia practicada a las víctimas por el Instituto Nacional de Medicina Legal, regional Bogotá, concluyó que el organismo del señor Mauricio Buelvas García presentaba 173,3 mg% de alcohol etílico, mientras que Jairo Enrique Roldán Concha presentaba 135,0 mg% (fls. 311 a 313, cdno. 4).

Mediante providencia de 7 de octubre de 1998, la Fiscalía General de la Nación resolvió la situación jurídica del Subteniente de la Policía Nacional Rosendo Vigoya Umaña y le impuso medida de aseguramiento por el delito de homicidio culposo de Mauricio Antonio Buelvas García y Jairo Enrique Roldán Concha, sin embargo, mediante providencia de 21 de noviembre 1998, la fiscalía decretó la nulidad de dicha medida por falta de jurisdicción, en atención a que el juez competente para conocer del citado proceso era el penal militar (fls. 265 a 277, 315, 316, cdno. 4).

Las pruebas hasta aquí reveladas muestran que el día de los hechos las víctimas, en compañía de los señores Iván Darío Bedoya Zuluaga y Álvaro Alfonso Pabón Rodríguez, cumplían actividades laborales en el municipio de Monterrey, departamento de Casanare, lugar al cual arribaron aproximadamente a las 7:15 de la noche, procediendo a alojarse en el hostal denominado Santander. Posteriormente, las citadas personas se dirigieron a comer al restaurante del señor Octavio Coronado Parra, en el campero Trooper de placas CRU 514 de propiedad de la compañía Techint Internacional. De regreso al hotel, aproximadamente a las 11:30 de la noche, a la altura de la Estación de Policía del municipio de Monterrey, el citado automotor fue atacado a bala por agentes de la Policía Nacional, hecho en el que perdieron la vida Mauricio Antonio Buelvas García y Jairo Enrique Roldán Concha y resultaron heridos los señores Pabón Rodríguez y Bedoya Zuluaga.

Es menester señalar que la Policía Nacional nunca ha negado los hechos; por el contrario, reconoce que agentes de la Estación de Policía del municipio de Monterrey, Casanare, dispararon contra el automotor en el cual se movilizaban las víctimas y sus acompañantes, proceder que, a su juicio, estuvo justificado si se tiene en cuenta que previamente los ocupantes del campero mencionado, quienes se encontraban en avanzado estado de embriaguez, accionaron armas de fuego desde el vehículo en movimiento y omitieron las señales de tránsito que restringían el paso por el lugar, quedando claro que los hechos en los que perdieron la vida los señores Roldán Concha y Buelvas García, obedecieron a su propia culpa, circunstancia que la exime de responsabilidad.

A diferencia de lo sostenido por la entidad demandada, los actores aseguraron que los agentes de la Estación de Policía del municipio de Monterrey hicieron uso indiscriminado, arbitrario e injustificado de las armas de dotación oficial contra ciudadanos indefensos y de reconocida honorabilidad, y que no es cierto el hecho de que los ocupantes del campero atacado hubiesen disparado arma de fuego alguna, mucho menos que lo hubiesen hecho contra los agentes estatales, como tampoco es cierto que aquellos hubieren omitido señal alguna de tránsito. Adicionalmente, manifestaron que las víctimas no se encontraban en estado de embriaguez, como lo ha sostenido insistentemente la Policía Nacional a lo largo del proceso, pues el día de los hechos apenas habían ingerido media botella de whisky entre cuatro personas, pero que de todas maneras dicha circunstancia no podía servir de excusa para justificar una actuación irregular desde todo punto de vista.

Bajo el entendido de que la muerte de Jairo Enrique Roldán Concha y Mauricio Antonio Buelvas García se produjo con arma de fuego, es menester señalar que para decidir las demandas interpuestas con el fin de obtener la reparación por los daños causados en ejercicio de actividades peligrosas, como ocurre por ejemplo cuando se utilizan armas de fuego, la responsabilidad del Estado debe juzgarse con fundamento en un régimen objetivo por riesgo excepcional, de acuerdo con el cual al demandante le basta acreditar que la actividad peligrosa fue la causa del daño cuya reparación solicita, en tanto que la entidad para exonerarse de responsabilidad deberá demostrar la existencia de una causal de exoneración como la culpa exclusiva de la víctima, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o la fuerza mayor(8).

Lo anterior sin perjuicio de que las pruebas valoradas en el proceso acrediten la presencia de una falla en la prestación del servicio, caso en el cual habría que abordar el estudio de la responsabilidad bajo ese título de imputación, ya que éste resulta aplicable aún tratándose de daños causados en el desarrollo de actividades peligrosas y porque además se cumple con la función de identificar las falencias que ocurren en el ejercicio de la actividad estatal, ello con el propósito de implementar las medidas que resulten pertinentes con miras a evitar que un caso de esa naturaleza vuelva a presentarse, y que sirva para trazar políticas públicas en materia de administración.

En el presente asunto, el material probatorio revelado en el plenario evidencia inequívocamente que la muerte de Mauricio Antonio Buelvas García y Jairo Enrique Roldán Concha, se debió a una falla del servicio imputable a la entidad demandada, toda vez que los agentes de la Estación de Policía de Monterrey, Casanare, hicieron uso injustificado y desproporcionado de sus armas de dotación oficial contra las víctimas, razón por la cual ésta será condenada al pago de los perjuicios solicitados en la demanda, por las razones que se exponen a continuación:

Como se dijo atrás, se demostró en el proceso que las citadas personas murieron como consecuencia de disparos con arma de dotación oficial accionadas por agentes de la Estación de Policía del municipio de Monterrey, sin embargo, no obra prueba alguna en el plenario que acredite que el comportamiento asumido por los agentes estatales hubiese estado amparado por causal alguna de justificación.

En efecto, es menester señalar que en este caso la entidad demandada ha tratado siempre de justificar su proceder, alegando que las víctimas accionaron armas de fuego, pero resulta que no obra prueba alguna en el expediente que acredite que los ocupantes del campero Trooper, al servicio de la compañía Techint Internacional, hubiesen estado armados, de lo cual se infiere que nunca pudieron haber realizado disparo alguno contra la Estación de Policía del municipio de Monterrey, como lo asegura infundada y temerariamente la entidad demandada, prueba de ello es que jamás se encontraron armas en su poder.

