Sentencia 18025 de marzo 23 de 2006 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 26

Magistrado Ponente:

Dr. Sigifredo Espinosa Pérez

Bogotá, D.C., veintitrés de marzo del año dos mil seis.

Vistos

Se pronuncia la Corte sobre la posibilidad de remitir la actuación al reparto de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá, D.C., a fin de que se resuelva la petición de rehabilitación de derechos, deprecada por el doctor Julio César Chaves Osorio, quien fuera condenado por esta Sala por comisión del delito de falso testimonio.

Antecedentes

El 8 de julio de 2003 esta sala de casación condenó a Julio César Chaves Osorio, Procurador Judicial II, adscrito a la Procuraduría de Cartago, a la pena principal de 18 meses de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual término, al hallarlo autor penalmente responsable del delito de falso testimonio, concediéndole la suspensión condicional de la ejecución de la pena, prestándose para el efecto la caución prendaria y suscribiéndose el acta de compromiso respectiva.

Consideraciones

Dado que el 1º de enero de 2005 entró en vigencia en algunos distritos judiciales, entre ellos el de Bogotá, D.C., la Ley 906 de 2004, corresponde a la Sala determinar si conserva competencia para continuar conociendo de la ejecución de las penas impuestas al doctor Julio César Chaves Osorio, ex Procurador Judicial II, adscrito a la Procuraduría de Cartago, pues aun cuando el inciso segundo del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 se la concede, por haber ostentado fuero legal para su juzgamiento, el parágrafo del numeral 9º del artículo 38 de la Ley 906 de 2004 se la otorga, en primera instancia, a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad del lugar de donde se encuentre cumpliendo la pena, y la segunda instancia al juez de conocimiento respectivo.

Ahora bien, atendiendo al principio de favorabilidad que rige en materia penal y procesal penal con efectos sustanciales, por disposición del artículo 29 de Constitución Política y del artículo 6º de las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, la Sala viene insistiendo en la procedencia de la aplicación retroactiva de la última de las leyes indicadas, a asuntos disciplinarios por la primera de las leyes aludidas, por ocurrir los hechos en su vigencia, cimentada en que no sólo opera en casos de sucesión de leyes sino, además en la coexistencia de normas, siempre y cuando los preceptos llamados a regular el asunto jurídico de los dos estatutos procesales contemplen el mismo supuesto hecho y no hagan parte de la esencia o naturaleza jurídica del sistema procesal penal acusatorio, y el seleccionado le reporte ventajas al procesado o condenado.

Con la aplicación del Código de Procedimiento Penal de 2004 a las conductas punibles ejecutadas con posterioridad al 1º de enero de 2005, en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira, y a partir del 1º de enero del año en curso en los distritos judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo y Tunja, y la Ley 600 de 2000 a los comportamientos ilegales realizados con antelación a esa fecha, o después de ella en los demás distritos judiciales del país, y para investigar y juzgar a los congresistas, según lo señalado en el artículo 533 de la Ley 906 de 2004, es evidente que los procedimientos penales coexisten en su aplicación.

Además, comparadas las normas que fija el funcionario competente para vigilar el cumplimiento de las penas impuestas, se advierte que las mismas tienen efectos sustanciales, pues no es lo mismo que las decisiones adoptadas por la Sala de Casación Penal tengan el carácter de única instancia, en razón a que las mismas son inapelables, por ser la Corte Suprema de Justicia el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria en el país, a que se materialicen las garantías fundamentales de impugnación y segunda instancia, las cuales hacen parte del derecho al debido proceso (C. Pol., art. 29), como ocurre con el nuevo Estatuto Procesal Penal, en razón a que se le asigna el conocimiento de la ejecución de la pena, en primera instancia, al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad del lugar donde se encuentre cumpliendo la pena y, la segunda instancia por medio del recurso ordinario de apelación, al respectivo juez de conocimiento.

