Sentencia 18056 de junio 18 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll

Aprobado acta Nº 61, junio 11 de 2002

Bogotá, dieciocho de junio de dos mil dos.

Se pronuncia la Corte sobre la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento de detención preventiva presentada por el defensor del procesado José Vicente Paternina Peinado.

Antecedentes

1. Contra el Juez 2º Penal del Circuito Especializado de Barranquilla José Vicente Paternina Peinado, la Fiscal 2ª delegada ante el tribunal superior de esa misma ciudad profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, sustituida por detención domiciliaria, por el delito de concusión, ordenando al mismo tiempo la suspensión del cargo; decisión que al ser recurrida se le impartió confirmación por un fiscal de la unidad delegada ante esta corporación.

2. Posteriormente, el 10 de abril de 2000 se calificó el mérito probatorio del sumario con resolución de acusación en contra del procesado como autor del delito de concusión (fls. 119 a 142, cdno. 2 fiscalía).

3. Recibido el proceso por el Tribunal Superior de Barranquilla, se llevó a cabo la audiencia pública (fl. 63 y ss., cdno. trib.).

4. Por sentencia de nueve (9) de noviembre de dos mil (2000), el tribunal condenó a José Vicente Paternina Peinado a las penas principales de cuatro (4) años y dos (2) meses de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término, como autor responsable del delito de concusión.

5. El anterior fallo fua apelado por el procesado y su defensor, por lo que el asunto fue remitido a esta corporación, que en auto de 29 de enero de la presente anualidad se pronunció favorablemente en relación con la solicitud de libertad provisional solicitada por el defensor del procesado en los términos del artículo 365-2 del Código de Procedimiento Penal.

6. En escrito que antecede el defensor solicita a la Corte revocar la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta a su asistido.

Argumenta al efecto que esa medida resulta definitivamente incompatible en la actualidad con las finalidades constitucionales y legales establecidas por los artículos 2º y 250 de la Constitución Política, y 3-2 del Código de Procedimiento Penal, preceptivas que evidencian el sentido humanitario y garantista del sistema y cuya razón tutelar es la dignidad del hombre en su más elevada significación.

Advierte que no se trata de impetrar la revocatoria de conformidad con el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, sino en correspondencia con la decisión adoptada por la Corte Constitucional al revisar la exequibilidad de esta preceptiva, en tanto juzgó que en la apreciación de las causales de revocatoria de la detención preventiva debe tenerse en cuenta también la consideración sobre la subsistencia de su necesidad en atención a los fines que llevaron a decretarla.

Con apoyo en la Sentencia C-774 de 2001, sostiene que la revocatoria en este caso resulta pertinente, pues no cumple las finalidades constitucionales y legales para las cuales fue instituida la medida de aseguramiento, si se toma en cuenta que el procesado no ha evadido la acción de la justicia, ni ha perturbado la actividad probatoria, como tampoco la comunidad ha estado padeciendo el riesgo de la desprotección; por el contrario, Paternina Peinado compareció al proceso con suprema resignación y valentía moral, colaborando con su trámite, siendo leal y respetuoso de la jurisdicción y la justicia dispensada, e igualmente de la sociedad, lo cual puede verificarse en el expediente.

Agrega que el buen comportamiento del procesado se evidenció cuando estuvo recluido en la cárcel del circuito de Sabanalarga y posteriormente detenido en su residencia, al igual cuando salió a disfrutar de su libertad por haber satisfecho de forma anticipada la pena de acuerdo a decisión de la Corte.

Termina diciendo que la solicitud es procedente por estar pendiente el fallo de segunda instancia.

7. En memorial presentado con posterioridad, el procesado solicita que se tenga en cuenta la petición de su defensor, y como fruto de la decisión se disponga la devolución de la caución prestada para obtener la libertad provisional, y su reintegro al cargo de juez 2º penal del circuito especializado, que por acuerdo 815 de 2000 fue trasladado a la ciudad de Santa Marta.

Asegura que la difícil situación económica por la que atraviesa junto con su familia, lo lleva a postular esas demandas de manera transitoria en amparo de la dignidad humana y la presunción de inocencia, hasta cuando se tome una decisión de fondo.

Consideraciones de la Corte

Reza el artículo 28 de la Constitución Política que nadie puede ser detenido, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

En desarrollo de esta preceptiva, el artículo 3º de la Ley 600 de 2000 elevó a la categoría de principio rector de carácter obligatorio y prevalente el derecho fundamental a la libertad, señalando como su legítima limitación la detención preventiva dispuesta en los términos regulados en esa ley y “sujeta a la necesidad de asegurar la comparecencia al proceso del sindicado, la preservación de la prueba y la protección de la comunidad”.

El artículo 355 ejusdem, al establecer los fines y objetivos de la detención preventiva, precisó que la imposición de la medida de aseguramiento procederá para “garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que emprendía para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria”.