En línea con lo anterior, es dable afirmar que ninguno de los testigos que declaró en el proceso aseguró que observó a los ocupantes del campero disparar armas de fuego. Así, por ejemplo, el señor Pedro Ángel Patiño, quien laboraba en una bomba de gasolina del citado municipio, manifestó que escuchó varios disparos, pero que no supo de dónde provenían los mismos ni quién los había realizado. Por su parte, Rafael Alexander Ángel Poveda, quien también laboraba en la misma estación de servicio, afirmó que suponía que los 3 o 4 disparos que escuchó los habían realizado los ocupantes de un campero Trooper que transitaba a alta velocidad con dirección hacia el centro de la población. Nótese que su dicho se basa en meras suposiciones, pues éste testigo nunca afirmó que hubiese observado a los ocupantes del automotor disparar armas de fuego, mucho menos señaló que los disparos hubiesen tenido un blanco específico.

La misma situación ocurre en relación con la versión del Subteniente del Ejército Nacional Hugo Armando Díaz Villamil, quien dijo que para el día de los hechos, aproximadamente a las 11 de la noche, se encontraba en compañía de 7 soldados realizando un retén militar a la altura de la bomba de Terpel, y observó cuando un campero marca Trooper tomó la vía que conduce a Yopal y que a la altura del sitio conocido como caño Leche Miel “se escucharon tres detonaciones”. Luego sostuvo que aproximadamente a las 12:10 de la noche “se escuchan otras tres detonaciones” y posteriormente se oyen disparos de fusil. Como puede verse, al igual que los testigos anteriores, el Subteniente Díaz Villamil sostuvo que “escuchó” disparos, pero en ningún momento aseveró que tales disparos fueron realizados por los ocupantes del campero perteneciente a la compañía Techint Internacional.

En consonancia con lo anterior puede citarse el informe suscrito por el Comandante de la Estación de Policía del municipio de Monterrey, en cuanto en él se dijo que los agentes adscritos a dicho destacamento escucharon unas detonaciones, “al parecer de armamento de largo alcance (fusil)”, pero en ningún momento se afirma en el documento que tales disparos fueron realizados por los ocupantes del campero mencionado.

De otro lado, llama la atención que en el citado informe se mencione que el Subteniente del Ejército Nacional Hugo Armando Díaz Villamil, se comunicó con la Estación de Policía de Monterrey para informar que los ocupantes de un campero Trooper “le realizaron unos disparos”, cuando lo cierto es que el oficial aludido nunca manifestó en su declaración que los disparos fueron contra él; todo lo contrario, lo que realmente dijo el uniformado es que aproximadamente a las 11:10 de la noche escuchó “tres detonaciones”, y que a las 12:10 de la madrugada volvió a escuchar “otras tres detonaciones”, pero en ninguna parte de su declaración hizo una aseveración como la contenida en dicho informe.

Se destaca igualmente que en el informe rendido por el Comandante de la Estación de Policía de Monterrey nunca se mencionó que se hubiesen encontrado armas de fuego en poder de los ocupantes del campero de la compañía Techint Internacional, pues lo único cierto es que cuando los agentes se acercaron al automotor observaron en su interior una media botella de ron, jamás se hizo alusión a arma de fuego alguna; tampoco se encontraron rastros de vainillas o elementos bélicos. Lo anterior reafirma lo sostenido por los señores Álvaro Alonso Pabón Rodríguez e Iván Darío Bedoya Zuluaga, quienes acompañaban a los occisos en el campero abaleado y que resultaron heridos por los disparos realizados por los agente estatales, en el sentido de que ellos no portaban armas de fuego, mucho menos que hubiesen disparado contra alguien o algo en particular.

Teniendo claro que ni las víctimas ni sus acompañantes portaban armas de fuego, resulta imposible que ellos hubiesen realizado disparo alguno. Esto deja sin fundamento las afirmaciones de la demandada en cuanto pretende justificar el proceder de los agentes de la Estación de Policía de Monterrey, en el hecho de que las víctimas se encontraban armadas y realizando disparos. Pero adicionalmente debe tenerse en cuenta que las declaraciones de los agentes estatales, contrastadas con las versiones suministradas por las demás personas que rindieron testimonio en el proceso, dejan serias dudas, advirtiéndose en su dicho el ánimo de favorecer los intereses de la entidad demandada.

En efecto, nótese que mientras Pedro Ángel Patiño y Rafael Alexander Ángel Poveda, trabajadores de una bomba de gasolina, aseguraron que escucharon varios disparos con arma de fuego pasaditas las doce de la noche, el Subteniente del Ejército Nacional Hugo Armando Díaz Villamil, el Patrullero Gerardo José Espinel Pinto y el Comandante de la Estación de Policía del municipio de Monterrey, Casanare, quien rindió un informe sobre lo ocurrido, señalaron que escucharon varios disparos con arma de fuego en dos oportunidades, esto es a las 11:15 y pasaditas las 12:00 de la noche; es decir, mientras los primeros escucharon varios disparos dentro de un mismo contexto de tiempo, los segundos aluden a varios disparos, pero en distintos momentos, queriendo significar con lo anterior que el proceder de los agentes de la Estación de Policía de Monterrey, obedeció a una respuesta frente a un supuesto ataque de los ocupantes del campero perteneciente a la compañía Techint Internacional, pero lo cierto es que estos últimos jamás esgrimieron armas de fuego.

No hay duda de que los únicos disparos que se realizaron la noche del 12 de agosto de 1998, en el municipio de Monterrey, Casanare, corresponden a los que efectuaron los agentes de la Estación de Policía contra los ocupantes del automotor perteneciente a la compañía Technit Internacional, pues, como se dijo atrás, las víctimas nunca accionaron armas de fuego, aunque los agentes estatales pretendan hacer creer que los ocupantes del campero Trooper dispararon primero y ellos trataron de repeler un supuesto ataque terrorista que jamás ocurrió.