Y como tales preceptos no hacen parte de la esencia o naturaleza jurídica del nuevo sistema de investigación, acusación y juzgamiento, consagrado en la Ley 906 de 2004, lo que conlleva al imperativo constitucional y legal de aplicar en forma retroactiva el artículo 38 de la ley en mención, por reportarle beneficios al penado frente a la reglamentación que del mismo supuesto de hecho se hace en la Ley 600 de 2000.

Sobre el particular la Sala se ha pronunciado, entre otras ocasiones, el 17 y 31 de agosto de 2005, dentro de los radicados 15826 y 16519.

Adicionalmente, cabe señalarse otro aspecto que indique en el asunto. Como se sabe, por ministerio de la Constitución Política (art. 235, num. 4º) y de la Ley 600 de 2000 (art. 75, num. 6º), entre sus atribuciones la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene la de juzgar, entre otros funcionarios, a los agentes del Ministerio Público ante los diferentes tribunales superiores de distrito judicial. De esta regulación se desprende el instituto del fuero, consagrado para que estos altos dignatarios respondan por eventuales infracciones a la ley penal, ante un organismo preconstituido, también en la cúspide de la estructura jurisdiccional, como es la Corte, en atención las calidades que se desprenden del cargo.

Pero tanto Constitución y ley limitan la cobertura del fuero respecto de tales servidores a esa fase de la actuación: el juzgamiento. Esta termina con la ejecutoria material del fallo que corresponda. Si es de carácter condenatorio, a partir de ese instante se abre paso a un estadio diferente, pos procesal si se quiere, el de ejecución de la sanción impuesta.

Allí, quien tenía la calidad de justiciable o procesado, ya pasa a tener la de reo. Expresado de otra manera, el rigor de la sentencia condenatoria lleva implícita la pérdida de la investidura generadora del fuero, lo que implica que el procesado, a partir de ese momento, queda sometido a las mismas reglas del resto de condenados.

Ahora, que el artículo 79 de Ley 600 de 2000 señala que la competencia para la ejecución de las sanciones penales permanecerá en la autoridad judicial de conocimiento, cuando se trata de procesados o condenados con fuero, no envuelve una prolongación de este, sino que implica una simple distribución de competencias, que ahora, en virtud de lo dispuesto en el numeral 9º del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, queda asignada a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, como se ha explicado en esta providencia.

Por consiguiente, se dispondrá el envío del proceso al reparto de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá, D.C., por ser el competente para vigilar la ejecución de la pena impuesta al doctor Chaves Osorio y, de contera, resolver todos los asuntos relacionados, como son, por ejemplo, la rehabilitación de derechos, por ser la sede de la Corte Suprema de Justicia, autoridad judicial que dictó el fallo de única instancia.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Acuerdo 054 de 1994, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que a la letra dice:

“Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad conocen de todas las cuestiones relacionadas con la ejecución punitiva de los condenados que se encuentren en las cárceles del respectivo circuito donde estuvieran radicados, sin consideración al lugar donde se hubiere proferido la respectiva sentencia.

Asimismo conocerán del cumplimiento de las sentencias condenatorias donde no se hubiere dispuesto el descuento efectivo de la pena, siempre y cuando que el fallo de primera o única instancia se hubiere proferido en el lugar de su sede...” (negrilla no original).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

Declarar que la vigilancia de la ejecución de la pena impuesta por esta corporación al doctor Julio César Chaves Osorio, ex Procurador Judicial II, adscrito a la Procuraduría de Cartago, y, por consiguiente, la resolución de las solicitudes que sobre el particular se hagan, como es el caso de la rehabilitación de derechos, le corresponde al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, D.C., que por reparto le corresponda, a donde se dispone el envío del expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Mauro Solarte Portilla—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Édgar Lombana Trujillo—Álvaro Orlando Pérez Pinzón—Marina Pulido de Barón—Jorge Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Javier de Jesús Zapata Ortiz.

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

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