La Corte Constitucional, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de las preceptivas del Nuevo Código de Procedimiento Penal relacionadas con los institutos de la detención preventiva domiciliaria, en Sentencia C-774 de julio 25 de 2001 condicionó su exequibilidad, específicamente del artículo 357 del estatuto procesal, bajo el entendido de que, la procedencia general de la detención preventiva, está sujeta a que en cada caso concreto se valore la necesidad de la misma en atención a los fines que le son propios, de acuerdo con la Constitución y la ley.

De esta manera, la detención no se vincula tan sólo con el cumplimiento de los requisitos formales y materiales exigidos por el ordenamiento jurídico, sino también con los fines establecidos para ella, debiendo el juzgador en cada caso verificar la necesidad de imponerla de conformidad con los propósitos de asegurar la comparecencia del sindicado al proceso, preservar la prueba y proteger la comunidad.

La Sala ha admitido en algunos precisos eventos la revocatoria de la medida de aseguramiento en relación con procesados a quienes la vigencia del anterior Código de Procedimiento Penal se les había impuesto la detención preventiva, o detención domiciliaria, sin beneficio de excarcelación, a partir de realizar un pronóstico de las condiciones laborales, personales, familiares y sociales, aún subsistiendo los presupuestos formales y sustanciales que la detención exige.

En todos aquellos casos, empero, se partió del supuesto de que los procesados soportaban medida de aseguramiento que implicaba privación de la libertad, sin derecho a excarcelación, y no como sucede en este evento donde el imputado disfruta de este beneficio a partir de la decisión de la Corte en fecha 29 de enero de la presente anualidad, sin restricciones diferentes a las señaladas en el artículo 368 del Código de Procedimiento Penal.

A diferencia de las distintas medidas cautelares que se adoptan en el curso del proceso (embargo y secuestro preventivo de bienes del procesado, suspensión en el ejercicio del cargo, etc.), la única entonces que, además de los presupuestos de procedimiento (arts. 356 y 357 ejusdem), que se vincula con la necesidad de definir los objetivos de la medida de aseguramiento, es la detención preventiva en cuanto a la limitación del derecho básico de la libertad.

Sólo cuando hay lugar a materialmente restringir este derecho, debe procederse a la verificación del cumplimiento de la condición a que corresponden los fines, pues ello es lo que se infiere del mandato de los artículos 28 de la Constitución Política, 3º y 355 del estatuto procesal penal.

Así lo entendió la Corte Constitucional en la mencionada sentencia de constitucionalidad, cuando precisa que la resolución de detención preventiva no conlleva en todos los casos la privación efectiva y material de la libertad, y que bajo el supuesto de que el procesado se encuentra amparado por la presunción de inocencia incluso durante la etapa de juzgamiento “la restricción de la libertad sólo puede estar determinada por la necesidad de que se cumplan los fines de la investigación penal”, con lo cual hace depender el cumplimiento de los mismos a la efectiva limitación de la libertad de locomoción.

De modo que, cuando el procesado se encuentra en libertad por cualquier causa, no tiene sentido postular la revocatoria de la detención preventiva dictada al amparo de un preciso marco jurídico, acudiendo a la normatividad vigente, únicamente con la pretensión por que se dejen sin efecto algunas consecuencias propias de la medida de aseguramiento que no se vinculan con la función, los fines y objetivos constitucional y legalmente señalados, si se toma en cuenta que no se avienen en lo más mínimo con la necesidad de garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, o a la ejecución de la pena privativa de la libertad, o para impedir su fuga o, en fin, para que continúe con su actividad delictual.

La medida de aseguramiento conlleva una serie de implicaciones, entre otras, como se dijo, la privación de la libertad, el embargo y secuestro de bienes, la suspensión en el ejercicio del cargo en tratándose de funcionarios públicos; pero unos solos fines (CPP, art. 355), que se cumplen exclusivamente cuando el procesado tiene efectivamente limitada la libertad de locomoción.

No es éste el punto que plantean el procesado y su defensor, pues no puede desconocerse que José Vicente Paternina Peinado se encuentra en libertad provisional condicionada por la medida de aseguramiento proferida al amparo de una realidad jurídica distinta de la actual, y que por lo mismo tiene plena eficacia en relación con otras medidas que ninguna vinculación guardan con los fines de la detención preventiva.

Esto sería viable únicamente en el evento de que estuviera afectada la libertad de locomoción del procesado, pues sólo en tal caso, y no en relación con los efectos colaterales, habría necesidad de revisar los fines y objetivos constitucional y legalmente establecidos para justificar la efectiva privación de la libertad, en virtud del principio de la ley más favorable.

Ya se dijo, empero, que el procesado se encuentra en libertad provisional otorgada por esta corporación, y por eso mismo carece de objeto la decisión que demanda el defensor del procesado, razón por la cual la Sala despachará negativamente la solicitud que impetra y, por sustracción de materia, las pretensiones que postula el procesado.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.

RESUELVE:

Negar las solicitudes de revocatoria de la medida de aseguramiento, reintegro al cargo y devolución de la caución, presentadas por el procesado José Vicente Paternina Peinado y su defensor, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

Notifíquese y cúmplase.

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