No debe perderse de vista que en sus declaraciones, Darío Bedoya Zuluaga y Álvaro Alonso Pabón Rodríguez, aseguraron que el día de los hechos se dirigían al hotel a descansar, y que cuando transitaban a la altura de la Estación de Policía de Monterrey, sintieron varios disparos contra el automotor en el cual se movilizaban, muchos de los cuales hicieron blanco sobre la humanidad de todos sus ocupantes, causando heridas mortales a Mauricio Antonio Buelvas García y Jairo Enrique Roldán Concha. Aseguraron enfáticamente que jamás accionaron armas de fuego, pues ni siquiera portaban una. Es de anotar que las versiones suministradas por las citadas personas ofrece plena credibilidad para la Sala, por su espontaneidad, claridad y coherencia y porque además están respaldadas por otros medios de prueba obrantes en el plenario, como se vio atrás.

Todo lo anterior permite concluir que son falsas las imputaciones de la demandada en torno a que los ocupantes del campero perteneciente a la compañía Techint Internacional, accionaron armas de fuego, lo cual habría motivado una respuesta armada por parte de los agentes de la Estación de Policía del municipio de Monterrey.

Y si bien la prueba de absorción atómica practicada a las víctimas arrojó resultados positivos, ello, por sí solo, no permite concluir que éstas accionaron armas de fuego, pues los residuos de pólvora encontrados en sus manos pudieron obedecer a una de dos posibilidades, como lo sostienen los demandantes: la primera, que los disparos liberaron gases o partículas que se concentraron en el interior del automotor impregnando a las víctimas; la segunda, que es muy factible que los cuerpos de las víctimas hayan sido manipulados.

En efecto, según el anexo general sobre la metodología e interpretación de los resultados de los análisis de residuos de disparo en las manos, por los métodos instrumentales de espectrofotometría de absorción y emisión atómica, aportado al proceso por el Instituto Nacional de Medicina Legal como soporte al dictamen pericial practicado a los cadáveres de los señores Roldán Concha y Buelvas García:

“Las técnicas instrumentales son métodos altamente confiables por su sensibilidad y especificidad que determinan cuantitativamente la presencia de los elementos químicos provenientes de los residuos de la pólvora, el fulminante y la aleación del proyectil. El Antimonio, el Plomo, el Bario se depositan por efectos del disparo como residuos de la deflagración de la pólvora y la detonación del fulminante; el Plomo y el Cobre por vaporizaciones parciales instantáneas que ocurren al ser disparado el proyectil.

“Estas pruebas instrumentales empleadas en la detección de residuos de disparo definen con certeza si la muestra contiene o no los elementos químicos (Plomo, Bario, Cobre y Antimonio) relacionados con los residuos de disparo, “pero no permiten determinar que estos se hayan adquirido realmente por disparar un arma de fuego”. Los resultados de estas pruebas no constituyen una plena y única prueba, por lo tanto debe ser analizada a la luz de todas las circunstancias que rodearon los hechos motivo de la investigación (se resalta).

“Las interferencias de la prueba, independientemente de la técnica empleada que es altamente específica y confiable, están relacionadas con el muestreo y las circunstancias del hecho que se investiga, obteniéndose en algunas oportunidades resultados falsos positivos o falsos negativos; a saber:

“Los falsos positivos son atribuibles a contaminación con residuos de disparo adquiridos por:

— Haber manipulado armas de fuego o elementos relacionados con éstos, como munición, chapuzas, proveedores u otros.

— Posibles forcejeos o proximidad en el momento del disparo a la persona que acciona el arma, al quedar expuesto en el área de gases y partículas producidas.

— Haber manipulado superficies o elementos donde se pudieron depositar los residuos del disparo, ejemplo las prendas de vestir del lesionado, o al lesionado mismo” (…) (fl. 343, cdno. 4).

Si bien la prueba de absorción atómica practicada a los occisos arrojó resultados positivos, dicha circunstancia, por si sola, no demuestra que éstos hubiesen disparado armas contra los agentes de la Estación de Policía del municipio de Monterrey, departamento del Casanare, por la sencilla razón de que se encuentra debidamente acreditado en el plenario que los ocupantes del campero atacado no portaban armas de ninguna clase, pero además porque tampoco existen evidencias en el sentido de que los agentes estatales involucrados en los hechos o la estación de policía a la cual se encontraban adscritos, hubiesen sido atacados por las víctimas. Y si bien se encontraron restos de pólvora en las manos de las personas fallecidas, es muy probable que sus cuerpos hubiesen sido manipulados, como lo sostienen los demandantes.

En ese orden de ideas, puesto que está demostrado que las víctimas nunca utilizaron armas de fuego, se descarta el hecho de un supuesto ataque de los ocupantes del campero Trooper, de propiedad de la compañía Techint Internacional, contra los agentes de la Estación de Policía del municipio de Monterrey, Casanare, lo cual seguramente habría justificado una respuesta armada por parte de los agentes estatales. Así las cosas, no le asiste razón alguna al Tribunal Administrativo de Casanare en cuanto encontró acreditado que los ocupantes del campero Trooper dispararon armas de fuego contra los agentes de la Estación de Policía de Monterrey.

De otro lado, según la demandada, los ocupantes del campero no respetaron las señales de tránsito ni las voces de alto que impedían el paso de vehículos por la Estación de Policía, sin embargo, el material probatorio obrante en el plenario evidencia que en el lugar de los hechos no existían tales señales, lo único que había en la calle eran cuatro conos, los cuales al parecer no estaban ubicados de una forma tal que impidieran o limitaran el tránsito de automotores.

A propósito de lo manifestado, vale la pena resaltar la diligencia de inspección judicial practicada por la Fiscalía General de la Nación al día siguiente de los hechos, pues en ella se constató que la citada Estación de Policía está ubicada entre la carrera 11 y la calle 16, y que sobre esta última existían cuatro conos reflectivos, dos de los cuales se encontraban caídos, mientras que sobre la carrera 11, conocida también como la Avenida Tulio Bautista, no se encontraron en ningún sentido “vallas, cintas, conos o señalización alguna que indicara desvíos, pares o cualquier otra advertencia, igualmente se deja constancia que la cinta que bordeaba al parecer los lugares en protección no se observó reventada, aunque en su conjunto presentaba varias añadiduras y exactamente por el lugar donde intentó penetrar el automotor no se encontró huella de violencia, por el contrario se encontraba templada, cogida del poste en cemento que hacía parte de la malla protectora de la Estación de Policía” (fl. 101, cdno. 4).

Como puede verse, sobre la carrera 11 no existía señal alguna de tránsito, mientras que sobre la calle 16 existían 4 conos, cuya presencia sí fue advertida por el señor Álvaro Alonso Pabón Rodríguez, conductor del campero atacado, quien sobre el particular aseguró que creyó que el automotor podía pasar por un lado. Resulta de suma importancia destacar que, de conformidad con la diligencia de inspección judicial practicada en el sitio de los hechos, “por el lugar donde intentó penetrar el automotor no se encontró huella de violencia” (fl. 101, cdno. 49).

Es innegable que la diligencia de inspección judicial ratifica lo manifestado por el conductor del campero Trooper en cuanto aseguró que en el lugar de los hechos únicamente existían los conos reflectivos, pero que éstos estaban dispuestos de tal forma que más bien parecían indicar la presencia de una obra pública o la reducción de velocidad, pero que nunca creyó que se trataba de una advertencia que indicara una restricción para transitar por ese lugar. Se destaca además que el señor Pabón Rodríguez manifestó que vivió en el municipio de Monterrey durante un año aproximadamente, tiempo durante el cual la citada vía nunca fue cerrada. Tal aseveración goza de credibilidad para la Sala, por la sencilla razón de que el testigo nunca negó la presencia de los conos reflectivos sobre la vía, y porque a lo largo del proceso aseguró enfáticamente que en ese sitio no existían más señales de tránsito, como efectivamente lo ratificó la diligencia de inspección judicial practicada en el lugar de los hechos por la Fiscalía General de la Nación; es decir, lo dicho por el testigo está respaldado con otros medios probatorios, que le imprimen credibilidad a sus afirmaciones.

La demandada también aseguró que hizo varios llamados de advertencia a los ocupantes del automotor para que detuvieran la marcha, inclusive que el Comandante de la Estación de Policía le ordenó a uno de los agentes que realizara un disparo al aire como señal de prevención, sin embargo, las personas que sobrevivieron al ataque señalaron enfáticamente que ello jamás ocurrió, pues apenas tomaron la calle 16, inmediatamente sintieron los disparos contra el automotor, a tal punto que el señor Pabón Rodríguez, conductor del campero Trooper, se bajó del vehículo y les gritó a los agentes que por favor no dispararan más porque ellos eran trabajadores de la empresa que se encargaba del oleoducto.

Sobre este aspecto cabe resaltar que según el informe suscrito por el Comandante de la Estación de Policía de Monterrey, éste le habría ordenado al agente Fabio Heriberto Niño Hernández que realizara un disparo al aire “como otro medio de señal de advertencia, pero este llamado tampoco fue acatado por los sujetos del vehículo”. No obstante ello, el Patrullero de la Policía Nacional Gerardo José Espinel Pinto, quien el día de los hechos se encontraba prestando guardia, jamás mencionó que alguien hubiese realizado un disparo al aire; por el contrario, éste aseguró que escuchó varios disparos y que observó cuando el agente Meneses y el Patrullero Camacho, quienes estaban de turno, realizaban algunos disparos hacia la parte de abajo, percatándose que en la calle había un automotor, razón por la cual decidió tomar su fusil y esperar a que dispararan primero, pero como ello nunca ocurrió, no vio la necesidad de accionar su arma.

Como puede observarse, lo dicho en el citado informe por el Comandante de la Estación de Policía del municipio de Monterrey no está respaldado por ningún otro medio probatorio, de allí que no sea posible imprimirle credibilidad a su contenido. Y ello es así, pues se demostró en el proceso que los ocupantes del automotor no portaban armas de fuego, mucho menos que éstos hubiesen realizado disparo alguno, tampoco se demostró que las víctimas hubieran hecho caso omiso de todas y cada una de las señales de tránsito que impedían la movilización por el lugar, las cuales, como se vio, ni siquiera existían, al igual que tampoco se acreditó en el proceso que la Estación de Policía del citado municipio hubiere estado en peligro tan siquiera un momento, aseveraciones todas éstas que fueron consignadas en el informe aludido.

Pero si en gracia discusión se aceptara el hecho de que los ocupantes del automotor hicieron caso omiso de las señales de tránsito que impedían la movilización por el lugar, dicha circunstancia, por sí sola, no ameritaba una reacción armada de proporciones semejantes a la desplegada por los agentes de la Estación de Policía de Monterrey, con mayor razón aún, cuando las citadas personas nunca accionaron armas de fuego contra los miembros de dicha Institución. La diligencia de inspección judicial practicada al campero mencionado evidencia la magnitud del proceder injustificado de los agentes estatales contra el automotor en el cual se movilizaban las víctimas:

“(…) El juzgado encuentra que el vehículo se encuentra en malas condiciones de apariencia, presentando daños como son abolladuras de la defensa, lado izquierdo, ruptura farola del mismo lado, ruptura de persiana, orificios múltiples en todo el vehículo producidos al parecer por impactos de arma de fuego, sobre el capó observamos de estos orificios y ya en la parte interna del motor, y según la trayectoria observada por este Despacho estos proyectiles fueron a parar al sistema hidráulico de frenos y otro sobre la manguera de aluminio conductora del acondicionador de aire, en el vidrio panorámico se pueden ver y contar cuatro orificios, sobre el paral del lado izquierdo se observa uno, el que se presume causó ruptura de la antena del radio, por el lado derecho en la parte final de la lámina que sirva (sic) de desagüe de la ventana y puertas del mismo lado aparece otro impacto, sobre el espejo retrovisor del lado derecho otro que cauzó (sic) daños en su protector y en la luna, en la parte tracera (sic) y a la altura del guarda barro derecho se observó otro orificio y múltiples abolladuras (…) en la parte de atrás se encuentra una puerta de dos cuerpos ambas con sus ventanales completamente destrozados y ya sobre la parte derecha se encontraron abolladuras, rayones, desprendimiento del caucho protector y ausencia de la ventanilla que lleva aire a la cabina del vehículo en la parte de atrás, en la capota también se observaron abolladuras e impactos (…) en la parte interna del vehículo fueron a parar varios de estos proyectiles y se puede notar que se encuentra en pésimas condiciones (…)” (fls. 337-338, cdno. 4).

También la demandada esgrimió a lo largo del proceso que los ocupantes del automotor se encontraban en estado de embriaguez, sin embargo, a juicio de la Sala, dicha situación no fue la causa eficiente ni determinante del resultado dañoso, mucho menos tal circunstancia podría convertirse en una razón válida que justificara un proceder como el desarrollado por los agentes de la Estación de Policía mencionada.

En todo caso, es bueno precisar que las cantidades de alcohol encontradas en el organismo de las víctimas, esto es 135 mg% en el caso del señor Jairo Enrique Roldán Concha, y 173,3 mg% en el caso del señor Mauricio Antonio Buelvas García, corresponden a un estado de embriaguez leve y moderada, respectivamente:

“Se han adelantado estudios científicos que clasifican los estadios o grados de la embriaguez teniendo en cuenta los niveles de alcoholemia. Autores como Ladd y Gibson, trabajaron extensamente sobre la intoxicación alcohólica y elaboraron una tabla alcoholimétrica que lleva su nombre, la cual fue utilizada como base para dosificar la sanción en las contravenciones de tránsito, hasta enero de 1986, cuando la Ley 33 de ese año la abolió.

“Actualmente la clasificación de la embriaguez se hace teniendo en cuenta la intensidad de las manifestaciones clínicas que se puedan correlacionar con determinadas cifras de alcoholemia y es así como tenemos los cuatro estadios de la intoxicación:

“a) Embriaguez leve, denominada de primer grado, en la cual se encuentran niveles de alcoholemias entre 50 y 149 miligramos por ciento.

“b) Embriaguez Moderada o de Segundo Grado, con cifras de alcoholemia entre 150 y 299 miligramos por ciento.

“c) Embriaguez severa o de tercer grado, que reporta cifras de 300 a 399 miligramos por ciento y

“d) Embriaguez grave o de cuarto grado, con cifras superiores a los 400 miligramos por ciento. Niveles de alcoholemia superiores a los 500-600 miligramos por ciento son letales para el organismo humano (…)”. (Guía práctica para realizar el dictamen forense sobre embriaguez; Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Bogotá, 1993, págs. 1, 2, 9).

Puede afirmarse, entonces, que si bien las citadas personas presentaban síntomas de haber consumido bebidas embriagantes, las cantidades de alcohol encontradas en sus organismos corresponden a un estado de embriaguez leve y moderado, lo cual descarta que los ocupantes del automotor se encontraban en total estado de embriaguez, como lo aseveró la demandada, aunque dicha circunstancia en manera alguna justificaba una actuación como la desplegada por los agentes estatales.

Se dijo que la Población de Monterrey, departamento de Casanare, vivía para la época de los hechos un estado generalizado de zozobra ante un posible ataque de la guerrilla, sin embargo, ninguna prueba se allegó al respecto. De todas maneras cabe señalar que los ocupantes del campero Trooper nunca pusieron en riesgo la seguridad de la población ni de los agentes adscritos a la Estación de Policía del municipio mencionado, su único error consistió en transitar por una calle en la que estaba ubicada la Institución Policial. Además, no debe perderse de vista que las víctimas eran profesionales de reconocida honorabilidad y que el día de los hechos cumplían asuntos relacionados con su profesión, según se desprende de las declaraciones rendidas por José Humel Salazar Rincón, Dayanira Eugenia Rodríguez Barguil, José Vicente Beradinelli Solano y Nelson Tirado Díaz (fls. 88, 489 a 492, cdno. 4).

Todo lo anterior permite aseverar que el proceder de los miembros de la Estación de Policía del municipio de Monterrey fue injustificado desde todo punto de vista, pero aún en el evento de que los ocupantes del campero Trooper hubiesen desatendido las normas que impedían el tránsito de vehículos por el lugar de los hechos, tal proceder en manera alguna justificaba una reacción tan violenta y desproporcionada como la desarrollada por los agentes estatales. Es preciso señalar que los miembros de la fuerza pública, cuando utilizan armas de dotación oficial, deben tener en cuenta la contingencia del peligro, es decir, que podrán recurrir a éstas como última medida para proteger su integridad física o la de terceras personas, evitando siempre cualquier exceso(9), pero resulta que en el sub lite nunca estuvo en peligro o riesgo la población, mucho menos la Estación de Policía de Monterrey.

En el presente asunto se encuentra acreditado que la muerte de Mauricio Antonio Buelvas García y Jairo Enrique Roldán Concha, obedeció a una falla del servicio imputable a la entidad demandada, pues los agentes de la Estación de Policía del municipio de Monterrey actuaron de manera desmedida e injustificada contra personas indefensas, y lo que es peor aún, de manera irresponsable y alejados de todo cauce legal, pretendieron justificar un proceder arbitrario y negligente endilgándoles a las víctimas conductas ilícitas que nunca se acreditaron en el proceso. Finalmente, es preciso manifestar que no existe prueba alguna en el plenario que permita aseverar que el comportamiento de las víctimas haya dado lugar a la actuación irregular de la demandada, de tal suerte que no es posible siquiera considerar una eventual concurrencia de culpas, como infundada y erradamente lo estimó el tribunal.

Hechas las anteriores precisiones, la Sala modificará la sentencia de 20 de enero de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare; en su lugar, declarará la responsabilidad plena de la entidad demandada y la condenará al pago de los perjuicios solicitados en la demanda que se encuentren acreditados en el proceso.

VI. Indemnización de perjuicios

Perjuicios morales

Por la muerte del señor Jairo Enrique Roldán Concha concurrieron al proceso: Martha Patricia Romero Pérez, cónyuge supérstite, Jairo Andrés y Diana Carolina Roldán Romero, hijos, Bernardo Roldán Cárdenas, quien dijo ser el padre de la víctima, según se infiere de la demanda y de los poderes debidamente conferidos a su apoderado (fls. 1 a 16, 113, 114, cdno. 1).

Los actores solicitaron que se condenara a la entidad demandada a pagar una suma equivalente, en pesos, a 2000 gramos de oro para cada uno de ellos, por concepto de perjuicios morales (fl. 22, cdno. 1).

Se encuentra acreditado en el plenario que Jairo Enrique Roldán Concha (occiso) y Martha Patricia Romero Pérez eran cónyuges, de cuya relación son hijos Diana Carolina y Jairo Andrés Roldán Romero, según los registros civiles de matrimonio y nacimiento provenientes de la Notaría Segunda de Neiva, Departamento del Huila (fls. 21, 23 y 24, cdno. 1).

Acreditado el parentesco de los demandantes con el occiso puede inferirse, aplicando las reglas de la experiencia, que los actores citados tenían un nexo afectivo importante con la víctima, que determinó la existencia de lazos de alianza y solidaridad entre ellos, y que por lo tanto aquellos sufrieron un profundo dolor y pesar con su muerte. Pueden considerarse suficientes, entonces, las pruebas del parentesco aportadas al plenario, por cuanto permiten inferir el perjuicio moral reclamado por los demandantes.

No ocurre lo mismo respecto de Bernardo Roldán Cárdenas, quien concurrió al proceso alegando la calidad de padre de Jairo Enrique Roldán Concha, pues no demostró su parentesco con éste último. Sobre el particular debe anotarse que los documentos mediante los cuales el citado señor pretende acreditar el parentesco con el occiso, obra en copia simple (fls. 19, cdno. 1), lo cual impide su valoración en el proceso. Tampoco demostró la calidad de tercero damnificado, razón por la cual la Sala negará los perjuicios por él reclamados.

En cuanto se refiere a la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial, debe recordarse que de conformidad con lo expresado en sentencia del seis de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales; se ha considerado, en efecto, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado de intensidad(10).

En consecuencia, la Sala condenará a la demandada a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para Martha Patricia Romero Pérez, Jairo Andrés Roldán Romero y Diana Carolina Roldán Romero, a cada uno de ellos.

b) Por la muerte del señor Mauricio Antonio Buelvas García concurrieron al proceso: Beatriz Elena Espinosa Dueñas, cónyuge supérstite, Carolina y Valentina María Buelvas Espinosa, hijas, Pedro Rafael Buelvas Puche, padre, Javier Eduardo, Pedro Rafael, Alfonso Carlos, Rebeca Josefina, Otilia Josefina, José Fernando y Ramiro Guillermo Buelvas García, hermanos, según se infiere de la demanda y de los poderes debidamente conferidos a su apoderado (fls. 1 a 33, cdno. 2).

Los actores solicitaron que se condenara a la entidad demandada a pagar una suma equivalente, en pesos, a 1000 gramos de oro para cada uno de ellos, por concepto de perjuicios morales (fl. 2, cdno. 2).

Se encuentra acreditado en el plenario que del matrimonio de Mauricio Antonio Buelvas García (occiso) y Beatriz Elena Espinosa Dueñas, son hijos Carolina y Valentina María Buelvas Espinosa, según se infiere de los registros civiles de matrimonio y nacimiento provenientes de las Notarías 15 y 34 de Bogotá, en su orden (fls. 34, 36, 37, cdno. 2). Asimismo, se encuentra acreditado que el señor Pedro Rafael Buelvas Puche es el padre de Mauricio Antonio (occiso), y que son sus hermanos Pedro Rafael, Javier Eduardo, Alfonso Carlos, Rebeca Josefina, Otilia Josefina, José Fernando y Ramiro Guillermo Buelvas García, según los registro civiles de nacimiento provenientes del Círculo Notarial de Cereté, departamento de Córdoba (fls. 33 A a 33 K).

Teniendo en cuenta los mismos parámetros atrás referidos para establecer el valor de los perjuicios morales solicitados por el grupo familiar que demandó por la muerte del señor Jairo Enrique Roldán Concha, la Sala condenará a la entidad demandada a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para Beatriz Elena Espinosa Dueñas, Carolina Buelvas Espinosa, Valentina María Buelvas Espinosa y Pedro Rafael Buelvas Puche, a cada uno de ellos, y la suma de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes para Pedro Rafael Buelvas García, Javier Eduardo Buelvas García, Alfonso Carlos Buelvas García, Rebeca Josefina Buelvas García, Otilia Josefina Buelvas García, José Fernando Buelvas García y Ramiro Guillermo Buelvas García, a cada uno de ellos.

Perjuicios materiales

a) El primer grupo familiar, que demandó por la muerte del señor Jairo Enrique Roldán Concha, solicitó que se condenara a la entidad demandada a pagar, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, las sumas que resultaran acreditadas en el proceso, de conformidad con las tablas utilizadas por el Consejo de Estado para tal efecto, y el salario que devengaba Jairo Enrique cuando ocurrieron los hechos, más un 25% por concepto de prestaciones sociales.

Se encuentra acreditado en el sub judice que el señor Jairo Enrique Roldán Concha era administrador de empresas y que para la época de su muerte laboraba como negociador de tierras en la empresa Oleoducto Central S.A., en cuya actividad devengaba un salario básico mensual de $ 2’300.000, según certificación visible a folio 47 del cuaderno 1.

Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica (suma devengada por la víctima) multiplicada por el índice de precios al consumidor del mes anterior a la sentencia proferida por la Sala, dividido por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en el cual ocurrieron los hechos.

Ra = R ($ 2’300.000) índice final - enero / 2011 (106,19) =

.....................................índice inicial - agosto/ 1998 (51,29)

Ra = $ 4’761.883

Dicha suma será incrementada en un 25%, por concepto de prestaciones sociales, para un total de $ 5’952.353. A éste valor se le deducirá un 25%, monto que se presume la víctima destinaba para sus gastos personales, para un total de $ 4’464.265. Con el 50% de la suma anterior, esto es $ 2’232.132 será liquidada la indemnización debida y futura reclamada por la cónyuge supérstite. El otro 50% se dividirá entre 2, correspondiente al número de hijos de Jorge Enrique Roldán Concha, esto es $1’116.066, valor con el cual se liquidará la indemnización reclamada por los hijos.

Para Martha Patricia Romero Pérez (cónyuge supérstite)

Indemnización debida

Comprende el período transcurrido desde la fecha de los hechos, 12 de agosto de 1998, hasta la fecha de esta sentencia, para un total de 150,5 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene lo siguiente:

S = Ra (1+ i)n - 1

.................i

S = $ 2’232.132 (1+ 0.004867)150,5- 1

................................0.004867

S= $ 493’732.609

Indemnización futura

Comprende el período transcurrido desde el día siguiente de esta sentencia, hasta la vida probable de Jairo Enrique Roldán Concha, pues él era mayor que su cónyuge. De conformidad con las tablas de supervivencia, se estimó la vida probable de Jairo Enrique en 33,07 años, para un total de 396,84 meses, teniendo en cuenta que la víctima tenía 44 años de edad cuando murió (fls. 19, 21, cdno. 1). A los 396,84 meses deberá restársele 150,5 meses, los cuales ya fueron indemnizados, para un total de 246,34 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene:

S = Ra (1+ i)n - 1

..............i (1+ i) n

S = $ 2’232.132 (1+ 0.004867)246,34- 1

...........................0.004867 (1+ 0.004867)246,34

S = $ 319’959.770

Sumados los valores de la indemnización debida y futura se obtiene un valor total de $ 813’692.379

Para Jairo Andrés Roldán Romero

Indemnización debida

Previo a decidir el monto de dicho perjuicio, es pertinente aclarar que la jurisprudencia reconoce una indemnización para los hijos de la víctima hasta cuando éstos alcancen la edad de 25 años(11), salvo que se acredite que no existía entre ellos dependencia económica alguna.

La indemnización debida comprende el período transcurrido desde la fecha de los hechos, 12 de agosto de 1998, hasta la fecha de esta sentencia, para un total de 150,5 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene lo siguiente:

S = Ra (1+ i)n - 1

.................i

S = $ 1’116.066 (1+ 0.004867)150,5- 1

...............................0.004867

S= $ 246’866.304

Indemnización futura

Comprende el período transcurrido desde el día siguiente de esta sentencia, hasta que Jairo Andrés cumpla la edad de 25 años, esto es el 11 de junio de 2012, si se tiene en cuenta que nació el 11 de junio de 1987, según el registro civil de nacimiento visible a folio 24 del cuaderno 1, para un total de 18,3 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene:

S = Ra (1+ i)n - 1

...............i (1+ i) n

S = $ 1’116.066 (1+ 0.004867)15,3- 1

..........................0.004867 (1+ 0.004867)15,3

S= 16’418.007

Sumados los valores de la indemnización debida y futura se obtiene un valor total de $ 263’284.311

Para Diana Carolina Roldán Romero

Indemnización debida

Comprende el período transcurrido desde la fecha de los hechos, 12 de agosto de 1998, hasta el 23 de agosto de 2010, fecha en la cual Diana Carolina cumplió la edad de 25 años, pues ella nació el 23 de agosto de 1985, según el registro civil de nacimiento visible a folio 23 del cuaderno 1, para un total de 144,3 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene lo siguiente:

S = Ra (1+ i)n - 1

.................i

S = $ 1’116.066 (1+ 0.004867)144,3- 1

................................0.004867

S= 232’745.854

b) El segundo grupo familiar, que demandó por la muerte del señor Mauricio Antonio Buelvas García, solicitó que se condenara a la entidad demandada a pagar, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, las sumas que resultaran acreditadas en el proceso, de conformidad con las tablas utilizadas por el Consejo de Estado para tal efecto, y el salario que devengaba Mauricio Antonio cuando ocurrieron los hechos, más un 25% por concepto de prestaciones sociales.

Se encuentra acreditado en el sub judice que el señor Mauricio Antonio Buelvas García se desempeñaba como negociador de tierras en la Compañía Técnica de Construcciones S.A., Cotecol, en cuya actividad devengaba un salario mensual de $2’342.411, según certificación visible a folio 456 del cuaderno 4.

Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica (suma devengada por la víctima) multiplicada por el índice de precios al consumidor del mes anterior a la sentencia proferida por la Sala, dividido por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en el cual ocurrieron los hechos.

 

Ra = R ($ 2’342.411) índice final - enero / 2011 (106,19) =

.....................................índice inicial - agosto/ 1998 (51,29)

Ra = $ 4’849.690

Dicha suma será incrementada en un 25%, por concepto de prestaciones sociales, para un total de $ 6’062.112. A éste valor se le deducirá un 25%, monto que se presume la víctima destinaba para sus gastos personales, para un total de $ 4’546.584. Con el 50% de la suma anterior, esto es $ 2’273.292 será liquidada la indemnización debida y futura reclamada por la cónyuge supérstite. El otro 50% se dividirá entre 2, correspondiente al número de hijos de Mauricio Antonio Buelvas García, esto es $1’136.646, valor con el cual se liquidará la indemnización reclamada por los hijos.

Para Beatriz Elena Espinosa Dueñas (cónyuge supérstite)

Indemnización debida

Comprende el período transcurrido desde la fecha de los hechos, 12 de agosto de 1998, hasta la fecha de esta sentencia, para un total de 150,5 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene lo siguiente:

S = Ra (1+ i)n - 1

.................i

S = $ 2’273.292 (1+ 0.004867)150,5- 1

................................0.004867

S= $ 502’836.925

Indemnización futura

Comprende el período transcurrido desde el día siguiente de esta sentencia hasta la vida probable de Mauricio Antonio Buelvas García, pues él era mayor que su cónyuge. De conformidad con las tablas de supervivencia, se estimó la vida probable de Mauricio Antonio en 35,83 años, para un total de 429,96 meses, teniendo en cuenta que la víctima tenía 41 años de edad cuando murió (fl. 33 H, cdno. 2). A los 429,96 meses deberá restársele 150,5 meses, los cuales ya fueron indemnizados, para un total de 279,46 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene:

S = Ra (1+ i)n - 1

..............i (1+ i) n

S = $ 2’273.292 (1+ 0.004867)279,46- 1

........................0.004867 (1+ 0.004867)279,46

S = $ 346’835.422

Sumados los valores de la indemnización debida y futura se obtiene un valor total de $ 849’672.347

Para Carolina Buelvas Espinosa

Indemnización debida

La indemnización debida comprende el período transcurrido desde la fecha de los hechos, 12 de agosto de 1998, hasta la fecha de esta sentencia, para un total de 150,5 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene lo siguiente:

S = Ra (1+ i)n - 1

.................i

S = $1’136.646 (1+ 0.004867)150,5- 1

................................0.004867

S= $ 251’418.462

Indemnización futura

Comprende el período transcurrido desde el día siguiente de esta sentencia hasta que Carolina cumpla la edad de 25 años, esto es el 27 de abril de 2013, si se tiene en cuenta que ella nació el 27 de abril de 1988, según el registro civil de nacimiento visible a folio 36 del cuaderno 2, para un total de 28,8 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene:

S = Ra (1+ i)n - 1

...............i (1+ i) n

S = $ 1’136’646 (1+ 0.004867)25,4- 1

.........................0.004867 (1+ 0.004867)25,4

S= 27’099.457

Sumados los valores de la indemnización debida y futura se obtiene un valor total de $278’517.919

Para Valentina María Buelvas Espinosa

Indemnización debida

La indemnización debida comprende el período transcurrido desde la fecha de los hechos, 12 de agosto de 1998, hasta la fecha de esta sentencia, para un total de 150,5 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene lo siguiente:

S = Ra (1+ i)n - 1

.................i

S = $ 1’136.646 (1+ 0.004867)150,5- 1

.................................0.004867

S= $ 251’418.462

Indemnización futura

Comprende el período transcurrido desde el día siguiente de esta sentencia hasta que Valentina María cumpla la edad de 25 años, esto es el 13 de mayo de 2019, si se tiene en cuenta que ella nació el 13 de abril de 1994, según el registro civil de nacimiento visible a folio 37 del cuaderno 2, para un total de 101,4 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene:

S = Ra (1+ i)n - 1

...............i (1+ i) n

S = $ 1’136’646 (1+ 0.004867)97,93- 1

.........................0.004867 (1+ 0.004867)97,93

S= 88’383.409

Sumados los valores de la indemnización debida y futura se obtiene un valor total de $ 339’801.871

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE la sentencia de 20 de enero de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare; en su lugar,

2. DECLÁRASE responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por la muerte violenta de Jairo Enrique Roldán Concha y Mauricio Antonio Buelvas García, en hechos ocurridos el 12 de agosto de 1998, en el municipio de Monterrey, departamento de Casanare.

3. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Martha Patricia Romero Pérez, Jairo Andrés Roldán Romero, Diana Carolina Roldán Romero, Beatriz Elena Espinosa Dueñas, Carolina Buelvas Espinosa, Valentina María Buelvas Espinosa y Pedro Rafael Buelvas Puche, a cada uno de ellos; la suma de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Pedro Rafael Buelvas García, Javier Eduardo Buelvas García, Alfonso Carlos Buelvas García, Rebeca Josefina Buelvas García, Otilia Josefina Buelvas García, José Fernando Buelvas García y Ramiro Guillermo Buelvas García, a cada uno de ellos.

4. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, las siguientes sumas de dinero:

La suma de ochocientos trece millones seiscientos noventa y dos mil trescientos setenta y nueve pesos ($ 813’692.379) m/cte., para Martha Patricia Romero Díaz.

La suma de doscientos sesenta y tres millones doscientos ochenta y cuatro mil trescientos once pesos ($ 263’284.311) m/cte., para Jairo Andrés Roldán Romero.

La suma de doscientos treinta y dos millones setecientos cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos ($ 232’745.854) m/cte., para Diana Carolina Roldán Romero.

La suma de ochocientos cuarenta y nueve millones seiscientos setenta y dos mil trescientos cuarenta y siete pesos ($ 849’672.347) m/cte., para Beatriz Elena Espinosa Dueñas.

La suma de doscientos setenta y ocho millones quinientos diecisiete mil novecientos diecinueve pesos ($ 278’517.919) m/cte., para Carolina Buelvas Espinosa.

La suma de trescientos treinta y nueve millones ochocientos un mil ochocientos setenta y un pesos ($ 339’801.871) m/cte., para Valentina María Buelvas Espinosa.

5. ABSTIÉNESE de condenar en costas a la demandada.

6. Dése cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme con lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal Administrativo de Casanare cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

7. Una vez ejecutoriada esta providencia, devuélvase al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese.»

(3) Sentencia de julio 7 de 2005, expediente 20.300.

(4) Sentencia de febrero 21 de 2002, expediente 12.789

(5) Sentencia de 13 de abril de 2000, expediente 11.898

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de marzo de 2000, expediente 12469.

(7) Respecto de la aportación de documentos en copia simple debe reiterarse lo dicho por la Sala —sentencia de 9 de junio de 2010, expediente 18.155— en el sentido de que éstas “no son medios de convicción que puedan tener la virtualidad de hacer constar o demostrar los hechos que con las mismas se pretendan hacer valer ante la jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impide su valoración probatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil antes citado.

“Es menester señalar que las copias serán admisibles y podrán ser valoradas siempre que puedan reputarse auténticas, de conformidad con cualquiera de los eventos previstos por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, a saber:

“ART. 254.—[Modificado por el D.L. 2282/89, art. 1º, num. 117]. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:

“1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

“2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

“3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa.”

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de febrero de 2009, expediente 17.318.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de julio de 2008, expediente 15.390

(10) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646, actor: Belén González y otros - William Alberto González y otra.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de julio de 2008, expediente 15.747.